Argentina no tiene cárteles como los de Colombia o México, ni organizaciones criminales con el arraigo territorial del Primer Comando Capital o el Comando Vermelho, que dominan las favelas de Brasil a sangre y fuego. Pero los números cuentan otra historia: entre enero de 2024 y junio de 2026, las fuerzas federales argentinas decomisaron 14.946 kilos de clorhidrato de cocaína en operativos de gran escala, una cifra que representa un incremento del 508 % en el volumen incautado y del 680 % en la cantidad de procedimientos respecto del promedio registrado entre 2020 y 2023.
El dato surge de un informe elaborado por el Fondo de Investigación e Inteligencia Financiera (FININT) que analizó 44 procedimientos verificables —todos con cargamentos de al menos 100 kilogramos— y que traza, con precisión estadística, el avance del narcotráfico transnacional sobre el territorio argentino.
La ausencia de estructuras criminales verticales y violentas como las que operan en los países vecinos no equivale a inmunidad frente al tráfico de drogas. Lo que muestran los datos de FININT es que Argentina funciona cada vez más como un corredor de tránsito y distribución de cocaína, con rutas consolidadas, modalidades de transporte diversificadas y un origen geográfico dominante: Bolivia, país al que se rastreó la procedencia de más del 80 % de las cargas decomisadas.
El estudio analizó procedimientos en los que la cantidad incautada fue igual o superior a los 100 kilogramos, todos realizados dentro del territorio argentino o en pasos fronterizos bajo control de fuerzas federales. La base empírica se construyó a partir de información pública del Ministerio de Seguridad de la Nación, complementada con portales periodísticos nacionales y provinciales, y con datos del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF). Los 44 casos relevados totalizan 14.946 kg y representan aproximadamente el 85 % de toda la cocaína incautada en el período bajo análisis.
Infobae conversó con Juan Félix Marteau, presidente de FININT, a raíz del informe que realizó el equipo de especialistas de FININT titulado “ Incautaciones de Cocaína en Argentina” para comprender la magnitud de estos datos.
—¿A partir de sus investigaciones encuentran una razón objetiva sobre el mayor número de incautaciones de drogas en los años analizados, comparados con los cuatro años anteriores? Ustedes creen que esto es producto de una decisión política de perseguir este tipo de delito; es producto de que ingresa más droga y por eso se suman más kilos secuestrados; o es una combinación de ambos posibilidades?, preguntó este medio.
Hay dos razones que tienen fundamento objetivo: por un lado, los países andinos que tienen el oligopolio en la producción de cocaína de máxima pureza están batiendo récords en esta actividad. En 2023, Colombia, Perú y Bolivia pusieron en el mercado 3700 toneladas de esta droga, lo que implica un crecimiento de más del 300% en esta última década. Al mismo tiempo, el mercado de consumo de cocaína europeo ha seguido creciendo. Recordemos que la Argentina es un territorio de tránsito en el abastecimiento de estos consumidores. Por otro lado, indudablemente las fuerzas federales están más activas en su tarea de control de las rutas habituales por las que se transporta este tipo de sustancia. El nivel de violencia que provoco el narcotráfico en la Argentina hasta 2023 produjo una reacción tanto del gobierno federal como de los gobernadores, incluida la provincia de Santa Fe. La conclusión es que una importante cantidad de cocaína sigue circulando por nuestro territorio lo que implica que el narcotráfico continúa siendo una amenaza relevante para nuestro país, respondió Marteau.
Según el trabajo realizado por FININT, entre los años 2020 y 2023, es decir bajo el gobierno de Alberto Fernández, el promedio anual de procedimientos de esta escala fue de 2,5 casos y 1.092 kilos incautados. Entre 2024 y 2025, esto es en el gobierno de La Libertad Avanza, esa cifra saltó a 19,5 operativos y más de seis toneladas por año. El cargamento promedio por procedimiento fue de 340 kilos.
La distribución cada 12 meses muestra una curva ascendente: 15 procedimientos en 2024 con 5.654 kilos secuestrados; 24 procedimientos en 2025 con 7.631 kilos; y 5 procedimientos en el primer semestre de 2026 con 1.660 kilos sin registrarse ningún caso en junio. Pero, cuál es la principal ruta de ingreso de estupefacientes ilegales al país. El titular de FININT, explicó así: “Las incautaciones que analizamos permiten concluir que la ruta 34 es el principal vector de tráfico de cocaína boliviana en nuestro territorio. De los casi 15.000 kilogramos secuestrados, 5.000 fueron incautados en este corredor.
—Según sus estudios, qué destino tenía la droga secuestrada y de qué forma iba a salir del país, quiso saber Infobae.
—La presunción es que la droga secuestrada, en su gran mayoría, tenía por destino Europa. Pero para ser certeros en esta conclusión, deberíamos realizar un estudio sobre las conclusiones a las que arriba la investigación penal en cada uno de los casos analizados. Se trata de un tipo de informe con que la Argentina debe contar con cierta urgencia, respondió Juan Félix Marteau,
El especialista también explicó que el análisis geográfico de los procedimientos relevados evidencia una marcada concentración sobre el corredor terrestre articulado en torno a la Ruta Nacional 34, que conecta los principales pasos fronterizos con Bolivia —entre ellos Aguas Blancas, Salvador Mazza, La Quiaca, Aguaray y Pichanal— con los centros urbanos del litoral y el área metropolitana de Rosario, y desde allí, a través de la Ruta Nacional 9, con la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, el estudio identificó un corredor aéreo vinculado a operaciones de aterrizaje clandestino en el norte de la provincia de Santa Fe—particularmente en Vera, Villa Eloísa y San Cristóbal— mediante el empleo de avionetas Cessna con matrícula boliviana.
“En el marco de los 44 procedimientos analizados eñ 11 % de la muestra involucraron la incautación de aeronaves que en todos los casos, se tratan avionetas Cessna 210 procedentes de Bolivia, que fueron halladas en pistas de aterrizaje clandestinas en el norte de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos”, explicó y precisó: “Aquí tenemos un caso de una entrega vigilada producto de una cooperación internacional con la DEA que permitió a la Gendarmería y a la PROCUNAR secuestrar el estupefaciente que transportaba. No tenemos dudas de que este tipo de transporte es el más difícil de identificar debido a la versatilidad que tiene para hacer vuelos desde el vecino país andino”.
El análisis mensual de los procedimientos del estudio revela dos patrones recurrentes. Por un lado, una concentración notable en los meses de mayo y noviembre: esos dos meses -se lee en el trabajo- acumulan 8 y 7 procedimientos respectivamente, equivalentes al 34 % del total de casos. Por otro lado, una ausencia sistemática de operativos en febrero —cero procedimientos en los tres años— y una baja relativa en agosto.
En de noviembre de 2025, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, fue el mes de mayor actividad de toda la serie investigada, tanto en número de casos, tres, como en volumen: 1.748 kilos de cocaína incautada. El dato más saliente de ese mes fue la detención de Brian Bilbao en el marco del operativo Cosecha Blanca II, con 957 kilos decomisados.
Mayo de 2025, a su vez, concentró cuatro procedimientos y 1.314 kilos, entre los que se destacó la Operación Cereales Blancos sobre el buque MV Ceci en el puerto de San Lorenzo, con 469 kilos de cocaína secuestrada por las fuerzas de seguridad.
La distribución territorial de los operativos dibuja con precisión el mapa del narcotráfico transnacional en Argentina. Salta concentra 20 de los 44 procedimientos —el 45 % del total— y 6.014 kilos —el 40 % del volumen—, lo que la posiciona como el principal corredor de ingreso desde Bolivia. Le siguen Santa Fe (7 casos, 2.737 kilos), Buenos Aires (4 casos, 1.972 kilos) y Jujuy (2 casos, 1.107 kilos).
El eje articulador de ese tráfico es la Ruta Nacional 34, que conecta los pasos fronterizos con Bolivia —Aguas Blancas, Salvador Mazza, La Quiaca, Aguaray y Pichanal— con los centros urbanos del litoral y el área metropolitana de Rosario, y desde allí, por la Ruta Nacional 9, con la Ciudad de Buenos Aires.
El análisis realizado por la Fundación FININT revela varias categorías de transporte:
- Las camionetas que es el vehículo más frecuente: representan el 39% de los casos.
- Los camiones, el 18 %
- Los automóvil, el 11 %.
La combinación de camionetas y camiones representa el 57 % de los procedimientos, un dato que refleja el peso del corredor terrestre Bolivia–Salta–Rosario/Buenos Aires, describe el informe al que accedió este medio.
Las modalidades aérea y marítima son numéricamente menores pero concentran un volumen muy importante: suman el 16 % de los casos pero acumulan el 30 % del volumen total incautado:4.466 kilos de cocaína secuestrada. Eso indica que los cargamentos trasladados por esas vías son, en promedio, considerablemente más grandes que los que circulan por tierra.
Gendarmería Nacional Argentina lideró 35 de los 44 procedimientos analizados por la Fundación FININT, el 80 % de la muestra. Esa centralidad responde tanto a la localización geográfica del fenómeno —frontera norte y principales rutas terrestres— como a la misión institucional de la fuerza en materia de control fronterizo e interdicción terrestre.
El informe establece que en más del 80 % de los procedimientos pudo determinarse que la cocaína tenía origen en Bolivia. Esa conclusión se apoya en la información geográfica de los operativos —la mayoría concentrados en la frontera norte—, en los datos de las investigaciones judiciales y en el perfil de los vehículos y aeronaves intervenidas, muchas de ellas con matrícula boliviana.
El estudio de FININT también procura contextualizar los hallazgos dentro de las transformaciones recientes del mercado global de cocaína. Según organismos internacionales especializados citados en el informe, la producción y el tráfico de cocaína a escala mundial atraviesan un período de expansión, lo que brinda un marco explicativo para el incremento observado en Argentina.
—¿Cuanto influyen las decisiones políticas y judiciales en el combate contra el narcotráfico?, le preguntó Infobae a Félix Marteau.
—El combate contra el narcotráfico es un concepto amplio y, en cierta medida, ambiguo. Se supone que engloba que el Estado impide u obstaculiza el ingreso de cocaína en el país; que las bandas criminales dedicadas a este negocio ilícito son identificadas y encarceladas; y, algo muy importante, que se produce un deterioro significativo de los circuitos económicos-financieros que produce el tráfico y la comercialización de este producto tan rentable. Algunos entienden que el combate, también debería incluir incentivos en la población para que dejen de consumir este tipo de sustancias. Este último punto es crítico porque aunque el Estado ponga todo de sí para ser exitoso, si ciertos grupos sociales tienen compromiso o deciden consumir, lo único que pueden hacer los gobiernos es barrer la basura que este goce produce.
—¿Cuál es la principal conclusión del informe?
—La investigación nos aporta indicios que se suman a los otros análisis de campo que hemos realizado en este último tiempo y nos permite concluir que los narcos que operan en la Argentina son menos violentos y están más ricos. Si los gobiernos nacionales y provinciales no multiplican mejoran su efectividad en el deterioro de las inversiones y las actividades comerciales de los traficantes y sus testaferros, es muy probable que la violencia resurja nuevamente. Tendrán un botín más grande por que pelearse, respondió.
Leave a Reply