La conversación avanzaba sobre el futuro del agro argentino cuando el intercambio tomó otro rumbo. Ignacio Bartolomé, CEO de GDM, estaba explicando la importancia de que las nuevas tecnologías incorporadas a las semillas puedan ser reconocidas y cobradas cuando Alejandro Elsztain, CEO de Cresud, una de las principales empresas del país, pidió la palabra. No era una discusión acerca de si la tecnología tenía valor. Elsztain aclaró que él mismo paga por ella. El punto que quiso poner sobre la mesa fue otro: cómo debería hacerse para que ese costo pueda ser incorporado por los productores después de años de dificultades para el sector.
“Soy de los que pagan, te puedo decir eso. Pero se tienen que poner en los zapatos [de los productores] con un país que hizo algo que no es normal: las retenciones”, comenzó Elsztain. Y enseguida puso el foco en la situación económica que atravesó el agro argentino y en el impacto de los Derechos de Exportación (DEX).
Su propuesta fue que el pago por la tecnología siguiera una lógica gradual, en línea con el proceso de reducción de las retenciones. “Creo que lo tienen que hacer de una forma también gradual para que el productor lo pueda aceptar”, sostuvo.
Bartolomé retomó entonces la palabra. Para el CEO de GDM, el problema central es que la Argentina necesita un marco regulatorio que permita reconocer la propiedad intelectual y, a partir de allí, generar las condiciones para que las nuevas tecnologías lleguen al país. “Es una decisión de cada uno, que tiene que haber un marco para que el que quiera la tecnología la pague, el que no quiera no la pague”, respondió.
El intercambio se produjo durante el panel “Agro y Agenda Argentina 2030, productividad, innovación y crecimiento”, en el Forum Nacional de Agronegocios de LIDE Argentina, y puso sobre la mesa uno de los debates que atraviesan actualmente a la cadena: cómo establecer nuevas reglas para la propiedad intelectual de las semillas y quién debe pagar por la tecnología que se incorpora a ellas.
Bartolomé había llegado a ese punto de su exposición al hablar de las nuevas herramientas de mejoramiento genético, entre ellas la edición génica, una tecnología que permite hacer modificaciones dirigidas y acelerar el desarrollo de nuevas variedades. Explicó que esas herramientas ya existen y que la Argentina las va a necesitar para mantener su capacidad de competir, pero señaló que, cuando están incorporadas en una semilla, aparece el problema de cómo cobrar por ellas. Una de las tecnologías es CRISPR-Cas9, una herramienta de edición génica que permite realizar mutaciones dirigidas y precisas en el ADN.
En el agro, su aplicación permite acelerar los procesos de mejoramiento vegetal, reducir los costos de desarrollo y ganar precisión. Entre los ejemplos mencionó variedades de soja con mayor desarrollo radicular para mejorar la absorción de carbono y otras en las que se modifica la arquitectura de la planta para evitar el vuelco y buscar mayores rendimientos. Una de las características de esta tecnología es que no incorpora un gen de otra especie, sino que permite realizar cambios de manera más rápida y precisa. Los desarrollos ya existen y, según señaló, hay plantas sembradas en la Argentina, Brasil y Estados Unidos, pero su llegada comercial depende del marco regulatorio.
El punto central es que la tecnología está incorporada en la semilla y, por eso, aparece la discusión sobre cómo reconocer económicamente esa propiedad intelectual: “El gran tema en la Argentina que lo hablamos mucho es que esta tecnología está embebida en la semilla que vendemos”.
Por eso, para Bartolomé, el cambio regulatorio es una condición para que las empresas puedan llevar esos desarrollos al mercado argentino: “Mientras la Argentina no haga un cambio regulatorio para que esa tecnología se pueda vender y se pueda cobrar por lo que se vende, probablemente la tecnología no llegue a la Argentina”.
Detrás del planteo aparece una discusión sobre inversión en investigación y desarrollo. Bartolomé señaló que GDM invierte en la Argentina un dólar por hectárea de soja en investigación y desarrollo mientras que en Brasil invierte cuatro dólares. También marcó una diferencia en el porcentaje de productores que pagan por la semilla: 85% en Brasil y 40% en la Argentina.
La comparación llevó también a cuestionar la antigüedad del marco legal argentino. Según Bartolomé, la ley que regula la actividad data de 1973, cuando la producción de soja tenía otras características, todavía no existían los transgénicos ni la edición génica y el mercado de semillas funcionaba con una lógica diferente.
En ese contexto, la industria encontró una vía alternativa mientras intenta avanzar en un cambio más amplio. Explicó que se puso en marcha un esquema privado [Sembrá Evolución] mediante el cual el productor que quiere acceder a determinadas tecnologías se compromete contractualmente a pagar por ellas. El que no quiere hacerlo, señaló, puede continuar utilizando variedades anteriores. Y el mecanismo, según explicó durante el panel, ya cuenta con 30.000 productores que firmaron ese acuerdo. Ese número es uno de los argumentos que utilizó para plantear que el debate no necesariamente pasa por una resistencia generalizada de los productores. Para el empresario, existe un sector dispuesto a asumir ese costo si tiene acceso a nuevas tecnologías.
También cuestionó el costo que implica para las empresas controlar quién paga y quién no: “Hoy gastamos exactamente lo mismo en controlar que nos paguen que en desarrollar variedades”.
El contrapunto de Elsztain introdujo otra dimensión en la discusión: el momento económico del productor. El CEO de Cresud dijo que el agro atravesó un período de “supervivencia” y que, aunque él paga por la tecnología, entiende que para otros productores asumir nuevamente ese costo requiere una transición: “No los justifico, pero entiendo la situación. Entonces, el Gobierno está reduciendo las retenciones de manera gradual [desde enero próximo], proyectando 0,25 por mes por año hasta llegar al 21%”.
Después, la conversación volvió hacia el escenario general del agro. Ignacio Lartirigoyen, presidente de Lartirigoyen, puso el foco en la competitividad; señaló que el agro debe volver a priorizar la eficiencia agronómica, producir al menor costo posible y responder a las exigencias de los mercados en un contexto de costos elevados.
Elsztain destacó la reducción de la brecha cambiaria y el ingreso de nuevas tecnologías, y describió una etapa en la que el productor vuelve a mirar hacia la incorporación de herramientas para mejorar la producción. Habló de la escala de las explotaciones de la Argentina y de Sudamérica como una característica diferencial frente a buena parte de los productores del mundo. Para Elsztain, esa dimensión, sumada a la tecnología y a la juventud de los productores de la región, constituye una oportunidad para consolidarse como una gran zona proveedora de alimentos. Pero marcó el desafío de mejorar los costos en el traslado de la producción.
Por último, Bartolomé destacó la campaña récord y el potencial para incorporar nuevas especies, desarrollar genética, agregar valor y abrir mercados, especialmente en el sudeste asiático y África.
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