El fiscal coordinador de Paraná, Ignacio Aramberry, reconstruyó en el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), durante una entrevista con Daniel Enz, el origen y la evolución de la investigación que desmanteló el sistema de contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos, una causa que, tras casi ocho años de instrucción, se encamina a convertirse en el juicio por corrupción institucional más trascendente de la historia provincial.
Aramberry recordó el asombro que provocaron los primeros testimonios, defendió la calificación de asociación ilícita y aseguró que el proceso judicial todavía puede abrir nuevas líneas de investigación.
El fiscal recordó que todo comenzó tras la detención en flagrancia de personas que retiraban dinero de cajeros automáticos con tarjetas de débito ajenas. “Primeramente, es una situación de asombro absoluto, por los relatos que escuchábamos de las personas”, afirmó. Ese desconcierto se profundizó cuando aparecieron testimonios de personas en situación de vulnerabilidad que relataban cómo habían sido incorporadas al mecanismo. “La utilización de personas en situación de vulnerabilidad” fue -según definió- uno de los aspectos más impactantes de la investigación.
También explicó que la pesquisa permitió reconstruir una estructura organizada para administrar el circuito de cobro de los contratos. “Se trataba de una familia entera, de varias personas”, sostuvo al referirse al grupo encabezado por la familia Beckman, al que describió como el “grupo fijo” encargado del reclutamiento, el control y la administración del sistema, primero mediante cheques y luego a través de la bancarización.
Daniel Enz -que es autor del libro “La banda de los contratos”- lo consultó por el origen temporal de la maniobra. El fiscal admitió que la acusación ubica el inicio de las acciones en la Cámara de Senadores porque “es la prueba que pudimos reunir”. Frente a la hipótesis de que existieran intentos similares en Diputados durante la misma etapa política, respondió con cautela: “No lo sé”.
Ignacio Aramberry también defendió la decisión del Ministerio Público Fiscal de imputar una asociación ilícita agravada además del delito de peculado reiterado. “Existió un conjunto de personas que, para decirlo en términos sencillos, se complotaron para llevar adelante esta maniobra”, explicó. Según la acusación, existían roles claramente distribuidos dentro de una organización destinada a cometer delitos de manera sistemática.
Respecto del exdirector administrativo del Senado Gustavo Pérez, sobre quien pesa el mayor pedido de pena -18 años de prisión-, sostuvo que la Fiscalía lo considera “uno de los gestores principales del asunto”, al entender que desde el área administrativa “orquestaba y facilitaba gran parte de la comisión de los hechos”, además de intervenir en inversiones patrimoniales que los investigadores vinculan con el dinero desviado.
Sobre el futuro juicio oral, el fiscal estimó que difícilmente disminuya de manera significativa la nómina de 441 testigos admitidos. “No creo que sean mucho menos de 441 los testigos”, afirmó, al explicar que ya se produjo una depuración importante durante la etapa preparatoria.
Uno de los pasajes más contundentes de la entrevista con Daniel Enz llegó cuando recordó el impacto que produjo la destitución de la exprocuradora adjunta Cecilia Goyeneche mientras avanzaban las investigaciones por corrupción. “Fue un colapso institucional. ¡Fue un colapso institucional!”, enfatizó. Según expresó, aquel episodio representó “un cimbronazo importante” para todo el Ministerio Público Fiscal, del cual “no sé si pudimos llegar a recuperarnos”.
Finalmente, consultado sobre las expectativas frente al juicio, Ignacio Aramberry evitó anticipar condenas, aunque ratificó la fortaleza de la investigación. “Nosotros estamos seguros de la acusación que hemos formulado”, afirmó. No obstante, recordó que “no hay que omitir el juicio”, porque será allí donde la prueba deberá demostrar ante el tribunal la responsabilidad penal de cada uno de los imputados.
-Usted y la fiscal Patricia Edith Yedro fueron los primeros que comenzaron a trabajar la causa “contratos truchos”, después de aquella actitud valiente y digna del suboficial Ricardo García, quien interceptó en el banco estaban sacando dinero con diferentes tarjetas de débito. Usted y Yedro realizaron más de 100 entrevistas, según tenemos entendido. ¿Qué fue lo que les pasó en su intimidad con los relatos que describían una situación que era un mecanismo que funcionaba desde hacía mucho tiempo?
-Primeramente, es una situación de asombro absoluto, por los relatos que escuchábamos de las personas. Primeramente, incertidumbre en el momento en que se procede la detención de las personas que fueron detenidas en flagrancia, prácticamente, porque fue un hecho en flagrancia, extrayendo dinero de los cajeros automáticos porque tenían en su poder tarjetas de débitos de otras personas. A partir de ahí, las entrevistas que fueron algunas de ellas recibidas en el propio lugar…
-Incluso en el propio patrullero.
-En el patrullero, sí. En cercanías de la casa de (Flavia) Beckman, sí. Bueno, dando cuenta de esto y anoticiándonos de lo que estaba pasando en cuanto a la mecánica de los hechos. Es decir, tarjetas de débito que son personales en poder de terceras personas, que fueron sorprendidas con dinero en efectivo también. Y, obviamente, una situación de asombro por la mecánica misma del asunto. Y, fundamentalmente, por la utilización de personas en situación de vulnerabilidad algunas de ellas.
-Algunos manifestaron que acudieron por una cuestión que no tenía cobertura de salud y les aseguraron que iba a tener un pequeño ingreso para ayudar en la enfermedad de un familiar… Hay varios de esos testimonios.
-Sí, testimonios de esa naturaleza. Y, obviamente, el asombro en cuanto a la entrega de dinero a estas personas, y gestionado el asunto también por un privado. Una privatización de la mecánica, prácticamente.
-Nos parece importante que usted como fiscal lo cuente, más allá de que lo hemos contado muchas veces, pero es importante que ustedes como fiscal lo cuente. Cuántas personas formaban parte de esa cadena de cobro, del mecanismo de ir a retirar el cheque, pagarlo, derivar a qué otro lo vaya a cobrar.
-Y, en principio, se trataba de una familia entera, de varias personas.
-Estamos hablando de la familia Beckman.
-Sí, exacto. Donde estaban involucrados solo hijos del matrimonio, hijos de los integrantes principales de la familia, y también yernos, etcétera. Pero, ese era el grupo fijo, digamos, en todo caso de reclutamiento, de cobro, de control de cobro. Porque hay que recordar que el sistema de cobro de los contratos de obra, primero fue a través de cheques. Y después se bancariza antes del descubrimiento del hecho. Entonces, bueno, era necesario que esos cheques sean endosados por los destinatarios de los cheques. Entonces, había un sistema organizado de cobro de esos cheques. Los titulares de los cheques iban hasta el banco, eran llevados por este grupo de personas. Con lo cual, digamos, hablamos de un grupo fijo, porque era el círculo de confianza de los principales integrantes de la familia, y de otros periféricos también. Es decir, los titulares de los cheques, y, por otro lado, personas también que participaban y colaboraban de alguna manera con este grupo de personas.
-Esto se inicia en la Cámara de Senadores en enero de 2008, después que se va de la vice gobernación Pedro Guillermo Ángel “Pemo” Guastavino. Pero, no pasa lo mismo en esa época en la Cámara de Diputados. Primero queremos una respuesta suya, después le haremos un comentario que fue la respuesta política cuando se lo pregunté para mi libro “La banda de los contratos”. ¿Qué se encontraron? ¿Y por qué se inició allí y no en el mismo momento también en la Cámara de Diputados cuando estábamos hablando del mismo gobernador, es decir, de Sergio Urribarri?
-El por qué no lo sé. Sí sé que la hipótesis arranca por la Cámara de Senadores porque es la prueba que pudimos reunir.
-De hecho, Beckman y Hugo Mena tenían contrato en el Senado de la Nación a través de Guastavino.
– La prueba indica eso. La respuesta que yo le puedo dar objetiva sobre el asunto es que la acusación en sí contempla este inicio en la Cámara de Senadores.
-Cuando le pregunté este punto específico a Jorge Pedro Busti, me dice que a él lo vino a ver Eduardo Marín, que era el secretario Administrativo de la Cámara de Diputados, porque lo había ido a ver Juan Pablo Aguilera para decirle que estaba ese sistema. Y Busti le dice a Marín “que por acá ni aparezcan”. Y le dice: “Acá no va a funcionar eso porque lo voy a echar a patada”. Pero, nadie los denunció. Lo preocupante es por qué nadie de la política lo denuncia en ese momento cuando se enteran que eso estaba funcionando. Porque siguió funcionando y arrancó en el 2011 después que se va Busti de la presidencia de la Cámara de Diputados.
-No sé. Bueno, me acabo de enterar.
-Acá el tema es que había una suerte de complicidades “de los hombres del poder”, porque nadie negaba, nadie desconocía esta cuestión, ni en la cúpula de la Cámara de Senadores ni de la Cámara de Diputados. O sea, ni el Tribunal de Cuentas tampoco, desconocía esto que pasaba. Un Tribunal de Cuentas que tiene sus auditores ahí dentro, en la propia Legislatura.
-Sí, con relación a los auditores… y le hablo de lo que nosotros pudimos comprobar en la causa. No tenemos comprobado de que los auditores del Tribunal de Cuentas han tenido conocimiento de la maniobra. Sino se les atribuiría una complicidad en el hecho global, se les está atribuyendo incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
– ¿Por qué considera que ustedes no lo pudieron detectar a esos?
-La prueba no indicaba nada al respecto. La prueba, más que nada, y evaluando las actuaciones que realizaron los auditores y demás, indicaba que, al menos, existía esto. Es decir, s un incumplimiento de los deberes de funcionario público, un control “laxo” con lo que tenía que ver con los contratos de obra.
-De hecho, hay dos funcionarios del Tribunal Cuentas que están imputados, justamente por el incumplimiento de los deberes.
-Sí, hay más. Todos aquellos que fueron auditores.
-La Fiscalía calificó los hechos como una asociación ilícita agravada, en concurso real. ¿Por qué se sostienen la figura de asociación ilícita y no solo peculado reiterado?
-Porque, según nuestra hipótesis… es que irá a ser discutida la acusación en el juicio, existió un conjunto de personas que, para decirlo en términos sencillos, se complotaron para llevar adelante esta maniobra. Y, en ese sentido, hablamos de asociación y tenemos un grupo que se organiza, donde existen roles determinados y demás, para llevar adelante unas maniobras delictivas. En este caso, peculados reiterados, peculados repetidos, separados en el tiempo. Nosotros ya los hemos individualizado por años de ejercicio. En ese sentido, es que habla de una asociación ilícita.
-Gustavo Pérez, que era el director administrativo de la Cámara de Senadores, enfrenta una pena estimativa de 18 años, lo que se considera el pedido más alto formulado en la elevación a juicio. ¿Qué rol específico le atribuyen para que tenga esa magnitud de pedido de prisión?
-El rol específico que se le atribuye es que entendemos que fue un gestor, uno de los gestores principales del asunto. Es decir, quien, desde adentro del servicio administrativo contable del Senado, era el que orquestaba y facilitaba gran parte de la comisión de los hechos, inclusive intervenir en asuntos vinculados a las inversiones (inmobiliarias) que nosotros también consideramos derivadas de esta maniobra.
-Estamos hablando de edificios en Paraná, terrenos en Villa Libertad San Martín, en Buenos Aires, en Gualeguaychú…
-Inversiones diversas… que era quien intervenía -a nuestro entender y de acuerdo a la prueba reunida- era (Pérez) quien intervenía en estos asuntos, y también era un rol relevante que surge a partir de conversaciones que tuvo con Mena a poco de ser detenida Beckman… vinculadas al asunto. Preguntando qué se habían llevado de la casa, etcétera, y dando a entender de que había otro lugar donde existía documentación, que no se pudo localizar nunca.
-Recordemos que Pérez fue el director administrativo a partir del segundo gobierno de Urribarri; porque en la primera gestión fue Juan Domingo “Palito” Orabona.
-Y antes estaba en el servicio contable.
-Hay una escala amplia de penas pretendidas en la elevación a juicio que van desde los 2 a los 18 años. ¿Cómo se construyó esa diferenciación entre autores, partícipes necesarios y partícipes secundarios?
-La cuestión de la autoría en este tipo de delitos de especulados es específica, es decir, solo puede ser autor quien la norma prevé que lo sea. O sea, si no reúne las condiciones normativas para ser autor, es partícipe. Entonces, a partir de ahí, es una primera pauta, digamos, de valoración. Se evalúa también si eran o no funcionarios. Eso es importante. Y varios otros aspectos que tienen que ver también con el daño ocasionado al erario público, en este caso, que influyen decididamente en la pena. Y, después, también cuestiones personales que se tienen en cuenta para estimar la escala. Hay que aclarar, que estos pedidos de pena no son de pedidos de penas definitivos. Es decir, son tentativos. Es decir, que en el juicio puede incorporarse otros elementos para que se pida una pena menor o se pida una pena mayor.
-En la elevación a juicio hay una citación de 441 testigos. Si esto es así, estamos hablando de meses de debate si acuden todos los testigos a declarar. En función de su experiencia, ¿cuánto considera que se puede reducir ese número de 441 testigos? Porque esa cantidad de testigos implicaría como mínimo seis meses de debate.
– Sí.
-Y, además seis meses intensos para mucha gente. Porque nos imaginamos los testigos que tenían los contratos, muchos de ellos ya declararon, o sea, encima no pueden ir y decir: “no era tan así” … “ese que está en el video no soy yo”, “o no dije lo que quise decir”, generando situaciones tensas en medio de un debate donde no tenemos dudas que van a correr “los aprietes”, para que se desdigan muchas veces, para que no hablen “para arriba” y saber quiénes eran los jefes políticos que podían estar operativos en esta cuestión.
-No creo que sean mucho menos de 441 los testigos. La jueza hizo una depuración importante. Se hizo una depuración importante. Había un número (de testigo) más amplio porque, por allí, se hacen acuerdos probatorios. Es decir, vamos a admitir esta esta prueba y que no venga el testigo, se acuerda esto porque no va a ser un punto de discusión. Entonces, se va achicando el número con el que se arranca. Acá sucedió que se incluyeron testigos que no habían sido propuestos en el requerimiento de remisión de causa a juicio, y no había sido propuestos por las defensas tampoco. La dinámica de la audiencia dio pie a que se incluyeran otros testigos que no estaban previstos. Pero, a la pregunta concreta no creo que podamos reducir mucho el número.
– ¿Y ustedes qué esperan? Porque vimos varios de los videos de los testigos. Muchos de ellos dicen para quién trabajaban. O sea, muchos de ellos dicen, mi jefe era tal, yo respondía a tal. ¿Y qué actividad tenía que desarrollar en el Senado? No, ninguna. ¿Pero no tenía que ir? No, no tenía que ir. Me llamaban por teléfono y me decía mi jefe (estamos hablando de un referente político de importancia en la estructura del Senado y de Diputados), él me daba las directivas. ¿Qué estiman que puede pasar en ese sentido? Porque si los testigos dicen lo mismo que ya declararon, y hay no menos de 10 hombres del poder político de la superestructura que van a quedar expuestos. O sea, con lo cual me parece que eso va a alimentar lo que sería la “causa contratos 2”, donde aparecen como involucrados los exvicegobernadores, los exgobernadores, los presidentes de la Cámara de Diputados, los presidentes de bloque. Porque no nos cuesta creer que toda esta gente, con responsabilidad en las dos Cámaras, desconocieran lo que estaba pasando.
-Por eso decretamos la apertura para investigar “contratos 2”. Esto lo hicimos luego de cerrar la causa contrato… prácticamente, luego de iniciar la audiencia de remisión del caso a juicio. Justamente para dar cumplimiento a una estrategia que se había trazado, una estrategia institucional que se había trazado en este sentido. Primero agotar la investigación con aquellas personas y que varias de ellas habían sido detenidas. Sí, en su momento se necesitó resolver de manera rápida la cuestión en relación a ello. No sucedió esto porque la causa, recordemos, que fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un asunto de competencia que demoró varios años también.
– “Un asunto de competencia” a partir del intento de estrategia de algunos de los abogados.
-Sí, varios de los abogados plantearon la incompetencia de la Justicia provincial para intervenir. Entonces, los tiempos se fueron dilatando y demás. Obviamente, en el juicio van a surgir datos, seguramente, que no solo alimenten otra investigación, y de lugar a una tercera (causa contratos”. Es posible, sí, muy posible.
-En estos ocho años de investigación, porque estamos hablando de septiembre de 2018, ¿cuántos abogados o contratados o funcionarios de segunda o tercera línea que aparecían como imputados se les acercaron a ustedes para decirles: queremos contar la verdad, pero quiero un beneficio.
-El único el único acuerdo que hubo de juicio abreviado de uno de los imputados que formaba parte del círculo familiar, es el único que -en juicio abreviado- reconoció la responsabilidad. No solo reconoció la responsabilidad en el hecho, sino que reconoció la existencia de los hechos. Por los cuales ahora se va a ir a juicio, nada más ni nada menos.
-Pero, después no han existido esos “amagues”. Nosotros conocemos uno de los casos y de hecho lo conté en mi libro del año pasado. Y que luego el abogado retrocedió sobre sus pasos y no avanzó.
–Yo no me he enterado.
-No había hablado con usted.
-Más allá de (Esteban Ángel Alberto) Scialocomo, no me he enterado de ninguno.
– ¿Cuándo asumió como fiscal?
-En noviembre de 2011.
– ¿Se puede entender que esta es la causa más compleja que le tocó atravesar en su historia de fiscal?
-Va a ser la causa más compleja. Seguramente, sí.
– ¿Y qué fue lo más lo más difícil que le tocó vivir en este proceso?
-Y la verdad que ha habido… sé a lo que se quiere referir. Pero, creo que ha habido situaciones muy complicadas.
-Una es, obviamente, la denuncia del abogado Carlos Reggiardo, que fue quien lo denunció y que hoy aparece como el adalid de los contratos truchos. Él lo denunció, y pidió el Jury de Enjuiciamiento para usted. Después que había hecho algo parecido con la fiscal Cecilia Goyeneche, en medio de la investigación de la causa contrato, en medio del del del juicio contra Urribarri. Entendemos que fue una maniobra para desestabilizarlo.
-Sí. Fue una de las situaciones más complejas que me tocó enfrentar. Pero, como lo dije en su momento, cuando apenas me enteré de la denuncia, que varios colegas de ustedes me preguntaron: en realidad lo tomé como parte de las reglas del juego. Es decir, por lo menos quise calmar mi situación personal tomándolo como si fuesen parte de las reglas del juego. Se trató de una causa importantísima, de un nivel de exposición también muy importante, con lo cual estas maniobras, de denuncia y demás, son habituales. No en la provincia de Entre Ríos, pero sí en otros ámbitos judiciales hay muchos casos como estos. Es decir, que se hacen denuncias de este tenor, más allá de nimiedades que pueden ser una recusación o algo por el estilo. Pero, sí, fue un sinsabor importante. Pero, bueno, hay que afrontarlo.
– ¿Pasó algo más complejo que eso?
-Algo más complejo que la denuncia… ¡No! Para nada.
-O sea no tuvo amenazas ni situaciones extrañas.
-No, no. Fue la denuncia, digamos, que creo que las amenazas ya no existen o pueden no existir con una denuncia así, con esas características basta.
– ¿Usted entiende que el poder político en nuestra provincia tomó nota de esto como para repetir errores o considera que cada gestión hace lo suyo y le puede dar o no importancia? A su entender, ¿aprendieron los referentes políticos de esto que pasó?
-La verdad que es una pregunta que deberían hacerles a los referentes políticos, porque no estoy en el ámbito de la política.
-Pero, quizás alguno se los trasmitió…
-No, porque no he tenido contacto con ningún referente político de los que aparecen mencionado, al menos en la causa. No he tenido contacto con ninguno. Pero, imagino que debe ser una buena ocasión para reformularse asuntos, si están y si siguen estando.
-En cuanto a organismos de control, fundamentalmente.
-Sí, sí, fundamentalmente. De hecho, en nuestra acusación llevamos a juicio también, o pretendemos llevar a juicio a funcionarios del Tribunal de Cuenta. Y ponemos en crisis también su actuación, con lo cual esto podría responder a su pregunta también.
-Cuando le pasó lo del pedido de Jury, ¿se sintió acompañado? No digo por el Ministerio Público Fiscal, sino por la estructura del Poder Judicial o por personas que quizás nunca pensó que le iba a mandar un mensaje para alentarlo…
Sí, sí. He recibido mensajes de aliento que uno no los esperaba. Pero, también he tenido un apoyo importante de la Asociación de Magistrados. Bastantes reuniones sobre este tema, con algunos actores que, en este caso, me pusieron, de alguna manera, en agenda pública el asunto. Y de alguna manera también mostraron apoyo y facilitaron varias cuestiones que a uno le vienen bien en estos asuntos.
– ¿Usted habla con fiscales de otras provincias? Habla de cómo encarar hechos de corrupción y cómo lidiar con el poder. Porque cada investigación que se encara por un delito de corrupción es un llamado de atención para un hombre o una mujer del poder que aparece relacionado con eso. Y se sabe que arriba siempre hay un ministro o un gobernador. ¿Habla o intercambia ideas con fiscales de otras provincias?
-Intercambiamos ideas. Lo que sucede es que se da un poco esto de la falta de experiencia en este tipo de asuntos. Es decir, por allí, fiscales de otras provincias tienen o están atienden asuntos de estas características con más frecuencia. Esta causa, cuando le dije de que era la causa más importante que me había tocado hasta ahora, y creo que lo que me queda de carrera va a ser la más difícil, la más compleja.
– ¿Cuánto les afectó a ustedes como fiscales que estaban llevando adelante la causa contratos truchos, la destitución de Cecilia Goyeneche? ¿Cuánto influyó en ustedes para seguir avanzando? Porque Goyeneche no era alguien más: era la Procuradora Adjunta que había sido destituida en medio de un juicio en la causa Urribarri, y en medio de una investigación por la causa contratos.
-Fue un colapso institucional. ¡Fue un colapso institucional! No solo en lo que respecta a la causa ésta en particular, sino a todo el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. Fue un cimbronazo importante… no sé si pudimos llegar a recuperarnos del cimbronazo. Hablo en términos institucionales, más allá del funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.
– ¿Y cuánto le preocupó que en ese plan de destitución existiera una estructura de poder judicial importante? Estaba claro que había un mensaje muy concreto tanto a Cecilia Goyeneche como a ustedes, desde la propia superestructura del Poder Judicial.
-Es una conjetura, digamos. No puedo…
-Sabemos que es una respuesta difícil para usted. Pero, tal vez pueda decir algo…
-En realidad es una conjetura lo que me está planteando.
-Pero ocurre que había hechos concretos. En los votos había hecho concretos. No es una conjetura. Cada uno votó y dio su argumentación.
-Sí, bueno.
-Que después la Corte ordenó que se diera marcha atrás, como diciendo: ¡Están tan equivocados con lo que hicieron!
-Sí, el fallo de la Corte habla de errores en el proceso de destitución. ¡Claros errores en el proceso de destitución! Lo que llevó a cabo, lo que dio pie a dejarla sin efecto.
-Y todo eso los llevó a ustedes a elaborar cada estrategia, en cada denuncia por delito de corrupción.
-Digamos que cada caso es un mundo. No hay una receta general que pueda… quizás sí, una receta general haya… pero, digo, forma de encarar una causa de esta naturaleza. Cada causa de corrupción tiene sus pormenores, tiene sus particularidades. Esta tiene, básicamente, que surge de la circunstancia de comisión del hecho, o sea, en esta causa en concreto -en contrato-, el hecho, la mecánica, la forma de llevarlo adelante y demás, de su tracción, fue muy particular, vista en alguna que otra situación. Pero, cada causa de corrupción tiene su particularidad.
– ¿Usted está convencido que todos los imputados de la causa “Contratos 1” van a tener su condena? Ustedes han establecido todo un detalle de penas. Además, no hay muchas causas o tal vez pueda estar equiparada con la causa de las coimas de Diego Armando Cardona Herreros. Pero, la cantidad de pruebas documentales que tiene esta causa “contrato uno” es muy fuerte.
-Nosotros estamos seguros de la acusación que hemos formulado y entendemos que esta acusación, si la prueba que ofrecimos también logra comprobarla, indudablemente va a dar pie a una condena. No hay que omitir el juicio acá. El juicio es donde, en definitiva, se muestran las pruebas… en términos sencillos, (se muestran) las pruebas al juez que tiene que declarar la culpabilidad o no de una persona. Entonces, es una tarea -entiendo-que quizás más importante de la que hemos hecho hasta ahora, poder plasmar en el juicio lo que fue el resultado de la investigación.
– ¿Y entiende que también debería haber una condena por “Contratos 2”? Más allá que esa causa recién se va terminando. Pero, está claro que, si existe “Contrato 1”, será inevitable “Contrato 2”. Se está viendo quiénes ordenaban y habrá que determinar bien qué responsabilidad tuvo cada uno.
– “Contratos 2” está iniciada. Y hay una investigación en curso. No llevamos adelante quienes iniciamos “Contratos 1”, la causa “Contratos 2”. Pero, se están haciendo diligencias tendientes a investigar…
-Tomemos el caso de Pérez, que tiene un pedido de condena de 18 años. Pérez puede decir -como elemento de defensa-, que esto era porque arriba le daban órdenes para esto, esto y esto. Y puede decir con nombre y apellido, fecha, como parte de su ejercicio de defensa. O considera que ese escenario no va a pasar. Sabemos también que ha existido algunos diálogos con los imputados para decirles que se aguanten esta situación, y después vas a tener “tu premio”- “reconocimiento”. Pero, esa situación son años de cárcel también.
-Sí. Dudo que pase. Dudo que pase… que haya una declaración de esas características. Pero, puede suceder, sí, tranquilamente.
Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 22 de julio de 2026
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