La noticia fue difundida el miércoles por la noche en el editorial del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral). El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos abrió en noviembre la segunda etapa de la investigación sobre los contratos truchos legislativos. Con la firma de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro —quienes participaron en la elevación a juicio de la primera etapa y se especializan en investigaciones por delitos contra la administración pública—, la pesquisa anuncia un avance en profundidad contra quienes tuvieron responsabilidad política en el desfalco al Estado entrerriano por más de 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018.
Era una promesa del Ministerio Público Fiscal y un reclamo de distintos sectores judiciales y políticos. En 2021, cuando se elevó a juicio la causa por los contratos truchos legislativos, la investigación identificó y acusó sólo a quienes tuvieron responsabilidad administrativa en ambas cámaras y a los estudios contables que estructuraron la maniobra. Quedaron fuera los responsables políticos: ex vicegobernadores y ex presidentes de la Cámara de Diputados. Teniendo en cuenta la cronología del fraude, la segunda etapa abarcaría a los vicegobernadores que completaron sus mandatos Pedro Guillermo Guastavino, José Eduardo Lauritto, José Cáceres y Adán Humberto Bahl; además de los ex presidentes de la Cámara de Diputados en ese mismo período, José Ángel Allende y Sergio Urribarri. No obstante, tal como se adelantó anoche, si la pesquisa determina que algún exvicegobernador no firmaba los contratos truchos y la aprobación correspondía al vicepresidente primero, se avanzaría contra el senador que desempeñaba esa función. Por ahora, el primero en quedar en la mira es el exsenador Aldo Ballestena, del departamento La Paz.
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Los contratos truchos legislativos constituyen la investigación por corrupción más grande en la historia de la provincia. Su origen fue insólito: en la primavera de 2018, un agente policial advirtió movimientos extraños en un cajero de Paraná. Señaló a sus superiores que una sola persona operaba numerosas tarjetas de débito y “ordeñaba” el cajero automático.
Al tirar del hilo, la pesquisa puso en el centro a la Legislatura entrerriana y a una multiplicidad de contrataciones a terceros que, en muchos casos, actuaron como “prestanombres”.
Los fiscales identificaron una organización integrada por empleados de la Legislatura y personas ajenas al sistema político, dedicada a extraer fondos de las arcas públicas.
El 1 de junio de 2021, los fiscales cerraron la Investigación Penal Preparatoria y pidieron su elevación a juicio oral. Los defensores plantearon una cuestión de competencia, sosteniendo que la causa debía tramitarse en la Justicia Electoral porque, según ellos, el dinero desviado se destinó al financiamiento de campañas políticas.
Con el apoyo del juez federal Daniel Alonso, ese planteo prosperó y la causa pasó primero a la Justicia Electoral, luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), de regreso a la Justicia Electoral y otra vez a la CSJN, en un trámite que paralizó las actuaciones durante años.
La investigación se reactivó en los tribunales provinciales en 2024, aunque con lentitud. Las audiencias para la remisión a juicio oral comenzaron recién en 2025 y se interrumpieron a mediados de ese año. En lo que llegó a oralizarse en 2025, se dio cuenta de una estructura compuesta por funcionarios públicos, empleados con jerarquía en ambas cámaras legislativas, dos estudios contables y personas fuera de las estructuras estatales encargadas de conseguir “prestanombres”, falsificar firmas y endosar cheques, entre otras maniobras. Los fiscales sostienen que buena parte del dinero sustraído habría terminado en inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
Los fiscales a cargo de las audiencias son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Entre los abogados intervinientes figuran Damián Petenatti e Iván Vernengo, en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; y Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representantes de Jorge De Breuil. Cullen también defiende a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
El legajo incluyó inicialmente a 32 imputados, aunque la cifra disminuyó porque varias personas accedieron a suspensiones de juicio a prueba, como Esteban Scialocomo; o fueron sobreseídas, como el contador Gustavo Falco. Recibieron probation María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
Como imputados quedaron, entre otros, Flavia Beckman; Hugo Mena; Ariel Faure; Jorge De Breuil; Gustavo Pérez; Alejandro Almada; Juan Pablo Aguilera; Hernán Díaz; Marta Pérez; Pedro Opromolla; Maximiliano Degani; Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
La elevación a juicio de la primera etapa de la causa Contratos truchos legislativos deberá avanzar este año, en mayo, según lo previsto en el calendario judicial. En forma paralela, se investigará en un expediente separado a los responsables políticos del desfalco.
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