Mientras el Gobierno avanza en la discusión de una reforma de la ley de semillas y en nuevas medidas para reforzar la protección de la propiedad intelectual, productores del norte del país lanzaron una contraofensiva para intentar frenar cambios que consideran perjudiciales para la actividad. Con ese objetivo, directivos de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) se reunieron con funcionarios de Tucumán y buscan sumar apoyo de diputados y senadores nacionales de la provincia.
La movida se produce luego de que el Gobierno avanzara por dos carriles en el debate sobre la propiedad intelectual en semillas. Por un lado, oficializó un nuevo protocolo para reforzar los controles sobre variedades protegidas. Por otra parte, comenzó una ronda de conversaciones con entidades rurales y representantes de la industria semillera para intentar consensuar una reforma de la ley de semillas, una discusión que lleva años sin lograr acuerdos.
En este contexto, directivos de Apronor se reunieron con el secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro, para expresar su preocupación por el rumbo que podría tomar la discusión y solicitar apoyo para acercar sus planteos a diputados y senadores nacionales de la provincia.
“Nos reunimos para plantearle toda esta movida a nivel nacional con el tema de la ley de semillas y el perjuicio que generaría para los productores esta situación”, dijo a LA NACION Hugo Meloni, presidente de la entidad. Según explicó el dirigente, el objetivo es que los legisladores conozcan la visión de los productores antes de que eventualmente deban pronunciarse sobre una reforma. “Queremos explicar cuál es el perjuicio para que cuando tengan que votar lo hagan sabiendo qué están votando y no que levanten la mano sin conocer el tema”, señaló.
La preocupación de Apronor se concentra en los cambios que podrían incorporarse a una futura modificación de la legislación. Aunque todavía no existe un proyecto oficial, Meloni afirmó que observan señales que generan inquietud entre los productores. “Venimos de hace rato levantando el tema de la ley de semillas y de UPOV 91, que el gobierno nacional quiere imponer. Nosotros vemos que eso es absolutamente perjudicial para el agricultor”, sostuvo.
El dirigente indicó que otro de los puntos que generan preocupación es la posibilidad de que los mecanismos de control queden en manos de privados. “Consideramos que es altamente probable que terminen siendo los mismos semilleros los que pongan los controles, con lo cual sería juez y parte”, afirmó.
Situación
La reacción de la entidad ocurre pocos días después de que el Gobierno anunciara un nuevo protocolo de control varietal que permitirá verificar la identidad genética de determinadas semillas mediante análisis realizados sobre muestras obtenidas en distintos puntos de la cadena comercial. Rige para las variedades que se inscriban desde ahora. En paralelo, esta semana funcionarios nacionales reunieron a representantes de la Mesa de Enlace, entidades técnicas, productores y empresas semilleras para comenzar una negociación orientada a construir consensos sobre una nueva ley de semillas.
La discusión no es nueva. La legislación vigente data de 1973 y desde hace años distintos gobiernos intentan actualizarla sin éxito. Las empresas desarrolladoras de genética sostienen que una mayor protección de la propiedad intelectual es necesaria para estimular inversiones y acelerar la llegada de nuevas tecnologías al país. Del otro lado, numerosas entidades de productores advierten sobre la necesidad de preservar derechos históricamente reconocidos dentro de la actividad y evitar mayores costos para el sector.
En el caso de Apronor, la entidad decidió comenzar a trabajar sobre el plano político antes de que exista un texto definitivo. Según relató Meloni, durante la reunión mantenida con el secretario de Producción de Tucumán se acordó que, una vez que existan mayores precisiones sobre el proyecto que se enviaría al Congreso, la organización podrá participar de nuevas instancias de análisis junto a legisladores nacionales. “Nos dijeron que ni bien tengan algún borrador de la ley nos van a convocar para que hagamos una reunión con los diputados y senadores nacionales de la provincia”, explicó.
Según afirmó, la preocupación de la organización responde a la percepción de que tanto el nuevo protocolo oficial como una eventual reforma legislativa podrían avanzar en una dirección que consideran desfavorable para los productores. “Ya estamos viendo que va por un camino que al productor lo perjudica”, concluyó.
Al igual que Apronor, en las últimas horas, en un comunicado difundido este miércoles, Bases Federadas cuestionó el nuevo protocolo oficial y sostuvo que “esta semana el gobierno nacional dio un paso más para acercarse a UPOV 91”. Según la entidad, “el Ejecutivo busca proteger a los grandes semilleros y deja a los productores expuestos a que estos avancen”.
La organización también vinculó la medida con una visión más amplia sobre las políticas oficiales hacia el sector agropecuario. “Una vez más el ministro de Desregulación exige controles a los chacareros para beneficiar a los sectores más concentrados del agro”, afirmó en el documento. Además, llamó a “poner un freno a la entrega que está sufriendo nuestra querida Nación Argentina”, al cuestionar distintas iniciativas impulsadas por el gobierno nacional.
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