La férrea defensa del Gobierno Nacional a un proyecto de Patricia Bullrich

El Senado retomó el debate de una nuevo marco legal para los biocombustibles, que se reactivó luego de la presentación de dos proyectos de ley presentados por Patricia Bullrich y de la ex secretaria de Energía, Flavia Royón.

Hubo una fuerte puja entre distintos modelos de desarrollo para el sector. El proyecto impulsado por la senadora Bullrich, que cuenta con el respaldo del Gobierno nacional, cosechó apoyos de las cadenas del bioetanoly de las grandes empresas exportadoras de biodiésel, pero recibió duras críticas de las pymes elaboradoras, que advierten sobre una posible concentración del mercado.

Durante el plenario de las comisiones de Minería y Presupuesto, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, ratificó el apoyo del Poder Ejecutivo a la iniciativa y sostuvo que el texto refleja el trabajo realizado durante casi dos años junto a los distintos actores de la actividad.

La propuesta establece elevar el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y el de bioetanol del 12% al 15%. Además, plantea una reducción gradual del sistema de cupos y una mayor apertura a la competencia, principalmente que en biodiésel puedan participar del mercado interno las agroexportadoras.

Según González, el proyecto busca alcanzar un equilibrio entre productores, consumidores y Estado. En el caso del biodiésel, señaló que continúa teniendo un costo superior al gasoil fósil, por lo que rechaza elevar significativamente los porcentajes de mezcla.

“Implicaría un aumento estructural y permanente del costo del gasoil para el transporte, el agro y los consumidores”, sostuvo.

Respecto del bioetanol, la posición es diferente. El funcionario explicó que el precio del etanol se encuentra en valores similares a los de la nafta y que un aumento de la mezcla no tendría impactos significativos sobre el consumidor. Por eso defendió la suba al 15%, manteniendo seis puntos para el etanol de caña, seis para el etanol de maíz y tres puntos adicionales que quedarían sujetos a competencia.

Entre los principales apoyos al proyecto oficial se destacó el del Centro Azucarero Argentino (CAA). Su presidente, Jorge Feijóo, aseguró que la industria sucroalcoholera considera la ley como una herramienta esencial para garantizar su sostenibilidad y competitividad. El dirigente recordó que el complejo azucarero involucra a 19 ingenios, 4.000 productores cañeros independientes y alrededor de 45.000 trabajadores directos en Tucumán, Salta y Jujuy.

Según detalló, desde que comenzó a aplicarse el corte obligatorio con bioetanol en 2010, la superficie cultivada con caña creció un 50%, la producción de alcohol pasó de 200.000 a más de 600.000 metros cúbicos anuales y las exportaciones de azúcar se duplicaron.

Además, destacó que el sector invirtió más de 600 millones de dólares en ampliaciones industriales, incorporación de nuevas áreas productivas, innovación tecnológica y mejoras ambientales. “La ley de biocombustibles para nosotros no es importante; es esencial”, afirmó.

Feijóo señaló además que la estructura productiva del sector cambió profundamente en los últimos quince años. Mientras antes el 80% de la producción azucarera se destinaba al mercado interno, actualmente el 50% se orienta al consumo doméstico, el 26% a la elaboración de bioetanol y el 24% a la exportación.

Para el dirigente, esa diversificación permitió darle mayor estabilidad económica a una de las principales economías regionales del norte argentino.

Además, señaló que la productividad agrícola prácticamente se duplicó gracias a la incorporación de nuevas variedades y tecnologías. Mientras una hectárea de caña producía unas 60 toneladas hace una década, actualmente alcanza rendimientos de entre 100 y 110 toneladas.

La misma línea sostuvo Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz.

Durante su intervención cuestionó que Argentina, con una producción superior a las 65 millones de toneladas de maíz por año, destine menos del 3% de esa cosecha a la elaboración de etanol. Comparó esa situación con Estados Unidos, donde cerca del 40% del maíz se transforma en biocombustible, y con Brasil y Paraguay, que avanzan hacia mezclas superiores al 30%.

“El problema no es la falta de recursos, ni de tecnología, ni de capacidad empresarial. El problema es un marco regulatorio agotado que impide crecer”, afirmó.

Adam consideró que la nueva ley permitirá generar inversiones, empleo, agregado de valor y nuevas oportunidades para el interior productivo. También destacó que una mayor utilización de bioetanol podría ampliar las alternativas energéticas disponibles para los consumidores y acompañar la transición hacia una movilidad más sustentable.

Según explicó, el crecimiento del bioetanol no sólo implica más agregado de valor para el maíz y la caña de azúcar, sino también nuevas oportunidades para la industria automotriz y para la movilidad sustentable.

También destacó que Brasil y Paraguay avanzan hacia mezclas superiores al 30%, mientras Argentina permanece en el 12% desde hace una década.

Adam recordó que muchos de los motores flex-fuel (de combustibles flexibles) que permiten utilizar distintas mezclas de nafta y etanol se fabrican actualmente en Argentina, aunque prácticamente no tienen mercado local por las limitaciones regulatorias existentes.

Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), entidad que representa a las principales empresas exportadoras de biodiésel, también respaldaron la iniciativa.

Su presidente, Luis Zubizarreta, sostuvo que el régimen actual genera distorsiones porque excluye del mercado interno a las plantas más eficientes del país.

Según explicó, el sistema vigente determina precios y asigna cupos de producción, una situación que, a su entender, terminó perjudicando a los consumidores y reduciendo los incentivos para invertir. “Hoy la ley discrimina a quienes son más competitivos y exportan”, afirmó.

Zubizarreta recordó que en los 58 países del mundo que cuentan con mandatos de mezcla de biodiésel no existen regulaciones sobre precios ni sobre qué empresas pueden participar del mercado.

También propuso analizar incrementos graduales de los cortes obligatorios durante los próximos años y aseguró que una mayor producción de biodiésel permitiría sustituir importaciones de gasoil por unos 550 millones de dólares anuales.

La postura más crítica llegó desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB). Su representante, Federico Martelli, sostuvo que detrás de un discurso de apertura y competencia se esconde un proceso de concentración que pondría en riesgo a las pequeñas y medianas empresas del sector.

Las firmas nucleadas en CEPREB están radicadas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis y producen aproximadamente el 65% del biodiésel destinado al mercado interno.

Martelli advirtió que la aprobación del proyecto podría provocar el cierre de unas 25 plantas distribuidas en distintas provincias y la pérdida de alrededor de 1.500 puestos de trabajo. “Van a condenar a la quiebra a las pymes para transferir el negocio a seis o siete grandes compañías aceiteras”, sostuvo.

Según explicó, las empresas integradas controlan también la producción de aceite de soja, principal materia prima para fabricar biodiésel, lo que les otorga ventajas competitivas imposibles de igualar para las plantas independientes. “Se pretende que las pymes compitan contra los dueños de la materia prima”, afirmó.

Martelli también cuestionó que se modifique el marco regulatorio antes del vencimiento de la Ley 27.640, prevista para diciembre de 2030. Recordó que numerosas empresas realizaron inversiones, tomaron créditos, ampliaron instalaciones y contrataron personal bajo la vigencia de esa norma. “¿Qué les decimos ahora a quienes invirtieron porque el Estado les garantizaba un horizonte de diez años?”, planteó.

Además, rechazó el argumento de que la apertura reducirá significativamente los costos para los consumidores. Martelli respondió directamente a las afirmaciones de Carbio, que había sostenido que las grandes exportadoras podrían abastecer el mercado interno con un biodiésel hasta un 20% más barato que el producido por las pymes. Según el representante de CEPREB, esa diferencia es irreal y, en el mejor de los casos, no superaría el 6%.

“Un descuento del 20% equivale prácticamente al costo total del aceite de soja; no sé si lo harán sin metanol, sin energía o sin trabajadores”, ironizó.

Para el dirigente, la discusión debería orientarse a ampliar el mercado interno mediante mayores porcentajes de mezcla y una segmentación que permita convivir a empresas integradas y no integradas. A su entender, de esa forma sería posible incrementar la producción nacional sin sacrificar empleo ni capacidad industrial en el interior del país.

La provincia de Santa Fe, principal polo productor de biodiésel de la Argentina, también planteó observaciones al proyecto. La subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich, sostuvo que la futura ley no debería generar ganadores y perdedores dentro del complejo bioenergético, sino crear condiciones para potenciar el crecimiento de todas las cadenas vinculadas a las energías renovables.

Entre las propuestas presentadas por la provincia figura elevar el corte obligatorio inicial de biodiésel al 15%, con la posibilidad de avanzar posteriormente hasta el 20% según las condiciones del mercado y los precios internacionales.

Asimismo, Santa Fe propuso la creación de mercados complementarios para empresas integradas y no integradas, con una participación garantizada para cada segmento, buscando preservar la diversidad de actores que hoy integran la cadena productiva.

Otro de los planteos apunta a limitar la discrecionalidad de la Secretaría de Energía para reducir los porcentajes de mezcla. La provincia considera que esa facultad debería aplicarse únicamente ante situaciones excepcionales de desabastecimiento y por períodos acotados.

También reclamó la incorporación de los proyectos vinculados a biocombustibles avanzados y nuevos vectores energéticos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), además de mecanismos permanentes de monitoreo y defensa de la competencia.

Tras la exposición en el Senado, ahora se espera una nueva jornada informativa con otros expositores y que la comisión avance con la firma del dictamen durante la semana del 15/06

Durante la exposición del miércoles también estuvieron Axel Boer, titular de la Cámara Panamericana de Biocombustibles (CAPBA); Hilarión del Olmo, presidente de Explorar S.A. y secretario de Capba; Marcelo Kusznierz, presidente de le Cámara Santafesina de Energías Renovables; Romero Alfonso, en representación de Ciara-Cec; Esteban Gramblicka, asesor de la Cámara Argentina de Energía; y Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de ADEFA, Asociación de Fábricas de Automotores.