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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°3 de la Capital Federal condenó ayer a seis de los diez imputados que llegaron a juicio por su responsabilidad en la comercialización del medicamento adulterado a base de hierro identificado como Yectafer. Ese medicamento, distribuido entre 2003 y 2004, provocó al menos tres muertes y causó daños en la salud de otras 29 personas. Además, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal, el tribunal ordenó el pago de indemnizaciones por un total de 1.030 millones de pesos por el daño moral y material causado. Entre las víctimas figura Luciana Gímenez, una joven entrerriana de 26 años que cursaba un embarazo de 22 semanas y murió junto a su bebé en noviembre de 2004 tras recibir el medicamento adulterado.

En el debate intervinieron el titular de la Fiscalía General N°7 ante esos tribunales, Miguel Ángel Osorio, y la auxiliar fiscal Denise Belieres, con el equipo conformado por Clara Acevedo Freixas, Federico Donth Leger y Guillermo Mengarelli. En su alegato, los representantes del MPF habían pedido penas de entre 7 y 16 años de prisión para nueve de los acusados.

El juicio, iniciado en noviembre de 2023, se llevó adelante ante el TOCF N°3 integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y José Antonio Michilini. El próximo 19 de mayo se darán a conocer los fundamentos de la sentencia.

Las penas más altas, de 8 y 7 años de prisión respectivamente, recayeron en Pablo Jorge Cernadas y en Daniel Rabinovich. Cernadas —ex director de compras— y Rabinovich —uno de los dueños de la droguería Quimbel que comercializó el producto— fueron considerados coautores del delito de venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo, en concurso ideal con homicidio culposo múltiple y lesiones culposas agravadas por la cantidad de víctimas con lesiones graves, y en concurso material con el delito de asociación ilícita en calidad de miembros.

El diseñador gráfico Miguel Cervera, dueño de la empresa Ampopack que proveyó las ampollas para el medicamento adulterado, fue condenado a 5 años de prisión como partícipe necesario del suministro de sustancias medicinales peligrosas para la salud, en concurso ideal con homicidio culposo múltiple y lesiones culposas agravadas.

Al empresario Alberto Mario Akawie (quien cobró cheques en la maniobra), al comerciante Adrián Quintela y al repartidor Víctor Scattolini (ambos aportaron facturas truchas), el tribunal les impuso penas de 4 años de prisión como miembros de una asociación ilícita.

Por otra parte, el empresario Santiago Lucio Gavazza fue absuelto por no mediar acusación fiscal en su contra durante el juicio. Asimismo, el empresario Roberto Gegenschatz (el otro dueño de la droguería Quimbel), el chofer Diego Hernán Manzotti y la vendedora de ampollas Sandra Liliana Vitale fueron absueltos por los delitos de comercialización de sustancias medicinales peligrosas agravada por muerte y por asociación ilícita.

El tribunal también absolvió a Cervera del delito de asociación ilícita y a Akawie, Quintela y Scattolini del delito de comercialización de medicamentos disimulando su carácter nocivo agravado por muerte.

En otra causa conexa (N°5924/2007) que investigaba la adquisición del medicamento Tobi en la droguería Quimbel —proveniente del mercado ilegal tras una estafa con cheques falsos— la acción penal por encubrimiento agravado fue declarada extinguida por prescripción. En consecuencia, Akawie, Cernadas, Gegenschatz, Quintela, Rabinovich y Scattolini fueron absueltos por ese delito.

El tribunal fijó las indemnizaciones para las víctimas por un monto global de 1.030 millones de pesos: destinó 450 millones para los familiares de una de las víctimas fatales que estaba cursando un embarazo, 300 millones para los familiares de otra víctima fatal y montos de entre 10 y 20 millones para las personas que sufrieron lesiones, más los intereses que se calculen desde la fecha de la sentencia.

El caso

Durante su alegato del 19 de agosto pasado, la fiscalía sostuvo que quedó probada la adulteración del lote N° 03100718 de Yectafer, con vencimiento en octubre de 2006. Según se expuso, se falsificó e imitó el producto original —cuya elaboración autorizada correspondía al laboratorio Astrazeneca— para disimular sus propiedades nocivas.

Los peritajes, explicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, determinaron que el producto adulterado contenía una concentración de citrato de hierro tres veces superior a la indicada en el envase, además de presentar diferencias en el pH y la densidad respecto del medicamento original.

Si bien al término de la instrucción el fallecido fiscal federal Federico Delgado había pedido llevar a juicio la causa por la muerte de cinco personas y daños en 33 víctimas, el fiscal Osorio atribuyó finalmente a los imputados la responsabilidad por cuatro muertes y por las lesiones sufridas por otras 29 personas. El TOCF condenó por tres homicidios culposos: los de Verónica Díaz (22), Luciana Giménez (26) y Paulina Álvarez (35). “Sufrieron una muerte dolorosa con fallas hepáticas”, afirmó Osorio durante su exposición.

En relación con Luciana Giménez, el representante del MPF recordó que la entrerriana cursaba un embarazo de 22 semanas, fue sometida a una cesárea de urgencia el 21 de noviembre de 2004, que su hijo nació sin vida y que ella falleció a los pocos días. En el fallo reciente, la justicia fijó una indemnización de 450 millones de pesos para sus familiares.

“Sufrieron una muerte dolorosa con fallas hepáticas”, declaró el fiscal. Y resumió así la dimensión del caso: “Con el caso Yectafer ha quedado claro el funcionamiento de la organización criminal y la distribución de roles de esta asociación ilícita destinada a falsificar y poner en circulación en el mercado formal medicamentos obtenidos en forma irregular, tanto de procedencia ilegítima como de fabricación ilegal”.

Osorio también enfatizó que el accionar de los imputados provocó un “gravísimo daño a la salud pública” y subrayó que la maniobra vinculada a Yectafer “no se trató de una operación aislada sino el funcionamiento de una organización criminal”.

La investigación, según consignó el sitio Fiscales, incluyó además a otros cinco acusados que no llegaron a juicio por haber fallecido durante el proceso. Entre ellos estaban Ángel Luis Cirullo y Carlos Guido Maidana, a quienes la fiscalía sindicó como jefe y organizador de la asociación ilícita que habría montado el laboratorio clandestino donde se fabricó el medicamento adulterado.

Tras meses de reclamos, demoras y cruces entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, el Gobierno reactivó las obras en uno de los sectores más sensibles del Plan Maestro del Río Salado y proyecta concluirlo el año próximo, según pudo saber este medio. Se trata del tramo IV.2, que el año pasado quedó en el centro de la escena durante las inundaciones por haber funcionado como un verdadero cuello de botella para el escurrimiento del agua.

La novedad, según fuentes del Ministerio de Economía consultadas por LA NACION, es que ahora los trabajos están en marcha en los tres subtramos —A, B y C—, algo que hasta hace pocas semanas no ocurría. Si bien la reactivación había sido anunciada en septiembre pasado, durante meses los productores denunciaron que las tareas se desarrollaban de manera parcial, con actividad en solo uno de los sectores. Esa paralización no solo generó malestar en el campo, sino también fuertes reclamos del gobierno bonaerense.

El gobernador Axel Kicillof cuestionó en varias oportunidades la falta de avances y advirtió que, sin completarse este tramo, no solo se agravaban los riesgos hídricos, sino que además se condicionaba el funcionamiento del resto del sistema, incluida la etapa siguiente que impulsa la provincia. “Nuestra gestión es la que más avanzó en ese proyecto [el dragado del Salado], hoy lamentablemente interrumpido por decisión del gobierno nacional. Lo mismo ocurre con las rutas nacionales”, afirmó el mandatario bonaerense en Expoagro.

Hoy, en cambio, en el Ministerio de Economía aseguran que “empezaron los trabajos en los tres tramos” y que las tareas continúan, con dragado activo especialmente en la zona comprendida entre la ruta 205 y Ernestina. En ese marco, afirmaron que hay expectativas de terminar la obra el año próximo.

El tramo IV.2, de unos 30 kilómetros, se ubica entre los partidos de Lobos, Roque Pérez y 25 de Mayo, y está dividido en tres subtramos —A, B y C—. Es un punto clave dentro del sistema hídrico, donde se realizan tareas de profundización y ensanche del cauce para mejorar la capacidad de evacuación del agua. En términos sencillos, es como “agrandar” el río para que drene más rápido: cuando eso no está terminado o funciona a media máquina, el agua se acumula y aumentan los riesgos de desborde.

Ese fue precisamente el problema que quedó expuesto en 2025. En medio de fuertes lluvias, la falta de avance integral en este sector limitó el escurrimiento y provocó anegamientos en distintas zonas productivas, lo que derivó en fuertes cuestionamientos del campo.

De hecho, fue en septiembre del año pasado, durante una reunión con la Mesa de Enlace atravesada por reclamos por retenciones, cuando el Gobierno anunció la reactivación de las obras en este tramo. Sin embargo, durante varios meses los productores denunciaron que los trabajos no se habían retomado en su totalidad, sino solo en uno de los tres subtramos. En febrero, por ejemplo, señalaban que había apenas dos dragas operando en un único sector, lejos de la intervención integral comprometida.

Ahora, en cambio, reconocieron un cambio de escenario, aunque con cautela. “El panorama es alentador y genera favorables expectativas, y por eso esperamos el cumplimiento de los compromisos asumidos, para que la marcha de las obras tenga continuidad”, señaló Alberto Larrañaga, del Consejo Asesor del Salado.

El dirigente agregó: “Sabemos que hubo acuerdos con las empresas contratistas y entendemos la necesidad de que se dé cumplimiento a los mismos, en un tema en el que somos muy prudentes y no queremos interferir”.

En ese marco, desde el Consejo Asesor del Salado volvieron a reclamar mayor transparencia en el uso de los recursos. En particular pidieron la puesta en marcha de un sistema de acceso público que permita seguir los ingresos y egresos del Fondo Hídrico Nacional, con el objetivo de monitorear la ejecución de las obras y evitar interrupciones.

Un puente sobre la ruta 205, donde los productores piden ejecutar un canal aliviador

En la misma línea, productores con campos linderos a la obra dijeron que en las últimas semanas se observó una reactivación, aunque advirtieron que todavía el ritmo es menor al esperado. Según describieron, las tareas avanzan “a media máquina”, con menos equipos en funcionamiento y jornadas de trabajo de 12 horas, cuando anteriormente se operaba durante todo el día.

El tema volvió a abordarse en una reunión del Gobierno con la Mesa de Enlace en Expoagro, donde participaron el secretario de Transporte, Fernando Herrmann, y el coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni. Allí, según indicaron fuentes oficiales, se ratificó que continúan los trabajos de dragado en el tramo comprendido entre la ruta 205 y Ernestina, con la expectativa de finalizarlo el año próximo.

El tramo IV del Plan Maestro quedó bajo responsabilidad del gobierno nacional y estuvo prácticamente paralizado durante casi dos años en el marco del freno a la obra pública. En paralelo, la provincia avanzó con la etapa siguiente. En enero pasado llamó a licitación para el tramo V —que continúa luego del IV y completa el esquema de obras. La apertura de sobres está prevista para el 23 de abril.

Este último tramo, a cargo de la provincia de Buenos Aires, contempla trabajos de ensanche y profundización del río a lo largo de más de 60 kilómetros en el noroeste bonaerense. Sin embargo, desde la provincia remarcaron que su ejecución está directamente condicionada: sin completar el tramo IV el sistema no puede funcionar de manera integral y se limita la capacidad de escurrimiento.