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El Gobierno de Santa Fe realizará una exposición sobre seguridad en Rosario, dividida en dos encuentros durante noviembre y diciembre, para presentar los resultados del modelo que articula al Estado, el municipio, universidades, organizaciones sociales y empresas privadas. La intendencia de Rosario y la Bolsa de Comercio son parte de la organización. La propuesta busca vincular las políticas contra el crimen con el desarrollo económico de la ciudad y proyectar una agenda de trabajo hasta 2036.

La primera convocatoria se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre bajo el eje “Seguridad y Desarrollo Económico”. El segundo encuentro será el 2 y 3 de diciembre y estará centrado en la prevención social de las violencias, con la participación de instituciones estatales, referentes barriales y ciudadanos.

La agenda se construyó a partir de los cambios que Rosario atravesó tras uno de los períodos de mayor violencia de su historia reciente. La exposición planteará que la respuesta combinó decisiones gubernamentales, compromiso de la sociedad civil y participación empresarial, con medidas orientadas a recuperar el control territorial y reforzar las herramientas de prevención.

Entre diciembre de 2022 y agosto de 2026 fueron derribados más de 80 búnkeres de droga en Rosario, de acuerdo con los informes provinciales de seguridad de 2025 y 2026. Esos mismos registros consignan una baja del 70% de la violencia respecto del punto más alto de la crisis.

El Gobierno provincial buscará presentar esos indicadores como parte de un proceso con efectos sobre la actividad económica, la circulación urbana y el turismo. Rosario recibió 2,4 millones de visitantes durante 2025, una cifra que la organización del encuentro identifica como un récord para la ciudad.

La exposición tendrá como objetivo documentar el modelo de cooperación público-privada aplicado en Rosario, posicionar a la ciudad y a la provincia como referencias para otros distritos y aportar propuestas para la estrategia de seguridad prevista hacia 2036. El planteo oficial sostiene que los avances obtenidos deben mantenerse en el tiempo y convertirse en una política de largo alcance.

El primer encuentro reunirá a empresarios, periodistas, líderes de opinión y funcionarios de seguridad de otras provincias. Tendrá una duración de un día y medio, con una asistencia estimada en alrededor de 500 personas.

La jornada del 4 de noviembre se realizará en el Salón Metropolitano, mientras que el 5 de noviembre estará destinado a visitas vinculadas con la infraestructura del programa de seguridad. El recorrido incluirá el nuevo penal denominado “El Infierno”, estaciones policiales y el centro de monitoreo Lince.

La programación de noviembre abordará el diagnóstico y la conducción política, las reformas legislativas y judiciales, las compras realizadas en situación de emergencia, el uso de tecnología, el servicio penitenciario, el papel de los medios de comunicación y el desarrollo económico y productivo.

Uno de los puntos que se exhibirán será el funcionamiento del Sistema Lince, que procesa 144 mil horas diarias de video. Según los datos incluidos en los informes provinciales de seguridad, esa herramienta contribuyó a resolver más de 650 casos.

La exposición buscará explicar cómo se incorporó al sector privado a las acciones contra el crimen y cuál fue el alcance de las inversiones y obras asociadas al plan oficial. La actividad combinará exposiciones plenarias, paneles de conversación, una feria con demostraciones en vivo y recorridos de campo.

La segunda parte de la iniciativa se realizará en el Centro de Convenciones La Fluvial, ubicado en Los Inmigrantes 410. Estará enfocada en experiencias de intervención en barrios, acompañamiento a familias y programas dirigidos a jóvenes.

El encuentro de diciembre contará con representantes de distintos niveles del Estado, organizaciones sociales, instituciones y ciudadanos. También prevé una convocatoria cercana a 500 asistentes y una duración de un día y medio.

Los temas previstos incluyen familias y juventudes, contextos de encierro y egreso, unidades socioproductivas y socioeducativas, además de un pacto social de compromisos. La propuesta busca reunir iniciativas que trabajan sobre las condiciones sociales vinculadas a las violencias y darles continuidad institucional.

La actividad concluirá con un documento elaborado durante el encuentro y firmado por instituciones sociales y estatales. Ese texto funcionará como una hoja de ruta para sostener las acciones implementadas y fijar compromisos para una Rosario segura, integrada y con proyección de futuro.

El director ejecutivo de Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cuestionó la marcha del programa económico del presidente Javier Milei y afirmó que la inflación acumulada y la evolución de los salarios exponen, a su juicio, el principal incumplimiento de la gestión nacional. El funcionario bonaerense formuló esas declaraciones durante una entrevista con El Destape TV, en la que también planteó reparos sobre la inversión y la actividad vinculada al mercado interno.

Girard centró su análisis en los objetivos que Milei había planteado al iniciar su mandato. Según sostuvo, la baja de la inflación frente a los registros de los primeros meses de gestión no alcanzó para estabilizar las variables nominales ni para recomponer el poder de compra de los ingresos.

“El gran fracaso es que la inflación no desapareció”, afirmó el titular de ARBA. En ese sentido, señaló que el Presidente había mencionado distintos plazos para llevar el aumento de precios a cero y que esos compromisos no se cumplieron. También estimó que, desde el cambio de Gobierno, los precios acumularon una suba superior al 300 %, mientras los salarios quedaron por detrás de esa evolución.

El funcionario evitó presentar la desaceleración inflacionaria como un dato suficiente para evaluar el resultado del plan económico. Su planteo fue que una menor velocidad de aumento de los precios no garantiza por sí sola una recuperación de los hogares si los salarios, jubilaciones y otros ingresos regulados no acompañan esa dinámica.

“El gran fracaso es no haber estabilizado la nominalidad de la economía y no haber podido recomponer los salarios”, sostuvo Girard durante la entrevista. La afirmación forma parte de una lectura crítica sobre el efecto de las medidas oficiales en el consumo, una de las variables que el economista ubica en el centro de la discusión.

De acuerdo con su interpretación, Milei había asociado el control de la inflación con un incremento del salario medido en dólares y con una expansión del consumo. Girard afirmó que esas expectativas no se materializaron. “Se apeló a esa nostalgia de un consumismo de primer mundo, pero la verdad es que no lo vemos”, dijo al referirse a esa promesa.

El director de ARBA cuestionó además el modo en que el Gobierno nacional interviene sobre algunas variables. Mencionó la evolución del tipo de cambio y las negociaciones salariales como dos puntos en los que, según su mirada, hubo límites estatales pese a la identificación libertaria de la administración. “Es un gobierno que se dice libertario, pero pisó el dólar y pisó las paritarias”, expresó.

En su exposición, Girard también apuntó a la inversión. La ubicó en torno al 18 % del Producto Interno Bruto (PIB) y sostuvo que los indicadores recientes registraron una caída. Para el funcionario, la falta de previsibilidad condiciona las decisiones empresariales que requieren plazos largos y desembolsos sostenidos.

“Nadie hunde guita en una economía donde no sabe lo que va a pasar”, afirmó. Su evaluación contrasta con el diagnóstico del Gobierno nacional, que suele señalar que el ordenamiento fiscal, la desregulación y los cambios normativos buscan crear condiciones para la llegada de capitales privados.

Girard vinculó esa discusión con el desempeño de los sectores orientados al mercado interno. Al comparar los niveles de actividad actuales con los de 2023, mencionó retrocesos cercanos al 10 % en la industria, al 15 % en la construcción, al 6 % en el comercio y al 80 % en la obra pública. Esas cifras fueron presentadas por el funcionario como parte de un diagnóstico sobre la pérdida de dinamismo productivo.

Según planteó, la expansión de actividades exportadoras, como las vinculadas a productos primarios y a los hidrocarburos, no compensa la retracción de ramas con mayor incidencia sobre el empleo y el consumo. “En esa película no hay ningún factor que te indique cómo puede crecer la economía”, señaló.

Frente a ese escenario, el titular de ARBA propuso una estrategia basada en la recuperación de los ingresos. Su planteo incluye habilitar las negociaciones paritarias, recomponer las jubilaciones y actualizar otros ingresos que dependen de regulaciones estatales. El objetivo, de acuerdo con su exposición, sería impulsar el consumo y utilizar la capacidad productiva que hoy permanece sin uso.

Girard afirmó que la industria tiene una proporción relevante de maquinaria detenida y estimó que en varias ramas productivas la capacidad ociosa se ubica entre el 60 % y el 70 %. A partir de esa situación, sostuvo que existiría margen para aumentar la producción sin requerir, en una primera etapa, grandes inversiones adicionales.

El funcionario describió un circuito en el que mejores salarios empujarían las ventas, elevarían la producción y ampliarían la recaudación. Esos recursos, agregó, podrían destinarse a reactivar la obra pública, con impacto sobre actividades como la siderurgia, el aluminio y el cemento.

“En cuanto haya actividad vas a tener recursos tributarios; con recursos tributarios reactivás la obra pública”, concluyó Girard. Sus declaraciones se produjeron en una entrevista televisiva centrada en los resultados económicos de la administración nacional y en las alternativas que, a su entender, permitirían recuperar el crecimiento.

La inminente finalización de la emergencia sanitaria que desde 2001 protege a los prestadores privados vuelve a poner bajo discusión el funcionamiento de una red que sostiene buena parte de la atención médica en la Argentina. El proyecto ingresado en la Cámara de Diputados propone reemplazar ese régimen transitorio por reglas permanentes, ante el riesgo de que las deudas acumuladas queden sujetas a ejecución.

El diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, explicó que la iniciativa fue remitida a Salud y a Presupuesto y Hacienda.

“Tiene giro a la Comisión de Salud, y Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque tiene alguna cuestión de un costo fiscal que lo vamos a discutir en su momento”, señaló en Infobae Al Mediodía sobre un trámite que deberá completarse antes de llegar al recinto.

La emergencia frenó ejecuciones, pero no eliminó obligaciones

La ley vigente evitó durante 25 años el cobro compulsivo, aunque no liberó a las instituciones de sus aportes, contribuciones e impuestos. Esa distinción ordena la discusión: los pasivos permanecen exigibles y podrían ser reclamados si la protección vence sin una salida legislativa.

“La emergencia sanitaria nacional no exime el pago de aportes y contribuciones, simplemente evita la ejecución forzada de AFIP”, afirmó Quintar.

El legislador advirtió que el cambio de régimen puede tener efectos inmediatos para establecimientos endeudados. “Si nosotros levantamos la emergencia sanitaria, implica que AFIP se da vuelta al día siguiente y sale a ejecutar todos los créditos”, sostuvo.

El proyecto se concentra en los efectores privados, no exclusivamente en las empresas de medicina prepaga, y contempla “clínicas, centros de diagnóstico por imágenes, laboratorios privados, geriátricos”.

Quintar describió a ese universo como una red que incluye establecimientos barriales y del interior del país. “El financiador es la prepaga; pero cuando hablamos del sector privado de efectores de la salud, son las clínicas de barrio, las clínicas que están en el interior profundo de la Argentina”, explicó.

La iniciativa busca evitar que un giro abrupto en el esquema fiscal comprometa la continuidad de esas prestaciones.

El proyecto pone el foco en empleo, camas y atención privada

El argumento central de la propuesta es el peso que tiene el sector en el sistema sanitario. Según Quintar, “hoy el sector de salud privada al que nosotros nos referimos, o por lo menos al que el proyecto se refiere, da trabajo en forma directa e indirecta a un millón y medio de argentinos”.

También comparó esa dimensión con otras actividades: “La minería da aproximadamente trabajo a 115.000 personas; la salud privada, a nueve veces más”.

El diputado citó datos de entidades empresarias para dimensionar el volumen de atención. “El 65 al 70% de la población argentina se atiende y se cura en el sector privado, según un informe de ADECRA de los últimos meses”, expresó. A eso sumó un dato sobre infraestructura: “El 55% de las camas existentes en el país son privadas”.

Para Quintar, la discusión excede un conflicto tributario porque ambas redes son complementarias. “El sistema sanitario no es público o privado, es un sistema sanitario; cuando uno se cae, afecta al resto de los prestadores”, dijo.

Como ejemplo, afirmó que en una clínica privada suele haber turnos “para mañana o el día siguiente o a lo sumo una semana”, mientras que el sistema público absorbe una demanda mayor cuando faltan alternativas.

La moratoria prevé hasta 180 cuotas

El primer capítulo del proyecto apunta a identificar y ordenar las deudas acumuladas durante la emergencia. La herramienta prevista es una moratoria para que las instituciones regularicen obligaciones pendientes bajo un esquema que no afecte su funcionamiento cotidiano.

“Una moratoria grande donde le demos la posibilidad a los contribuyentes que no pudieron pagar, que paguen”, explicó. El texto contempla “hasta 180 cuotas con ciertas facilidades” y, según el diputado, también deberá considerar mecanismos para quienes cumplieron con sus pagos. La premisa, insistió, es que “no hay condonación de deudas, sino facilidad de pago”.

El costo fiscal será uno de los puntos más sensibles del debate. Quintar sostuvo que hay estimaciones y planillas, pero que primero debe establecerse qué parte de la deuda es recuperable y qué efecto tendría una regularización.

“La idea es sincerar el sistema, acomodar el tema del IVA, las cargas patronales y los ingresos de los establecimientos privados para que puedan pagar impuestos”, afirmó. También aclaró: “Nosotros no vamos a avalar un proyecto que rompa con el equilibrio fiscal, pero lo vamos a discutir”.

Resguardar fondos operativos ante embargos

El segundo eje se vincula con embargos y cautelares que pueden afectar cuentas destinadas a la atención. Quintar sostuvo que la actividad enfrenta litigios laborales y reclamos por mala praxis, pero planteó límites para que una medida preventiva no paralice a un establecimiento antes de una sentencia.

“No podemos avalar que un mecanismo de cautelar afecte previamente a una sentencia definitiva el normal funcionamiento de un establecimiento de salud”, dijo.

La propuesta no busca impedir reclamos ni liberar de responsabilidad a quienes incumplan. “Está bien que el establecimiento que tuvo una mala praxis o el médico que cometió un error pague lo que corresponda”, afirmó.

La discusión se concentra en el resguardo de recursos operativos: “Muchas veces, por un juicio laboral, en muchos casos inventado, le congelan las cuentas a una clínica y no puede comprar remedios”.

Las deudas del PAMI y el IVA sobre tecnología entran en la negociación

El proyecto incorpora acreencias históricas vinculadas al PAMI. Quintar afirmó que, al comienzo de la emergencia, “al 90% de los prestadores que daban servicio a PAMI le dejó una deuda de siete meses de prestaciones”. La alternativa en análisis es compensar deudas estatales verificadas con obligaciones tributarias. “Son deudores y acreedores al mismo tiempo”, sintetizó.

También se discute el tratamiento del IVA para equipos médicos. “Vos comprás un resonador de USD 1 millón o un tomógrafo de USD 500.000 y en la mayoría de las actividades te podés tomar el IVA que pagaste”, explicó Quintar. Según señaló, en salud ese crédito no puede utilizarse del mismo modo: “Eso no lo podés hacer en la salud; se está castigando a la inversión”.

El Congreso deberá resolver antes del vencimiento de la emergencia

Quintar evitó anticipar si habrá otra prórroga, aunque descartó que el objetivo sea exponer a los prestadores. “Entiendo que no se va a levantar la emergencia para que se fundan 5.000 establecimientos”, expresó. La intención, aseguró, es reemplazar las renovaciones anuales por una norma permanente: “Este gobierno no quiere más parches; queremos ir sobre el fondo de la cuestión”.

El texto deberá obtener dictamen en las comisiones antes de ser tratado por la Cámara de Diputados. Quintar señaló que la situación cambia según cada provincia y que Jujuy no atraviesa el mismo cuadro que otras jurisdicciones. Aun así, remarcó que la respuesta debe ser nacional: “Tenemos que cuidar los activos sanitarios porque una vez que se cierra un establecimiento es muy difícil volverlo a abrir”.

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