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El histórico secuestro de éxtasis en la ruta nacional 14 expone la presencia de los peligrosos carteles narco brasileños en la región. Al menos uno de los seis detenidos tiene una condena y aparece ligado a la organización Comando Vermelho. Un joven de Paraná fue condenado en Santa Fe por traer éxtasis LSD, cristal y ketamina. En San Benito, se descubrió el acopio y fraccionamiento de una sustancia alucinógena de laboratorio.

Lo ocurrido esta semana con el secuestro de un cargamento de éxtasis y la pasta para su elaboración en Entre Ríos marca otro signo de alerta sobre la presencia de las organizaciones narcos brasileñas en esta región. No son bandas sino empresas criminales más sofisticadas, con infinitos recursos económicos y más sanguinarias que lo que acostumbramos a ver e informar.

Minutos antes de las 9 de la mañana de este martes, efectivos del Puesto Caminero de Paso Cerrito, al norte de Federación, detuvieron la marcha de un auto Hyundai HB20 con patente brasileña. Luego de controlar la documentación, iban a pasar al perro detector de drogas pero al verlo, el conductor aceleró y escapó. Dos kilómetros hacia el sur, el auto fue encontrado abandonado y el prófugo se metió en un campo.

En ese momento relacionaron ese vehículo con otro auto proveniente de Brasil que habían controlado un rato antes en el mismo puesto caminero, donde iban dos hombres. El conductor, tal vez por los nervios o el apuro, se retiró sin antes pedir la devolución de la licencia de conducir. Se trataba de Vítor Dos Santos Bezerra Moretti, de 30 años, nacido en Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina.

Ese auto era un Chevrolet Onix gris que empezaron a buscar por todos lados y lo encontraron estacionado en la YPF del acceso a Federación, cerrado y desocupado. Al mirar las grabaciones de las cámaras del lugar pudieron ver que los dos hombres subieron a un Ford Fiesta blanco.

Finalmente, este auto fue interceptado un par de horas después en el puesto caminero de Bella Vista, Departamento Uruguay. Iban cinco personas a bordo, todos brasileños, tres hombres y dos mujeres: el mencionado Dos Santos Bezerra Moretti, junto a Cesar Henrique Garcia Sgarbi, Christian Thiery Rodrigues, Maria Izabela Coelho y Raiane Proenca Dos Santos.

Los tres autos fueron desguazados y encontraron ocultos en los paneles, en los asientos y en una rueda de auxilio las 10.000 pastillas de éxtasis y los 40 kilos de MDMA, la pasta conocida como cristal para la elaboración de esa misma droga.

¿Y qué pasó con el prófugo del primer auto? A las seis de la tarde lo encontraron deambulando en la ruta 14, con las secuelas de haberse perdido en el monte, desorientado y con el celular ya sin batería.

Este hombre se trata de Yuri Belo Massaroni, de 29 años, domiciliado en Rio de Janeiro. Según los registros judiciales y periodísticos, en 2023 fue detenido por su participación en el robo de un fusil de 7,62 mm. en la Estación de Radio de la Marina de Río de Janeiro. La Fiscalía destacó la extrema letalidad del objeto robado y que fue el delito cometido tras meses de planificación. Según informó la Policía Civil de Desarme, el día de su arresto, Yuri Massaroni se contactó telefónicamente con un agente del Comando Vermelho, la facción criminal más antigua de Brasil, que opera en Río de Janeiro y mantiene una fuerte influencia y control de establecimientos penitenciarios. En aquella investigación se reveló que tanto este hombre que está detenido ahora en Concepción del Uruguay como sus cómplices, estaban “dispuestos a tomar rehenes y matar, si es necesario, para robar el arma”.

Los seis detenidos están a disposición del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi, alojados en dependencias policiales. Esperan que los trasladen a cárceles del Servicio Penitenciario Federal porque nadie quiere tenerlos en unidades penales de la provincia por temor a que se reorganicen desde aquí y se asocien a los narcos locales. Es a lo que se dedican y su forma de expandirse.

La semana pasada, la Policía Federal incautó 52 kilos de MDMA para fabricar un millón de dosis de éxtasis, en el puerto de Zárate, ocultos en una furgoneta proveniente del puerto de Amberes, Bélgica. Después detuvieron en Bolivia a un venezolano vinculado a esa operación. Se trata de una investigación iniciada con información de agentes de la DEA norteamericana asentados en esta región.

De Santa Fe a Paraná

Además de la realidad respecto al tránsito de estas bandas por el territorio entrerriano, se observa una creciente circulación, consumo y venta de estas drogas en la provincia. Un ejemplo es lo que sucedió con un joven paranaense que fue detenido en Santa Fe el 25 de noviembre del año pasado. Iba en un auto Chevrolet Tracker y lo detuvieron en el cruce de las rutas nacionales 19 y 34, a la altura de Angélica, Departamento San Cristóbal.

Brian David Rosell llevaba 665 dosis de éxtasis, 70 de LSD (ácido lisérgico), 215 gramos de “cristal” y 320 gramos de ketamina. Al día siguiente, allanaron su casa en el barrio AATRA de Paraná donde incautaron dosis de MDMA, vestigios de ketamina, una balanza, anotaciones y otros elementos.

En el marco de esta investigación, la Fiscalía Federal allanó en marzo de este año una vivienda en el country Carmel de la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires (donde ocurrió el asesinato de María Marta García Belsunce en 2002) que estaría vinculado a presuntos eslabones mayores en la cadena de narcotráfico. Secuestraron allí 15 dispositivos electrónicos que están siendo analizados en una investigación paralela.

Aquella droga tenía como destino la ciudad de Paraná pero la Fiscalía cree que Rosell actuaba como un eslabón intermedio en la cadena de tráfico de éxtasis. Se determinó que, a través de billeteras virtuales, el joven paranaense hizo transferencias por 49 millones de pesos. Hace tres meses condenaron a Brian David Rosell en un juicio abreviado a cuatro años y 10 meses de prisión.

Fraccionamiento en San Benito

A este panorama se suma lo ocurrido el viernes pasado en San Benito. En el marco de una investigación por estafas a corralones de Paraná y Hasenkamp, allanaron una vivienda donde había ketamina y cientos de frascos para ser llenados con una sustancia líquida que aún se encuentra bajo análisis de la División Química Forense. Los primeros indicios sugerían que se podría tratar de una droga llamada DOM (su nombre científico es dimetaxianfetamina) que aparece como nueva, pero tiene más de sesenta años y produce fuertes efectos alucinógenos similares al LSD.

La joven de 23 años detenida es la pareja de un narcotraficante de Concordia condenado y alojado en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, Andrés Alejandro Arce. Tenía anotaciones con indicaciones de cómo invertir el dinero en locales comerciales y hasta para hacer una piscina en la vivienda, donde hallaron aberturas de la estafa que estaba investigando en fiscal Santiago Alfieri y la División Delitos Económicos.

Frascos idénticos y con la misma etiqueta fueron secuestrados el año pasado en Puerto Iguazú, Misiones, en un procedimiento de Gendarmería.

Están a la espera de la apertura del celular IPhone 17 Pro que actualmente no se podría peritar para extraer la información. Muy probablemente, esta causa por narcotráfico sea enviada por cuestiones de competencia al Juzgado Federal de Paraná.

Este jueves por la mañana se realizaron las audiencias de conocimiento, donde la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, entrevistó a los penados Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. Se realizaron por videoconferencia desde la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. El exgobernador manifestó que se encuentra aquejado por los insultos y agresiones verbales de los demás internos cada vez que camina desde su pabellón hasta el lugar de visitas. El exministro se refirió a las complicaciones por problemas de salud. Aguilera es a quien mejor se lo notó: de buen ánimo y concentrado en continuar con sus estudios universitarios. La magistrada describió que se encuentran en una situación inmejorable: en un pabellón de 14 habitaciones para ellos tres solos, cuatro baños (dos no están funcionando), climatización centralizada frío/calor, entre otras características del espacio que se había construido para el área Sanidad.

Tanto la jueza como los abogados defensores (Miguel Ángel Cullen por Urribarri y Aguilera, y José Velázquez por Báez) aclararon que no se trataba de una instancia para realizar alguna petición, sino para tener una primera instancia de conocimiento entre quienes comienzan a cumplir las condenas y quien las debe supervisar y hacer cumplir de acuerdo a la Ley. También participó de la audiencia e interrogó a los internos la fiscal Fernanda Ruffatti.

Cabe recordar, como ha informado ANÁLISIS, que el Servicio Penitenciario de Entre Ríos debió trasladar al mencionado módulo a los tres internos condenados por delitos de corrupción debido a que se encontraban presionados e insultados por el resto de los presos. Una situación que se repitió en Gualeguaychú tal como había sucedido inicialmente en la Unidad Penal de Paraná, donde debían trasladar a Urribarri de un sector a otro custodiado dentro de un móvil penitenciario.

En la audiencia, el exmandatario se refirió a su situación actual: “Ahora me encuentro alojado en un lugar mucho mejor del que estaba la primera semana”. Sobre ese período inicial, aseguró: “La primera semana compartía un espacio común de puertas abiertas con 14 condenados por violación y abusos, y con dos homicidas, uno de los cuales había matado a cuatro personas y era mi vecino de celda. Dormía de día algunas horas porque era imposible conciliar el sueño de noche. El otro homicida había asesinado de 21 puñaladas a un vecino. Fueron siete días horribles hasta que me trasladaron a un pabellón distinto”.

Señaló que ahora permanece junto a su cuñado y que evita circular por sectores compartidos. “No puedo compartir ningún espacio común. A un exgobernador que tomó decisiones que afectaron a familiares o a ellos mismos, no les resulta grato verme. Me es imposible estar en una biblioteca, en una cancha de fútbol o en cualquier espacio común”, expresó.

También describió el espacio en el que transcurre sus días: “Estoy en ese reducto donde voy al baño, me cocino y duermo”. Aunque remarcó las dificultades, reconoció la actuación penitenciaria tras el traslado: “No puedo adjudicarle nada negativo. Al contrario, creo que han hecho un esfuerzo en estas horas para darme la seguridad que evaluaron que no tenía al acceder al cambio de pabellón”.

Al respecto, Bértora le respondió que la situación no era excepcional: “Quiero comentarle que lo que usted está viviendo lo viven muchas otras personas de otra manera. Esto sucede con un porcentaje alto de la población penal: internos que no pueden salir por miedo a ser agredidos o que deben volver al confinamiento”, en general por conflictos barriales o delictivos con otros presos. “Este confinamiento no es exclusivo de usted ni de esta situación que atribuye a su trabajo. En la Unidad Penal Nº 1 es de lo más frecuente”, agregó

La magistrada explicó que el Servicio Penitenciario debe adoptar recaudos para evitar cruces entre personas con conflictos y sostuvo que la adaptación será gradual. “Entiendo que la privación de la libertad es lo más doloroso para un ser humano, pero quiero decirle que no es la única persona en esta situación”, concluyó.

El diálogo sobre este punto continuó y Urribarri dijo: “Sinceramente no conozco el detalle de las condiciones en que están otros internos del penal. Lo que sí estoy seguro es que el Servicio Penitenciario Provincial tiene unidades carcelarias con distintos regímenes. No sé si tienen un régimen previsto para un exgobernador”. La jueza respondió: “No, la verdad que no, porque no creo que en ninguna provincia ni lugar del mundo se haya previsto la posibilidad de tener privadas de la libertad a personas que vienen de un sector político o social muy diferente del resto de la población. Se toma en consideración la media, es decir, el promedio de la población”.

Acerca de la cuestión educativa, el exgobernador dijo que estudió hasta quinto año de Ciencias Económicas, pero abandonó la carrera al momento de asumir como intendente de General Campos. Consultado por la jueza, dijo que no es de su interés incorporarse a alguna de las ofertas educativas del penal.

Bértora le dijo a Urribarri, al igual que a Báez y Aguilera: “Vea la posibilidad de hacer tratamiento psicológico. Tenga en consideración que en unos años va a pedir salidas sociofamiliares o sociolaborales, y se evalúa no solo el comportamiento, sino también la parte subjetiva. Cuando cumpla cuatro años de detención estará en condiciones de pedir salidas. Haga tratamiento psicológico con la gente del penal o con otros profesionales para trabajar sobre la razón por la cual está condenado. Es una sugerencia para que sepa qué se espera de usted en esta situación”. “Gracias”, respondió el exmandatario.

Báez: estudios, rutina y condiciones de encierro

En su audiencia de conocimiento, el exministro de Comunicación y Cultura Pedro Báez repasó su formación, la rutina que comenzó a organizar dentro de la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú y las condiciones del sector al que fue trasladado junto con Urribarri y Aguilera.

Al ser consultado por sus estudios, Báez indicó que completó la escuela primaria y secundaria y que cursó hasta quinto año de Ingeniería de Alimentos. Aunque abandonó la carrera, obtuvo el título intermedio de Técnico Superior en Tecnología de Alimentos. Cuando Bértora le preguntó si evaluaba retomarla, respondió: “No, doctora, ya pasaron muchos años de eso. Dejé de estudiar con quinto año aprobado en el año 1987 y además no ejercí. Hay etapas para cada cosa en la vida y eso ya se me pasó”.

La jueza le planteó entonces la posibilidad de incorporarse a alguna propuesta disponible en la cárcel. “Seguramente hay alguna oferta educativa en la Unidad Penal Nº 9 que pueda interesarle”, señaló. Báez contestó que ya había dialogado con el área correspondiente: “Quedamos el otro día en la entrevista con la gente de educación en que este año están todos terminando, pero veremos el año que viene”.

Sobre sus actividades cotidianas, el exfuncionario explicó: “Estoy construyendo una rutina que incluye limpieza, ordenamiento, cocina, lavado de ropa, actividad física y lectura”. También dijo que cuenta con libros y que le autorizaron el ingreso de un dispositivo de lectura (Kindle) con una biblioteca digital.

En relación con su salud, Báez concentró su planteo en la necesidad de sostener una dieta específica y evitar la contaminación cruzada al preparar alimentos por el diagnóstico de celiaquía. Explicó que los tres internos comparten utensilios y el espacio de cocina, por lo que él mismo organiza su alimentación. Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal indicó que solicitaría a la Dirección de la cárcel que se resguardara esa dieta cuando fuera requerida.

Al describir el nuevo alojamiento, Báez afirmó: “Nos sentimos más seguros y con más comodidad”. Añadió que la incorporación de una mesa resultó importante para ordenar sus actividades diarias.

El exministro agregó que se encuentra en un proceso de lectura y reflexión sobre su condena. “En noviembre voy a cumplir dos años de pérdida de la libertad. He leído y reflexionado mucho. Siento una gran responsabilidad en poder transmitirle a los jóvenes nuestra experiencia, nuestros aciertos y errores”, manifestó.

Aguilera gestiona continuar sus estudios universitarios

Juan Pablo Aguilera también participó de una audiencia de conocimiento con la jueza Cecilia Bértora, ante quien explicó las gestiones que inició para continuar sus estudios y describió cómo atraviesa sus primeras semanas en la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú.

Al ser consultado por su formación, Aguilera indicó que tiene estudios universitarios incompletos y que, después del secundario, cursó Derecho y Administración de Empresas. Sobre su intención de avanzar con esta última carrera, afirmó: “Sí, la estoy estudiando y gestionando con la gente de Educación para poder continuar. Ayer fue un día muy interesante porque pudimos estar con todas las áreas, y me vine con mucha expectativa para continuar la carrera”.

El detenido, que denotaba un buen ánimo, explicó que cursaba a distancia en la Universidad Siglo 21 y que ya había conversado con el área de Educación acerca de horarios de conexión y mecanismos para acceder a archivos y apuntes. “Entendiendo la situación en la que estoy, buscarle la vuelta a la virtualidad sería muy beneficioso”, sostuvo. La representante del Ministerio Público Fiscal agregó que el Servicio Penitenciario había solicitado autorización para el ingreso de una computadora que permanecería en el área educativa y sería utilizada para descargar el material de estudio.

Bértora manifestó la disposición del juzgado para facilitar la continuidad académica. “Nosotros estamos interesados en que pueda realizar lo que haga falta para avanzar en los estudios. Dentro de la oferta universitaria de la unidad penal, le brindaremos el apoyo que necesite”, señaló. También indicó que, si el acompañamiento institucional no resultara suficiente, la defensa podría comunicarlo para gestionar el acceso a la educación.

Respecto de su situación dentro de la cárcel, Aguilera dijo que se encuentra en un proceso de adaptación apoyado en la lectura y en una rutina tranquila. “Vivo una realidad difícil, pero convivo bastante bien con lo que está pasando, transcurriendo estos primeros tiempos con mucha lectura y tranquilidad”, expresó al ser consultado por su alojamiento actual.

Algo que pasó desapercibido en la audiencia de Aguilera fue cuando se refirió a su situación laboral durante los últimos años: “Tuve un emprendimiento de construcción en seco con un amigo, que terminó hace dos años y medio o tres. En este último tiempo mi hermano y un amigo iniciaron un emprendimiento de granja en General Campos, en el cual participaba de modo informal para ocupar mi tiempo”. Sin embargo, no mencionó que continuaba siendo empleado de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, por lo que habría percibido el sueldo incluso hasta ser detenido. Teóricamente se cumplía funciones de forma virtual o a distancia, pero esto no fue mencionado en la audiencia.

Cabe recordar que en estas instancias se evalúa el cumplimiento de las penas por el Megajuicio que concluyó con las condenas en abril de 2022. Los tres mantienen causas en trámite por enriquecimiento ilícito y corrupción que, en caso de nuevas condenas, alargarían sus penas.