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La Fiscalía apeló hoy la resolución de la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil Marta Pascual, que suspendió preventivamente durante 60 días la aplicación de la nueva ley penal juvenil, que estableció la baja en la edad de imputabilidad, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, y pidió que la medida quede sin efecto mientras interviene la Cámara de Apelación y Garantías.

El recurso fue presentado por la Delegación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, dependiente de la Fiscalía General Departamental de Lomas de Zamora, dentro del hábeas corpus preventivo colectivo iniciado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La presentación del fiscal Hernán Cerutti cuestionó la decisión que Pascual había adoptado el lunes respecto de la ley que estableció en los 14 años la responsabilidad penal.

La apelación contiene una impugnación jurídica e institucional especialmente dura contra el fallo. La Fiscalía sostuvo que la jueza utilizó una acción de hábeas corpus para suspender de manera general una ley nacional que fue sancionada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo y entró en vigencia, pese a que en el expediente no se acreditó una afectación concreta, actual o inminente de la libertad de ningún adolescente.

Para el Ministerio Público, la resolución provoca un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, porque extiende los efectos de una decisión judicial a todo el territorio bonaerense sin identificar un acto particular, ilegal o arbitrario que hubiera afectado la libertad personal de alguno de los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.

La decisión de la magistrada generó un fuerte impacto político, con anuncios de pedidos de enjuciamiento a Pascual, y denuncias de la sociedad civil, como Usina de Justicia, representada por el abogado Fernando Soto.

El cuestionamiento al uso del hábeas corpus

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la utilización del instituto de hábeas corpus. La Fiscalía recordó que el artículo 405 del Código Procesal Penal bonaerense establece que esa herramienta procede cuando existe una acción u omisión que, de manera actual o inminente y en forma ilegal o arbitraria, provoca una restricción o una amenaza a la libertad personal.

Según el recurso, ninguna de esas circunstancias fue acreditada en este caso. No se identificó un adolescente detenido como consecuencia de la aplicación de la ley que estableció en los 14 años la imputabiidad, tampoco una decisión policial, administrativa, judicial o penitenciaria concreta que hubiera restringido ilegalmente su libertad ni una situación particular de alojamiento agravada por la nueva normativa.

La Fiscalía utilizó además un argumento contenido en el propio fallo de Pascual. Señaló que la magistrada reconoció que buena parte de los cuestionamientos formulados contra la nueva ley debería analizarse en los casos particulares que lleguen a los tribunales. Para el Ministerio Público, esa consideración resulta contradictoria con la decisión posterior de suspender de manera general la aplicación de la norma en toda la provincia.

El segundo eje de la apelación está dirigido contra los fundamentos utilizados para prever las consecuencias que produciría la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al nuevo sistema.

Pascual sostuvo que la aplicación del régimen podía aumentar considerablemente el número de jóvenes alcanzados por el sistema penal y que la provincia debía contar previamente con la infraestructura, los recursos profesionales y las condiciones materiales necesarias para garantizar sus derechos.

La Fiscalía objetó que esa conclusión fue formulada sin datos concretos que permitieran acreditar que la aplicación inmediata de la ley produciría necesariamente esa situación.

En uno de los pasajes más importantes del escrito, enumeró una serie de interrogantes que, a su criterio, el fallo no respondió: cuántos adolescentes de 14 y 15 años serán efectivamente incorporados al sistema, cuántos podrían ser privados de su libertad, cuántos terminarían alojados en dispositivos provinciales, cuál será la capacidad disponible en esos establecimientos y qué medidas de adecuación podría adoptar el gobierno bonaerense, entre otros temas.

“La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza”, sostuvo la Fiscalía al cuestionar la ausencia de estadísticas u otros elementos empíricos que permitan establecer una relación directa entre la entrada en vigencia de la ley y una eventual vulneración masiva de derechos. El recurso también remarcó que la nueva legislación no establece que todos los adolescentes sometidos al régimen deban ser privados de su libertad.

Otro aspecto de la discusión está relacionado con las condiciones de los centros donde son alojados los menores.

La resolución de Pascual tomó especialmente en consideración la situación del Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde la capacidad había sido limitada a 60 adolescentes por las condiciones existentes.

La Fiscalía no relativizó las deficiencias que pudieran existir en ese establecimiento, pero sostuvo que una situación particular no permite concluir que todos los dispositivos bonaerenses se encuentren en las mismas condiciones y, a partir de esa premisa, impedir la aplicación de una ley nacional en toda la provincia.

“Resulta jurídicamente” improcedente, según el recurso, trasladar automáticamente la situación de un establecimiento al conjunto del sistema. Para llegar a semejante conclusión, afirmó, debería existir una evaluación “mucho más amplia, concreta y actualizada” de todos los centros de alojamiento.

La apelación también plantea que existen mecanismos judiciales específicos para intervenir frente a establecimientos que no tengan condiciones adecuadas: fijar límites de alojamiento, disponer medidas correctivas, ordenar traslados o controlar las condiciones concretas de detención. Esas herramientas, argumentó el Ministerio Público, permiten proteger a los adolescentes sin suspender de manera general el régimen penal juvenil.

La crítica institucional y la discusión sobre la división de poderes

Pero otro de los cuestionamientos más fuertes aparece en el capítulo dedicado a la división de poderes.

Según la Fiscalía, suspender durante 60 días una ley nacional en toda la provincia representa una decisión de “extraordinaria trascendencia institucional”. El recurso reconoce la facultad de los jueces para ejercer el control de constitucionalidad y proteger derechos fundamentales en los casos sometidos a su jurisdicción, pero sostiene que esa atribución no puede convertirse en una potestad para suspender preventivamente una ley a partir de hipótesis sobre sus eventuales efectos.

“La decisión recurrida, en los hechos, sustituye al Congreso de la Nación”, afirmó el Ministerio Público al sostener que Pascual avanzó sobre la definición de la política legislativa y criminal respecto de los adolescentes.

La apelación marcó además otra contradicción que considera central: la magistrada suspendió la aplicación de la ley y, simultáneamente, convocó a una audiencia a funcionarios del Poder Ejecutivo bonaerense para que informaran cuáles son las medidas previstas para instrumentar el nuevo régimen y cuáles son los plazos y recursos disponibles.

Para la Fiscalía, el orden debió haber sido exactamente el contrario.

El escrito sostiene que Pascual reconoció que todavía necesitaba información sustancial sobre la capacidad de implementación de la ley, pero tomó la decisión cautelar antes de recibirla. De esa manera, según el recurso, la resolución “parte de una hipótesis y posteriormente dispone producir la prueba que podría confirmar o descartar esa hipótesis”.

El Ministerio Público también rechazó que el carácter preventivo del hábeas corpus permita sortear esas exigencias. Señaló que la protección reforzada de niños y adolescentes es una obligación constitucional y convencional, pero sostuvo que ello no habilita a convertir esa herramienta en una acción destinada a realizar un control abstracto de una ley.

“El carácter preventivo del hábeas corpus permite actuar frente a una amenaza concreta e inminente; no elimina la necesidad de demostrar la existencia de esa amenaza”, señaló la presentación.

La Fiscalía incorporó además un elemento posterior a la sanción de la ley. Indicó que el mismo 7 de septiembre se dictó el Decreto 875/2026, mediante el cual fue aprobada la reglamentación de la Ley 27.801 y se designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.

Según el recurso, ese dato refuerza la necesidad de analizar de manera concreta cómo será implementado el nuevo régimen antes de disponer su suspensión general en territorio bonaerense.

La definición ahora quedará en manos de la instancia superior. La Fiscalía solicitó que la apelación sea concedida con efecto suspensivo, una cuestión decisiva porque implicaría que la cautelar de Pascual deje de producir efectos mientras se analiza el recurso.

Además pidió que el expediente sea elevado a la Cámara de Apelación y Garantías competente y que finalmente se revoque la resolución del 7 de septiembre que suspendió durante 60 días la aplicación de la nueva legislación penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.

El efecto de los nuevos autos importados asiáticos que están llegando a las calles es un fenómeno que se ve Argentina pero más aún en Brasil, donde hace tres años ya se siente un gran cambio en la composición del mercado.

Las cifras de autos 0 km patentados de los primeros ocho meses del año en ese país muestran claramente el cambio de situación. Volkswagen tiene el 18% del mercado de autos de pasajeros, Fiat el 13%, Chevrolet el 11%, BYD el 10% y Hyundai el 8%.

Entre los modelos más vendidos en la categoría de autos convencionales, sean hatchbacks o sedanes, lidera el Volkswagen Polo (74.903), seguido por el Fiat Argo (63.451) y el Chevrolet Onix (62.055). Sin embargo, el BYD Dolphin Mini está cuarto con 51.225 unidades, por delante de modelos como Hyundai HB20, Fiat Mobi y el Renault Kwid.

Entonces, no resulta casual que las terminales locales hayan decidido reforzar su propuesta de modelos accesibles, muchos de los cuales ya están en el mercado local también o llegarán en los próximos meses, como una forma de renovar la fidelidad de los clientes con sus modelos y evitar que salten a una marca importada.

Volkswagen lanzó hace algunos meses la gama Sense como una nueva versión de entrada, es decir, el modelo más básico en equipamiento y performance mecánica, que aplicó tanto al Virtus como al Nivus y el T-Cross.

En todos los casos, esos modelos salieron al mercado argentino con precios muy por debajo de la anterior versión más accesible. Después sumó el Polo Robust con el mismo concepto, aunque distinto nombre.

El Polo Robust cuesta hoy $30,2 millones contra $39,3 millones del Track; el Virtus Sense vale $35,2 millones contra $39 millones del Trendline; el Nivus Sense cuesta $34,8 millones contra $48,3 millones del Trendline, y el T-Cross Sense se vende en $39,6 millones contra $55,8 millones de la siguiente versión del modelo.

Nissan hizo algo diferente y renovó totalmente el Kicks Play, que había quedado como el B-SUV más accesible ante la llegada del Nuevo Kicks que sube al segmento C. El nuevo modelo de entrada se llama Nissan Kait, y cuesta $36,6 millones y está muy por debajo de los precios de Kicks que arrancan desde los $46,5 millones.

Después vino Renault, primero al lanzar el nuevo Kwid 2027, que ya se vende en Brasil. Es el mismo auto que tenemos en el mercado con una renovación estética y de equipamiento interior, que en Brasil se vende en R$ 71.190, equivalentes a unos USD 13.900.

Ese auto debe competir con el Fiat Mobi, que tiene un precio similar, y con un BYD Dolphin Mini que cuesta unos 21.000 dólares. En Argentina, el Kwid actual tiene un precio de $28,3 millones, o USD 18.500.

Ahora, se conoce un nuevo modelo de Renault Kardian, que empieza a comercializarse en Brasil este mes bajo la denominación de Kardian Vibe, y que tiene como cualidad, ser una nueva versión de entrada a la gama, con un precio de unos USD 19.500, pero incorporando el motor turbo 1.0 litros de tres cilindros combinado con caja manual de 6 velocidades.

Su llegada a Argentina no está confirmada, aunque se lo espera el año próximo. El Kardian más accesible en Argentina es el 1.6 Evolution, también con caja manual, y tiene un precio de USD 26.000.

Finalmente, esta semana se conoció que Stellantis ya comercializa en el mercado local el nuevo Fiat Mobi Trekking, ahora rediseñado exteriormente, que tiene el nuevo motor 1.0 Firefly de tres cilindros y 71 CV de potencia.

Esta nueva versión promete una reducción en el consumo de combustible de 6,5 a 5,5 litros cada 100 kilómetros. El precio de lanzamiento del vehículo es $30.280.000, que equivale a unos 19.800 dólares. En Brasil, este modelo tiene un precio que ronda losa USD 16.600.

El asado en Marina Chica, San Fernando, fue largo y muy hablado. Arrancó pasadas las 20 y se extendió hasta las 2 de la madrugada. El protagonista de la velada fue Sergio Massa. Junto a él estuvieron los integrantes de la Liga de Intendentes, un grupo que se armó en el medio de la interna del peronismo bonaerense con el fin de convertirse en un eje de unidad.

Las muestras de ese objetivo se terminaron de materializar ayer. El líder del Frente Renovador fue la última parada en el espinel que están recorriendo un grupo de intendentes bonaerenses, mayoritariamente del conurbano. Antes habían estado con Axel Kicillof y con Máximo Kirchner. Anoche fue el turno de Massa, que dejó sobre la mesa definiciones importantes para el futuro de la discusión justicialista.

En la cena estuvieron los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gastón “Gato” Granados (Ezeiza), Mariel Fernández (Moreno), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), Juan de Jesús (Partido de la Costa), Marisa Fassi (Cañuelas) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

El mensaje más contundente de Massa fue sobre la necesidad de la unidad del peronismo. Ahí reside la clave para poder ser competitivos frente a Javier Milei. Sin unidad de todos los sectores, no hay mañana. Por eso el ex ministro fue contundente en esa mirada. Se deben hacer todas las negociaciones y discusiones que haya que hacer para lograr un acuerdo.

En ese sentido, dejó una puerta abierta a una eventual candidatura nacional, pero les remarcó que quiere jugar un rol central en la construcción de consensos internos y con otros sectores. Ser, como les suele decir a algunos dirigentes que lo visitan con frecuencia, el arquitecto de la unidad. Es decir, un articulador de voluntades e intereses que ayude a converger a todos los sectores en un bloque uniforme.

Evitó ser explícito en esa definición. No dijo que será candidato. Tampoco dijo que no lo será. El eje de su discurso fue la necesidad de que todas las vertientes del peronismo entiendan que es determinante la unidad política y electoral. Si hay unidad, el triunfo es posible. Si no hay unidad, la derrota es asegurada. Esa fue la línea del mensaje.

Varios de los intendentes presentes se fueron del encuentro con la sensación de que puede terminar siendo, nuevamente, candidato a presidente. Lo ven muy metido en las discusiones internas del peronismo para acercar posiciones. Y, además, advierten los movimientos de muchos dirigentes del Frente Renovador que durante la última semana dijeron en público que el ex ministro tiene condiciones para volver a ser candidato a presidente en el 2027.

Massa empezó a darle más visibilidad a sus movimientos políticos y acumula millas en la provincia de Buenos Aires. Lentamente está saliendo del perfil bajo que tuvo durante toda la gestión de Milei. En la reunión de anoche quedó en claro que la posibilidad de ser candidato a presidente no está cerrada. Su vocación está, al igual que las encuestas que lo llevan a pensar que puede ser posible un nuevo duelo con Milei.

En ese trabajo para construir la unidad está la defensa de las PASO a nivel nacional. Tal como se había acordado en el hotel Emperador entre los principales dirigentes del peronismo, Massa les dijo que las elecciones primarias pueden ser la herramienta clave para limar las diferencias, pero que siempre tienen que ser en el marco de un acuerdo. Que haya internas en las elecciones a gobernador bonaerense y en las presidenciales. Competencia con reglas claras. Ese fue el mensaje.

Sobre ese tema, impulsó la candidatura del intendente de San Fernando, Juan Andreotti, que fue el anfitrión de la velada, aunque aclaró que va a respaldar a cualquier de los integrantes de la Liga que quiera meterse en la competencia. Andreotti es el dirigente del Frente Renovador señalado para ir a unas PASO, aunque llegado el momento, habrá un acuerdo entre todos los sectores para que haya dos o tres candidatos en la disputa.

Otro tema importante que se trató fue la rereelección de los intendentes bonaerenses. Históricamente Massa está en contra de esa ley. Sin embargo, ahora les dio una señal importante a quienes promocionan ese reclamo. “Mantengo mi posición, pero no voy a hacer un obstáculo en ese tema”, les dijo durante la comida. Una muestra de que no entorpecerá la rosca política para buscar el número necesario en la Legislatura.

Después durante el encuentro se trataron varios temas de la agenda nacional como el creciente endeudamiento de las familias. Cada intendente contó cómo se reflejan los datos de la morosidad en sus distritos. Las caras más visibles de la deuda, el préstamo y la necesidad.

Se habló de los cambios en la macroeconomía que hizo Milei y del impacto de su política económica en la microeconomía. Los datos sobre la construcción, la industria metalúrgica y el comercio que no levantan. Sumado a los cierres de empresas y locales, que se ven con claridad en el conurbano bonaerense.

En ese contexto, Massa planteó la necesidad de que el peronismo reconstruya el vínculo con sus votantes a través de temas que antes no estaban en esa relación. En ese sentido destacó la importancia de la capacitación laboral para el ciudadano, como tema importante de un nuevo programa político del justicialismo.

La reunión de anoche dejó varios mensajes. El primero, y más repetido, fue la importancia de blindar la unidad pese a las diferencias y las internas. El segundo es la posibilidad de que Massa, finalmente, pueda ser candidato a presidente por tercera vez. La tercera es que hay un diagnóstico similar respecto de la situación económica y laboral en el conurbano. El peronismo debe trabajar, a toda velocidad, para representar con mayor claridad los intereses y las necesidades de las personas que se ven afectadas por el modelo libertario.