La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) instó al Gobierno y a los representantes de los prácticos portuarios a conformar una Mesa de Negociación “de manera urgente e impostergable” a fin de normalizar la actividad, interrumpida por una medida de fuerza tras la desreguación dispuesta en el decreto 690/2026.
“La interrupción de la maniobra de buques no es una disputa sectorial aislada; representa un freno directo e inmediato sobre la economía nacional”, sostuvo la CPPC en un documento en el que advirtió que “la paralización del servicio frena las exportaciones e importaciones, interrumpe el ingreso de divisas, quiebra las cadenas de suministro y pone en riesgo la reputación de la Argentina, al tiempo que evidencia la urgencia de actualizar el régimen normativo”.
Prácticos y desregulación
Los empresarios reconocieron “la idoneidad técnica y el profesionalismo que desempeñan los prácticos en la navegación fluvial y marítima”, pero al mismo tiempo señalaron que “no resulta preciso sostener que las medidas de desregulación vigentes comprometan la seguridad operacional”.
“En la práctica, ninguna armadora, capitán o compañía de seguros opera o moverá un buque en vías complejas sin el debido respaldo profesional a bordo”, argumentaron, tras remarcar que “la defensa de la seguridad es un principio compartido por toda la comunidad portuaria y es plenamente compatible con un marco normativo moderno, eficiente y competitivo”.
La medida de fuerza afecta la operatoria en las terminales portuarias de la Hidrovía y los principales nodos marítimos del país, como consecuencia de la interrupción del servicio de practicaje y pilotaje.
Adecuar el sistema
La CPPC consideró que la situación actual “evidencia la necesidad impostergable de adecuar, modernizar y desregular el sistema de practicaje en nuestro país en línea con lo propuesto por el Gobierno nacional, sin poner en juego la seguridad de navegación”.
En ese marco, cuestionó “la decisión de un grupo reducido de prestadores” que “demuestra que la línea trazada en favor de una mayor competencia, transparencia y revisión de esquemas rígidos es el camino correcto para dotar de competitividad y previsibilidad a nuestra logística regional”.
Los perjuicios
Al enumerar los principales impactos, señaló que “la acumulación de buques fondeados y demorados interrumpe el flujo normal de las exportaciones e importaciones, deteniendo de forma inmediata el ingreso de divisas fundamentales para la estabilidad macroeconómica del país”.
Asimismo, indicó que “el freno portuario genera un efecto dominó que paraliza el transporte terrestre (camiones y ferrocarriles), colapsa la capacidad de acopio en las terminales y desabastece a insumos industriales y energéticos estratégicos para la producción local”.
“La imposibilidad de cumplir con las ventanas de carga acordadas somete a los exportadores a severas penalidades contractuales e incrementa de forma desproporcionada los costos logísticos por sobrecostos”, expresó.
También advirtió que “la imprevisibilidad operativa y el riesgo de desvío de buques hacia puertos de la región deterioran la imagen de la Argentina como origen confiable, comprometiendo acuerdos comerciales construidos durante años”.
“Es indispensable establecer un espacio de diálogo directo que garantice, en primer término, la inmediata normalización del servicio y la navegabilidad de todos los puertos del país, permitiendo encauzar las discusiones normativas y de modernización dentro de un marco de institucionalidad, previsibilidad y consenso”, planteó la Cámara.
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