Media docena de provincias volvieron a tomar deuda en los mercados internacionales de crédito en los últimos meses. Lo hicieron a través de nuevas emisiones de bonos en moneda extranjera a vencer entre 2033 y 2036. Otras dos tienen previsto hacerlo en el corto plazo, elevando la cantidad a un tercio del total del país.
En los últimos 12 meses, los gobiernos que incurrieron en esa práctica fueron los de Córdoba (U$S 1525 millones en dos emisiones); Santa Fe (U$S 800 millones); Chubut (U$S 650 millones); la Ciudad de Buenos Aires (U$S 600 millones); Neuquén (U$S 500 millones) y Entre Ríos (U$S 300 millones). Entre ellas suman U$S 4375 millones. En los próximos meses se les podrían unir San Juan y Santa Cruz, que ya están sondeando a potenciales inversores.
De acuerdo a los datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, al cierre del primer trimestre de 2026 la deuda conjunta de las provincias, entre bonos y créditos de organismos internacionales, totalizaba U$S 22.132 millones, concentrando el 94,6% de sus pasivos. Si se agregan las deudas en pesos con la Nación y organismos oficiales, el stock total subió a $ 32,6 billones, con un crecimiento real interanual del 7 por ciento.
Los datos muestran una reiteración del ciclo de endeudamiento provincial ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, hace ya una década. En aquel momento, al influjo de la Nación, se tomaron U$S 12.300 millones en dos años. Los pasivos en dólares crecieron tanto que las sucesivas devaluaciones ocurridas después de 2018 obligaron a un proceso de reestructuraciones y canjes alentadas por la gestión del Frente de Todos. La historia parece repetirse.
Existen dos motivos principales por los que las provincias buscan divisas de inversores extranjeros. El primero es la necesidad de realizar obras de infraestructura que la Nación, con su conocida aversión al gasto público, dejó de financiar. Así, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció que el dinero obtenido se aplicará a proyectos energéticos, mantenimiento de rutas y equipamiento policial. En Neuquén, Rolando Figueroa quiere acompañar el boom de Vaca Muerta «fortaleciendo la infraestructura necesaria para acompañar una etapa de crecimiento económico sin precedentes». En Chubut, Ignacio Torres quiere optimizar el acueducto entre el lago Musters y Comodoro Rivadavia, para terminar con los problemas de provisión de agua potable de esa región.
Cueste lo que cueste
En líneas generales, los gobernadores reivindican que la confianza de los inversores es señal de que tienen recursos (agro, minería, petróleo) para hacer frente a esas obligaciones. Pero detrás de ese discurso campea otra necesidad, la de cancelar los bonos en circulación. Eso los llevó a aceptar tasas elevadas, muy superiores a las de los títulos que se van venciendo. Entre Ríos colocó su bono a 9,55% de interés anual para reemplazar uno que pagaba 8,75%; el SF34 santafesino pagará 8,10% frente a 6,90% del SF27; y los PDCAR35 cordobeses rendirán 8,60% anual, bastante más que el 6,08% promedio de las emisiones anteriores. CABA debió soportar un 8,12% anual por la serie 13 del Tango. Sólo Neuquén, respaldada en sus regalías por Vaca Muerta, consiguió un razonable 7,35 por ciento.
Estos intereses en alza provocan que los servicios de la deuda, considerando amortizaciones e intereses, hayan pasado de representar el 0,2% del PBI en 2023 a 0,6% en 2025. Los datos del primer trimestre de este año, proyectados, llegan a 0,8% del PBI (ver gráfico). Según la estimación de la consultora Politikon Chaco, entre agosto y diciembre las 13 provincias argentinas con bonos en dólares deben abonar unos U$S 1040 millones.
La situación es monitoreada por el gobierno nacional por una cuestión de interés propio. Las emisiones sirven como tanteo para que el Ministerio de Economía lance sus propios títulos, algo a lo que por ahora el ministro Luis Caputo no se anima porque considera que las tasas son muy altas. Además, de acuerdo a la legislación vigente, las provincias deben liquidar las divisas obtenidas en el mercado oficial, lo que permite al Banco Central mantener el precio del dólar bajo control y sumar reservas.
Este detalle tampoco pasa inadvertido a las calificadoras de riesgo, que no sólo evalúan la vulnerabilidad de estas jurisdicciones ante posibles devaluaciones, como ya ocurrió en 2018/19, sino la dependencia del BCRA, en definitiva el proveedor de los billetes que cada provincia deberá devolver a sus acreedores. «
Quejas del gobierno bonaerense
El endeudamiento internacional en dólares para solventar obras de infraestructura desató un nuevo round entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. Desde La Plata acusan al Ministerio de Economía de poner trabas y no prestar la autorización exigida por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esa norma prohíbe que los servicios de la deuda instrumentada superen el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios.
En la administración de Axel Kicillof afirman que esa reticencia se debe a las diferencias políticas entre ambos gobiernos y la vinculan a los más de $ 26 billones que la Casa Rosada les dejó de remitir desde diciembre de 2023. «Nación ni siquiera nos firma los avales para que podamos tomar financiamiento internacional con organismos de crédito para llevar adelante obras muy necesarias. Son dos formas de gobernar: una con todos los municipios y el gobierno nacional que solo gobierna con los amigos», dijo Carlos Bianco, ministro de gobierno y colaborador estrecho de Kicillof.
Leave a Reply