Entre enero y julio de este año se iniciaron 72.525 juicios laborales en los que las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) fueron notificadas como parte demandada. Según un comunicado de la Unión de ART, la cifra ratifica la proyección, hecha meses atrás, respecto de que este año cerrará con cerca de 138.000 nuevas demandas.
Según las compañías, en el mencionado período hubo un crecimiento del 2% interanual en la cantidad de litigios iniciados. En julio, hubo 7814 casos, una cifra que mostró una caída en relación con junio, “debido al efecto estacional de las ferias judiciales en todo el país y tras un junio de valores muy elevados”, según la asociación que nuclea a las compañías de seguro.
En los últimos 12 meses móviles (agosto de 2025 a julio de 2026), según se informó, las notificaciones fueron 135.400, “lo que ratifica la persistencia de un volumen desproporcionado” de los litigios.
Un dato que se destaca en el informe es que el incremento de casos se concentró en la provincia de Santa Fe. Allí, el alza respecto de 2025 trepó al 18%. También hubo una suba, en comparación con el año pasado (y considerando el lapso de enero a julio), en la provincia de Buenos Aires (3%) y en la Ciudad de Buenos Aires (3%). En el resto del país hubo una variación negativa en la cantidad de casos, del 9%.
Santa Fe es una de las provincias en las cuales se avanzó en la conformación de un cuerpo médico forense que, según dispone una ley aprobada en 2017, debe funcionar en cada jurisdicción que adhiera a la normativa de carácter nacional.
Ley no cumplida
Según consideran referentes del sector y también las autoridades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que se le dé cumplimiento a ese punto de la ley 27.348 es clave para lograr una reducción de la judicialidad. El rol asignado por la normativa a esos cuerpos médicos es evaluar en la instancia de un juicio los eventuales daños producidos por una enfermedad o accidente laboral y, en función de eso, determinar si existe derecho a una indemnización (y, en tal caso, de qué cuantía, según el grado de la incapacidad).
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) firmó, para el cumplimiento de esa disposición, convenios marcos con Santa Fe, San Luis y Jujuy. En Santa Fe se llegó a conformar un cuerpo con tres profesionales, pero luego se decidió ampliar a nueve el número de integrantes y, mientras tanto, no está en funciones, según fuentes de la Unión de ART. Además, desde la autoridad regulatoria hay conversaciones con la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Misiones y Corrientes.
La judicialidad es una cuestión central que atraviesa al sector y repercute en los costos de los empleadores -sobre todo en las pymes- y, en definitiva, en el empleo. La cantidad de juicios iniciados está en alza desde 2021, luego de la caída que se había registrado tras la puesta en vigor de la ley 27.348, en 2017, y que se había acentuado con la prácticamente paralización de la actividad por la pandemia, en 2020.
En gran medida, los casos que se judicializan son los que resultaron evaluados, en la instancia administrativa, como sin incapacidad, es decir, sin derecho a indemnización.
Si se llegara en todo este año a cerca de 138.000 nuevos litigios, la cifra sería récord en la historia del sistema que rige desde julio de 1996, luego de que en 2025 se iniciaran 134.141 litigios.
Qué dice la norma
La ley de 2017 dispuso que, si se plantean discordancias respecto de los efectos derivados de un accidente o enfermedad -más allá del tratamiento médico brindado por las ART-, el caso pase obligatoriamente, antes del inicio de un juicio, por Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), para la determinación de la existencia o no de una incapacidad indemnizable de origen laboral y, en todo caso, para la definición del grado de la inhabilidad (del que depende el monto del resarcimiento).
Y también se estableció que, previa adhesión a la ley nacional por parte de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se constituyan en cada jurisdicción cuerpos médicos forenses -con profesionales cuyos montos a cobrar no estén anclados a lo surgido de las pericias-, para definir los eventuales porcentajes de incapacidad durante la tramitación de litigios. Adicionalmente, la norma mejoró los importes de los pagos a cargo de las ART, un cambio que debilitó una causa de las demandas.
Tanto en las ART como en la Superintendencia insisten en que, más allá de la conformación de los cuerpos profesionales, son claves un par de cuestiones: que se respete el baremo vigente, para que haya uniformidad de criterios en todo el país a la hora de determinar incapacidades, y que el monto de los ingresos de los peritos sea independiente del grado de inhabilidad por ellos mismos fijado. El baremo es una herramienta que traduce las secuelas de un accidente o enfermedad laboral en un índice porcentual de incapacidad, lo cual, a su vez, determina el valor de la indemnización.
De las 24 jurisdicciones del país, 18 adhirieron a la ley, pero ninguna puso en marcha hasta ahora el cuerpo médico de acuerdo con lo previsto en la norma. No aprobaron su adhesión La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz.
En el caso de Santa Fe, y según un análisis de datos hecho por el equipo de La Nación Data, los juicios en el sector de la industria habían sido en 2025 419,4 por cada 10.000 trabajadores asegurados. Ese índice había multiplicado por tres al del total de la economía en el país, que el año pasado había resultado de 132,8 por 10.000. En el sector fabril, al índice de Santa Fe le habían seguido en 2025 los de las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, con 271,8 y 270,2 litigios cada 10.000 asegurados, respectivamente.
