La noticia se conoció este miércoles por la noche en el editorial del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral). El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos abrió el 23 de noviembre la segunda etapa de la investigación por los contratos truchos legislativos. La resolución, firmada por los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro —quienes participaron en la elevación a juicio de la primera etapa y se especializan en delitos contra la administración pública—, apunta a profundizar la pesquisa contra quienes tuvieron responsabilidad política en el desfalco al Estado entrerriano por más de 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018.
Era una promesa del Ministerio Público Fiscal y un reclamo de distintos sectores judiciales y políticos. En 2021, cuando se elevó a juicio la primera etapa de la causa, la investigación identificó y acusó únicamente a quienes tuvieron responsabilidad administrativa en ambas cámaras y a quienes integraron los estudios contables que articularon la maniobra. Sin embargo, dejó afuera a los responsables políticos: exvicegobernadores y ex presidentes de la Cámara de Diputados. Teniendo en cuenta la cronología de la estafa, la segunda etapa abarcaría a los vicegobernadores con mandato cumplido Pedro Guillermo Guastavino; José Eduardo Lauritto; José Cáceres; y Adán Humberto Bahl, además de los ex presidentes de la Cámara de Diputados José Ángel Allende y Sergio Urribarri. No obstante, según se anticipó anoche, si la pesquisa determina que algún exvicegobernador no firmaba los contratos truchos y la aprobación correspondía al vicepresidente primero, se avanzará contra el senador que ejercía esa función. Por ahora, el primero en quedar bajo la mira es el ex senador Aldo Ballestena, del departamento La Paz.
Los contratos truchos legislativos constituyen la investigación por corrupción más grande en la historia de la provincia. Su origen fue curioso: en la primavera de 2018, un agente policial advirtió movimientos extraños en un cajero de Paraná y alertó a sus superiores porque una persona operaba numerosas tarjetas de débito y “ordeñaba” un cajero automático.
A partir de ese hilo, la pesquisa se encaminó hacia la Legislatura entrerriana y una multiplicidad de contrataciones a terceros que, en varios casos, actuaron como “prestanombres”. Los fiscales determinaron la existencia de una banda integrada por empleados de la Legislatura y personas ajenas al sistema político, organizada para extraer dinero de las arcas públicas.
El 1 de junio de 2021, los fiscales cerraron la Investigación Penal Preparatoria y solicitaron su elevación a juicio oral. Las defensas plantearon una cuestión de competencia, alegando que la causa correspondía a la Justicia Electoral porque, según afirmaron, el dinero desviado habría sido destinado al financiamiento de campañas políticas.
Con el respaldo del juez federal Daniel Alonso, ese planteo logró sacar la investigación de la órbita penal y la discusión pasó sucesivamente por la Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un trámite que paralizó las actuaciones durante años.
La causa se reactivó en los tribunales provinciales en 2024, con un ritmo lento. Las audiencias para la remisión a juicio oral comenzaron recién en 2025 y se suspendieron a mediados de ese año. En lo que llegó a ventilarse en la etapa oral, se describió una estructura que incluía funcionarios públicos, empleados jerárquicos de ambas cámaras legislativas, dos estudios contables y ciudadanos fuera del Estado encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas y endosar cheques, entre otros hechos. Los fiscales sostienen que buena parte del dinero sustraído terminó en inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
Los fiscales encargados de las audiencias son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Entre los abogados que intervinieron están Damián Petenatti e Iván Vernengo, por el imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, defensor de Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, por Ariel Faure; y Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, que representan a Jorge De Breuil. Cullen también defiende a Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
El legajo contó inicialmente con 32 imputados, aunque ese número se redujo: algunas personas accedieron a suspensiones de juicio a prueba, como Esteban Scialocomo; el contador Gustavo Falco fue sobreseído. Otros que obtuvieron probation son María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
Quedaron como imputados Flavia Beckman; Hugo Mena; Ariel Faure; Jorge De Breuli; Gustavo Pérez; Alejandro Almada; Juan Pablo Aguilera; Hernán Díaz; Marta Pérez; Pedro Opromolla; Maximiliano Degani; Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
La elevación a juicio de la primera etapa de los contratos truchos legislativos está prevista para avanzar este año, en mayo según el calendario judicial. En paralelo, se investigará en un expediente aparte a los responsables políticos del desfalco.
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