Las intimidaciones de Estados Unidos para que los países de América Latina y el Caribe (ALC) renuncien a sus crecientes vínculos con empresas de origen chino tuvieron, en los últimos días, una serie de polémicos episodios que revelan la lógica de una política hegemónica que parece no advertir que los tiempos han cambiado.
Uno de estos escándalos ocurrió en la Argentina cuando la embajada de Estados Unidos en ese país advirtió a los directivos de la Cooperativa CALF, la distribuidora de energía eléctrica más grande de la Patagonia, que si finalmente firmaban un acuerdo con la empresa china Huawei, sus visas de entrada a los EE UU serían revocadas. Peter Lamelas, embajador de Donald Trump en Buenos Aires, justificó la amenaza en nombre de la seguridad nacional estadounidense.
En una rápida respuesta, que no se detuvo en términos diplomáticos, un portavoz de la embajada China en Argentina rechazó “la arrogancia y los prejuicios” de Estados Unidos al insistir con “la teoría de la amenaza china”, al tiempo que denunció la “naturaleza hipócrita” de un país que, por un lado, dice defender los valores de la democracia y la libertad y, por el otro, falta el respeto a la soberanía de otras naciones y atenta contra los principios del libre mercado.
Cuando una embajada condiciona la entrega de visas a la renuncia de acuerdos con determinadas empresas ya deja de aplicar la diplomacia. Está ejerciendo un peligroso imperialismo económico. Se trata de una observación natural que, sin embargo, occidente evita cuando el objeto de su análisis son las políticas que Estados Unidos impone sobre su zona de influencia.
De ahí que a algunos hasta les parezca normal el argumento de la seguridad nacional que emplea Washington para intentar frenar la presencia de las aproximadamente 2.700 compañías que operan en la región, con un stock de inversión de unos 650.000 millones de dólares, según cálculos del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China).
Al respecto, sinólogos coinciden que la administración Trump no tolera que Beijing se haya convertido en una alternativa de desarrollo, además de ser el principal socio comercial de la mayoría de los países sudamericanos, incluido el influyente Brasil.
Precisamente, Brasil es otro país que sufre una presión constante y desde varios frentes, como si fuera ilegal tener a China como principal socio comercial desde hace más de una década. Estados Unidos le impuso aranceles del 25 por ciento (alegando prácticas comerciales desleales), luego un adicional del 12,5 por ciento (bajo un argumento de trabajo forzoso), revocó la visa del embajador brasileño en Washington y envió funcionarios para cuestionar la equidad de su sistema electoral, de cara a las próximas elecciones.
La crudeza de estas medidas, sin embargo, revela una contradicción de fondo que los analistas se cansan de señalar. Para el especialista en relaciones internacionales Jiang Shixue, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Shanghái, esta presión ejercida por Washington pone al descubierto la ansiedad de una administración que ha visto erosionada su capacidad de influir en la región, y que ahora recurre a herramientas propias de la Guerra Fría, un signo de debilidad más que de fortaleza.
“No se trata de un debate técnico sobre seguridad, es la aplicación de una doctrina de sometimiento”, sostiene el académico, quien ve en estas acciones “una fórmula tosca que subestima la capacidad de los países latinoamericanos para tomar decisiones soberanas”, como la ya anunciada primera emisión de Bonos Panda en Brasil, una operación que permitirá al país diversificar sus fuentes de financiamiento y dejar de estar atado al dólar estadounidense.
América Latina y el Caribe concentran el 46 por ciento de las reservas mundiales de litio, el 35 por ciento del cobre, el 28 por ciento del grafito y el 23 por ciento de las tierras raras, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Además, es la principal región exportadora neta de alimentos del mundo y alberga casi la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Para los EE UU, el control de esos recursos es estratégico. Para China, es una oportunidad de cooperación.
Esa tensión explica la creciente presión estadounidense sobre los gobiernos latinoamericanos, que en el caso de Argentina logró paralizar el proyecto de la central nuclear Atucha III, valuado en 8.000 millones de dólares con financiamiento y tecnología china; además de bloquear la importación de componentes para el radiotelescopio CART en San Juan, un proyecto de cooperación científica con China de 32 millones de dólares; y excluir a firmas chinas de la licitación para el dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay.
En Chile, la influencia de Washington llevó a descartar el Parque Astronómico Cerro Ventarrones y el cable submarino Chile-China Express, una inversión de Huawei que fue desviada hacia Australia. En Panamá, las presiones forzaron la cancelación de las concesiones portuarias en el Canal operadas por CK Hutchison Holding. República Dominicana, Bahamas y Haití se vieron obligados a limitar la participación de empresas chinas en proyectos de infraestructura que EE UU buscó monopolizar.
En los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washington utiliza su peso accionario para bloquear financiamientos donde participen empresas chinas. A través de la U.S. International Development Finance Corporation y el Export-Import Bank, ofrece créditos condicionados a la exclusión de competidores chinos.
Representantes del Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Comando Sur también ejercen presión sobre los ministerios de Defensa y Telecomunicaciones locales, con advertencias sobre supuestos riesgos de ciberespionaje e inteligencia militar en instalaciones científicas, puertos y redes 5G.
“China se opone a que Estados Unidos extienda excesivamente el concepto de seguridad nacional y abuse del poder estatal para perseguir a empresas chinas. Seguiremos defendiéndolas con firmeza”, resumió desde Beijing un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La insistencia en concebir a América Latina y el Caribe bajo una lógica de tutela unilateral choca de frente con la realidad económica del continente. En un escenario global signado por la competencia, la región exige el respeto a su soberanía comercial y la libertad de definir sus propios socios de desarrollo.
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