Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el poder ejecutivo habilitó nuevos anticipos financieros por hasta 400.000 millones de pesos para Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe. La medida amplía un mecanismo que había sido puesto en marcha en abril, cuando otras doce provincias recibieron asistencia similar para afrontar gastos corrientes y compromisos financieros.
En las últimas horas, el Gobierno nacional amplió el esquema de anticipos financieros para asistir a provincias con problemas de liquidez, una decisión que expone las dificultades que atraviesan los distritos para sostener sus finanzas y que pone en evidencia las tensiones crecientes sobre el propio frente fiscal del oficialismo. La caída de la recaudación y el enfriamiento de la actividad económica comenzaron a mostrar sus efectos sobre uno de los pilares centrales del programa económico de Javier Milei: el equilibrio de las cuentas públicas.
Aunque el Gobierno presenta estos desembolsos como adelantos transitorios de coparticipación, que deberán ser devueltos dentro del ejercicio fiscal vigente mediante descuentos automáticos sobre futuras transferencias, el recurso revela las dificultades que enfrentan las administraciones provinciales para hacer frente a sus obligaciones en un contexto de recursos en retroceso, tanto a nivel nacional como provincial.
La Casa Rosada construyó buena parte de su discurso económico sobre la idea de que el ajuste fiscal nacional había logrado ordenar las cuentas públicas. Sin embargo, parece haberlas desordenado. Una parte importante del ajuste se trasladó a las provincias mediante la reducción de transferencias discrecionales, la paralización de obras públicas y la caída de la actividad económica que afecta la recaudación compartida.
Según un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el conjunto de las provincias cerró 2025 con déficit fiscal luego de haber registrado superávit durante 2024. El resultado primario pasó de un excedente de 4,8 billones de pesos a un déficit de 380.000 millones, mientras que el resultado financiero terminó con un saldo negativo de 3,6 billones de pesos.
El deterioro respondió principalmente a una dinámica que se repite tanto en los gobiernos provinciales como en la administración nacional: los ingresos crecen menos que las necesidades de gasto. Mientras las erogaciones primarias aumentaron 6,8 por ciento en términos reales, los ingresos lo hicieron apenas 3,4 por ciento.
La situación explica buena parte del malestar que los gobernadores vienen manifestando desde comienzos de año. La caída de la coparticipación, producto del menor dinamismo de impuestos como IVA y Ganancias, redujo los recursos disponibles para las provincias justo cuando aumentan las demandas de financiamiento de salud, educación, seguridad y asistencia social.
La consecuencia es una creciente dependencia de mecanismos extraordinarios de financiamiento. Una distribución discrecional de recursos hacia provincias cuyos gobernadores son aliados de la Casa Rosada, que reproduce uno de los mecanismos más tradicionales de construcción de poder de la “vieja” política.
La necesidad de asistir a las provincias coincide con un momento en que el propio Gobierno nacional enfrenta mayores dificultades para sostener el superávit fiscal. El miércoles, el ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional volvió a registrar superávit primario y financiero durante mayo. Pero los resultados mostraron un deterioro respecto de los obtenidos un año atrás.
El superávit primario acumulado cayó por ciento en términos reales y el financiero retrocedió más de 25 por ciento. La principal explicación fue la debilidad de los ingresos fiscales, afectados por la desaceleración de la actividad económica.
También un informe de la consultora Equilibra encendió más alarmas sobre este frente. El estudio sostiene que, tras el fuerte ajuste aplicado durante 2024 y buena parte de 2025, la capacidad de seguir reduciendo gastos comienza a mostrar límites cada vez más evidentes. En consecuencia, el sostenimiento del superávit dependerá crecientemente de una recuperación de la recaudación tributaria.
El problema es que esa recuperación todavía no aparece con claridad. La industria continúa mostrando señales de debilidad, el consumo masivo permanece estancado y diversos indicadores de actividad exhiben una desaceleración respecto de las expectativas oficiales.
La paradoja es que el mismo ajuste que permitió construir el superávit nacional terminó debilitando las cuentas públicas -incluyendo las provinciales- y erosionando parte de la base tributaria sobre la que descansa la estrategia fiscal.
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