En Libertador San Martín, la provincia inció actuaciones por infracción en la gestión de envases fitosanitarios

En el lugar, ubicado en la intersección de las calles Paraná y Víctor Hugo, inspectores constataron la presencia de bidones vacíos de fitosanitarios abandonados sobre el suelo y enterrados, algunos de los cuales conservaban las etiquetas identificatorias del mencionado local comercial.

Ante este hallazgo, se realizó una inspección en el establecimiento de calle 9 de Julio 45, encabezada por el director de Ambiente y Cambio Climático, Maximiliano Gómez; y la coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), Gabriela Joubert; junto con el equipo técnico provincial y personal de la Municipalidad de Libertador San Martín. En el comercio se detectaron 54 envases de fitosanitarios de 20 litros siendo reutilizados para el almacenamiento, fraccionamiento y comercialización minorista y mayorista de distintos productos de limpieza; de uso familiar e industrial.

La ley nacional 27.279 establece prohibiciones absolutas respecto al manejo de estos recipientes, vetando expresamente su quema, enterramiento, reciclado no autorizado y reutilización. “El uso de bidones que contuvieron insumos agroquímicos para trasladar y vender artículos de limpieza doméstica, configura un hecho ilegal que entraña un grave riesgo ambiental y de salud pública para la población por el potencial contacto con trazas de sustancias tóxicas”, destacó la coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias, Gabriela Joubert.

Desde el organismo provincial encendieron las alarmas al señalar que este hecho no constituye un evento aislado, ya que en los últimos meses se han detectado situaciones de similar gravedad en distintos puntos de la provincia. Ante esta recurrencia, la Secretaría de Ambiente profundizó los controles para investigar la posible existencia de una cadena informal de distribución y reutilización ilícita de envases agroquímicos, advirtiendo que se aplicarán las máximas sanciones administrativas y legales a quienes incurran en estas prácticas prohibidas.

Con estas medidas, el Gobierno de Entre Ríos reafirma su compromiso con la fiscalización estricta de las normativas ambientales y el resguardo de la salud de las familias entrerrianas.