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Entre enero y julio de este año se iniciaron 72.525 juicios laborales en los que las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) fueron notificadas como parte demandada. Según un comunicado de la Unión de ART, la cifra ratifica la proyección, hecha meses atrás, respecto de que este año cerrará con cerca de 138.000 nuevas demandas.

Según las compañías, en el mencionado período hubo un crecimiento del 2% interanual en la cantidad de litigios iniciados. En julio, hubo 7814 casos, una cifra que mostró una caída en relación con junio, “debido al efecto estacional de las ferias judiciales en todo el país y tras un junio de valores muy elevados”, según la asociación que nuclea a las compañías de seguro.

En los últimos 12 meses móviles (agosto de 2025 a julio de 2026), según se informó, las notificaciones fueron 135.400, “lo que ratifica la persistencia de un volumen desproporcionado” de los litigios.

Un dato que se destaca en el informe es que el incremento de casos se concentró en la provincia de Santa Fe. Allí, el alza respecto de 2025 trepó al 18%. También hubo una suba, en comparación con el año pasado (y considerando el lapso de enero a julio), en la provincia de Buenos Aires (3%) y en la Ciudad de Buenos Aires (3%). En el resto del país hubo una variación negativa en la cantidad de casos, del 9%.

Santa Fe es una de las provincias en las cuales se avanzó en la conformación de un cuerpo médico forense que, según dispone una ley aprobada en 2017, debe funcionar en cada jurisdicción que adhiera a la normativa de carácter nacional.

Ley no cumplida

Según consideran referentes del sector y también las autoridades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que se le dé cumplimiento a ese punto de la ley 27.348 es clave para lograr una reducción de la judicialidad. El rol asignado por la normativa a esos cuerpos médicos es evaluar en la instancia de un juicio los eventuales daños producidos por una enfermedad o accidente laboral y, en función de eso, determinar si existe derecho a una indemnización (y, en tal caso, de qué cuantía, según el grado de la incapacidad).

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) firmó, para el cumplimiento de esa disposición, convenios marcos con Santa Fe, San Luis y Jujuy. En Santa Fe se llegó a conformar un cuerpo con tres profesionales, pero luego se decidió ampliar a nueve el número de integrantes y, mientras tanto, no está en funciones, según fuentes de la Unión de ART. Además, desde la autoridad regulatoria hay conversaciones con la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Misiones y Corrientes.

La judicialidad es una cuestión central que atraviesa al sector y repercute en los costos de los empleadores -sobre todo en las pymes- y, en definitiva, en el empleo. La cantidad de juicios iniciados está en alza desde 2021, luego de la caída que se había registrado tras la puesta en vigor de la ley 27.348, en 2017, y que se había acentuado con la prácticamente paralización de la actividad por la pandemia, en 2020.

En gran medida, los casos que se judicializan son los que resultaron evaluados, en la instancia administrativa, como sin incapacidad, es decir, sin derecho a indemnización.

Si se llegara en todo este año a cerca de 138.000 nuevos litigios, la cifra sería récord en la historia del sistema que rige desde julio de 1996, luego de que en 2025 se iniciaran 134.141 litigios.

Qué dice la norma

La ley de 2017 dispuso que, si se plantean discordancias respecto de los efectos derivados de un accidente o enfermedad -más allá del tratamiento médico brindado por las ART-, el caso pase obligatoriamente, antes del inicio de un juicio, por Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), para la determinación de la existencia o no de una incapacidad indemnizable de origen laboral y, en todo caso, para la definición del grado de la inhabilidad (del que depende el monto del resarcimiento).

Y también se estableció que, previa adhesión a la ley nacional por parte de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se constituyan en cada jurisdicción cuerpos médicos forenses -con profesionales cuyos montos a cobrar no estén anclados a lo surgido de las pericias-, para definir los eventuales porcentajes de incapacidad durante la tramitación de litigios. Adicionalmente, la norma mejoró los importes de los pagos a cargo de las ART, un cambio que debilitó una causa de las demandas.

Tanto en las ART como en la Superintendencia insisten en que, más allá de la conformación de los cuerpos profesionales, son claves un par de cuestiones: que se respete el baremo vigente, para que haya uniformidad de criterios en todo el país a la hora de determinar incapacidades, y que el monto de los ingresos de los peritos sea independiente del grado de inhabilidad por ellos mismos fijado. El baremo es una herramienta que traduce las secuelas de un accidente o enfermedad laboral en un índice porcentual de incapacidad, lo cual, a su vez, determina el valor de la indemnización.

De las 24 jurisdicciones del país, 18 adhirieron a la ley, pero ninguna puso en marcha hasta ahora el cuerpo médico de acuerdo con lo previsto en la norma. No aprobaron su adhesión La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz.

En el caso de Santa Fe, y según un análisis de datos hecho por el equipo de La Nación Data, los juicios en el sector de la industria habían sido en 2025 419,4 por cada 10.000 trabajadores asegurados. Ese índice había multiplicado por tres al del total de la economía en el país, que el año pasado había resultado de 132,8 por 10.000. En el sector fabril, al índice de Santa Fe le habían seguido en 2025 los de las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, con 271,8 y 270,2 litigios cada 10.000 asegurados, respectivamente.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), emitió un comunicado en el que plantea si puede un juez pasar más tiempo dando clases en universidades que conduciendo audiencias. 

“Mediante la Acordada Nº 62/2026, la Suprema Corte de Justicia de Jujuy reglamentó el ejercicio de la actividad docente de jueces y juezas, estableciendo un límite máximo de 12 horas cátedra a la semana, es decir, 48 horas cátedra al mes. La decisión abre un debate sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales y, en particular, de cómo se utiliza su recurso más valioso: el tiempo de los jueces y juezas. Además, retoma una imprescindible y nunca saldada discusión sobre el nivel deseable de participación de integrantes del Poder Judicial en la enseñanza del derecho, en pos de una educación jurídica de calidad”, indicó el informe.

Planteó que “la discusión sobre cuáles deben ser los límites a la actividad docente de jueces y juezas no es nueva. A nivel federal, su regulación generó uno de los principales conflictos de competencias entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura. En 2009, la Corte decidió reasumir esa facultad, que constitucionalmente corresponde al Consejo. La Acordada 44/2009 no estableció un límite de tiempo, sino que únicamente exigió autorización previa, que la actividad no se superpusiera con el horario judicial y, de manera genérica, que no interfiera ‘en la prestación del servicio de justicia y en el normal desarrollo de la actividad judicial’. A diferencia de la Nación, algunas provincias optaron por definir límites concretos. En Chaco, por ejemplo, el máximo es de 12 horas semanales y, en Río Negro, de 10”.

“El ejercicio de la judicatura es un trabajo de dedicación exclusiva. Se entiende que quienes administran justicia no deben tener ningún tipo ni de compromisos ni de tareas que puedan obstaculizar o afectar su independencia, y poner en riesgo la imparcialidad de sus decisiones. De allí que en nuestro país la única actividad considerada compatible con el ejercicio de la judicatura sea la docencia, en la medida en que se la entiende como una actividad que no compromete intereses en juego, sino que busca promover valores, difundir conocimiento y desarrollar un pensamiento crítico”, manifestaron.

El informe de Inecip, firmado por sus autoridades, indicó: “No obstante, para que la judicatura sea compatible con el ejercicio de la docencia, éste debe ser necesariamente limitado. En este sentido, es necesario avanzar en una discusión que permita construir un estándar de tiempo razonable para el ejercicio de la actividad docente de jueces y juezas. Pero esa discusión no debe darse en abstracto, sino que debe atender a un debate mayor sobre el tiempo del que disponen los jueces y juezas para cumplir con sus tareas jurisdiccionales”.

¿Cuánto tiempo pasan los jueces y juezas en audiencias?

Desde hace tres años, el Inecip investiga cuánto tiempo pasan efectivamente los jueces y juezas penales en audiencias, es decir, cumpliendo la función principal e indelegable de la judicatura en un sistema republicano: escuchar los argumentos de las partes, analizar la prueba y tomar decisiones en audiencias orales y públicas.

Según el instituto, “los resultados de la investigación reflejan un serio problema. En 2023, ninguna de las provincias relevadas alcanzó el estándar mínimo provisorio propuesto por el Inecip de 72 horas mensuales en audiencia, equivalente a tres días por semana con seis horas diarias de audiencias y dos días disponibles para la deliberación y elaboración de sentencias. La provincia con mejor promedio (San Juan) apenas alcanzó las 33 horas mensuales por juez, y en la mitad de las jurisdicciones que producen información, el promedio fue inferior a 20 horas mensuales, es decir, 5 horas semanales. La evaluación del tiempo que pasan jueces y juezas en audiencia cobra especial relevancia en el contexto generalizado de mora judicial y falta de resolución oportuna de los conflictos”.

“El debate por la regulación del tiempo de la actividad docente adquiere otra entidad en este escenario. Si bien la docencia universitaria es una actividad valiosa, también para el propio sistema judicial, ¿es razonable que el sistema habilite a un juez o una jueza a dedicar a la docencia un tiempo que puede superar ampliamente el que efectivamente pasa cumpliendo su función en audiencias?”, preguntaron.

Plantearon que “el caso de Jujuy permite observar con especial claridad el contraste entre esta realidad y la regulación de la actividad docente”. “Mientras la nueva acordada autoriza hasta 48 horas cátedra mensuales de docencia (alrededor de 32 horas reloj), en 2023 los jueces y juezas penales de la provincia estuvieron, en promedio, unas 13 horas mensuales en audiencia. Y, de ese tiempo, apenas el 11,4% correspondió a audiencias presenciales, mientras que el 88,6% se desarrolló de manera virtual”.

Señalaron que “la regulación del ejercicio docente es un paso necesario para administrar de mejor modo el tiempo de los jueces y juezas, incluyendo el tiempo que se requiere para su propia capacitación profesional, a la cual el dictado de clases puede contribuir, pero de ninguna manera reemplazar. Lo que esta acordada evidencia es la necesidad de tomarnos en serio dos cuestiones imprescindibles: cuánto tiempo deben dedicar los jueces y juezas al ejercicio de la judicatura y cómo regular su actividad docente”.

Por otro lado, “esta acordada es también una oportunidad para revisar, desde una perspectiva más amplia, la participación judicial en la enseñanza del derecho. Debemos corregir la desnaturalización que se ha producido, ya que esa actividad ha excedido en muchos casos —algunos muy notoriamente— el “ejercicio de la docencia”, abarcando otras funciones de la vida o gestión universitaria, como la dirección de departamentos o de posgrados. La extensión de la participación judicial hacia todos estos espacios es un punto que debe ser revisado. Por un lado, por requerir un mayor tiempo y atención que la docencia, lo cual inevitablemente va en desmedro de la disponibilidad para la función judicial. Además, esos roles facilitan la emergencia de conflictos de intereses, en la medida en que jueces, fiscales y defensores que intervienen en roles diversos y contrapuestos en los tribunales, luego comparten estos ámbitos, ya no sólo como colegas de un cuerpo docente, sino en roles directivos que implican jerarquías y poderes”.

Subrayaron que “sigue pendiente en nuestro país discutir en qué medida la calidad de la enseñanza del derecho puede estar siendo afectada por la saturación de presencia judicial en los cuerpos docentes, en desmedro de una mayor pluralidad de miradas y perfiles. Esa tendencia unifica la forma de comprender y enseñar la abogacía, reduce la reflexión crítica sobre las prácticas tribunalicias y contribuye a reproducir en las universidades tradiciones nocivas de las organizaciones judiciales, como la delegación de funciones”.

“En última instancia, lo que esta acordada evidencia es la necesidad de tomarnos en serio dos cuestiones imprescindibles: cuánto tiempo deben dedicar los jueces y juezas al ejercicio de la judicatura y cómo regular su actividad docente. No se trata de debates marginales, sino de discusiones esenciales para la calidad jurisdiccional y la calidad de la enseñanza del derecho que la República exige”, concluyeron.

El informe fue firmado por Alberto Binder, presidente del Inecip; y Julián Alfie, director Ejecutivo.