El Gobierno presentó el proyecto de Inocencia Fiscal II y busca avanzar con una nueva reforma tributaria a partir de agosto, aunque la iniciativa ya genera dudas entre sus aliados y un fuerte rechazo de la oposición.
La propuesta se suma a otras reformas impulsadas por el Ministerio de Economía, como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y el Súper RIGI, además de los proyectos diseñados por el Ministerio de Desregulación, entre ellos la Ley Hojarasca y la iniciativa sobre la inviolabilidad de la propiedad privada.
La primera reacción de los bloques aliados resultó cauta. El PRO decidió esperar hasta la próxima semana para fijar una posición, mientras que el radicalismo informó que sus diputados todavía analizan el proyecto.
También surgieron reparos entre los sectores provinciales que acompañan al oficialismo. Una de las principales objeciones apunta a que la iniciativa no excluye a funcionarios públicos y a sus familiares directos.
Qué propone Inocencia Fiscal II
El proyecto permite que los contribuyentes rectifiquen sus declaraciones juradas ante diferencias o inconsistencias sin quedar automáticamente excluidos del régimen simplificado.
Además, quienes regularicen su situación podrán conservar los beneficios del sistema. La iniciativa también propone eliminar los topes vinculados con las diferencias detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El organismo recaudador solamente podrá cuestionar una declaración jurada si demuestra, mediante información objetiva, la existencia de diferencias significativas.
La propuesta también incorpora una presunción de exactitud para determinados contribuyentes, que contarían con mayores garantías frente a eventuales fiscalizaciones.
El proyecto establece, además, un tratamiento especial para los fondos hasta el 31 de diciembre de 2027 y contempla la exención de determinadas multas para quienes hayan regularizado ajustes en el Impuesto a las Ganancias o el IVA y adhieran al régimen simplificado.
El rechazo de la oposición
La oposición ya expresó su rechazo al proyecto. El diputado bonaerense Pablo Juliano cuestionó que la iniciativa mantenga la posibilidad de que funcionarios y familiares directos queden alcanzados por el régimen.
“¿Creen que el Gobierno recapacitó? No. La Inocencia Fiscal 2 sigue abierta para ellos”, sostuvo.
El santafesino Esteban Paulón también criticó la propuesta y afirmó que apunta a generar “más impunidad y menos transparencia”. En ese sentido, sostuvo que la ley “no puede ser un salvavidas para los poderosos”.
Dentro del peronismo, Agustín Rossi calificó el proyecto como “vergonzoso” y sostuvo que beneficia a funcionarios y políticos. “Otra ley hecha a medida”, afirmó.
El entrerriano Guillermo Michel, por su parte, cuestionó la constitucionalidad de la iniciativa y afirmó que el Estado no puede renunciar a sus facultades de fiscalización.
En el Senado, la bonaerense Juliana Di Tullio presentó una propuesta para derogar artículos del Régimen de Inocencia Fiscal vinculados con las garantías fiscales y penales para los contribuyentes y las restricciones a las inspecciones de períodos ya aceptados por el fisco.
El proyecto de Inocencia Fiscal II deberá ahora atravesar el debate legislativo, en un escenario en el que el Gobierno todavía busca conocer el nivel de respaldo que tendrá entre sus aliados y los bloques provinciales.
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