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  • Avión intenta aterrizar en Israel entre alarmas por ataque de Irán: repercusiones y postura del Gobierno argentino

    Avión intenta aterrizar en Israel entre alarmas por ataque de Irán: repercusiones y postura del Gobierno argentino

    El momento en que un vuelo en el espacio aéreo israelí intenta aterrizar mientras suenan las alarmas por un ataque de Irán

    Un avión comercial se aproximaba para aterrizar en el espacio aéreo israelí el jueves 5 de marzo de 2026, mientras las sirenas antiaéreas sonaban de fondo advirtiendo sobre un nuevo ataque con misiles lanzados por Irán. En las imágenes difundidas por Reuters, la aeronave aparece dando vueltas sobre la ciudad de Petah Tikva mientras el ulular de las alarmas rompe la calma habitual, marcando el pulso de una nación bajo amenaza.

    El video —cuyos metadatos originales y la comparación con imágenes de archivo y satélite validaron su fecha y ubicación— exhibe la tensión del instante en que el avión intenta aproximarse a tierra durante una alerta que obligó a millones de israelíes a buscar refugio. La reapertura del espacio aéreo israelí, anunciada por el Aeropuerto Ben Gurion, siguió un protocolo estricto: en la primera fase se autorizó solo un vuelo de pasajeros por hora, lo que permitió la llegada de los primeros vuelos de repatriación esa mañana.

    El jueves aterrizaron los primeros dos vuelos de repatriación con ciudadanos israelíes que expresaron alivio por regresar, aunque el miedo no había desaparecido. Durante la aproximación del vuelo captado en el video, las sirenas no cesaban, reflejando el clima de extrema precaución que se vive desde la escalada militar iniciada el 28 de febrero.

    La crisis se agravó tras la llamada “Operación Furia épica” o “León Rugiente”, en la que Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva aérea masiva contra Irán, golpeando infraestructura nuclear y balística, así como posiciones clave de la Guardia Revolucionaria. En respuesta, Irán activó a sus fuerzas aliadas y replicó con el lanzamiento de cientos de misiles y drones no solo sobre territorio israelí, sino también contra bases estadounidenses en Jordania, Kuwait, Bahréin y Qatar.

    La escalada generó reacciones inmediatas en toda la región. Hezbollah incrementó sus ataques desde el sur del Líbano, lo que provocó bombardeos israelíes sobre barrios de Beirut y la zona de Baalbek, empujando a miles de personas a abandonar sus hogares. Además, Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz y se reportaron ataques a petroleros y el hundimiento de naves militares, como el buque Iris Dena.

    El conflicto también ha involucrado indirectamente a países como Turquía, donde se han interceptado misiles en su espacio aéreo. Azerbaiyán, Omán y los Emiratos árabes han reportado daños por la caída de restos de proyectiles. El saldo de víctimas en Irán supera las 1,200 personas, mientras que en Israel y países vecinos las bajas civiles y militares continúan en ascenso.

    La situación provocó un aumento abrupto en los precios del petróleo y el gas, agravando la crisis económica global. Mientras tanto, los combates aéreos siguen sobre Teherán y la ofensiva israelí en el Líbano no da señales de detenerse, pese a los llamados a la calma de Francia, Alemania y el Reino Unido.

  • Juan Bautista Mahiques prestará juramento este mediodía como ministro de Justicia

    Juan Bautista Mahiques prestará juramento este mediodía como ministro de Justicia

    Tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, Juan Bautista Mahiques jurará este jueves como ministro de Justicia. El acto será al mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Según informó TN, estarán presentes el gabinete de Javier Milei y familiares del futuro funcionario.

    La dimisión de Cúneo Libarona se formalizó tras una reunión en la Casa Rosada y fue confirmada por el Gobierno este miércoles. El ahora exfuncionario regresará al ámbito privado, mientras que Mahiques asumirá de manera inmediata este jueves.

    En paralelo al recambio se definió la estructura interna del ministerio. Karina Milei, jefa de La Libertad Avanza y secretaria General de la Presidencia, logró ubicar como número dos de la cartera a Santiago Viola, apoderado de LLA.

    El movimiento implicó el desplazamiento de Sebastián Amerio, un funcionario que respondía al asesor Santiago Caputo. El recambio profundizó aún más la interna entre las dos alas del Gobierno.

    Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia

    Juan Bautista Mahiques fue elegido por el Presidente para conducir una de las carteras más sensibles del Gabinete, en un contexto de reformas institucionales y alta exposición política. Desde el Ejecutivo destacaron la necesidad de garantizar continuidad en la gestión y avanzar con la agenda prevista para el área.

    Antes de asumir como ministro, Mahiques se desempeñaba como fiscal general en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupó desde octubre de 2019. Desde septiembre de 2022 es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), y desde julio de 2024 ejercía como rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

    Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università degli Studi di Roma. En el plano académico, es docente titular en el Ciclo Básico Común de la UBA y en la Universidad Católica Argentina. Entre 2020 y 2024 fue subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública.

    Mahiques integra además la Academia de Capacitación Mundial de la Asociación Internacional de Fiscales, junto a representantes de países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Sudáfrica, República de Corea y Brasil.

    Su trayectoria en el Poder Judicial de la Nación se extiende desde el año 2000. Entre otros cargos, fue consejero representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 2015 y 2019. También actuó como representante del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso.

    Antes de ser elegido presidente de la IAP en septiembre de 2022, había sido miembro ordinario del Comité Ejecutivo de esa entidad y en 2021 fue electo vicepresidente por la Región de Latinoamérica.

    Tras el anuncio, Mahiques difundió un mensaje en el que agradeció al jefe de Estado por la designación. “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, señaló.

    El nuevo ministro sostuvo que ese rumbo “exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”. También agradeció a Karina Milei “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”, y reconoció “el trabajo de Mariano Cúneo Libarona, quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.

    En su mensaje, Mahiques planteó los ejes que buscará impulsar desde el ministerio. “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”, afirmó.

    Y concluyó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

  • Contratos truchos II: segunda parte de la investigación apunta a responsables políticos del desfalco

    Contratos truchos II: segunda parte de la investigación apunta a responsables políticos del desfalco

    El Ministerio Público Fiscal abrió la segunda etapa de la investigación por los “contratos truchos” de la Legislatura. Con la firma de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro (ambos trabajaron en la elevación a juicio de la primera etapa y se especializan en investigaciones por delitos contra la administración pública), la pesquisa promete profundizar contra quienes tuvieron responsabilidad política en el desfalco al Estado provincial por más de 53 millones de dólares entre 2008 y 2018.

    En 2021, cuando se elevó a juicio la primera etapa de la causa, la investigación detectó y acusó únicamente a quienes tuvieron responsabilidad administrativa en ambas cámaras y a quienes integraron los estudios contables que armaron la estructura de los contratos, pero dejó fuera a los responsables políticos: ex vicegobernadores y presidentes de la Cámara de Diputados. Si se considera la cronología de la estafa contra las arcas públicas, la segunda etapa de la investigación abarcaría a los vicegobernadores con mandato cumplido: Pedro Guillermo Guastavino; José Eduardo Lauritto; José Cáceres; y Adán Humberto Bahl. Además, alcanzaría a los extitulares de Diputados en el mismo período, José Ángel Allende y Sergio Urribarri. No obstante, si la pesquisa determina que algún exvicegobernador no firmaba los contratos y la aprobación correspondía al vicepresidente primero, se avanzaría contra el senador que ejercía esa función. Hasta ahora, el primero que aparece en la mira es el exlegislador Aldo Ballestena, del departamento La Paz.

    La pesquisa sobre los contratos legislativos es la investigación por corrupción más grande en la historia de Entre Ríos. Comenzó de forma curiosa: en la primavera de 2018 un agente policial observó movimientos extraños en un banco de Paraná y alertó a sus superiores porque una sola persona operaba numerosas tarjetas de débito y “ordeñaba” un cajero automático. Algunos investigadores tiraron del hilo y se abrió la causa, que puso en el centro a la Legislatura y a una multiplicidad de contrataciones a terceros que, en distintos casos, actuaron como “prestanombres”.

    Los fiscales pudieron determinar la existencia de una banda integrada por empleados de la Legislatura y por personas ajenas al aparato político, organizada para extraer dinero de las arcas públicas.

    El 1º de junio de 2021 los fiscales decidieron cerrar la investigación penal preparatoria y solicitar su elevación a juicio oral. Los abogados defensores presentaron un planteo de competencia en el que sostuvieron que la causa debía resolverse en la Justicia Electoral porque, según alegaron, el dinero desviado se destinó al financiamiento de campañas políticas.

    Los letrados lograron sacar la investigación de la órbita penal con el apoyo del juez federal Daniel Alonso, quien hizo lugar al planteo, y consiguieron que la discusión pasara primero a la Justicia Electoral, luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de vuelta a la Justicia Electoral y otra vez a la Corte, en un trámite que paralizó las actuaciones durante años.

    La investigación se reactivó en los tribunales provinciales en 2024. Las audiencias para la remisión a juicio oral comenzaron recién en 2025 y se interrumpieron a mediados de ese año. En lo que llegó a oralizarse el año pasado se ventiló una estructura compuesta por funcionarios públicos, empleados con jerarquía en ambas cámaras legislativas, dos estudios contables y ciudadanos ajenos a las estructuras del Estado, encargados de conseguir “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otras maniobras. Quedó al descubierto la presunción fiscal de que buena parte del dinero sustraído terminó en inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.

    Los fiscales que quedaron a cargo de las audiencias son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Intervinieron los abogados Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; y Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos en representación de Jorge De Breuil. Cullen, además, defiende a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

    El legajo tuvo inicialmente 32 imputados, aunque quedaron menos porque algunas personas accedieron a suspensiones de juicio a prueba, como Esteban Scialocomo, o fueron sobreseídos, como el contador Gustavo Falco. Otros que obtuvieron probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.

    De modo que como imputados quedaron Flavia Beckman, Hugo Mena, Ariel Faure, Jorge De Breuli, Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla, Maximiliano Degani, Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.

    La elevación a juicio de los contratos truchos legislativos I deberá avanzar este año, en mayo, como está previsto en el calendario judicial. En simultáneo, se investigará en un expediente paralelo a los responsables políticos de la estafa.

  • Allanamientos por hurto millonario: secuestraron dólares, millones de pesos y celulares a empleados de concesionaria

    Allanamientos por hurto millonario: secuestraron dólares, millones de pesos y celulares a empleados de concesionaria

    Una investigación policial sobre el robo de dólares ocurrido el 15 de enero en una concesionaria de avenida Almafuerte, en la ciudad de Paraná, derivó este miércoles en una serie de allanamientos en distintos domicilios.

    Los operativos, a cargo de la División Robos y Hurtos, permitieron secuestrar dinero en moneda nacional y extranjera, además de teléfonos celulares. Los procedimientos se ejecutaron antes de que los trabajadores salieran hacia su empleo en la empresa que comercializa automóviles y utilitarios.

    En una vivienda de la zona de División de los Andes se incautaron más de 2.500 dólares, alrededor de cuatro millones de pesos argentinos y un teléfono celular que será sometido a peritajes. En otro domicilio, ubicado en calle Fraternidad, se secuestraron varios teléfonos celulares que podrían aportar elementos de interés para la causa.

    El hecho investigado corresponde al hurto de unos 20.000 dólares denunciado por un comerciante de Paraná. Los ladrones desconectaron el sistema de videovigilancia, creyendo que así no serían descubiertos. Sin embargo, el trabajo de los funcionarios de Robos y Hurtos permitió ir obteniendo pistas sobre los presuntos autores del ilícito, publicó Ahora.

    Según se informó, un empleado quedó supeditado a la causa y los elementos secuestrados serán analizados en los próximos días. La fiscal Jimena Ballestero, de Atención Primera, supervisa la investigación, que continúa en curso.

  • Se reinician las obras de las represas de Santa Cruz: financiamiento internacional permite volver a operar una central

    Se reinician las obras de las represas de Santa Cruz: financiamiento internacional permite volver a operar una central

    El gobierno argentino confirmó el reinicio de las obras de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, tras un acuerdo entre Enarsa, las empresas que integran la unión transitoria de empresas (UTE) y la provincia. El proyecto había permanecido paralizado desde diciembre de 2023 y presentaba un avance del 42% en la central La Barrancosa-Jorge Cepernic y del 20% en la represa Cóndor Cliff.

    El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se regularizaron las condiciones para retomar los trabajos en la represa Cepernic, con la posibilidad de que la obra concluya en 2030 y aporte 1860 GWh al Sistema Argentino Interconectado. Caputo afirmó: “Cumplimos los compromisos asumidos y seguimos normalizando el sector energético”.

    El financiamiento para la reactivación llegó con el desembolso de 150 millones de dólares de un crédito internacional otorgado por bancos chinos. De ese monto, 136 millones de dólares ingresaron al país, mientras que el resto permanece en China para la compra de usinas y equipos. Hasta el momento, se transfirieron 1850 millones de un total comprometido de 4714 millones de dólares.

    La UTE responsable de la obra está compuesta en un 54% por la empresa china Gezhouba, un 36% por Eling Energía y un 10% por Hidrocuyo. La provincia sostuvo que la reactivación tendrá un impacto estratégico en el empleo y la matriz energética nacional. El acuerdo contempla la reincorporación de 1800 operarios y la generación indirecta de más de 2200 puestos de trabajo.

    La represa La Barrancosa (renombrada Jorge Cepernic) tenía prevista su puesta en generación para 2020, pero sufrió demoras por cuestiones ambientales, financieras y la pandemia, por lo que la finalización se postergó hasta 2027. El gobernador Claudio Vidal impulsó el acercamiento con el gobierno chino, junto con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, para destrabar la situación.

    Cóndor Cliff, que presenta un avance del 20%, permanece frenada desde 2018 por deslizamientos de terreno y se evalúa un cambio de comitente nacional, de modo que la empresa estatal en proceso de privatización dejaría de serlo para pasar a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas.

    El acuerdo para reactivar los trabajos incluye la prioridad de contratación de mano de obra local en Santa Cruz, donde la normativa establece un 90% obligatorio de empleo provincial. El ministro de Energía de la provincia, Jaime Álvarez, remarcó que quienes trabajaron previamente en las represas y tengan domicilio en la provincia serán prioridad en la reincorporación.

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  • Mahiques asumió como ministro de Justicia: Boletín Oficial confirma reemplazo de Cúneo Libarona

    Mahiques asumió como ministro de Justicia: Boletín Oficial confirma reemplazo de Cúneo Libarona

    El Gobierno nacional oficializó la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 133/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que el funcionario asumió sus funciones a partir del 5 de marzo.

    El presidente Javier Milei había anunciado la designación con antelación, aunque la confirmación oficial llegó durante la madrugada de este miércoles. En la misma normativa —firmada por el mandatario y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni— se aceptó la renuncia de Cúneo Libarona, con efecto desde el 4 de marzo.

    Desígnase, a partir del 5 de marzo de 2026, en el cargo de Ministro de Justicia al doctor Juan Bautista Mahiques”, señala el artículo 3° del decreto.

    Juan Bautista Mahiques 04032026

    Cambio en la conducción del Ministerio de Justicia

    La salida de Cúneo Libarona se inscribe en una reconfiguración del gabinete nacional. Según fuentes oficiales, su renuncia estaba prevista desde hacía meses y se había acordado que marzo sería el plazo máximo para su continuidad en el cargo.

    Antes de asumir formalmente, Mahiques se reunió con el exministro para coordinar la transición y asegurar la continuidad administrativa de la cartera.

    En paralelo, el Gobierno dispuso modificaciones en el equipo de conducción del ministerio. En ese marco, Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza, fue designado como nuevo secretario de Justicia, en reemplazo de Sebastián Amerio.

    El respaldo político a la nueva gestión

    Desde el oficialismo indicaron que Mahiques asumió con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de las figuras más próximas al presidente.

    Tras conocerse su nombramiento, el nuevo ministro difundió un mensaje en la red social X en el que agradeció al jefe de Estado por la confianza depositada.

    “Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, expresó.

    En ese sentido, sostuvo que el país necesita fortalecer las instituciones y garantizar reglas claras dentro del sistema judicial.

    “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas”, señaló el funcionario.

    Quién es Juan Bautista Mahiques

    Antes de su designación como ministro, Juan Bautista Mahiques se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupaba desde 2019. Además, desde 2022 preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), una entidad que agrupa a fiscales de distintos países.

    En su trayectoria también fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri.

    Su arribo al Ministerio de Justicia se da en un momento en el que el Gobierno pretende impulsar reformas destinadas a reforzar la seguridad jurídica, promover inversiones y modernizar el funcionamiento del sistema judicial.

    Mahiques proviene de una familia con fuerte presencia en el ámbito judicial argentino. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, preside la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, uno de los tribunales más relevantes del país.

    Además, uno de sus hermanos, Ignacio Mahiques, se desempeña como fiscal porteño y participó como adjunto en la causa conocida como Vialidad, mientras que Esteban Mahiques ocupa un cargo en la Cancillería argentina.

  • Tensión regional: Israel despliega fuerzas en Monte Dov y renueva evacuación en el sur del Líbano

    Tensión regional: Israel despliega fuerzas en Monte Dov y renueva evacuación en el sur del Líbano

    El ejército israelí informó el jueves que fuerzas de la Brigada “Montaña” (810), bajo el mando de la División 210, operan en diversas localidades del área del Monte Dov, en el sur del Líbano, en el marco de la ofensiva terrestre que Israel amplió esta semana contra Hezbollah.

    Según el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las operaciones tienen como objetivo “exponer infraestructura enemiga, impedir el refuerzo de la organización terrorista Hezbollah más allá de la frontera y fortalecer la línea de defensa para los habitantes del norte”.

    El despliegue se produce en medio de la campaña activa de Israel en múltiples frentes en Líbano. El ejército dijo haber atacado 80 objetivos en el país en las últimas 24 horas, entre ellos “varios centros de comando” utilizados por Hezbollah en Beirut.

    Al menos ocho personas murieron en el Líbano el jueves como consecuencia de ataques israelíes. Entre las víctimas se cuentan el alcalde de una localidad de la región de Nabatieh y su esposa, así como dos niños y sus padres en una aldea cercana, según informes locales. El Ministerio de Salud libanés confirmó además dos muertos en un ataque contra un vehículo cerca de la ciudad de Zahle, en el este del país.

    En las primeras horas de la mañana, un dron israelí impactó en un apartamento en Beddawi, campamento de refugiados palestinos cercano a Trípoli, en el norte, matando a Wassim Atallah al-Ali, un alto funcionario de Hamas, y a su esposa.

    En respuesta, Hezbollah —que arrastró al Líbano al conflicto regional el lunes al atacar a Israel— dijo haber lanzado misiles contra posiciones en la zona de Galilea.

    El ejército israelí también renovó su advertencia de evacuación para residentes de cientos de kilómetros cuadrados del sur del Líbano. El portavoz en árabe de las FDI, Avichay Adraee, publicó en X: “Advertencia urgente a los residentes del sur del Líbano: deben continuar evacuando de inmediato hacia el norte del río Litani”. La advertencia incluyó a las ciudades de Tiro y Bint Jbeil.

    El martes, Israel anunció que establecía una zona de amortiguamiento dentro del Líbano para proteger a los residentes israelíes. Al día siguiente, informó que tropas de tres divisiones —incluyendo unidades de infantería, blindados e ingeniería— operaban en territorio libanés.

    Las operaciones en el Monte Dov se enmarcan en el conflicto más amplio que desde el sábado enfrenta a Israel y Estados Unidos con Irán. La ofensiva inicial, que mató al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, e impactó arsenales de misiles e instalaciones nucleares, desencadenó represalias iraníes que se han extendido de forma errática por toda la región.

    De acuerdo con cifras oficiales, el conflicto ha causado la muerte de más de 1.000 personas en Irán, más de 70 en el Líbano y alrededor de una docena en Israel. La guerra también ha perturbado el suministro mundial de petróleo y gas, afectado el comercio marítimo internacional y dejado varados a cientos de miles de viajeros en Oriente Medio.

    El ejército israelí afirmó que los lanzamientos desde Irán han disminuido a medida que los ataques han destruido misiles balísticos, lanzaderas y drones, y señaló que comenzaba a levantar algunas de las restricciones que mantenían cerrados lugares de trabajo en todo el país. Las escuelas permanecerán cerradas.

  • Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos abre investigación por la causa contratos truchos II

    Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos abre investigación por la causa contratos truchos II

    La noticia se conoció este miércoles por la noche en el editorial del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral). El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos abrió el 23 de noviembre la segunda etapa de la investigación por los contratos truchos legislativos. La resolución, firmada por los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro —quienes participaron en la elevación a juicio de la primera etapa y se especializan en delitos contra la administración pública—, apunta a profundizar la pesquisa contra quienes tuvieron responsabilidad política en el desfalco al Estado entrerriano por más de 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018.

    Era una promesa del Ministerio Público Fiscal y un reclamo de distintos sectores judiciales y políticos. En 2021, cuando se elevó a juicio la primera etapa de la causa, la investigación identificó y acusó únicamente a quienes tuvieron responsabilidad administrativa en ambas cámaras y a quienes integraron los estudios contables que articularon la maniobra. Sin embargo, dejó afuera a los responsables políticos: exvicegobernadores y ex presidentes de la Cámara de Diputados. Teniendo en cuenta la cronología de la estafa, la segunda etapa abarcaría a los vicegobernadores con mandato cumplido Pedro Guillermo Guastavino; José Eduardo Lauritto; José Cáceres; y Adán Humberto Bahl, además de los ex presidentes de la Cámara de Diputados José Ángel Allende y Sergio Urribarri. No obstante, según se anticipó anoche, si la pesquisa determina que algún exvicegobernador no firmaba los contratos truchos y la aprobación correspondía al vicepresidente primero, se avanzará contra el senador que ejercía esa función. Por ahora, el primero en quedar bajo la mira es el ex senador Aldo Ballestena, del departamento La Paz.

    Los contratos truchos legislativos constituyen la investigación por corrupción más grande en la historia de la provincia. Su origen fue curioso: en la primavera de 2018, un agente policial advirtió movimientos extraños en un cajero de Paraná y alertó a sus superiores porque una persona operaba numerosas tarjetas de débito y “ordeñaba” un cajero automático.

    A partir de ese hilo, la pesquisa se encaminó hacia la Legislatura entrerriana y una multiplicidad de contrataciones a terceros que, en varios casos, actuaron como “prestanombres”. Los fiscales determinaron la existencia de una banda integrada por empleados de la Legislatura y personas ajenas al sistema político, organizada para extraer dinero de las arcas públicas.

    El 1 de junio de 2021, los fiscales cerraron la Investigación Penal Preparatoria y solicitaron su elevación a juicio oral. Las defensas plantearon una cuestión de competencia, alegando que la causa correspondía a la Justicia Electoral porque, según afirmaron, el dinero desviado habría sido destinado al financiamiento de campañas políticas.

    Con el respaldo del juez federal Daniel Alonso, ese planteo logró sacar la investigación de la órbita penal y la discusión pasó sucesivamente por la Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un trámite que paralizó las actuaciones durante años.

    La causa se reactivó en los tribunales provinciales en 2024, con un ritmo lento. Las audiencias para la remisión a juicio oral comenzaron recién en 2025 y se suspendieron a mediados de ese año. En lo que llegó a ventilarse en la etapa oral, se describió una estructura que incluía funcionarios públicos, empleados jerárquicos de ambas cámaras legislativas, dos estudios contables y ciudadanos fuera del Estado encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas y endosar cheques, entre otros hechos. Los fiscales sostienen que buena parte del dinero sustraído terminó en inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.

    Los fiscales encargados de las audiencias son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Entre los abogados que intervinieron están Damián Petenatti e Iván Vernengo, por el imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, defensor de Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, por Ariel Faure; y Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, que representan a Jorge De Breuil. Cullen también defiende a Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

    El legajo contó inicialmente con 32 imputados, aunque ese número se redujo: algunas personas accedieron a suspensiones de juicio a prueba, como Esteban Scialocomo; el contador Gustavo Falco fue sobreseído. Otros que obtuvieron probation son María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.

    Quedaron como imputados Flavia Beckman; Hugo Mena; Ariel Faure; Jorge De Breuli; Gustavo Pérez; Alejandro Almada; Juan Pablo Aguilera; Hernán Díaz; Marta Pérez; Pedro Opromolla; Maximiliano Degani; Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

    La elevación a juicio de la primera etapa de los contratos truchos legislativos está prevista para avanzar este año, en mayo según el calendario judicial. En paralelo, se investigará en un expediente aparte a los responsables políticos del desfalco.

  • Drones iraníes atacaron aeropuerto y escuela en Najicheván: repudio internacional y tensión geopolítica

    Drones iraníes atacaron aeropuerto y escuela en Najicheván: repudio internacional y tensión geopolítica

    La cancillería azerbaiyana afirmó en su declaración: “Este ataque sobre el territorio de Azerbaiyán contradice las normas y principios del derecho internacional y contribuye a aumentar las tensiones en la región”.

    Videos de testigos presenciales, verificados por Reuters mediante la comparación con imágenes satelitales y material de archivo del aeropuerto, muestran el instante en que uno de los drones estalló al impactar contra el suelo y una columna de humo se elevó sobre la terminal. Las grabaciones también evidenciaron daños en el techo del edificio desde su interior.

    Un dron explota en el aeropuerto de Najicheván, Azerbaiyán, el 5 de marzo de 2026. El lugar está a apenas 10 km de la frontera con Irán. (Redes sociales/vía REUTERS)

    Humo se eleva tras la explosión de un dron en el aeropuerto de Najicheván, Azerbaiyán, el 5 de marzo de 2026. Bakú calificó los ataques como una violación al derecho internacional. (Redes sociales/vía REUTERS)

    En un comunicado más enfático, el Ministerio de Defensa azerbaiyano advirtió que está “preparando las medidas de represalia necesarias para proteger la integridad territorial y la soberanía del país y garantizar la seguridad de los civiles y la infraestructura civil”. “Estos actos de ataque no quedarán sin respuesta”, añadió.

    Azerbaiyán exigió, además, que Irán proporcione una explicación “en el menor tiempo posible” y adopte con urgencia las medidas necesarias para evitar la repetición de incidentes similares.

    Humo se eleva tras la explosión de un dron en el aeropuerto de Najicheván, Azerbaiyán, el 5 de marzo de 2026. Un segundo dron cayó cerca de una escuela en la aldea de Shekerabad. (Redes sociales/vía REUTERS)

    El incidente ocurre en un contexto de tensión entre ambos países vecinos. Irán ha expresado repetidamente su preocupación por la estrecha relación entre Azerbaiyán e Israel —aliado clave y principal proveedor de armamento de Bakú— y por el riesgo de que territorio azerbaiyano sea utilizado para lanzar ataques contra suelo iraní. El pasado mes de junio, Azerbaiyán aseguró a Teherán que no permitiría el uso de su territorio con ese fin, luego de que Israel ejecutara una ofensiva a gran escala contra objetivos en Irán.

    Teherán también ha mantenido históricamente una postura cautelosa frente al sentimiento separatista entre su minoría étnica azerbaiyana, que representa alrededor de 10 millones de los 83 millones de habitantes de Irán.

    El gobierno iraní no emitió por el momento una declaración pública sobre los incidentes.

  • El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos decidió abrir la investigación de la causa Contratos II

    El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos decidió abrir la investigación de la causa Contratos II

    La noticia fue difundida el miércoles por la noche en el editorial del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral). El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos abrió en noviembre la segunda etapa de la investigación sobre los contratos truchos legislativos. Con la firma de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro —quienes participaron en la elevación a juicio de la primera etapa y se especializan en investigaciones por delitos contra la administración pública—, la pesquisa anuncia un avance en profundidad contra quienes tuvieron responsabilidad política en el desfalco al Estado entrerriano por más de 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018.

    Era una promesa del Ministerio Público Fiscal y un reclamo de distintos sectores judiciales y políticos. En 2021, cuando se elevó a juicio la causa por los contratos truchos legislativos, la investigación identificó y acusó sólo a quienes tuvieron responsabilidad administrativa en ambas cámaras y a los estudios contables que estructuraron la maniobra. Quedaron fuera los responsables políticos: ex vicegobernadores y ex presidentes de la Cámara de Diputados. Teniendo en cuenta la cronología del fraude, la segunda etapa abarcaría a los vicegobernadores que completaron sus mandatos Pedro Guillermo Guastavino, José Eduardo Lauritto, José Cáceres y Adán Humberto Bahl; además de los ex presidentes de la Cámara de Diputados en ese mismo período, José Ángel Allende y Sergio Urribarri. No obstante, tal como se adelantó anoche, si la pesquisa determina que algún exvicegobernador no firmaba los contratos truchos y la aprobación correspondía al vicepresidente primero, se avanzaría contra el senador que desempeñaba esa función. Por ahora, el primero en quedar en la mira es el exsenador Aldo Ballestena, del departamento La Paz.

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    Los contratos truchos legislativos constituyen la investigación por corrupción más grande en la historia de la provincia. Su origen fue insólito: en la primavera de 2018, un agente policial advirtió movimientos extraños en un cajero de Paraná. Señaló a sus superiores que una sola persona operaba numerosas tarjetas de débito y “ordeñaba” el cajero automático.

    Al tirar del hilo, la pesquisa puso en el centro a la Legislatura entrerriana y a una multiplicidad de contrataciones a terceros que, en muchos casos, actuaron como “prestanombres”.

    Los fiscales identificaron una organización integrada por empleados de la Legislatura y personas ajenas al sistema político, dedicada a extraer fondos de las arcas públicas.

    El 1 de junio de 2021, los fiscales cerraron la Investigación Penal Preparatoria y pidieron su elevación a juicio oral. Los defensores plantearon una cuestión de competencia, sosteniendo que la causa debía tramitarse en la Justicia Electoral porque, según ellos, el dinero desviado se destinó al financiamiento de campañas políticas.

    Con el apoyo del juez federal Daniel Alonso, ese planteo prosperó y la causa pasó primero a la Justicia Electoral, luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), de regreso a la Justicia Electoral y otra vez a la CSJN, en un trámite que paralizó las actuaciones durante años.

    La investigación se reactivó en los tribunales provinciales en 2024, aunque con lentitud. Las audiencias para la remisión a juicio oral comenzaron recién en 2025 y se interrumpieron a mediados de ese año. En lo que llegó a oralizarse en 2025, se dio cuenta de una estructura compuesta por funcionarios públicos, empleados con jerarquía en ambas cámaras legislativas, dos estudios contables y personas fuera de las estructuras estatales encargadas de conseguir “prestanombres”, falsificar firmas y endosar cheques, entre otras maniobras. Los fiscales sostienen que buena parte del dinero sustraído habría terminado en inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.

    Los fiscales a cargo de las audiencias son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Entre los abogados intervinientes figuran Damián Petenatti e Iván Vernengo, en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; y Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representantes de Jorge De Breuil. Cullen también defiende a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

    El legajo incluyó inicialmente a 32 imputados, aunque la cifra disminuyó porque varias personas accedieron a suspensiones de juicio a prueba, como Esteban Scialocomo; o fueron sobreseídas, como el contador Gustavo Falco. Recibieron probation María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.

    Como imputados quedaron, entre otros, Flavia Beckman; Hugo Mena; Ariel Faure; Jorge De Breuil; Gustavo Pérez; Alejandro Almada; Juan Pablo Aguilera; Hernán Díaz; Marta Pérez; Pedro Opromolla; Maximiliano Degani; Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

    La elevación a juicio de la primera etapa de la causa Contratos truchos legislativos deberá avanzar este año, en mayo, según lo previsto en el calendario judicial. En forma paralela, se investigará en un expediente separado a los responsables políticos del desfalco.