Blog

  • Señal positiva: el Vaticano envía otra delegación para avanzar con la visita del Papa a la Argentina

    Señal positiva: el Vaticano envía otra delegación para avanzar con la visita del Papa a la Argentina

    El Vaticano enviará una nueva delegación a la Argentina para avanzar con la organización de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La decisión representa una nueva señal de continuidad de los preparativos, aunque la Santa Sede todavía no confirmó oficialmente la realización de la gira sudamericana, que también contempla escalas en Uruguay y Perú.

    Los enviados llegarán a fin de mes y mantendrán reuniones con autoridades de seguridad y representantes de la Iglesia para supervisar los lugares que recorrerá el Pontífice. La agenda incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

    La delegación coordinará con los organismos de seguridad de las jurisdicciones involucradas los detalles del operativo previsto para la visita. También se reunirá con representantes del Arzobispado para organizar el alojamiento del Papa, las misas y las actividades programadas durante su estadía.

    Entre los lugares que figuran en la agenda se encuentran el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Villa Devoto. Los enviados también viajarán a Uruguay y Perú para supervisar las sedes previstas en esos países, antes de permanecer en Sudamérica a la espera de la llegada del Pontífice.

    La continuidad de las tareas de planificación no implica una confirmación definitiva del viaje. Sin embargo, el envío de una nueva delegación constituye otra señal de que el Vaticano mantiene en marcha los preparativos para la gira.

    La salud del Papa y la incertidumbre sobre la gira

    La organización de la visita se desarrolla mientras León XIV continúa su recuperación tras una intervención quirúrgica a la que fue sometido el 13 de octubre por un cáncer de pulmón. El Pontífice recibió el alta médica el sábado y el domingo volvió a mostrarse en público durante el tradicional rezo del Ángelus.

    Según informó el Vaticano, el Papa permanece en el Palacio Apostólico y tiene previsto retomar este miércoles la habitual audiencia general en la plaza de San Pedro. Por el momento, no se anunciaron modificaciones oficiales en el itinerario sudamericano.

    La eventual visita mantiene en expectativa a las autoridades argentinas, que continúan trabajando en la organización del operativo a la espera de una definición de la Santa Sede. La gira, además de la Argentina, incluye a Uruguay y Perú, donde los enviados también avanzarán con la coordinación logística y la supervisión de los espacios que podría recorrer León XIV.

  • La presidenta de LLA en CABA mostró cautela ante un acuerdo electoral con el PRO: “Futurología no hago”

    La presidenta de LLA en CABA mostró cautela ante un acuerdo electoral con el PRO: “Futurología no hago”

    Pilar Ramírez afirmó que la prioridad de La Libertad Avanza es la reelección de Javier Milei y evitó confirmar alianzas con el PRO para 2027
    Guardar

    Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña, afirmó que la prioridad de su espacio es garantizar la reelección de Javier Milei y descartó anticipar definiciones sobre el armado electoral en la Ciudad de Buenos Aires para 2027.

    “Nuestro objetivo es que el Presidente reelija. Esa es la prioridad como espacio político, porque entendemos que necesitamos cuatro años más para poder consolidar el modelo que inició”, sostuvo en Infobae al Regreso.

    PUBLICIDAD

    La legisladora explicó que, por el momento, la actividad parlamentaria y las recorridas por los barrios concentran los esfuerzos de su espacio. “Para pensar en las elecciones falta un montón, un montón”, señaló, antes de descartar que existan definiciones sobre un eventual acuerdo con el PRO, que gobierna la Ciudad desde 2007.

    “Futurología no hago”, respondió cuando le preguntaron por una posible alianza entre ambas fuerzas. Y agregó: “No podemos poner el carro delante del caballo. Falta tiempo, falta trabajo, falta entender por dónde van a estar ambos espacios”.

    (Infobae en Vivo)

    La estrategia electoral de LLA en la Ciudad

    Ramírez también evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura propia o la posibilidad de integrar una fórmula con Jorge Macri si el actual jefe de Gobierno buscara la reelección. Consultada sobre si podría convertirse en vicejefa porteña, respondió con ironía: “Soy la vicejefa ideal de todos”.

    PUBLICIDAD

    Luego aclaró que no está evaluando esa posibilidad y destacó su responsabilidad al frente de una bancada que pasó de tres a 14 legisladores. “Hoy tengo una responsabilidad enorme, que es manejar un bloque de 14 legisladores, ser la presidenta de un espacio acá en la Ciudad de Buenos Aires, un espacio nuevo, un espacio que no existía”, afirmó.

    Sobre Patricia Bullrich, con quien trabajó durante la campaña electoral de 2025, destacó el vínculo político que mantienen. “Fui jefa de campaña de ella en el 2025. Trabajamos mucho”, recordó.

    La legisladora también se refirió a las diferencias dentro del oficialismo y defendió la convivencia entre distintas posiciones. “No necesariamente todos compartimos lo que opinan todos. Somos libres y podemos tener diferentes miradas”, sostuvo.

    Jorge Macri encabezó el acto de egreso de 1.000 nuevos policías para garantizar el orden

    El conflicto en el subte y la agenda legislativa

    El conflicto sindical en el subte porteño fue otro de los temas centrales de la entrevista. Ramírez respaldó la postura del Gobierno de la Ciudad frente a los metrodelegados y cuestionó las interrupciones del servicio por su impacto en los pasajeros.

    “Los porteños no podemos seguir poniéndonos de rodillas por presiones sindicales”, afirmó. Y agregó: “Tu vida no puede ser rehén de un conflicto sindical. Yo creo que esa Argentina se tiene que terminar”.

    La dirigente vinculó esa posición con la política nacional frente a los piquetes y los acampes. “El orden es una prioridad”, remarcó.

    En el ámbito legislativo, defendió las iniciativas de LLA para reducir impuestos, desregular actividades económicas y simplificar trámites. Como ejemplo del cambio en la discusión política porteña, recordó los comienzos de su bloque, cuando esas propuestas tenían menos respaldo.

    “Empezamos siendo tres legisladores y parecíamos tres loquitos que pedíamos baja de impuestos, desregulación”, expresó. También señaló que otras fuerzas comenzaron a incorporar el alivio fiscal a sus agendas. “El año pasado terminamos incluso con el peronismo discutiendo baja de impuestos o peleándose por quién presentaba el proyecto de más baja de impuestos”, afirmó.

    (Infobae en Vivo)

    Ramírez mencionó, además, los obstáculos que enfrentan los comerciantes para abrir y mantener sus negocios. Entre los reclamos que recibe durante sus recorridas, enumeró las trabas para obtener habilitaciones y las clausuras de establecimientos.

    “Se quejan mucho de las trabas que hay muchas veces para la apertura de negocios o las clausuras”, señaló. En ese sentido, defendió mecanismos que agilicen los procedimientos administrativos y permitan corregir determinadas irregularidades antes de aplicar sanciones inmediatas.

    La defensa del programa económico de Milei

    Consultada por las dificultades de la clase media, los salarios y el poder adquisitivo, Ramírez respaldó el rumbo económico del Gobierno nacional y sostuvo que el proceso de estabilización debe evaluarse a partir de la situación que recibió la administración.

    “Por primera vez tenemos un presidente economista. Tiene muy claro cuál es el rumbo”, afirmó.

    Frente a los cuestionamientos por el impacto del ajuste, la legisladora argumentó que la recuperación requiere tiempo. “Todo plan de estabilización tiene sus momentos”, señaló, antes de defender la gestión de Milei: “No recuperás una economía destruida en tres años y este presidente lo está haciendo”.

    Javier Milei habla en el encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”

    Durante la entrevista, también rechazó que el mandatario deba modificar su estilo de comunicación para explicar sus medidas sin confrontar con sus críticos. “Lo explica bien”, respondió cuando le preguntaron si podría transmitir su programa económico de otra manera.

    “Yo creo que la gente lo entiende. La gente lo entiende y la gente lo acompaña”, sostuvo. Para Ramírez, la claridad del rumbo anunciado por el oficialismo es uno de los factores que explican el respaldo al Presidente.

    “Es muy claro en su rumbo y es muy claro también en lo que dijo que iba a ser este proceso. No subestimemos a los argentinos”, concluyó.

    De cara a 2027, la legisladora evitó adelantar candidaturas y acuerdos en la Ciudad. Su planteo fue concentrar los esfuerzos en la consolidación de La Libertad Avanza en el distrito, mientras el espacio mantiene como prioridad política la continuidad del Gobierno nacional.

    –

    Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

    • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

    • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

    • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

    • De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

    • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

    Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

  • Polémica por una ley que permite usar fondos de los caminos rurales para obras contra las inundaciones

    Polémica por una ley que permite usar fondos de los caminos rurales para obras contra las inundaciones

    La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió este martes en ley un proyecto que permite a los municipios utilizar hasta el 100% de los fondos destinados al mantenimiento de los caminos rurales para realizar obras hídricas. Se trata de montos coparticipados o transferidos derivados del Impuesto Inmobiliario Rural por la Ley 13.010 y sus modificatorias, no la tasa vial de los municipios. La iniciativa, que ya tenía media sanción del Senado, había generado polémica entre dirigentes del campo porque, indicaron, no establece expresamente que esos recursos deban utilizarse exclusivamente en zonas rurales. La alerta es que los caminos rurales tengan menos recursos para su mantenimiento.

    El proyecto fue presentado por el senador Sergio Raúl Vargas, del bloque Unión y Libertad, junto con Silvana Ventura y Carlos Kikuchi, y había obtenido media sanción del Senado el 6 de octubre. La nueva ley tendrá una vigencia de 180 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial y busca facilitar obras para prevenir inundaciones ante El Niño.

    En su primer artículo, el texto autoriza a los municipios a utilizar “hasta el cien por ciento (100%) de los fondos coparticipados o transferidos con destino al mantenimiento de la red vial rural” provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural. Ese dinero podrá destinarse a drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y compra de equipamiento hídrico.

    En los fundamentos, los autores explicaron que la medida busca darles a los intendentes más herramientas para prevenir inundaciones. Según señalaron, “gran parte de la Provincia de Buenos Aires se asienta sobre un sistema hídrico que requiere intervenciones urgentes”. También sostuvieron que “resulta ineficaz y un dispendio de los recursos públicos destinar presupuesto al alteo de caminos si no se interviene de manera previa en las alcantarillas, zanjas y canales que conducen los excesos de agua”. La iniciativa permite modificar temporalmente el uso de recursos contemplados en la ley 13.010. Actualmente, el 12% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural se destina al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, que reciben los municipios para conservar los caminos rurales.

    Cuestionamientos

    Antes de que el proyecto fuera aprobado por Diputados, Gustavo Frederking, responsable de la Comisión de Servicios de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbp) y vicepresidente de la Sociedad Rural de Junín, había advertido sobre las consecuencias que podía tener la iniciativa. “Esto, como está escrito, habilita a hacer obras hídricas, pero no especifica que sean para el campo”, había señalado a LA NACION. Según explicó, los intendentes podrían utilizar esos recursos para financiar obras en las ciudades, aunque originalmente estuvieran destinados a los caminos rurales.

    El dirigente recordó que los productores vienen reclamando mayores recursos para mejorar los caminos. Según indicó, anteriormente se destinaba el 25% de la recaudación del impuesto a ese objetivo, mientras que actualmente el porcentaje es del 12%. Frederking también cuestionó la necesidad de modificar la legislación vigente. A su entender, los municipios ya podían realizar obras hídricas cuando eran necesarias para mantener los caminos rurales. “Si el intendente considera que para reparar caminos tiene que hacer obras hídricas para el campo, no es que hay límites dentro del 12%”, explicó.

    También expresó sus dudas sobre la vigencia excepcional de 180 días y sostuvo que, si la provincia necesitaba financiar obras para prevenir inundaciones, una alternativa sería crear un fondo específico para infraestructura hídrica. Antes del tratamiento en Diputados, había pedido que se aclarara que el dinero solo podría utilizarse para obras rurales. “Si de alguna forma va a quedar especificado que es solo para el ámbito rural, bueno, en principio quedaría zanjada”, había señalado.

    Tras la sanción de la ley, la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza (UCR+Cambio Federal) manifestó su rechazo a la iniciativa. A través de una publicación en X, cuestionó que se permita utilizar para otros fines recursos originalmente destinados a los caminos rurales. “En otras palabras, se permite que recursos que deben volver al campo para garantizar caminos transitables tengan otro destino”, expresó. La legisladora también criticó la falta de participación del sector. “Se trata de un nuevo avasallamiento al sector agropecuario: se toman decisiones de espaldas a los productores y a las entidades rurales, sin consultarlos ni darles participación en una discusión que los afecta directamente”, afirmó.

    Además, cuestionó el tratamiento legislativo. “Es grave que un proyecto de esta magnitud haya llegado al recinto sin pasar por comisión, sin debate y sin escuchar al sector”, señaló. Y concluyó: “No se puede hablar de defender la producción y después habilitar que se utilicen para otros fines recursos que tienen un destino específico”.

    En X, la Sociedad Rural Argentina (SRA) señaló: “Desde la Sociedad Rural Argentina manifestamos nuestro rechazo a la aprobación del proyecto que habilita en la provincia de Buenos Aires, durante 180 días, a utilizar hasta el 100% de los fondos destinados a caminos rurales para la ejecución de obras hidráulicas. Entendemos la necesidad de avanzar con obras que den respuesta a los problemas hídricos, pero no se puede resolver una emergencia comprometiendo otra infraestructura esencial para la producción y las comunidades rurales”.

    Agregó: “Los caminos rurales son fundamentales para sacar la producción, garantizar el acceso a las escuelas y los servicios de salud, y sostener la vida en el interior. Desviar sus recursos, sin garantías concretas de reposición, pone en riesgo el mantenimiento y la transitabilidad de una red indispensable”.

    En un comunicado, Carbap apuntó: “Desde Carbap rechazamos la modificación de la Ley 13.010 que habilita desviar recursos equivalentes al 12,5% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural, destinados por ley al mantenimiento de los caminos rurales, para financiar obras hidráulicas. Resulta inadmisible quitarles recursos a caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos”.

    “La decisión de habilitar el tratamiento sobre tablas, sin el debate previo en comisiones, fue posible gracias a la mayoría de dos tercios reunida en la Legislatura bonaerense, lo que compromete la responsabilidad de todas las fuerzas políticas que la hicieron posible”, agregó. Carbap remarcó: “Los municipios ya recaudan importantes sumas a través de la tasa vial y, aun así, los caminos siguen deteriorándose. Antes de avanzar sobre los recursos destinados específicamente a su mantenimiento, corresponde exigir que los fondos existentes se administren correctamente y se utilicen para el fin previsto”.

    En un escrito donde anticipó su rechazo, el diputado Luciano Bugallo (CC) señaló que “la iniciativa, aun cuando persigue un objetivo legítimo, propone una herramienta que puede resultar contraproducente para los intereses que pretende proteger”.

    “La protección de las comunidades rurales, la producción agropecuaria y la infraestructura provincial exige preservar la afectación específica de los fondos viales, asegurar la continuidad del mantenimiento de caminos y promover mecanismos efectivos de participación y control ciudadano”, dijo. Añadió: “Las obras hidráulicas son necesarias, pero su ejecución no puede justificar que los municipios queden habilitados para comprometer la totalidad del financiamiento destinado a una infraestructura esencial”.

  • Washington y Londres alineados otra vez: se cae la fantasía del apoyo a Trump por Malvinas

    Washington y Londres alineados otra vez: se cae la fantasía del apoyo a Trump por Malvinas

    El jueves 15 de octubre, en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, la delegación de Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización. Sostuvo que el comité había dejado de cumplir su propósito original. Lo describió como un desperdicio de tiempo y de recursos y, como prueba, citó sus viajes anuales a centros turísticos del Caribe y del Pacífico Sur. Es el foro donde la Argentina presenta cada año su reclamo por Malvinas y desde donde la comunidad internacional insta a Londres y a Buenos Aires a negociar, en la línea que abrió la resolución 2065 de 1965. Para Washington, más de seis décadas de litigio colonial caben en una partida de viáticos.

    En la misma sesión, la Argentina se abstuvo en la votación de una resolución sobre las formas contemporáneas del colonialismo, impulsada por Rusia, que mencionaba la explotación de recursos naturales en violación de la soberanía de los Estados. Estados Unidos y el Reino Unido votaron en contra. El gobierno justificó la abstención con un argumento técnico: el texto incluía las sanciones económicas unilaterales entre las formas de colonialismo y eso podía volverse contra sus propias medidas en Malvinas.



    Lo que vino después desarma esa explicación. Consultado sobre el pedido estadounidense de cerrar el comité, el vocero presidencial Adrián Ravier habló de “sintonía” entre esa iniciativa y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa Javier Milei, y dijo que el apoyo a la disolución estaba “bajo análisis”. En paralelo, La Libertad Avanza no reunió quórum ni firmas para dictaminar esa ley en comisión: el plenario pasó al martes 27 y el proyecto quedó fuera de la sesión del miércoles.

    Washington y Londres alineados otra vez: se cae la fantasía del apoyo a Trump por Malvinas
    Argentina no acompañó la posición de Rusia sobre nuevas formas de colonialismo.

    La secuencia muestra el límite de una política exterior que hizo del alineamiento con Washington su brújula. El Gobierno que anunció por cadena nacional la ofensiva más dura en años contra el petróleo de Malvinas encuentra afinidad con quien propone desarmar el foro que sostiene el reclamo, y ve trabarse su propia ley mientras las empresas de ese aliado piden quedar afuera. El excanciller Jorge Taiana lo leyó como una ruptura con la tradición diplomática argentina: la abstención, advirtió, terminó favoreciendo la posición colonialista de Estados Unidos.

    La palanca que funcionó

    El 3 de septiembre, Milei anunció el endurecimiento de las sanciones contra el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, que opera la israelí Navitas Petroleum en sociedad con la británica Rockhopper Exploration. Al día siguiente, el Decreto 868/26 aceleró las inhabilitaciones previstas en la Ley 26.659, sancionada en 2011. El sábado 5, SLB, Baker Hughes y Halliburton, las tres mayores empresas de servicios petroleros del mundo, todas con contratos en Vaca Muerta, comunicaron que no trabajarían en las islas.

    Ese dato encierra una lección política. El subsuelo argentino es poder de negociación. Un yacimiento que promete su primer barril para 2028 pesa poco frente a la formación que sostiene la expansión petrolera del país, y cuando el Estado condiciona el acceso a ella, las corporaciones eligen. Es soberanía económica ejercida con las reglas del mercado que el propio oficialismo dice venerar.

    El proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso el 17 de septiembre llevaba esa lógica a la ley: extendía las penas a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores de quienes operen en la plataforma continental sin autorización argentina. Ahí empezó la inquietud en Washington. Según publicó Clarín, funcionarios estadounidenses plantearon dos salidas: congelar la ley, su opción preferida, o modificarla para que sus empresas queden excluidas. Milei habló por teléfono con el secretario de Estado, Marco Rubio, el viernes 16.

    Una excepción para las empresas estadounidenses convertiría el régimen de sanciones en un peaje con bandera: Sea Lion seguiría recibiendo servicios, solo que de proveedores con el pasaporte correcto. La neutralidad que la Casa Blanca proclama sobre la soberanía de las islas termina donde empieza la cuenta de resultados de sus compañías.

    El escudo de Londres

    El 13 de octubre, la Argentina pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, medidas provisionales para frenar Sea Lion mientras se constituye el tribunal arbitral previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Al día siguiente, el gobierno británico anunció que aplicará su Ley de Protección de Intereses Comerciales para que sus empresas y ciudadanos puedan desoír las sanciones argentinas y reclamar compensaciones si resultan perjudicados.

    Es una ley de 1980, la misma que el Reino Unido usó en los años noventa para que sus empresas no acataran las sanciones de Washington contra Cuba. Londres apunta hoy contra Buenos Aires el escudo que forjó frente a Estados Unidos, y Estados Unidos reclama para sus compañías la misma excepción que Londres se fabrica por ley. Las dos potencias que se arrogan el derecho de sancionar al resto del mundo coinciden en negárselo a la Argentina sobre su propia plataforma continental.

    Washington y Londres alineados otra vez: se cae la fantasía del apoyo a Trump por Malvinas
    Avanza la exploración petrolera en Malvinas.

    Una cruzada para no hablar de petróleo

    Mientras tanto, el asesor presidencial Santiago Caputo, impulsor del proyecto, eligió otro idioma. El 14 de octubre escribió en X que el Reino Unido está “siendo colonizado por el Islam” y que recuperar Malvinas es “una causa de Occidente”. El Presidente lo replicó.

    El desplazamiento tiene consecuencias. Cambia los títulos jurídicos de la Argentina, la resolución 2065, la Convención del Mar y la continuidad geográfica de la plataforma, por una guerra de civilizaciones que no figura en ningún expediente. Y el Occidente que invoca es el que ocupa el Atlántico Sur: la base militar británica de Monte Agradable, puesto avanzado de una potencia de la OTAN; una petrolera británica y otra israelí sobre la cuenca; compañías estadounidenses que piden inmunidad; un Departamento de Estado que propone cerrar el comité de descolonización. En la Cuenca Malvinas Norte, el califato que denuncia Caputo tiene la forma de un consorcio cuyo socio mayoritario es una empresa del principal aliado del Gobierno en Medio Oriente.

    La cruzada cumple además una función interna. El proyecto de 133 artículos que se presenta como Ley Malvinas crea un Consejo de Seguridad Nacional conducido por el Presidente e integrado solo por el Poder Ejecutivo, habilita como último recurso el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, y en su artículo 111 preveía penas de cinco a doce años de prisión para quienes, con financiamiento o instrucciones extranjeras, promovieran campañas de “desinformación”.

    Ahí se cierra el círculo. Un enemigo externo de contornos religiosos justifica un aparato de seguridad orientado hacia adentro, en el mismo mes en que fue reprimida la Quinta Marcha Federal Universitaria. Quién define qué es desinformación, qué financiamiento es extranjero y qué protesta amenaza el orden lo decidiría, en la versión original, un consejo donde solo se sienta el Ejecutivo.

    El estrecho

    El otro frente está en el sur. El carguero chileno Danstar prepara para noviembre o comienzos de diciembre el primer viaje desde Punta Arenas hasta Puerto Argentino por una ruta inactiva desde 2011, y el embajador británico en Chile viajó a Magallanes para respaldarlo. Londres juega una carta conocida: rodear el reclamo argentino de vecinos que comercian con las islas.

    Parte de la dirigencia argentina respondió con el castigo. El diputado Guillermo Michel, de Unión por la Patria, propuso denunciar dos acuerdos bilaterales de inversiones y de doble imposición con Chile, y el presidente de la Liga Naval planteó ante Diputados la posibilidad de detener el buque. Esa reacción le regala a Londres lo que más necesita: una Argentina enfrentada con el vecino con el que comparte la frontera más extensa.

    Washington y Londres alineados otra vez: se cae la fantasía del apoyo a Trump por Malvinas
    Malvinas.

    El Tratado de Paz y Amistad de 1984, que cerró el conflicto del Beagle y garantiza la navegación entre el Estrecho y el Atlántico, es una de las construcciones de paz más duraderas de la región. Chile, además, presentó durante años en el Comité de Descolonización el proyecto de resolución que pide negociar la soberanía de Malvinas: el mismo comité que Washington quiere disolver. El canciller Pablo Quirno descartó detener el Danstar y habló de una excelente relación con el presidente chileno, José Antonio Kast.

    La decisión es correcta, aunque deja el vínculo con Santiago a merced de una sintonía ideológica entre dos gobiernos que miran hacia el mismo norte: el 15 de octubre, en la ONU, ambos se abstuvieron en la votación sobre colonialismo.

    Lo que exige una política de Estado

    Una política soberana sobre Malvinas tiene herramientas a la vista. La primera ya demostró eficacia: el peso del recurso propio, aplicado sin excepciones de bandera. La segunda es el derecho internacional, que exige defender con la misma energía el expediente de Hamburgo y el Comité de Descolonización. La tercera es la región y el Sur Global: la CELAC, el Mercosur y el Grupo de los 77 más China acompañan año tras año el llamado a negociar.

    Para eso sobran la cruzada religiosa y el consejo de seguridad sin control parlamentario. Hace falta lo que este Gobierno resigna cada vez que Washington pide: la decisión de definir el interés nacional en Buenos Aires.

    El método tiene antecedentes en esta misma gestión. El RIGI blindó por treinta años a los grandes inversores frente a cualquier cambio de reglas y llevó sus litigios a tribunales arbitrales del exterior. El decreto que derogó la Ley de Tierras quiso abrir sin límites la compra de tierras rurales por extranjeros, y fueron los tribunales los que lo frenaron. Ahora la ley que debía cerrar la Cuenca Malvinas Norte espera, trabada en comisión, que se defina a quién deja afuera.

    En cada caso, la regla general rige para el país y la excepción, para el capital que tiene quien lo represente. Malvinas vuelve a medir el tamaño de la soberanía que administra el oficialismo: alcanza para sancionar a quien no tiene padrino y se suspende cuando el padrino pide la palabra.

    Washington y Londres alineados otra vez: se cae la fantasía del apoyo a Trump por Malvinas

  • Joaquín Cottani, exviceministro de Caputo: “El programa económico está agotado, pero hay tiempo de revisarlo”

    Joaquín Cottani, exviceministro de Caputo: “El programa económico está agotado, pero hay tiempo de revisarlo”

    En diálogo con Infobae al Regreso, el economista cuestionó la estrategia cambiaria del Gobierno, reclamó señales concretas para recuperar la confianza de los mercados y advirtió sobre el impacto del plan en la actividad económica
    Guardar

    El riesgo país llegó a los 710 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre de 2025, pero revirtió la suba inicial y cerró en 672 unidades. En una jornada marcada por la volatilidad de los bonos argentinos y el tercer avance consecutivo del dólar, el economista y exviceministro de Economía Joaquín Cottani cuestionó el rumbo del programa oficial y reclamó cambios en la política monetaria y cambiaria.

    “El programa está agotado, pero hay tiempo de revisarlo”, afirmó en una entrevista con Infobae al Regreso. Para el exfuncionario, la principal preocupación de los inversores es la capacidad de la Argentina para afrontar sus compromisos financieros sin depender exclusivamente de un eventual regreso a los mercados internacionales.

    PUBLICIDAD

    Cottani cuestionó la estrategia financiera del Gobierno

    Cottani consideró que la evolución del riesgo país refleja dificultades propias de la economía argentina, más allá de la incertidumbre internacional. “Si todos los países emergentes caen proporcionalmente del mismo modo, es un problema externo, pero si el riesgo país se separa, que es lo que ha estado pasando, es un problema interno”, explicó.

    En ese escenario, cuestionó los anuncios oficiales sobre la capacidad financiera para enfrentar una eventual corrida cambiaria. “El mercado lo que quiere ver es menos bazucas y más compra de reservas”, sostuvo.

    (Infobae en Vivo)

    El economista estimó que los vencimientos de deuda se ubican entre USD 26.000 millones y USD 29.000 millones, frente a recursos disponibles que calculó en unos USD 6.000 millones. Ante esa diferencia, planteó que el Banco Central debería acelerar las compras de divisas y alcanzar incorporaciones mensuales de entre USD 1.000 millones y USD 2.000 millones. “1.500 sería un valor que calmaría al mercado”, afirmó.

    PUBLICIDAD

    También cuestionó los anuncios oficiales sobre el poder de fuego financiero para responder ante una eventual corrida, que incluyeron estimaciones de USD 75.000 millones y USD 125.000 millones. “La bazuca no cayó bien”, resumió, al poner en duda que instrumentos como el swap con China y las posiciones en el mercado de futuros puedan considerarse recursos de disponibilidad equivalente.

    En lugar de enfatizar la capacidad de intervención, Cottani propuso comunicar un programa de acumulación de divisas con objetivos verificables para los próximos doce meses. “Si compramos a razón de mil millones de dólares por mes, en lo posible aún más, vamos a llegar en los próximos doce meses a tener suficientes reservas como para pagar la deuda si no tuviéramos acceso”, sostuvo.

    Consultado sobre las referencias oficiales al denominado “riesgo kuka” como explicación de la incertidumbre financiera, respondió: “Echarle la culpa al riesgo kuka es siempre un artilugio que está a mano”. A su entender, el Gobierno debe recuperar la confianza a través de sus propias decisiones económicas, en un contexto de dificultades para acceder al financiamiento internacional y de mayores costos para las colocaciones en dólares en el mercado local.

    El economista propuso que el Banco Central adquiera al menos USD 1.000 millones mensuales de reservas para calmar las dudas del mercado (REUTERS/Matías Baglietto)

    Inflación, tipo de cambio y los límites del programa económico

    Cottani también cuestionó la estrategia oficial de utilizar la desaceleración de la inflación como principal ancla del programa económico, con la expectativa de que la estabilidad de precios impulsara por sí sola una recuperación de la actividad.

    “El Gobierno dijo: ‘Bajamos la inflación y nos atamos a esa bandera, porque bajando la inflación, la economía se recupera sola’”, recordó.

    El ex viceministro reconoció que la reducción inicial de los precios fue más rápida de lo que esperaba, pero advirtió que el proceso perdió impulso al acercarse a registros más bajos. “Cuando se llegó al 3 o al 2%, ahí la inercia vino y venimos varios meses sin poder bajar”, señaló.

    Desde su perspectiva, sostener la desinflación mediante la contención del tipo de cambio presenta límites. Por eso, planteó que el Gobierno debe revisar el esquema monetario y cambiario sin abandonar el objetivo de estabilidad.

    El riesgo país superó los 700 puntos básicos durante una jornada marcada por la volatilidad de los bonos y la suba del dólar (EFE/Sarah Yenesel)

    El economista también destacó el aporte de sectores exportadores como la energía y la minería para reducir la vulnerabilidad externa, aunque advirtió que su expansión no garantiza una recuperación generalizada de la economía. “Lo que va a haber es una profundización de la recesión económica”, sostuvo.

    Su diagnóstico apunta a uno de los principales desafíos del programa oficial: compatibilizar la desaceleración de los precios con la recuperación de la actividad y generar condiciones para mejorar el acceso al financiamiento.

    En el tramo final de la entrevista, Cottani aclaró que no había tenido responsabilidades directas en las decisiones operativas del Ministerio de Economía y expresó su deseo de que al Gobierno le vaya bien. Sin embargo, insistió en la necesidad de modificar el rumbo cambiario.

    “Ya no se puede seguir bajando la inflación reprimiendo el tipo de cambio y es necesario flexibilizar la política monetaria y la cambiaria para que la economía entre en un círculo virtuoso de crecimiento”, concluyó.

    –

    Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

    • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

    • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

    • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

    • De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

    • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

    Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

  • Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos respaldaron la eliminación de las PASO: “Hay que evitar que la gente vote 5 veces”

    Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos respaldaron la eliminación de las PASO: “Hay que evitar que la gente vote 5 veces”


    Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Córdoba, Martín Llaryora, opinaron sobre el proyecto del Gobierno de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los tres se pronunciaron a favor de que no se lleven a cabo bajo los argumentos de que no se puede pedir a la población ir tantas veces a votar y el elevado costo de realizarlas.

    Los mandatarios provinciales hablaron en el marco de la Jornada de desarrollo productivo y competitividad de la Región Centro, que reunió a los tres jefes provinciales en Paraná.

    En medio de una conferencia de prensa, los gobernadores fueron consultados acerca de la valoración individual de cada uno sobre la eliminación de las PASO que pretende aprobar el Poder Ejecutivo dentro de la Reforma electoral.

    El primero en tomar la palabra fue el cordobés Llaryora, cuya provincia no tiene PASO. En su intervención, elogió la Boleta Única y pidió “que se siga expandiendo en toda la Argentina” su uso, argumentando que otorga “transparencia y participación”.

    Luego, Pullaro se pronunció “a favor de la suspensión de las PASO en el orden nacional”, aunque seguidamente reconoció ser “producto de una PASO en el orden provincial”.

    Al mismo tiempo, el gobernador señaló sus dudas de que “las PASO sirvan para algo en la elección de candidatos a nivel nacional” porque, consideró hay que hacer tres elecciones y “tiene un gran costo a nivel nacional”.

    Finalmente, respondió a la consulta el gobernador entrerriano, quien destacó que la eliminación de las PASO y otras precisiones electorales “no son temas que le quiten el sueño a los argentinos”.

    “Hay un divorcio creciente, una grieta entre la sociedad y la política y en el caso de una provincia como la nuestra, que haya cinco elecciones en un año es tirar de la cuerda“, profundizó el gobernador y agregó: “Todo hay que debatirlo, pero tanto a nivel nacional como provincial hay que incorporar mayores controles al financiamiento de la política“.

    Para finalizar su respuesta, Frigerio aclaró que en su provincia, su espacio —integrado por 28 agrupaciones políticas— “no tomó una decisión todavía” e instó a “acercarse más al agente” en lugar de agrandar el distanciamiento.

    El gobernador de Entre Ríos ya se había pronunciado en torno a las elecciones Primarias y los planes del Gobierno libertario.

    Lo había hecho el domingo 11 de este mes después de viajar con el Presidente a París para la “Argentina Week”, en donde aseguró en diálogo con radio Splendid que “no están las condiciones dadas como para que la ciudadanía vaya 5 veces, 5 domingos del 2027 a votar, sobre todo porque en las últimas elecciones votó poco más del 60% en una”, afirmó.

    Y precisó: “Si podemos evitar que la gente vote 5 veces en un año y que los partidos políticos resuelvan, por lo menos en esta vez, de manera autónoma qué candidatos van a presentar, es algo que amerita poner arriba de la mesa, por lo menos”.

    Además, dijo que tuvo “la oportunidad de hablarlo con el Jefe de Gabinete desde el punto de vista personal”. “Yo creo que hay chances de avanzar en una discusión de la ley electoral en un contexto complejo para la Argentina, pero sobre todo también para la política”, indicó.

    Durante el análisis económico y productivo, Pullaro proyectó que “la economía está cambiando y la Región Centro tiene que tener un rol fundamental en el debate que va a venir”. En esa línea, fundamentó que “en cuatro años vamos a tener la misma cantidad de divisas producidas por la energía que hoy tenemos producto del campo; y en seis años vamos a tener la misma cantidad de divisas que hoy produce el campo, por la minería”.

    Por su parte, el gobernador cordobés definió al bloque de las tres provincias como “una referencia de competitividad por la vinculación de lo público y lo privado”, y sumó que las tres gestiones comparten “la firme idea de que gobernar es generar trabajo”.

    Profundizando su postura respecto al rol del Estado nacional, el mandatario de Córdoba enfatizó la urgencia de estructurar “un plan productivo, de desarrollo y de defensa de la industria“, remarcando la necesidad de contar con obras clave para llevar esto a la realidad.

    Finalmente, Frigerio remarcó que sus provincias comparten “un norte claro vinculado con el desarrollo productivo y el sector privado”, y alertó la necesidad de profundizar la integración mediante la cooperación interprovincial, en pos de nuevos mercados y polos de desarrollo energético y minero.

  • “Me obligaron a hacer esto”: un hombre mató a su mujer, a su hijo de 11 años y a su madre en Buenos Aires

    “Me obligaron a hacer esto”: un hombre mató a su mujer, a su hijo de 11 años y a su madre en Buenos Aires

    Un triple crimen seguido de suicidio en Buenos Aires conmocionó este martes a la localidad de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría. Un hombre de 50 años, identificado como Damián Darío Santillán, asesinó a balazos a su pareja, a su hijo de 11 años y a su propia madre. Posteriormente, escapó hacia Burzaco, donde murió tras arrojarse al paso de un camión.

     

    El episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Los Claveles al 700. La Policía intervino después de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en el domicilio. Al ingresar, los efectivos encontraron los cuerpos de dos de las víctimas.

     

    La investigación también reveló que, antes de cometer los asesinatos, el agresor había enviado un mensaje de texto a un familiar cercano. “Me obligaron a hacer esto”, escribió Santillán, según la información incorporada al expediente judicial. La comunicación quedó bajo análisis de los investigadores, quienes intentaban reconstruir las circunstancias previas al ataque.

     

    Encontraron a la mujer y al niño asesinados dentro de la vivienda

     

    Cuando los efectivos ingresaron a la propiedad, encontraron el cuerpo de Laura Susana Prediger, pareja del atacante, en el sector de acceso al comedor. La mujer presentaba una grave herida compatible con un disparo de arma de fuego.



     

    En una de las habitaciones, los policías hallaron a Santino, el hijo de 11 años de la pareja. El niño estaba sin vida y presentaba una lesión de arma de fuego en la cabeza. Junto a su cama, los investigadores secuestraron una escopeta de doble caño, que habría sido utilizada durante los ataques.

     

    El procedimiento continuó en una construcción lindera, comunicada con la vivienda principal a través de los fondos y con salida hacia la calle Alfonso Amat. Allí residía Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del presunto homicida.

     

    La tercera víctima y la muerte del agresor en Burzaco

     

    Los efectivos encontraron a Castillo Toscanini tendida en el piso de la cocina. La mujer también presentaba heridas provocadas por perdigones, similares a las detectadas en las otras víctimas. De esta manera, los investigadores establecieron que se trataba de tres homicidios ocurridos en propiedades vinculadas entre sí.

     

    Mientras la Policía Científica realizaba las primeras pericias, alrededor de las 7.30 ingresó otra comunicación al sistema de emergencias. Un hombre había muerto tras arrojarse al paso de un camión Mercedes-Benz que circulaba por la avenida Monteverde, en Burzaco, partido de Almirante Brown.

     

    Los investigadores cotejaron la documentación y las características del fallecido y determinaron que se trataba de Damián Darío Santillán. Los cuatro cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de las autopsias correspondientes.



     

    Investigaban amenazas y conflictos familiares previos

     

    La causa quedó caratulada provisoriamente como triple homicidio seguido de suicidio y pasó a manos de la Fiscalía Descentralizada N° 1 de Esteban Echeverría, encabezada por la fiscal Ana Río. También intervino la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II.

     

    De acuerdo con los testimonios reunidos entre familiares y allegados, Santillán y Prediger habían mantenido una relación de aproximadamente 20 años. Sin embargo, durante las dos semanas anteriores al crimen se habrían producido conflictos dentro de la pareja.

     

    Según esas declaraciones, el hombre habría sospechado de una infidelidad y, desde entonces, se habrían registrado episodios de hostigamiento y amenazas verbales. Esa información formaba parte de las líneas investigativas y no constituía una explicación ni una justificación de los asesinatos.

     

    El mensaje que dejó antes de cometer los asesinatos

     

    Uno de los elementos centrales del expediente fue el mensaje enviado por Santillán a un familiar antes del ataque. La frase “Me obligaron a hacer esto” fue considerada relevante para establecer la secuencia de los acontecimientos.

     

    Los investigadores avanzaban con el análisis del teléfono celular del agresor y las declaraciones testimoniales para determinar si existieron otras advertencias previas y esclarecer la planificación de los hechos.

     

    La investigación buscaba establecer cómo se desarrollaron los ataques en ambas viviendas y precisar las circunstancias que rodearon el triple crimen que terminó con cuatro personas fallecidas.

  • Detuvieron a ocho personas por fraude: utilizaban datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA

    Detuvieron a ocho personas por fraude: utilizaban datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA

    Detuvieron a ocho personas por fraude: utilizaban datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA
    Guardar

    La Agencia de Recaudación y Control Aduanero llevó adelante una serie de 80 allanamientos en varias provincias para desbaratar a una asociación ilícita que se dedicaba a utilizar los datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA mediante un sistema diseñado para trabajadores del campo.

    Las medidas fueron llevadas a cabo por el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico N°2, y con la intervención de la Fiscalía en lo Penal Económico N°7 a cargo de Gabriela Ruiz Morales. En los operativos, de los que participó la Policía Federal, se detuvo a ocho personas, además del secuestro de maquinarias agrícolas, automotores, dispositivos electrónicos y valores.

    PUBLICIDAD

    Las tareas fueron desarrolladas por personal de ARCA y el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, a cargo del comisario Ariel Gastón Bessone. La investigación se originó a partir de una denuncia formulada por el organismo recaudador sobre el accionar de una asociación ilícita dedicada al reclutamiento de personas de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social, con el propósito de simular la realización de actividades agrícolas y apropiarse de los reintegros previstos por el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

    Detuvieron a ocho personas por fraude: utilizaban datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA

    Según los elementos reunidos durante la pesquisa, los falsos productores inscriptos en el sistema carecían de capacidad económica, operativa y financiera para llevar adelante cualquier tipo de explotación agropecuaria. La maniobra se sostenía a través de un entramado organizado que incluía la apertura y administración de cuentas bancarias mediante tarjetas de débito controladas por los integrantes de la red. De esta forma, los fondos devueltos por el fisco terminaban en manos de quienes orquestaban el esquema y no en las de los supuestos trabajadores rurales.

    PUBLICIDAD

    El SISA es una plataforma creada con el objetivo de unificar los registros y regímenes informativos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y ARCA. Su función principal consiste en simplificar trámites, sistematizar la calificación de los actores del sector y mantener la capacidad de control fiscal sobre la producción y comercialización de granos, semillas en proceso de certificación —cereales y oleaginosas— y legumbres secas.

    Detuvieron a ocho personas por fraude: utilizaban datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA

    La inscripción en el sistema es obligatoria para productores, operadores que participen en la cadena de comercialización y propietarios, copropietarios, usufructuarios u ocupantes de inmuebles rurales explotados en todo el territorio nacional, siempre que en dichos predios se desarrolle la producción mencionada.

    El beneficio central que la organización desarticulada explotaba es el Régimen Especial de Reintegro Sistémico del Impuesto al Valor Agregado, el principal mecanismo de devolución que ofrece el SISA. A través de este esquema, el organismo recaudador devuelve de manera automática en la CBU del productor un porcentaje —o la totalidad— de las retenciones de IVA practicadas al momento de la venta de granos o semillas.

    Detuvieron a ocho personas por fraude: utilizaban datos de personas de bajos recursos para obtener reintegros del IVA

    La normativa vigente establece que la acreditación de los montos se realiza hasta el último día hábil administrativo del mes en que se presenta la declaración jurada de IVA correspondiente al período fiscal de la retención, lo que en la práctica se traduce en un plazo estimado de 45 días. Para que ARCA libere los fondos, el solicitante debe cumplir con requisitos estrictos: no registrar deudas líquidas y exigibles en materia impositiva, previsional o aduanera; contar con la Liquidación Primaria de Granos (LPG) correctamente confeccionada y vinculada a su correspondiente Certificación Primaria Electrónica; exteriorizar el impuesto en la declaración jurada mensual bajo la opción de operaciones primarias sujetas a reintegro; y tener registrada una clave bancaria propia en la plataforma del organismo.

  • Fiscalía de Concordia: Mario Guerrero será el nuevo Coordinador y José Arias tendrá un rol específico

    Fiscalía de Concordia: Mario Guerrero será el nuevo Coordinador y José Arias tendrá un rol específico

    Se terminaron las especulaciones. El fiscal Mario Guerrero será el nuevo Coordinador del Ministerio Público Fiscal de Concordia, en reemplazo de José Costa, quien cesa por jubilación.

    La novedad fue confirmada al portal El Entre Ríos por una fuente extraoficial, con la aclaración de que se trata de una designación interina, hasta tanto se lleva a cabo el concurso para elegir al titular.

    En semanas previas se había especulado con varios nombres, entre ellos el del fiscal con mayor protagonismo en causas de corrupción, José Arias. Pero la elección recayó finalmente en Guerrero, el de mayor antigüedad, quien fuera el fiscal en la causa por sedición contra los policías que protagonizaron el levantamiento de 2013, y desde entonces secundó a Costa en la coordinación, cultivando un perfil menos expuesto.

    Desde la Procuración dejaron trascender que el ascenso de Guerrero irá acompañado de un cambio de rol para Arias, que de ahora en más pasaría a desempeñarse como “Fiscal de delitos Económicos y anticorrupción”.

    Si bien en los hechos ya venía ejerciendo esa función en varias causas, al asignársele una misión específica, el doctor José Emiliano Arias se abocaría pura y exclusivamente a esa clase de causas, quedando liberado de la cobertura de turnos, publicó el portal de El Entre Ríos.

    Guerrero es el último fiscal de Concordia nombrado sin concurso cuando regía el sistema judicial anterior y será el Coordinador de manera interina hasta tanto el cargo sea concursado. A su vez, Arias se abstuvo de presentarse al último llamado para concursar como fiscal anticorrupción, aunque se le confiaría ese papel de ahora en más, también de forma interina.

  • Biocombustibles: las pymes pidieron elevar el corte del biodiésel y las aceiteras reclamaron aprobar la ley sin cambios

    Biocombustibles: las pymes pidieron elevar el corte del biodiésel y las aceiteras reclamaron aprobar la ley sin cambios

    El debate por la nueva ley de biocombustibles llegó a la Cámara de Diputados con diferencias entre las empresas sobre las condiciones para abrir el mercado del biodiésel. Durante una presentación de las cámaras del sector, la industria aceitera pidió preservar el acuerdo que obtuvo media sanción en el Senado, mientras que representantes de las pymes reclamaron modificaciones y propusieron aumentar el corte obligatorio al 12% o al 12,5% para ampliar la demanda sin reducir su participación. La discusión se desarrolló ante la expectativa de que el proyecto pueda obtener dictamen la próxima semana.

    La iniciativa fue aprobada por el Senado con 41 votos afirmativos y 25 negativos. Prevé elevar, a los doce meses de sancionada la ley, la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y la de bioetanol en las naftas del 12% al 15%. El principal desacuerdo se concentra en la transición del biodiésel y en el espacio reservado a las empresas no integradas con la industria aceitera.

    Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), defendió el texto aprobado por los senadores y sostuvo que contempla herramientas de protección para las firmas que hoy abastecen el mercado interno. “La media sanción contiene la protección de las empresas no integradas y pymes que negociaron los senadores. Y les otorgan facilidades y plazos de 10 años para invertir y crecer”, afirmó. Además, reclamó acelerar la aprobación: “Es clave sacar la ley ahora en Diputados, si no vamos a perder el tren del mundo que hoy apuesta a biocombustibles competitivos”.

    Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara)
    Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara)

    Durante su exposición, Idígoras presentó la reforma como una política agroindustrial cuyo alcance excede a las plantas elaboradoras. Vinculó el desarrollo de los biocombustibles con las cadenas del maíz y la soja, el empleo, la industrialización de materias primas y la posibilidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.

    También sostuvo que las reglas del mercado interno influyen sobre las posibilidades de acceder a otros destinos. El titular de Ciara reconoció que el resultado del Senado no satisfizo por completo a los distintos sectores, incluida la industria aceitera. Sin embargo, lo consideró el mejor acuerdo posible después de las negociaciones entre legisladores, gobiernos provinciales y empresas. Por eso pidió que el dictamen de Diputados respete los entendimientos alcanzados en la Cámara alta.

    Federico Martelli, representante de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), cuestionó esa lectura y rechazó que exista consenso en el biodiésel. Señaló que las empresas que representa, radicadas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, elaboran alrededor del 65% del producto utilizado en el corte obligatorio y no respaldan la media sanción.

    Federico Martelli, representante de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb)
    Federico Martelli, representante de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb)

    Según Martelli, el esquema pone en riesgo la continuidad de plantas que fueron construidas bajo las condiciones del régimen actual. Afirmó que el abastecimiento interno involucra unas 900.000 toneladas anuales, producidas por 25 pymes de cinco provincias, con 1500 empleos directos y 8000 indirectos. “Modernizar el régimen no es mandar a la quiebra 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras”, sostuvo. Su objeción apunta a que empresas de distinta escala y con diferente acceso a la materia prima competirían por una porción creciente del mercado.

    Cuando el corte llegue al 10%, las no integradas tendrán inicialmente reservados 6,5 puntos porcentuales. Ese segmento bajará a 5,5 puntos en 2029, a cinco en 2030 y a cuatro desde 2031 hasta el final de la transición, previsto para enero de 2036. El resto quedará abierto a la participación de integradas y no integradas. Como alternativa, propuso elevar el corte de biodiésel al 12% o al 12,5%. Argumentó que existen antecedentes de propuestas legislativas con mezclas superiores al 10%.

    Asistieron las empresas de la industria y el sector agropecuario
    Asistieron las empresas de la industria y el sector agropecuario

    La Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba), presidida por Axel Boerr, presentó pedidos de modificación sobre artículos específicos. Para el artículo 39, apartado A, propuso eliminar el máximo de 50.000 toneladas y aplicar límites porcentuales tanto a empresas como a grupos económicos: 12% durante el primer año, 10,5% en el segundo y 9,5% desde el tercero.

    En el apartado B del mismo artículo, solicitó que los volúmenes faltantes se ofrezcan primero a las empresas no integradas que dispongan de capacidad para abastecerlos. El planteo busca darles prioridad antes de recurrir a otros proveedores. Sobre el artículo 12, Capba pidió que una reducción del corte solo pueda disponerse ante una imposibilidad acreditada y por un plazo de seis meses.

    Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, también cuestionó las condiciones de competencia y las facultades de la autoridad de aplicación. Defendió la necesidad de una regulación de largo plazo por razones ambientales y de salud pública, pero advirtió sobre las diferencias entre los actores que participarían del mercado.

    Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno
    Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno

    “Es muy buena la competencia, pero no pongamos en la misma pista un F1 con un F4”, graficó. Uno de sus reparos se concentró en las atribuciones para modificar las mezclas obligatorias. Según su interpretación, la redacción otorga facultades demasiado amplias y podría permitir una reducción del bioetanol hasta el 3%. También pidió revisar las condiciones de transición entre el 12% y el 15%, por considerar que deben ofrecer mayor previsibilidad a las inversiones.

    Molina objetó, además, la definición de grupo económico y el uso de una fecha anterior a la eventual entrada en vigencia de la norma para determinar las vinculaciones societarias. Ese punto había sido uno de los cambios negociados antes de la votación del Senado.

    Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), respaldó la aprobación, aunque señaló que la redacción representa “el mínimo que consideramos necesario para las empresas no integradas de Santa Fe”. “No es nuestra aspiración máxima ni el punto de llegada”, expresó, y dejó abierta la posibilidad de introducir mejoras. Sin embargo, remarcó que esos planteos no implican un rechazo a la iniciativa.

    Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer)
    Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer)

    “No está en nuestro espíritu frenar la iniciativa ni desconocer los avances alcanzados. Queremos que la ley avance, que se apruebe y que su implementación sea transparente, equilibrada y previsible”, afirmó.