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El Gobierno nacional autorizó la venta de las participaciones de Energía Argentina S.A. en tres centrales termoeléctricas, como parte del proceso de privatización de la empresa estatal previsto en la Ley de Bases. La medida alcanza a las sociedades Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A., Termoeléctrica José de San Martín S.A. y, en una etapa posterior, Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A.

La operación se realizará a través de licitaciones públicas con alcance nacional e internacional. En los dos primeros casos, el Estado pondrá a la venta las acciones que actualmente posee por medio de Energía Argentina S.A. (Enarsa), mientras que la participación en la central Guillermo Brown será ofrecida luego de que se complete la liquidación del fideicomiso vinculado a esa planta y Enarsa incorpore formalmente las acciones a su patrimonio.

De acuerdo con lo dispuesto por el decreto 1107/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece que el Ministerio de Economía, junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, deberá instrumentar los procedimientos. La decisión forma parte de la privatización total de Enarsa, autorizada en 2025, y avanza sobre activos del sector de generación eléctrica.

La venta aprobada contempla la totalidad de las tenencias accionarias de Energía Argentina S.A. en las centrales Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín.

En el caso de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB), Enarsa posee 4.601.324 acciones, equivalentes al 65,01 % del capital social. Para Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TSM), la participación estatal asciende a 4.871.709 acciones, que representan el 68,83 % del capital accionario.

El capital restante de ambas compañías continúa en manos de agentes generadores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que participaron en el Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista, conocido como Foninvemem.

Las dos sociedades fueron constituidas el 13 de diciembre de 2005, en el contexto de una política de expansión de la generación eléctrica impulsada con acreencias de empresas del MEM. El esquema contempló la construcción de dos centrales de ciclo combinado de al menos 800 megavatios cada una.

Para administrar la financiación de esos proyectos, en abril de 2006 se firmaron los fideicomisos de las centrales Manuel Belgrano y Timbúes, esta última correspondiente a la sociedad Termoeléctrica José de San Martín. Los contratos preveían la administración de los recursos hasta la habilitación comercial de las plantas y el recupero de las inversiones a través de los contratos de abastecimiento con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA).

El 1 de junio de 2026 se firmaron los convenios de extinción y transferencia de los fideicomisos asociados a las dos centrales. A partir de esos acuerdos, se inició el traspaso de los activos fideicomitidos a las sociedades beneficiarias: TMB y TSM.

La participación estatal en ambas empresas había sido asignada a la entonces Integración Energética Argentina S.A. en 2021. Esa compañía es la actual Energía Argentina S.A., entidad incluida entre las firmas estatales sujetas a privatización por el artículo 7 de la Ley 27.742.

La disposición publicada autoriza al Ministerio de Economía a vender los paquetes accionarios de TMB y TSM mediante el mecanismo previsto en la Ley 23.696 de Reforma del Estado. El procedimiento elegido será una licitación pública nacional e internacional, sin que el decreto precise todavía fechas para la convocatoria, condiciones económicas ni requisitos para los potenciales oferentes.

La operación sobre Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. (CTGB) tendrá un cronograma diferente. Enarsa aún no posee de manera directa las acciones que planea vender, ya que su ingreso como accionista depende de la extinción del fideicomiso creado para la construcción, operación y mantenimiento de esa central.

Según los antecedentes incluidos en la medida, la participación de Enarsa en CTGB deberá determinarse según los aportes realizados por el Estado nacional para construir la planta. La adenda firmada en 2012 fijó que esa porción no podía ser inferior al 70 % del capital accionario.

El fideicomiso de la central Guillermo Brown vence el 30 de septiembre de 2026, conforme a una adenda suscripta el 9 de abril de este año. Tras la finalización del contrato de abastecimiento del Mercado Eléctrico Mayorista, la sociedad gerente tendrá un plazo de 90 días para realizar los actos societarios necesarios e incorporar a Enarsa como accionista.

Recién después de esa incorporación, el Ministerio de Economía podrá convocar a la licitación para vender las acciones. La Secretaría de Energía deberá intervenir, a través de los órganos societarios de CTGB, para gestionar la liquidación del fideicomiso y la suscripción de las acciones a nombre de Enarsa.

Economía abrirá una licitación nacional e internacional para el Palais de Glace

El Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace), uno de los inmuebles culturales declarados Monumento Histórico Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será sometido a un proceso de concesión orientado a su restauración, administración y sostenibilidad económica.

El Decreto 1106/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, la medida prevé una licitación pública nacional e internacional para seleccionar al futuro operador del edificio.

El alcance del proyecto incluye la puesta en valor, reparación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios en la sede ubicada en Posadas 1725, con referencia también en Avenida del Libertador 1248. El esquema habilita actividades complementarias o accesorias, siempre que resulten compatibles con el carácter cultural del inmueble.

La convocatoria deberá realizarse dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia del decreto. El procedimiento quedará bajo la órbita del Ministerio de Economía, mediante la Secretaría de Obras Públicas, que contará con asistencia técnica de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

La iniciativa define a la concesión como una herramienta para recuperar la integridad material del edificio, actualizar sus condiciones funcionales y fortalecer su operación. Según los fundamentos de la norma, las actividades comerciales y los servicios que pueda incorporar el concesionario tendrán un carácter instrumental: deberán aportar recursos para financiar las tareas de conservación y garantizar la continuidad de la función cultural del espacio.

El texto establece que las futuras explotaciones deberán ser “estrictamente compatibles con el carácter cultural” del Palacio Nacional de las Artes. Esa condición limita el tipo de propuestas que podrán formar parte del contrato y deberá ser considerada durante la preparación de los pliegos y la evaluación de las ofertas.

Además de las intervenciones de restauración arquitectónica, el proyecto contempla la administración cotidiana, el mantenimiento, la conservación y la eventual ampliación del inmueble. La norma no precisa, sin embargo, qué obras concretas se realizarán, cuál será el presupuesto previsto ni qué plazo tendrá la concesión.

Después de un trimestre complejo para el oficialismo senatorial y, a pesar de algunos indicadores económicos no deseados y desgastantes internas -festín de operaciones de turno- fomentadas desde la propia Casa Rosada, la bancada que comanda Patricia Bullrich aprovechó el último mes para ir tres veces al recinto, destrabar leyes que reclamaba el Ejecutivo y forzar, al menos, una definición de varios asuntos en un puñado de comisiones. De esta manera, la Cámara alta descomprimió la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias que, no obstante, mantiene desafíos importantes para la administración central, tanto políticos como de gastos.

Los vaivenes en La Libertad Avanza, que fueron más notorios entre junio, julio y agosto derivaron en una mala praxis -muchas veces, empujada desde Balcarce 50- que quedó consagrada en la fileteada ley de propiedad privada, la cual duerme una cómoda siesta en Diputados. Allí, ningún integrante del Ejecutivo reclama por dicha norma. Tampoco se perciben críticas ni observaciones ante marcados errores de sus soldados y generales mileístas. Pareciera ser perfecto ese entorno, algo muy alejado de la realidad.

Tras lo ocurrido con propiedad privada, Bullrich tuvo que hacerse cargo del tapón en la Cámara alta, mientras esquivaba dardos provenientes de su espacio. Más allá del mundo redes, canciones y supuestos mensajes cifrados que sólo duran algunas horas para desviar la atención de lo que sí es importante, la porteña se tomó revancha y activó tres veces el recinto.

Por caso, el 27 de agosto, salió por un tubo otra tanda de pliegos judiciales y el cristinismo -de nuevo- hizo malabares a la hora de explicar su voto. En tanto, el 17 del corriente mes, LLA sancionó la ley de Inocencia Fiscal II y aprobó un proyecto para elevar los cortes de biocombustibles -biodiésel y bioetanol-, luego de meses y una feroz presión del sector azucarero -ansiosos senadores incluidos, como si fuese la final de un mundial- para avanzar con modificaciones.

La última reunión fue la del reciente jueves. Durante dicho convite, el oficialismo cambió el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y la devolvió en segunda revisión a Diputados, que tendrá la palabra decisiva. La correcta intervención para retocar las mayorías y aprobar o remover autoridades de la entidad monetaria tuvo un momento de tensión a minutos de votarse, cuando llegaron extraños mensajes desde Balcarce 50 para no fomentar lo que ya estaba acordado y cerrado.

El movimiento no sólo fue imprudente, sino que expuso a la Casa Rosada en su relación con el Congreso. Los libertarios tendrán que tenerlo en cuenta, sobre todo, para el Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse desde el mes próximo en la Cámara baja. No cumplir con la palabra empeñada nunca dura para siempre.

La agenda en el Senado aún cuenta con articulados frenados, como en Sociedades y el Súper RIGI, entre otros. No obstante, a la hora de comparar versus agosto pasado, el escenario vigente encuentra al oficialismo más relajado y, en particular, con el kirchnerismo otra vez errático y a kilómetros de oler poder.

El reciente jueves, cuando se discutió el -ahora sancionado- proyecto sobre zonas frías, el cristinismo se fue del mismo para dejarlo sin quorum. El impulso “opositor” quedó en manos del silvestre santacruceño José María Carambia, que tampoco tuvo éxito -junto a Natalia Gadano– para imponer una estrategia. Atado o no con alambre, obtuvo luz verde. Punto para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que vendió un consenso que no existió durante meses y, días atrás, logró validar.

La incógnita a verificar en 2027 es cómo impactará la suba en tarifas en plena época electoral. Por otra parte y, luego del trajín de la última quincena, más viajes y eventos varios que un puñado de legisladores no se perderán, la Cámara alta tendrá una semana casi sin actividad. Mientras tanto, se seguirán de cerca las pujas en Diputados sobre endeudamiento, discapacidad, Malvinas y la ley de gastos para el año próximo. De persistir ciertas formas y modos de la Casa Rosada, más insólitos mensajes en medio de sesiones para dinamitar una votación, la agenda volvería a desmadrarse.

El Gobierno cerró la semana con malos datos económicos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la actividad registró una caída de 2,9% intermensual en julio y una baja de 1,4% frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, en el equipo del ministro Luis Caputo aseguran que están dadas las condiciones para un rebote en los próximos dos meses. Los privados, con los datos de agosto sobre la mesa, ya hablan de lo difícil que será no caer en “recesión técnica”.

Si bien no hay una definición universalmente aceptada de lo que es una recesión, hay cierto consenso de que se incurre en una cuando el nivel de actividad declina al menos dos trimestres consecutivos. En el segundo de 2026 la economía mostró una caída desestacionalizada del 0,6% respecto del primero y el jueves pasado el Indec informó que en julio la caída fue del 2,9%, cifra que pesará mucho en el saldo del tercer trimestre.

El resultado de julio instaló dos lecturas sobre lo que sigue. Desde el Gobierno, el director del BCRA, Martín Vauthier, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, atribuyeron parte de la baja a eventos concentrados en ese mes y señalaron factores que, según sostienen, permitirán una recuperación. Las consultoras, en cambio, reconocen que un rebote es posible, pero señalan que la magnitud requerida para evitar una contracción trimestral exige variaciones mensuales elevadas.

A lo que se suma que reciente J.P. Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos, redujo a 1,5% su proyección de crecimiento para la economía argentina en 2026 luego de que la actividad se desplomara un 2,9% en julio respecto de junio.

“Esperábamos un dato débil de actividad, consistente con el contexto frágil que caracterizó el segundo trimestre, pero el dato informado (por el Indec) excedió significativamente nuestro pronóstico”, dice un informe fechado el viernes y firmado por los analistas Lucila Barbeito y Diego Pereira. De hecho, el dato del Indec casi triplicó la caída del 1% del nivel de actividad que había previsto el banco norteamericano.

La magnitud necesaria

La consultora Invecq señaló que la contracción de julio fue la mayor caída mensual desde abril de 2020. En ese período, durante el inicio de la pandemia, la actividad se desplomó 15,7% en un solo mes. El informe también marcó que la variación interanual volvió a terreno negativo por primera vez desde febrero, con una baja de 1,4 por ciento.

Según la consultora, el crecimiento acumulado entre enero y julio se redujo a 1,7% interanual, frente al 2,2% que registró el acumulado hasta junio. La caída mensual de julio eliminó casi todo el avance de los 16 meses previos y llevó al EMAE a un nivel similar al de marzo de 2025, con lo cual la segunda mitad del año empezó desde un piso inferior al previsto.

En línea con la postura del Gobierno, Invecq citó factores que agravaron la caída, como las lluvias intensas y el Mundial de fútbol. A la vez, sostuvo que el inicio del tercer trimestre condicionó la evolución de la actividad, aun si parte del retroceso se debe a eventos transitorios. Sin embargo, advirtió que si la actividad vuelve a registrar una baja entre julio y septiembre, la economía entrará en una recesión técnica, con dos trimestres consecutivos de contracción.

Con el resultado de julio, Invecq estimó que el promedio del EMAE entre julio y septiembre necesita aumentos cercanos a 3% mensual tanto en agosto como en septiembre para igualar el nivel promedio del segundo trimestre. La firma consideró que un rebote durante agosto puede producirse tras una baja de la magnitud observada en julio y por la reversión de factores puntuales.

De todos modos, la consultora calificó como exigente la posibilidad de sostener dos incrementos mensuales consecutivos de esa magnitud. El análisis remarcó que, entre enero y julio, la actividad cayó en promedio cerca de 0,6% mensual en la medición desestacionalizada.

Hasta el momento lo datos preliminares de agosto mostraron una señal positiva, aunque menor a la que planteó Invecq que se necesita. El Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec) de las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario informó que el Índice Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG) registró una suba de apenas 0,17% mensual en agosto de 2026, muy inferior al retroceso de julio.

El indicador quedó 4,4% por encima del nivel de agosto de 2025. El Cicec identificó como señales favorables el gasto de capital del Estado nacional, la baja en las tasas de adelantos en cuenta corriente y el índice de tipo de cambio real multilateral.

El informe también detalló las variables con peor desempeño. Entre ellas figuraron el patentamiento de maquinarias y el Índice de Difusión de los sectores del Índice de Producción Industrial (IPI) Manufacturero. La suba del ILA-ARG aportó una referencia positiva para agosto, pero se ubicó por debajo del ritmo que Invecq calculó para igualar el promedio de actividad del segundo trimestre.

La defensa oficial

Vauthier atribuyó el resultado de julio a varios shocks que coincidieron durante el mismo mes. En una participación en el streaming Carajo, el director del BCRA mencionó una menor disponibilidad de gas, lluvias por encima del promedio, nevadas que afectaron a la minería y una reducción de horas trabajadas en días hábiles donde jugó la selección argentina.

“Lo que tuvo julio fue esa combinación de shocks que fueron muy fuertes y se combinaron todos en un mes”, afirmó. El funcionario vinculó la menor disponibilidad de gas con el invierno y el aumento de precios asociado con la guerra. Según explicó, esa combinación elevó costos y restringió el suministro para numerosas industrias.

Vauthier sostuvo que el problema de abastecimiento afectó la producción industrial. “Hubo parada de plantas vinculadas a este tema”, señaló. El funcionario incluyó ese elemento entre los factores que explicaron el resultado del mes, junto con el efecto de las condiciones climáticas sobre distintos sectores.

“Después, el otro shock fueron lluvias por encima del promedio que afectan a sectores como la construcción y servicios, nevadas que afectaron a la minería”, dijo. Las lluvias incidieron sobre actividades que ya mostraron bajas durante julio, mientras que las nevadas afectaron el desempeño del sector minero.

El director del BCRA también incluyó las menores horas trabajadas durante jornadas hábiles con partidos de la selección argentina. “Son impactos transitorios, son shocks que están en un mes y no se repiten en el tiempo y mucho menos con esa magnitud”, sostuvo en Carajo.

Repunte en los próximos dos meses

Furiase planteó una expectativa de recuperación desde agosto. En el mismo streaming, el secretario de Finanzas afirmó que las condiciones están dadas para un rebote durante agosto y septiembre, con una mejora más marcada hacia el último trimestre.

“Lo importante es hacia adelante, que están todas las condiciones dadas para que la economía rebote en agosto/septiembre y sobre todo el último trimestre”, afirmó. El funcionario basó esa proyección en la recuperación de los salarios reales, el crecimiento del crédito con garantía real y la baja de la inflación por debajo del 2 por ciento.

Furiase señaló que el financiamiento hipotecario y prendario mostró una recuperación. “Los salarios reales se vienen recuperando, el crédito, sobre todo con garantía real, hipotecario, prendario, se viene recuperando muy fuerte”, expresó. Además, el funcionario vinculó su pronóstico a la desaceleración de los precios. “La inflación bajó del 2%, eso es una buena perspectiva para los salarios reales”, dijo. Las proyecciones oficiales apuntaron a una mejora en agosto y septiembre, mientras el Cicec midió un avance de 0,17% en el ILA-ARG durante agosto.

En los últimos tres años se redujo el número de extranjeros que eligieron nuestro país para radicarse y más de 100.000 extranjeros ya no viven en Argentina. Así surge del análisis que hizo Infobae de los datos abiertos del Gobierno nacional, sobre la base del RENAPER.

Ese descenso en la población de otras nacionalidades se registró en 21 de los 24 distritos del país.

En 2024, los extranjeros residentes eran 2.470.453; el año pasado 2.349.816; y este año 2.367.573, lo que implica 102.880 extranjeros menos que hace dos años.

De qué nacionalidad son

El 30% de esos no nativos que viven hoy en Argentina son ciudadanos nacidos en Paraguay (711.219). Le sigue un 23% oriundos de Bolivia (551.881); casi un 9% nacidos en Perú (207.399); 8% en Venezuela (197.692) y 7% en Chile (171.176); 4,5% de Uruguay (106.067); 3% de Brasil (67.239); 2,7% de Italia (64.161), y 2,4% de Colombia (57.769).

Género y edad

Con datos a junio de este año, informados por el RENAPER, más de la mitad de los residentes (53%) son mujeres y el resto, varones. Hay 51 extranjeros identificados como no binarios.

En cuanto a la edad, el 31% del total tiene entre 30 y 44 años de edad, y el 22% entre 45 y 59 años. Los jóvenes extranjeros menores de 20 años residentes en el país son solo el 6%, y los que tienen entre 20 y 30, el 13%.

Del total de no nativos residentes, el 70% vive en el AMBA (1.658.480) y el 30% en el resto del país (709.093).

La provincia con mayor cantidad de extranjeros en números absolutos es Buenos Aires con 1.169.721, el 7% de su población.

Le sigue la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con 596.763 no nativos residentes (el 19 %). A continuación, se ubican Córdoba con 77.129 (2%) y Mendoza con 76.578 extranjeros residentes (4% de la población del distrito).

Al analizar la variación de residentes nacidos en otros países por provincia, en 21 distritos hubo una baja en 2026 con relación a 2024. La excepción fue Neuquén, por el atractivo económico de Vaca Muerta, donde se radicaron 542 extranjeros, una suba del 1,17% respecto de dos años atrás.

Las otras dos provincias registraron un incremento, aunque muy leve, son Tucumán, con 30 extranjeros más (0,3%) y Catamarca, con 17 que eligieron esa provincia para vivir (0,8%).

Los distritos que más perdieron población residente extranjera en los últimos dos años en porcentaje son San Juan (-13%); CABA y La Rioja (-8%); Chaco (-7%), y Misiones, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego (todas -6%). Pero en números absolutos, lideran esa baja la Ciudad de Buenos Aires con 48.885 extranjeros menos viviendo en el distrito capital, y la provincia de Buenos Aires, con 36.056 (-3%).

Los que se van del país

Infobae consultó a Migraciones y a Cancillería para acceder al número de argentinos que se fueron del país, desde 2023, para radicarse en el exterior. En ambos organismos respondieron no tener esa información actualizada.

En el área de Migraciones dijeron que no registraban el motivo de salida del país.

Sin embargo, tras revisar los informes escritos de los jefes de Gabinete enviados al Congreso desde 2024, Infobae encontró que fue una pregunta que se repitió por parte de diputados y senadores.

Así, por ejemplo, en el Informe 139 del 15 de mayo de 2024, Nicolás Posse respondió que, de acuerdo a la definición de migrante que brinda la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “debería considerarse emigrado aquél que ha egresado del país y no ha regresado en un período mínimo de un año, sin importar si ha establecido o no su residencia en otro país, puesto que en esta categoría se contabilizan tanto aquellos en situación migratoria regular como irregular”.

Pero advirtió que “para conocer entonces el número de emigrados desde organismos de Argentina sería necesario que la autoridad migratoria pudiera cruzar datos de egreso con datos de ingreso para cada persona y/o que el registro en la matrícula consular tenga carácter obligatorio. Ninguna de estas dos situaciones se verifica”.

No obstante, señaló que “a partir de la relación que los consulados tienen con las autoridades de los países donde tienen sede, se puede estimar cuántos argentinos se radicaron en un determinado país, pero no conocer cuántos se encuentran residiendo en situación migratoria irregular.” Si bien, aclaró que “éstas no dejan de ser estimaciones”.

También agregó que “por su parte, los consulados argentinos, a partir de diversos datos registrados en el marco de sus competencias específicas, realizan estimaciones anuales de, entre otros parámetros, ciudadanos argentinos residentes en la jurisdicción. Esta información, al nutrirse de distintas fuentes, tanto registrales como informales, es estimada”. Sin embargo, desde el área de Relaciones Exteriores actual, no brindaron esta información actualizada.

Al mismo tiempo, precisó que “la Cancillería trabaja con el padrón electoral de ciudadanos argentinos residentes en el exterior, cuyos datos son provistos por la Cámara Nacional Electoral”.

En su respuesta, la estimación de argentinos viviendo en el exterior ascendía a 967.000, con datos del 2023. El principal destino era España (510.000), seguido de Estados Unidos (240.000) e Italia (170.000).

En el Informe 141 del 27 de noviembre de 2024 que envió su sucesor Guillermo Francos, la estimación brindada por escrito, tras hacer las mismas observaciones respecto de la dificultad de tener un número preciso, ascendía a 1.803.000 ciudadanos argentinos residiendo en el exterior en 2023. En su respuesta, los veinte principales países con mayor cantidad de coterráneos residentes en el exterior eran: España, Estados Unidos, Italia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Israel, México, Alemania, Bolivia, Canadá, Australia, Reino Unido, Perú, Francia, Suiza, Venezuela, Colombia y Ecuador.

En el Informe nro. 145 que Manuel Adorni envió al Congreso, el 29 de abril de este año como jefe de Gabinete, detalló que, de acuerdo al padrón electoral de ciudadanos residentes en el exterior elaborado por la Cámara Nacional Electoral, sumaban 490.726 los electores fuera del país. Aunque aclaró que ese número solo incluye a connacionales que tienen más de 16 años y que han registrado en sus respectivos DNI su domicilio en el exterior. “Sin perjuicio de lo anterior, sobre la base de diversos datos originados en distintas fuentes, por ejemplo, registros consulares, los consulados argentinos estiman que residen en el exterior alrededor de 2.165.000 argentinos”.

Si se toma este número informado en 2026, y se confronta con los 1.803.000 informados en 2023, la diferencia es de 363.000 argentinos que se fueron para radicarse en el exterior.

No obstante, en el mismo informe, Adorni admitió que no tienen el dato preciso. Así surge de lo contestado en la pregunta 1097 referida “a cuántas personas argentinas emigraron fuera de la Argentina en los últimos años y cuántas personas han retornado?”. La respuesta de Adorni fue: “El Ministerio de Seguridad Nacional informa que la Dirección Nacional de Migraciones registra los datos de los egresos e ingresos de argentinos al país pero sin discriminar el motivo, por lo tanto, no es posible dar una cifra al respecto”.

Movimientos migratorios

De acuerdo a los datos oficiales correspondientes a 2024, los últimos disponibles brindados a Infobae, los movimientos migratorios – que incluyen entradas y salidas del territorio argentino, tanto por vía terrestre, aérea como marítima-, se redujeron ese año respecto de 2023. Pasaron de 73,6 millones a 69,5 millones en total en el año.

Si se analizan las entradas y salidas, en 2024 fueron casi las mismas: 34,8 millones las primeras y 34,6 millones las segundas. Estos movimientos pueden incluir más de una salida o entrada de una misma persona.

En 2023 se registraron 37,1 millones de entradas al país y 36,5 millones de salidas por los aeropuertos con destinos internacionales y los distintos pasos fronterizos.

El 74% de las salidas y entradas al país se producen por pasos terrestres; el 17% por aeropuertos como el de Ezeiza, Aeroparque, San Fernando, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Ushuaia, Rosario y Salta; y el 8% por vía marítima a través de 42 puertos del país.

Visualizaciones: Daniela Czibener

Chequeo de datos: Desiré Santander

Los jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un refuerzo en sus ingresos el próximo meses. El Gobierno nacional confirmó, una vez más, el pago del Bono Extraordinario Previsional de hasta $ 70.000, cuyo valor final dependerá del monto que perciba cada beneficiario.

El plus estará dirigido a quienes cobran jubilaciones y pensiones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y distintas pensiones no contributivas administradas por ANSES. El decreto establece que el adicional se liquidará por titular y que los beneficios deberán estar vigentes durante el mismo mes de acreditación.

Tal como es habitual, el Gobierno estableció que, para quienes superen ese umbral, el bono disminuirá de forma proporcional: recibirán únicamente la suma necesaria para que su ingreso total alcance el equivalente al haber mínimo más los $ 70.000 previstos como máximo.

El decreto define que las personas cuyos haberes, considerados en conjunto, sean menores o iguales al haber mínimo tendrán derecho a cobrar el monto máximo del refuerzo. En esos casos, el bono de $ 70.000 se abonará íntegramente junto con la prestación de octubre.

Para determinar el acceso, ANSES deberá considerar la suma de todas las prestaciones previsionales vigentes que perciba una misma persona. Por lo tanto, el análisis no se limitará a un único beneficio cuando el titular cobre más de una jubilación, pensión u otra prestación incluida en el régimen.

El Bono Extraordinario Previsional tendrá carácter no remunerativo. Además, el decreto indica que no podrá sufrir descuentos ni ser tenido en cuenta para calcular otros conceptos, por lo que deberá acreditarse como un pago adicional independiente del haber mensual.

El universo alcanzado contempla a titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES, otorgadas bajo la Ley N.º 24.241, regímenes nacionales anteriores, sistemas especiales ya derogados y cajas previsionales provinciales o municipales que fueron transferidas a la Nación.

También están incluidos los beneficiarios de la PUAM, una prestación creada por la Ley N.º 27.260. A ese grupo se suman las pensiones no contributivas por vejez, invalidez y para madres de siete hijos o más, además de otras pensiones no contributivas y pensiones graciables que paga la administración previsional.

Desde julio de 2024, la movilidad previsional se actualiza mensualmente de acuerdo con la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Ese cambio fue introducido mediante el Decreto N.º 274/24.

El decreto que dispone el bono de octubre sostiene que el refuerzo busca compensar los efectos que la normativa anterior tuvo sobre los haberes de menores ingresos. También menciona que, desde enero de 2024, se otorgaron ayudas económicas y bonos previsionales con distintos montos para sostener los ingresos de jubilados y pensionados.

La Jefatura de Gabinete de Ministros deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con el pago. Por su parte, ANSES quedó facultada para emitir normas complementarias, administrar la liquidación, efectuar controles y recuperar eventuales percepciones indebidas vinculadas con el bono.

De hecho, la medida llega luego de que el Gobierno estableciera el aumento que tendran los beneficiarios del sistema previsional el próximo mes. La suba será del 1,66%, acorde al último dato de la inflación. De esta manera, el haber mínimo pasó a ser de $435.748,51, mientras que el máximo quedó fijado en $2.932.174,85. La medida comprende a jubilaciones, pensiones, la Prestación Básica Universal y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

El presidente Javier Milei confirmó que la Quinta de Olivos “opera hoy como una base militar” y fundamentó que tomó la decisión “por cuestiones de seguridad”. El mandatario fue más allá de los cambios edilicios o administrativos y puso nombre a la razón de fondo: tiene, según sus propias palabras, “enemigos pesados” a nivel internacional.

La revelación llegó cuando, en una entrevista con LN+, al Presidente le preguntaron por la disolución de la administración civil de la Quinta de Olivos. Milei respondió que la medida respondió a “cuestiones de seguridad interna” y que quienes observaron con atención los cambios en el predio en los últimos tiempos habrán notado un conjunto de modificaciones en torno a la seguridad.

Cuando se le pidió que desarrollara qué implica concretamente ese estatus, Milei explicó: “Hay determinadas cuestiones que tienen cuestiones de seguridad mucho más profundas que en las condiciones que estaba la quinta”.

“Tengo algunos enemigos pesados en el mundo”, afirmó el Presidente con una sonrisa y continuó: “Los de acá son de vigésimo quinto orden. Los pesados son los enemigos que me he granjeado internacionalmente”.

Los cambios se generaron hace diez días, cuando el Presidente desplazó al personal civil de la Quinta de Olivos. Esta medida implica la eliminación de la estructura de la que estaba a cargo Osvaldo Javier Sosa, el “intendente” de la Residencia Presidencial. Sosa es cuñado de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, mano derecha de Karina Milei y quien renunció al día siguiente de que se conociera la noticia.

Con el desplazo de Sosa, crecen las acciones de la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia y tiene como jefe principal al general de brigada Sebastián Ibáñez. Según rige en la Ley de Defensa Nacional, la fuerza está encargada de la custodia del Presidente en la Casa Rosada y a todos los lugares donde se encuentre el presidente, tanto en el país como en el exterior. Ibáñez fue ascendido a su actual puesto en marzo de 2024 y se erigió como una persona de vital de confianza de los hermanos libertarios por su responsabilidad del resguardo físico de ambos.

Con la nueva decisión, las tareas de limpieza, de cocina y los mozos pasarán a ser personal de la Casa Militar, que contiene entre sus filas tanto a empleados civiles como de formación castrense. Hasta el anuncio, sus atribuciones se limitaban a la custodia del terreno.

La entrevista abarcó también otros temas de la agenda de gobierno. En materia económica, el Presidente descartó que la caída mensual de la actividad configure una recesión y la atribuyó a un proceso de cambios estructurales en la economía.

“Lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión”, afirmó y sumó: “Estamos en niveles máximos de PBI y de PBI per cápita, máximos de consumo privado y máximos de exportaciones”. Ante el planteo sobre el estancamiento de algunos rubros del consumo masivo, respondió que existe un cambio en las modalidades de compra: “El consumo está en máximo histórico. Lo que está cambiando es la modalidad de consumo”.

En el plano político, defendió la diversidad de criterios dentro de su fuerza y calificó su vínculo con la senadora Patricia Bullrich como “excelente”, pese a las diferencias públicas de las últimas semanas. Y en el tramo final, anticipó que recibirá al Papa León XIV con “mucha alegría” durante su visita a la Argentina, a la que definió como un acontecimiento de relevancia institucional y religiosa.

En medio de un agitado ida y vuelva local e internacional sobre las Islas Malvinas durante las últimas semanas, más el proyecto que Diputados comenzará a discutir pasado mañana para reforzar sanciones, el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, osciló entre el apoyo al reclamo argentino y la “soberanía” allí de Reino Unido, un país al que calificó de “amigo”.

“Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho”, dijo el funcionario que responde al mandatario del país vecino José Antonio Kast. “Un país amigo, ¿no es cierto? Está hace 200 años, ejerce soberanía”, continuó, en declaraciones a Radio Polar Magallanes.

Seguido a ello, el ministro señaló que “una cosa es apoyar un reclamo frente a la posición de un país amigo”, pero “de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”. “No repitamos situaciones de conflicto”, remató.

La cuestión más delicada fue abordada junto a la comercial, otro foco de puja por las funciones de la empresa Sea Lion. En esa línea, el funcionario chileno manifestó: “Hay temas que no discutimos. Uno, es el apego a la ley y, por lo tanto, cualquier actividad que se desarrolle, que respete las disposiciones locales como el derecho internacional, no puede tener ninguna limitación”.

“Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”, expresó. Y añadió: “Hay un tema puntual, que puede ser un poco más conflictivo, que es el tema de las exploraciones petrolíferas y mineras, que hay que analizar en su momento y ver cómo conjuga eso con los planteamientos que tomó Chile como país, aunque son de carácter político y no obligatorios legalmente, en Mercosur y Unasur”.

Vale recordar que, a inicios del corriente mes, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island con el objetivo de establecer una nueva vía comercial marítima entre esa ciudad y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, asunto que ya encendió las alarmas a ambos lados de la cordillera.

Radonich recordó la rúbrica de Chile a una declaración del Mercosur, en 2011, que prohibió la recalada de barcos con bandera de las islas en los puertos de los países firmantes. Tras ello, la región de Magallanes dejó de percibir unos USD 300 millones. Según su visión, ahora se trata de un “acuerdo entre privados” y el barco encargado de cubrir la ruta “llevará otra bandera”, según consignó semanas atrás a El Mercurio.

En Argentina, el decreto 256, dictado el 16 de febrero de 2010, exige autorización previa para los buques que naveguen entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), reconoce el derecho a navegar de cualquier buque sin carga de tipo militar por la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Debido a esto, el excomandante en jefe de la Armada de Chile Julio Leiva advirtió que esta nueva ruta hacia las Malvinas traería inconvenientes con el país vecino.

De nuevo en el plano local, un plenario de comisiones iniciará el análisis del proyecto de ley de “Soberanía Nacional”, que refuerza las sanciones a empresas relacionadas con las islas. El texto además incluye la creación de un Consejo de Seguridad en el que participarían el Presidente, ministros y el titular de la SIDE. Será dicho organismo quien defina la política de seguridad -de carácter obligatorio- y podrá disponer medidas urgentes ante amenazas “graves e inminentes”. La oposición ya tiene varias observaciones en fila.

Al cabo de un proceso de negociación, el gobierno nacional y Aeropuertos Argentina acordaron extender la concesión del servicio aeroportuario en 35 aeropuertos de todo el país. El acuerdo fue oficializado este lunes a través de una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial.

La concesión original vencía en 2038 y se extenderá hasta 2049. A cambio, la empresa realizará inversiones por USD 600 millones, tres cuartas partes de las cuales deberán completarse antes de 2031.

El acuerdo se basa en la extensión y excluye aumentos de tarifas o limitación de inversiones, debido al impacto que estas medidas tendrían sobre los usuarios y el servicio aeroportuario.

Concesión y rentabilidad de la inversión

Las partes coincidieron que la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno de turno produjeron un desequilibrio real y extraordinario que requería un esfuerzo compartido de las partes. La renegociación se estructuró sobre una tasa interna de retorno de referencia del 14,3%, de modo de recomponer el equilibrio económico-financiero pero ajeno a un concepto de rentabilidad garantizada. Según el gobierno, ese valor plasma de manera objetiva el esfuerzo de ambas partes para alcanzar un equilibrio y su impacto positivo sobre la política económica.

Según el gobierno, la empresa pretendió inicialmente extender la concesión por 30 años, prorrogables por otros 10 más, lo que la llevaba hasta 2078, pero análisis técnicos, económicos y financieros del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, la agencia reguladora oficial de la actividad aeroportuaria, determinó una extensión de 11 años, hasta el 13 de febrero de 2049.

A cambio, y teniendo en cuenta estándares de calidad y seguridad del servicio aeroportuario y la proyección de tráfico aéreo futuro se aumentó en USD 600 millones -IVA incluido- la obligatoriedad de inversiones siempre manteniendo el equilibrio de la ecuación económica-financiera y su amortización.

Según la decisión administrativa, solo en función de ello se prevé una ampliación del plazo de 7 años adicionales para amortizar las obras, la que queda sujeta, en los términos previstos en el acuerdo, al cumplimiento de dos condiciones.

La primera es que antes del 30 de junio del 2027, la empresa demuestre, mediante informe de una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, contar con fondos disponibles para cumplir con un programa de inversiones de 600 millones de dólares.

La segunda es que esas inversiones estén finalizadas en al menos un 75% antes del 31 de diciembre de 2031.

Sin RIGI

El programa de inversiones de la empresa no tendrá acceso a los beneficios del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

La ratificación del Acta Acuerdo alcanzado concluye una renegociación que apuntó a resolver los desequilibrios acumulados a lo largo de la concesión, preservar la calidad y continuidad del servicio aeroportuario en todos los aeropuertos abarcados por la concesión y asegurar un nivel de inversiones compatible con el futuro crecimiento de la actividad aerocomercial, sobre la base de los informes técnicos, económicos, financieros y jurídicos producidos a lo largo de proceso negociador.

Fin a los reclamos

Además, como parte del acuerdo se estableció que el Estado Nacional y la empresa —incluidos sus accionistas— “nada más tendrán que reclamarse mutuamente por ningún concepto de origen anterior al Acta Acuerdo ni por las consecuencias directas o indirectas de los perjuicios ocasionados a partir de la pandemia, con la única excepción acotada y expresamente prevista respecto de determinadas revisiones de inversiones de períodos anteriores”.

El acuerdo busca cerrar definitivamente las controversias acumuladas entre las partes, reduciendo potenciales pasivos para el Estado Nacional y evitar su prolongación o agravamiento y potencial afectación de la continuidad y calidad de los servicios prestados a los usuarios de los aeropuertos.