En 2021, cuando se elevó a juicio la primera etapa de la causa, la investigación detectó y acusó únicamente a quienes tuvieron responsabilidad administrativa en ambas cámaras y a quienes integraron los estudios contables que armaron la estructura de los contratos, pero dejó fuera a los responsables políticos: ex vicegobernadores y presidentes de la Cámara de Diputados. Si se considera la cronología de la estafa contra las arcas públicas, la segunda etapa de la investigación abarcaría a los vicegobernadores con mandato cumplido: Pedro Guillermo Guastavino; José Eduardo Lauritto; José Cáceres; y Adán Humberto Bahl. Además, alcanzaría a los extitulares de Diputados en el mismo período, José Ángel Allende y Sergio Urribarri. No obstante, si la pesquisa determina que algún exvicegobernador no firmaba los contratos y la aprobación correspondía al vicepresidente primero, se avanzaría contra el senador que ejercía esa función. Hasta ahora, el primero que aparece en la mira es el exlegislador Aldo Ballestena, del departamento La Paz.
La pesquisa sobre los contratos legislativos es la investigación por corrupción más grande en la historia de Entre Ríos. Comenzó de forma curiosa: en la primavera de 2018 un agente policial observó movimientos extraños en un banco de Paraná y alertó a sus superiores porque una sola persona operaba numerosas tarjetas de débito y “ordeñaba” un cajero automático. Algunos investigadores tiraron del hilo y se abrió la causa, que puso en el centro a la Legislatura y a una multiplicidad de contrataciones a terceros que, en distintos casos, actuaron como “prestanombres”.
Los fiscales pudieron determinar la existencia de una banda integrada por empleados de la Legislatura y por personas ajenas al aparato político, organizada para extraer dinero de las arcas públicas.
El 1º de junio de 2021 los fiscales decidieron cerrar la investigación penal preparatoria y solicitar su elevación a juicio oral. Los abogados defensores presentaron un planteo de competencia en el que sostuvieron que la causa debía resolverse en la Justicia Electoral porque, según alegaron, el dinero desviado se destinó al financiamiento de campañas políticas.
Los letrados lograron sacar la investigación de la órbita penal con el apoyo del juez federal Daniel Alonso, quien hizo lugar al planteo, y consiguieron que la discusión pasara primero a la Justicia Electoral, luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de vuelta a la Justicia Electoral y otra vez a la Corte, en un trámite que paralizó las actuaciones durante años.
La investigación se reactivó en los tribunales provinciales en 2024. Las audiencias para la remisión a juicio oral comenzaron recién en 2025 y se interrumpieron a mediados de ese año. En lo que llegó a oralizarse el año pasado se ventiló una estructura compuesta por funcionarios públicos, empleados con jerarquía en ambas cámaras legislativas, dos estudios contables y ciudadanos ajenos a las estructuras del Estado, encargados de conseguir “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otras maniobras. Quedó al descubierto la presunción fiscal de que buena parte del dinero sustraído terminó en inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
Los fiscales que quedaron a cargo de las audiencias son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Intervinieron los abogados Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; y Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos en representación de Jorge De Breuil. Cullen, además, defiende a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
El legajo tuvo inicialmente 32 imputados, aunque quedaron menos porque algunas personas accedieron a suspensiones de juicio a prueba, como Esteban Scialocomo, o fueron sobreseídos, como el contador Gustavo Falco. Otros que obtuvieron probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
De modo que como imputados quedaron Flavia Beckman, Hugo Mena, Ariel Faure, Jorge De Breuli, Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla, Maximiliano Degani, Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.
La elevación a juicio de los contratos truchos legislativos I deberá avanzar este año, en mayo, como está previsto en el calendario judicial. En simultáneo, se investigará en un expediente paralelo a los responsables políticos de la estafa.
