Un procedimiento judicial realizado este viernes en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de San José de Feliciano provocó una fuerte respuesta del gobierno municipal, que emitió un comunicado público para cuestionar el allanamiento ordenado en el marco de una investigación penal que tramita en la fiscalía local.
El operativo se llevó a cabo en las instalaciones del CIC y fue solicitado dentro de un legajo penal que indaga información vinculada a atenciones del área de salud mental. Según precisaron, el objetivo del procedimiento fue secuestrar o acceder a documentación administrativa relacionada con la asistencia de pacientes atendidos por profesionales que prestan servicios en ese espacio comunitario.
Tras el procedimiento, la Municipalidad difundió un comunicado en el que expresó su “absoluta posición” frente al operativo y aseguró que siempre estuvo dispuesta a colaborar con la Justicia.
Qué documentación se buscaba
Desde la comuna explicaron que el CIC no conserva historias clínicas ni legajos terapéuticos de los pacientes atendidos por profesionales de salud mental. Señalaron que ese tipo de documentación forma parte de la práctica profesional de cada psicólogo y permanece bajo su custodia, amparada por el secreto profesional.
En el centro comunitario, agregaron, sólo existen registros administrativos de atención en los que se consignan datos básicos de la asistencia y códigos de consulta utilizados por los profesionales.
Según el municipio, esa modalidad de registro ya había sido informada previamente a la fiscalía en respuesta a un oficio judicial remitido antes del procedimiento.
El planteo del municipio
En su posicionamiento institucional, el Ejecutivo municipal remarcó que la información vinculada a tratamientos psicológicos está especialmente protegida por normas de confidencialidad y por los códigos de ética profesional que rigen el ejercicio de la psicología.
Advirtieron que la obtención o manipulación de datos relacionados con la salud mental exige “particular prudencia”, dado que se trata de información sensible vinculada a la privacidad de los pacientes.
El comunicado recordó, además, que el artículo 280 del Código Procesal Penal de Entre Ríos prevé la posibilidad de requerir documentación mediante una orden de presentación, un mecanismo pensé para evitar medidas más gravosas como allanamientos o secuestros.
Por ese motivo, desde la comuna sostuvieron que la medida judicial “plantea interrogantes respecto de su razonabilidad”, especialmente considerando la protección que puede brindar el secreto profesional sobre esa documentación.
Posición institucional
Finalmente, la Municipalidad reafirmó su compromiso con la cooperación institucional y la transparencia en la gestión pública, aunque cuestionó lo que definió como un uso “irrazonado” de procedimientos que, a su entender, pueden generar preocupación innecesaria en la comunidad.
Hasta el momento no trascendieron mayores detalles del legajo penal que motivó la medida ni está confirmado si se produjeron secuestros de documentación durante el operativo.
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