El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que “ya no alcanza solamente con el ajuste” y que para mantener el superávit fiscal requiere aumentar la recaudación. Y si bien distintos informes advierten, durante los primeros cinco meses de 2026, que el gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) cayó 31% en comparación con mayo de 2023, a valores constantes, en la comparación con mayo de 2025 muestra un leve aumento interanual del 0,5%. Pero este comportamiento no es uniforme en todas las áreas: mientras la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementó sus fondos, la Administración Nacional de la Seguridad Social vio una reducción del 7% y los hospitales nacionales sufrieron recortes que oscilaron entre el 33% y el 51 por ciento.
La distribución del gasto por funciones exhibió modificaciones sustanciales. De acuerdo con Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Seguridad Social concentró la mayor proporción del presupuesto, aunque su participación bajó del 63% al 59% en el periodo enero-mayo. Este cambio se vinculó con un mayor peso de los Servicios de la Deuda Pública, que representaron el 12% del gasto total ejecutado, mostrando un incremento respecto del mes anterior. Programas como Educación y Cultura y Salud participaron con el 5% cada uno, mientras que Energía, Combustibles y Minería, Justicia, y Promoción y Asistencia Social tuvieron incidencias menores.
El informe detalló caídas significativas en la mayoría de los organismos de gobierno nacional. CEPA remarcó recortes en la Agencia de Acceso a la Información Pública (-37%), la Defensoría del Pueblo de la Nación (-41%), la Cámara de Diputados (-41%) y el Senado (-40%). Otros organismos, como la Auditoría General de la Nación (-19%), la Defensoría General de la Nación (-11%), la Procuración General de la Nación (-10%) y la Unidad de Información Financiera (-26%) también vieron reducciones. En contraposición, la Secretaría de Inteligencia del Estado registró un incremento del 34% en su ejecución.
El área de Salud mostró una dinámica heterogénea según el CEPA. Entre los organismos con información comparable, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán cayó 33%, la ANMAT bajó 41% y la Superintendencia de Servicios de Salud retrocedió 64%. La Secretaría Nacional de Discapacidad, ex Agencia Nacional de Discapacidad, tuvo una reducción del 41,2%. En medio de los reclamos porque el Gobierno cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad que se aprobó en el Congreso.
Los hospitales nacionales también presentaron descensos: el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer cayó 50%, el Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte 51%, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 33% y el Hospital Nacional Dr. Ramón Carrillo 45%. En este contexto, el INCUCAI fue la excepción, con un incremento real del 85% frente a igual periodo de 2023.
El dato que más llama la atención es que La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cayó 7%, con alta incidencia en el gasto global. La ejecución de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia bajó 75%, y la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 31%. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) presentó un descenso del 82 por ciento.
En los organismos vinculados al desarrollo productivo, CEPA identificó caídas pronunciadas: el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero retrocedió 31%, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 42%, el Instituto Nacional de Semillas 47%, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 81%, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 30% y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 36%.
En cuanto a las fuerzas de seguridad federales, los recortes fueron amplios: la Policía Federal Argentina bajó 34%, la Prefectura Naval 31% y la Gendarmería Nacional 30%. Las fuerzas armadas también sufrieron recortes: Armada Argentina 19%, Ejército Argentino 15% y Fuerza Aérea 18%. La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal cayó 21% y el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros Militares 17%. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas mostró un incremento del 43%. El Servicio Penitenciario Federal registró una disminución del 8%.
El capítulo de Justicia y Derechos Humanos incluyó recortes en el Banco Nacional de Datos Genéticos (-35%), el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (-57%), la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (-73%), el Consejo de la Magistratura (-15%) y la Procuración Penitenciaria de la Nación (-35%). La Corte Suprema de Justicia de la Nación registró una baja del 11%. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ahora bajo el programa Atención y Desarrollo de Asuntos Indígenas, mostró una caída del 57%. En transporte y obra pública, la Dirección Nacional de Vialidad bajó 84%, el Organismo Regulador de Aeropuertos 61%, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte 40% y la Agencia Nacional de Seguridad Vial 44%. La Dirección Nacional de Migraciones tuvo una reducción del 6% y la Agencia de Administración de Bienes del Estado 26%.
En el área educativa, dos programas no registraron ejecución: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ambos con una caída del 100%. Otros programas presentaron descensos: Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (-87%), Acciones de Formación Docente (-89%) e Infraestructura y Equipamiento (-97%). El Desarrollo de la Educación Superior bajó 28%.
Obra pública y transporte mostraron niveles extremadamente bajos de ejecución. Programas como Infraestructura en Municipios, Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales y Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios sufrieron caídas del 100%. La Construcción de Túneles y Puentes Grandes retrocedió 99,7%, el Desarrollo de Obra Pública 98%, la Cuenca Matanza-Riachuelo 96%, la Infraestructura Hidráulica 87%, Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación 95% y la Construcción de Rutas Seguras 94%.
Las transferencias también retrocedieron de manera crítica. La cooperación y asistencia técnica a municipios bajó 97%, la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios 99%. La asistencia a entes de la Secretaría de Obras Públicas cayó 86% y a entes de la Secretaría de Transporte, 49%. La Asistencia Financiera a entes de la Secretaría de Energía retrocedió 88%. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires se redujo 100%, mientras que el programa Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional aumentó 23%.
De acuerdo con el informe de IARAF, el gasto en intereses tuvo un incremento real interanual del 30% en mayo y del 52,5% en el acumulado del año, lo que mantuvo prácticamente constante el gasto total entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Sin embargo, en el acumulado parcial, la variación real fue positiva en 0,5 por ciento. Sólo tres de once tipos de gasto tuvieron aumentos: activos financieros (+126%), transferencias a otras entidades del SPN (+22,3%) y jubilaciones y pensiones (+7%). Los gastos con mayores caídas fueron transferencias al exterior (-98,8%), transferencias a provincias y municipios (-70%) y servicios no personales (-45,2%).
Al analizar los principales componentes del gasto primario, IARAF identificó que en los primeros cinco meses del año cuatro de los once tipos de gasto subieron en términos reales interanuales: activos financieros (+74,3%), otras transferencias al sector privado (+20,3%), bienes de consumo (+3,1%) y jubilaciones y pensiones (+2%). Entre las mayores bajas estuvieron transferencias a provincias y municipios (-55,4%), bienes de uso (-33,4%) y transferencias al exterior (-28,1%).
La baja en las transferencia a provincias y municipios supone, y lo hará en mayor medida en los próximos meses, un problema que generará tensión con el Gobierno. Es que si bien en mayo la recaudación de impuestos cortó la tendencia a la baja luego de nueves meses y subió por encima de la inflación, ese dato se explicó por el Impuesto a las Ganancias impulsado por las mayores utilidades de las empresas y de la base imponible de los trabajadores.
Pero este dato positivo podría revertirse a causa del mismo impuesto. En julio se deben actualizar por la inflación tanto el Mínimo No Imponible (MNI) como las deducciones del impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Y en un contexto en donde los salarios vienen aumentando por detrás de la inflación todo parece indicar que una gran cantidad de contribuyentes dejaran de pagar el impuesto, impuesto que se coparticipa con las provincias.
Y es en este escenario donde el ministro de Economía, Caputo, apuesta a que la reforma laboral y la Ley de Inocencia Fiscal -que ahora enviará un proyecto al Congreso para modificar los puntos débiles- se generen mayores ingreso para el Estado.
