Un año después de haber iniciado la discusión sobre el requerimiento de elevación a juicio de la causa “contratos truchos” de la Legislatura, la audiencia entró en la etapa de definiciones. Así lo informó este martes la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, quien adelantó que las decisiones y lectura de fundamentos sobre los planteos de las partes, se harán antes de que inicie la feria judicial de invierno.
De este modo, la causa avanza en torno a saber si finalmente llega a juicio oral. La fecha exacta en la cual se dará a conocer la decisión de Barbagelata sobre el requerimiento de elevación a juicio de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, y los planteos de los abogados defensores, se conocerá a través de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” de las cámaras legislativas, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
La instancia de elevación a debate comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio de ese mismo año, debido a planteos defensivos que escalaron en la jerarquía judicial. Una vez resueltos los reclamos, en mayo de este año se reabrió la audiencia para discutir el requerimiento. Y ahora, esa instancia se acerca al momento de las definiciones.
Después de un largo trajinar
Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio de esta causa en 2021, después de una investigación que llevó tres años y que comenzó de manera insólita: un agente de policía vio cómo algunas personas operaban numerosas tarjetas bancarias en un mismo cajero electrónico. La situación le llamó la atención. El agente tiró de un hilo y comenzó a desenrollar el ovillo, hasta entonces conocido por unos pocos.
Sin embargo, en 2021, al completarse la Investigación Penal Preparatoria (IPP) de esta causa y presentarse el requerimiento de elevación a juicio ante la Justicia de Garantías, algunos abogados defensores lograron sacar el expediente de la órbita penal entrerriana y llevarlo a la Justicia Federal, bajo el argumento de que se sustrajo dinero de la Legislatura para financiar campañas políticas. Nada de eso reflejaba la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia, que abonó la hipótesis de las inversiones privadas de los imputados con el dinero desviado.
La discusión de la jurisdicción sobre cuál debía desarrollarse la investigación, es decir cuáles eran los delitos sospechados y quién tenía la potestad de investigarlo, llevó varios años. Recién en 2024 comenzó a despejarse el tiempo y vislumbrarse el horizonte, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que devolvió el expediente al Juzgado de Garantías N°1 de Paraná. Y allí sí, finalmente, se allanó el camino para dar paso a la elevación a juicio del proceso.
Como se contó más arriba, la elevación a juicio comenzó hace un año y casi dos meses. Pero al poco tiempo, la marcha volvió a frenarse por nuevos planteos defensivos. Se atravesó un impasse de varios meses entre 2025 y 2026, hasta que volvió a reactivarse.
Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías, ambos representan a Jorge De Breuil. Miguel Cullen, por su parte, defiende a los imputados Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
Volvieron a pedir la unificación de contratos uno y dos
Este martes, los abogados Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías, ofrecieron evidencia que sirve a la defensa del imputado Jorge De Breuil y su esposa Alejandra Camissasa. Si bien la pareja de De Breuil no está acusada en el proceso, sobre ella pesa un levantamiento de secreto fiscal y patrimonial, y la inhibición general de bienes. Camissasa, como otras esposas y/o parejas de imputados, figura en un listado de personas vinculadas a la causa, sobre quieres se tomaron medidas judiciales. Los investigadores sospechan que parte del dinero sustraído a las arcas públicas por algunos imputados, fue colocado a nombre de sus parejas.
Desde Buenos Aires y mediante videoconferencia, el abogado reclamó la unificación de las causas contratos uno y contratos dos. Así lo vienen haciendo los abogados desde la semana pasada. Solicitan que se declare la nulidad de la remisión actual y se compacten las dos investigaciones en una.
La jueza Barbagelata rechazó el planteo desde el primer momento. Sin embargo los defensores insistieron con el pedido. Aseguran que el rechazo judicial de primera instancia al pedido de nulidad del requerimiento actual, perdió validez cuando se conoció que el Ministerio Público Fiscal (MPF) estaba desarrollando una segunda investigación sobre contratos de la Legislatura entrerriana, que involucra a autoridades políticas. Cabe señalar que la primera etapa de la causa contratos sólo alcanzó a deslindar la presunta responsabilidad de autoridades administrativas de las cámaras, y la intervención personas organizadas por fuera de la estructura legislativa. Lo que se conoce como los escalafones más bajos de la supuesta asociación dedicada a la sustracción de dinero público.
Posteriormente al reclamo de unificación de las dos investigaciones, Hawlena Gianotti fue sintético con el ofrecimiento de prueba para la defensa del imputado Jorge De Breuil, sindicado como asesor del ex senador nacional Pedro Guillermo Gustavino. El abogado propuso evidencia que, asegura, sirve para justificar el patrimonio de “origen lícito, y de antigua data” de De Breuil.
Puntualmente, el defensor mencionó: un certificado del historial de actividades económicas de De Breuil ante AFIP. Un listado de la antigua Dirección General de Rentas (DGR), devenida en Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), de 1993, con proyectos de inversión social; una inscripción en la antigua Dirección General de Impuestos (DGI), devenida en Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de trabajador autónomo de 1993. “La relevancia de la prueba está en consolidar el origen de antigua data del patrimonio de De Breuil y sus distintas inversiones, el origen lícito de su patrimonio, y de antigua data”, recalcó Hawlena Gianotti.
El abogado también pidió que se incorporen como prueba en el debate los “recibos de sueldo y medio aguinaldo, bonificaciones extraordinarias de 2010 y 2011” de su pupilo. “Esta documental tiene que ver con la formación antigua de patrimonio de De Breuil, y está vinculada al peritaje contable”, subrayó.
Asimismo, sugirió que se envíe a debate como evidencia una copia de docuemnto donde figuran todas las liquidaciones de sueldos. “Son 29 fojas remitidas en noviembre de 2021 por la ex vicegobernadora Laura Stratta, remitidas por correo electrónico”. Pidió incorporar, además, una copia de “estados contables” de una sociedad anónima; correos electrónicos entre el Hotel Howard Jonson y Gustavo Pérez, confirmando reservas de De Breuil; una copia firmada por el ex senador nacional Pedro Gustavino, certificando servicios deDe Breuil en su despacho; copia de correos con Gustavo Pérez que expresa razón de poderes firmados en 2017; la pericia contable oficial; entre otros.
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