El Corredor Litoral Paraná–Paraguay (solapado bajo el nombre de “hidrovía”), constituye un núcleo de la actividad económica de la República Argentina. Por allí transita alrededor de un 70% de las exportaciones del país y también es utilizado para el comercio ilegal de drogas, cereales, armas y trata de personas. Todo ello le otorga especial relevancia desde un enfoque geopolítico y estratégico.
1. Privatizaciones en la Cuenca del Plata. Esta cuenca, integrada por los ríos Uruguay, Paraná y Paraguay, comprende un área de 3.100.000 km2, cuyas aguas superficiales, que fluyen entre canales secundarios, riachos e islas, desembocan en el Río de la Plata propiamente dicho: la antesala del Atlántico sur.
Complejo hídrico que se extiende a través de más de 3400 kilómetros a lo largo de los territorios de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, conforma una de las reservas hídricas más importantes del planeta en atención a su caudal, la diversidad biológica del área y su rol en materia de transporte fluvial.
Precisamente, y en atención a esos atractivos, el gobierno neoliberal de Carlos Menem, en disciplinada línea con las directivas impartidas por el Consenso de Washington (1989), expresas instrucciones del Fondo Monetario Internacional y los acuerdos derivados del Pacto de Olivos (1993, entre la UCR y el PJ), procedió a liquidar la flota fluvial a la vez que entregaba el quehacer portuario y el mantenimiento de esa ruta acuática al sector privado.
De tal manera, se procedió a adjudicar la concesión para el dragado y balizamiento del Paraná (Sistema de Navegación Troncal) al llamado Consorcio Hidrovía SA, formado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa (1995). Concesión que se hizo efectiva mediante de un controvertido proceso que culminó con el “extravío” del expediente de licitación.
Estado que, con acotadas modificaciones, se ha mantenido hasta nuestros días luego que, una vez más, un gobierno neoliberal adjudicara nuevamente (el pasado 19 de junio de 2026) la hidrovía a Jan De Nul y su actual socia, Servimagnus SA (Resolución 36/26). Decisión que igualmente ha sido objeto de distintos cuestionamientos, entre los cuales cabe destacar el dictamen emitido por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde se enumeran distintas irregularidades, con probables implicancias de índole penal, en el curso del proceso licitatorio.
2.Territorio de conflictos militares. La importancia económica y la necesidad de controlar ese cauce navegable también motorizó, a lo largo de nuestra historia, distintos conflictos bélicos entre los cuales podemos mencionar: las invasiones inglesas en el Río de la Plata (1806/1807); la ocupación británica de las Islas Malvinas (1833); el contrabando de mercaderías a través de la Compañía de Indias y el bloqueo anglo-francés (Guerra del Paraná) de 1845. Bloqueo este último encaminado a que los barcos de esos imperios pudieran navegar y comerciar libremente en los ríos interiores de la Confederación Argentina. En igual derrotero, años después, Urquiza habría de firmar con Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos un tratado que les permitía la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay (1853).
Desde esta perspectiva, podemos señalar, asimismo, la ocupación militar, llevada adelante durante la dictadura brasileña de Humberto Castelo Blanco, del Salto del Guayrá, una región en conflicto con Paraguay (junio de 1965). Invasión que tuvo lugar en una década cuando la cuestión del “potencial hidroeléctrico” y la construcción de las represas de Itaipú y Yaciretá ocupaban el centro de la escena en esas geografías.
3. La cuestión Geopolítica.
Las exportaciones de nuestro país se orientan hacia el Océano Atlántico a través de rutas viales, ferroviarias y fluviales. En ese marco, la hidrovía constituye el eje de un espacio terrestre, fluvial y aéreo que incluye la zona portuaria agro-industrial más importante de Argentina. Una zona comercial controlada, desde principios del siglo pasado, por un reducido grupo de empresas transnacionales −encabezadas por Bunge, Dreyfus y Cargill− en lo que respecta al comercio de productos primarios y los servicios de calado, flete, bancario y de seguros, y por donde circula entre el 70 y 80% de nuestras exportaciones en granos, harinas, aceites vegetales y subproductos. Situación que nos conduce a plantear algunas cuestiones de carácter geopolítico y estratégico.
Cuestiones que adquieren especial relevancia en la actual etapa, de pasaje del modelo de concentración hacia la centralización de capitales. Centralización esta que ha permitido articular los desarrollos de Empresas Transnacionales (ETN) –de un alto grado de concentración e hiperconectividad en la economía mundial− con fondos de inversión como Vanguard o Blackrock.
En este sentido resulta ilustrativo aludir al caso de Blackrock (una de las entidades que ha sido más exigente al momento de renegociar la deuda externa argentina) y que se encuentra entre los principales accionistas de Glencore. Corporación esta última que, por medio de Viterra se ha fusionado con Bunge que, de tal forma, no solo pasó a ocupar el primer puesto en el ranking de exportadores de granos argentinos, sino que en tándem con el Grupo Grassi y Cargill terminaron quedándose con la fallida Vicentin.
4.- La gobernanza blindada. Las ETN dominantes promueven, bajo el rótulo de «gobernanza global», la globalización en tanto proyecto de gobierno corporativo, desterritorializado, que subordina o destruye (deconstruye) las prácticas políticas y los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de los Estados. Modelo aquel, sostenido por sus Estados gendarme y que se corresponde con la actual estrategia de seguridad de Estados Unidos de Norteamérica (NSS2025). Estrategia que redefine la política exterior de ese país a partir de una mirada centrada en reconfigurar las cadenas de suministros en América Latina y bloquear la posibilidad de que actores extra hemisféricos puedan tener acceso al contralor de puertos, carreteras comerciales, infraestructuras y destino de minerales críticos. En esta dirección se han celebrado diversos acuerdos con socios estratégicos, como los gobiernos de Argentina, Paraguay y Bolivia de estos tiempos. Así, en el caso de nuestro país, se acordó que fuerzas militares de EE UU puedan llevar a cabo labores de “actualización de doctrina” y ejercicios (que conllevan tareas de inteligencia) en espacios marítimos, fluviales, aéreos y terrestres de la República Argentina. Tareas esas, de dominio, que se vienen enlazando con distintas acciones entre las que podemos referir, a modo de ejemplo: las compras de terrenos en los Esteros del Iberá por la Universidad de Harvard; el memorándum de cooperación en materia de ciberseguridad, la adopción del sistema de radio móvil terrestre del Proyecto 25 (P25) que permite acceder a datos de seguridad pública e interferir en las comunicaciones de buques comerciales.
Un lugar representativo de este tipo de vínculo, promovido además por las cámaras de comercio estadounidenses en la región, lo ocupa la firma del MOU suscripto por el embajador Marc Stanley, el Cuerpo de ingenieros del Ejército de EE UU y el interventor de la Administración General de Puertos, José Beni, el 30 de noviembre de 2023. Convenio refrendado en oportunidad que el Ministerio de Transporte no contestaba los pedidos de informe que, desde el año 2021, le requería la UIF con el objeto de que informara acerca de instalaciones habilitadas y clandestinas sobre el río Paraná y que llevó a que el aludido embajador afirmara que el memorándum facilitaba la conexión para mejorar la “gestión de nuestra infraestructura crítica”. En la misma orientación el gobierno de la provincia de Santa Fe dictó la resolución 1307/2025, que habilita la intervención de agencias extranjeras (por ejemplo, la DEA) para la vigilancia integral de ese curso de agua. Todo ello en desmedro de la soberanía argentina.
* Doctor en Derecho (UBA). Presidente de la Asociación de Abogados/as de Buenos Aires (2011-2013). Presidente de la UIF (2020-2021)
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