Los defensores ofrecen evidencia para que se remita a juicio en la causa “contratos truchos” de la Legislatura entrerriana. La actividad ocurre desde este martes, cuando los abogados Cristhian Panceri (en representación de José Velázquez); Victoria Halle; Iván Vernengo; Emilio y Germán Fouces; Tomás Vírgala y Miguel Cullen, pidieron que se incorpore evidencia que no forma parte del requerimiento de elevación a juicio que sostiene la Fiscalía.
Los abogados sugirieron que se remitan documentos y testimoniales al debate que pudieron recabar y/o producir por sus propios medios. Algunos de los puntos sugeridos en la audiencia consiguieron la aceptación de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, y ya fueron admitidos por la jueza de Garantías, Marina Barbagelata.
Desde ayer, los argumentos principales desplegados por los defensores son tres: la oposición al requerimiento de elevación a juicio y el reclamo para que se unifiquen las dos causas por los presuntos “contratos truchos”; la incorporación de información que guarda la Legislatura sobre los contratos realizados entre 2008 y 2018 (período investigado), que fue requerida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y nunca fue remitida; y por último, información sobre ampliaciones presupuestarias destinadas a atender sólo el gasto de los contratos de obra.
La aceptación por parte de los fiscales y admisión de la jueza no ocurre con todo lo que ofrecen los abogados. Hoy se propuso, por ejemplo, la realización de una nueva pericia informática. Pero la medida fue rechazada por los representantes de la acusación pública. La jueza de Garantías convalidó la posición de los fiscales pero alentó a la defensa que su perito de parte produzca la información interesada, y se presente en el juicio a explicar el trabajo.
Así ocurrió tras la propuesta que hizo el abogado Miguel Ángel Cullen. Consideró que es necesario examinar el trabajo de los ingenieros informáticos del Ministerio Público Fiscal con un perito dependiente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y un perito de parte.
“Solicitamos una pericial informática con peritos del STJ para que se haga un examen minucioso sobre tareas realizadas por el Gabinete de Informática del MPF. Esto fue materia para un pedido de exclusión probatoria, todo lo que tiene que ver con el secuestro de datos se hizo con incumplimientos de los deberes y garantías. La única forma de que esa prueba ingrese con validez, es convalidando la tarea hecha por el Gabinete Informático o desechándola, pero a través de un perito del STJ con la participación de un perito de parte nuestra”, manifestó Cullen.
Los fiscales contestaron que, cuando se produjo la pericia informática (durante la investigación penal preparatoria), dieron participación a las defensas con antelación. Y que producir un nuevo documento al respecto, alongaría innecesariamente el proceso. “El MPF ya se opuso a la realización de una nueva pericia. Sería dilatorio, los informes que se cuestionan tienen más de 8 años, cada vez que se hicieron se notificó con tiempo a las partes para que designen peritos. Algunos defensores concurrieron a esos actos. Más allá de que fue observado el informe y cuestionado. Los puntos que proponen no pueden arrojar luz. Disponer una pericial ahora es extemporáneo y dilatorio”, respondieron los fiscales.
La jueza estuvo de acuerdo con la acusación pública, pero la negativa no fue total para el defensor que lo estaba solicitando: Barbagelata propuso que la defensa pida que se cite al testigo como perito de parte, y declare sobre sus conclusiones al respecto de la pericia del Gabinete Informático. De tal modo que el abogado citará a Gastón Cruzado, un licenciado en Informática que se desempeñó para la Municipalidad de Colonia Avellaneda.
“Sería pertinente si el perito de parte elabora un informe con los puntos de pericia pedidos por el defensor, quiero que se lo acompañe a la Fiscalía y que lo tengan para el debate. Sobre los puntos de pericia se podrán expedir los expertos que llevaron adelante la pericia. Pero que se adelante a Fiscalía para que indague al perito de parte”, dispuso la jueza.
Otro contrapunto de Fiscalía, con la evidencia que ofreció Cullen se dio en torno a un informe elaborado por el contador de parte Juan Manuel Pérez, en relación a la pericia contable del MPF. El defensor pidió que se remita ese informe de la defensa como una pericia pero ante la oposición de los fiscales, Barbagelata se lo admitió sólo como un informe y no como pericia.
Piden la incorporación de datos presupuestarios que probaría la hipótesis de la sustracción
En otro tramo de su intervención, Cullen reclamó que se remitan a juicio diarios de sesiones de la Legislatura que tratan los presupuestos. “Estos archivos se pueden obtener de la web oficial. Allí podemos ver los montos dispuestos, debatidos por los legisladores, para las distintas partidas. Todo lo que tiene que ver con contratos, gastos, presupuesto”, dijo y agregó que se trata de “información contable publicada, referente a cuentas generales de los ejercicios contables”. “Son miles de hojas de cada ejercicio. Lo importante es lo referente a gastos por contratación de obra. No era algo desconocido por los legisladores. Ahí se puede observar que hubo ampliaciones presupuestarias, y que esas ampliaciones fueron para cubrir gastos de contratos. De esto no son responsables los imputados. La información se ofrece para que determinemos quiénes eran los responsables”, subrayó.
—No tenemos inconveniente, vamos a admitir esa evidencia y los testigos que puedan incorporarla al debate. No coincidimos con lo que el doctor pretende probar con esto en relación a los imputados. La información es valiosa, no la valoración de la prueba—intervino Yedro.
—Voy a admitir que se incorpore ese oficio. Pero usted deberá producir el informe, lo hará usted por disposición mía. Es pertinente. La defensa debe hacerlo. Y cuando lo obtenga, póngalo en conocimiento de la Fiscalía —definió la jueza.
Otros documentos
El abogado también pidió la remisión a juicio de la orgánica general de Administración del Senado. “Esta prueba tiene relación con la función de Gustavo Pérez”, señaló el defensor, en representación puntual de ese imputado. Con la documental ofrecida, lo que buscarán los abogados en un futuro juicio, es deslindar de responsabilidad a los actuales imputados.
“Por último, como documental ofrezco un sumario de Senadores, dispuesto por Lucila Haidar (quien falleció). Es de interés para esta defensa. El solicitante del expediente es el contador Adán Bahl”, manifestó.
Además, pidió que se libre un oficio al Tribunal de Cuentas (TdC) para que informe sobre las rendiciones de la Legislatura en el período investigado.
“No nos oponemos, pero que se establezca un plazo perentorio para que se remita la información en diez días hábiles, para no entorpecer la remisión a juicio de esta causa”, reclamó la fiscal. Barbagelata admitió la prueba y solicitó que esté disponible para el debate.
Por otro lado, el abogado adelantó que pedirán el libramiento de un oficio para que ambas cámaras envíen la totalidad de los expedientes de contratos. “En marzo de 2021 solicitamos esta información y no la pudimos conseguir. Creo que el doctor Iván Vernengo también la pidió junto a Fiscalía. Esto ha sido por reticencia inexplicable de ambas cámaras. Es más, ni siquiera vamos a exigir que los envíen, sino poder consultarlos. Y queremos instar que la respuesta sea dada a Fiscalía”, ofreció Cullen.
De momento, la tensión y rivalidad que suele manifestarse entre el Ministerio Público Fiscal y las defensas en este tipo de causas, parece ceder. Los abogados colaboran con información, piden datos para la Fiscalía. Habrá que ver, más adelante, cómo se moldea la estrategia defensiva.
Testimonios
Entre los testimonios propuestos por el abogado, resaltaron nombres que ya fueron ofrecidos: José Eduardo Lauritto; Raúl Taleb; Néstor Diez; José Cáceres; Lautaro Schiavoni; Adán Bahl; Aldo Ballestena; y Maximiliano Argento.
También se interesó la declaración de Alejandra Marisol Casa; María Cristina Federik (fiscal del TdC); Ivanovich Julio César; Casalongue Carlos; Alizegui Matías; Rubén Duro; Micaela Duro; Carlos Moya; Walter Clivio; Kramer José; Alcides Demichelis; Orsich Battisti Xiomara, entre otros.
Durante la jornada de este miércoles, también hubo ofrecimientos de prueba del defensor Tomás Vírgala, y concluyeron los abogados Emilio y Germán Fouces. La audiencia pasó a un cuarto intermedio y se retomará el martes que viene, con la intervención de los abogados Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías.
Causa
En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
La instancia de elevación a juicio comenzó en abril de 2025 y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías, ambos representan a Jorge De Breuil. Miguel Cullen, por su parte, defiende a los imputados Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
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