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La presión sobre los ingresos de los hogares se refleja en la capacidad de las familias para afrontar sus obligaciones. En este sentido, el 54% de los argentinos asegura haberse atrasado o haber dejado de pagar algún compromiso por motivos económicos durante los últimos meses.

Así surge de un informe de la Fundación Pensar junto con la consultora Casa Tres dado a conocer este martes. Dicho atraso se da en un contexto en el que casi seis de cada diez argentinos tomaron un préstamo, utilizaron crédito o financiaron gastos recientemente, una proporción que aumenta entre las mujeres y los sectores de menores ingresos.

Pero el financiamiento no está siendo utilizado solamente para compras de bienes durables o consumos que pueden postergarse. Entre quienes recurrieron al crédito, el 26% lo destinó principalmente a comprar alimentos, el 21% a cubrir gastos cotidianos del hogar, el 15% a pagar servicios, impuestos u otras obligaciones y el 14% a cancelar deudas anteriores.

El informe resume el fenómeno como una transformación en el uso del financiamiento: el crédito deja de ser únicamente una herramienta para comprar en cuotas y, para una parte de los hogares, se convierte en un mecanismo para llegar a fin de mes.

Servicios, tarjetas y deudas, entre los principales atrasos

La contracara de ese mayor recurso al financiamiento aparece en la mora. Entre las personas que declararon haberse atrasado o dejado de pagar algo, los servicios son la obligación que aparece con mayor frecuencia (46%), seguidos por las tarjetas de crédito (36%) y los préstamos u otras deudas (33%).

La situación presenta, además, una marcada diferencia según el nivel socioeconómico. El atraso declarado alcanza al 72% entre los sectores de menores ingresos, baja al 43% en el nivel medio y llega al 30% entre los sectores de mayores ingresos.

El panorama hacia adelante tampoco resulta sencillo para quienes ya tienen deudas. Sólo el 36% de los endeudados considera que podrá saldarlas, mientras que un 37% cree que no podrá hacerlo y otro 26% no sabe si estará en condiciones de cumplir con sus obligaciones.

Cabe mencionar que en julio la irregularidad del crédito a las familias alcanzó el 12,9%. La dificultad se concentra especialmente en los préstamos personales y las tarjetas de crédito.

La encuesta de Casa Tres mide otra dimensión: no analiza únicamente los saldos de préstamos bancarios, sino que pregunta a las personas por atrasos o incumplimientos económicos en un conjunto más amplio de obligaciones.

Por eso, el 54% no significa que la mitad de los argentinos esté en mora bancaria. El dato señala, en cambio, que las dificultades para cumplir con pagos atraviesan la vida cotidiana de una parte importante de los hogares relevados.

Más crédito, pero también mayor presión sobre los ingresos

El informe plantea así una de las tensiones de la actual transición económica. La reducción de la inflación puede favorecer una mayor previsibilidad y crear condiciones para recuperar el ahorro y el crédito. Al mismo tiempo, muchas familias enfrentan ingresos ajustados, gastos esenciales elevados y cuotas que pesan cada vez más sobre sus presupuestos.

En ese contexto, el acceso al crédito y la capacidad de pagarlo aparecen como dos cuestiones diferentes. Una mayor cantidad de usuarios y operaciones puede ampliar las posibilidades de financiamiento, pero también puede incorporar a personas con ingresos más inestables.

La edad también muestra diferencias. Mientras los datos bancarios ubican una mayor incidencia de deudores morosos entre los grupos jóvenes, la encuesta registra más atrasos generales entre las personas de 45 a 60 años y un mayor pesimismo respecto de la posibilidad de cancelar las deudas entre los mayores de 60.

Los créditos hipotecarios, por su parte, presentan una irregularidad menor que otros tipos de financiamiento. El informe advierte que esto es compatible con las mayores garantías, exigencias de ingresos y criterios de selección asociados a ese tipo de préstamo, pero no permite extrapolar esa situación al conjunto del endeudamiento de los hogares.

En paralelo, la Fundación Pensar destacó que el Congreso analiza distintas alternativas para abordar el problema del endeudamiento. Los tres dictámenes que avanzaron plantean respuestas diferentes: mientras el de mayoría pone el foco en la transparencia y la prevención del sobreendeudamiento, una de las propuestas de minoría plantea mecanismos de regularización obligatoria y límites, y otra incorpora herramientas de refinanciación con apoyo estatal e insolvencia personal.

El informe considera que cualquier respuesta al problema del endeudamiento difícilmente pueda limitarse al sistema financiero. Aliviar una cuota puede ayudar a un hogar que atraviesa un descalce transitorio entre sus ingresos y sus obligaciones, pero “no resuelve por sí sola un déficit persistente del presupuesto familiar. La agenda financiera necesita una economía que genere empleo e ingresos sostenibles”.

Cuánto deben los deudores

La cantidad de personas afectadas y el dinero irregular se distribuyen de manera diferente. Según cálculos de EcoGo, la mitad de los morosos debe menos de $1,1 millón, pero representa sólo el 5% del monto en mora.

En el otro extremo, el 9,5% de los morosos, con deudas superiores a cinco salarios según la referencia del estudio, concentra el 58% del monto irregular. El promedio de deuda de este último grupo es de aproximadamente $18 millones.

“La diferencia tiene consecuencias para el diseño de una respuesta. Un programa puede alcanzar a muchas personas y abarcar una fracción pequeña del saldo deteriorado. Otro puede recuperar mucho dinero atendiendo pocos casos. Por eso, el éxito social y el recupero financiero deben medirse por separado. Una deuda pequeña puede ser difícil de pagar para un hogar de bajos ingresos, aunque represente poco en el balance de un acreedor”, remarcó la Fundación Pensar.

Y señaló que los saldos menores pueden resolverse mediante acuerdos simples y de bajo costo administrativo, mientras que las deudas de mayor monto requieren una evaluación individual más detallada. El monto de la deuda, por sí solo, no determina la capacidad de pago: también deben considerarse los ingresos, el patrimonio, las obligaciones simultáneas y las necesidades de cada hogar.

El Gobierno no quiere que exista margen para que el DNU 70/23 se trate en la Cámara de Diputados. La oposición convocó la semana pasada a una sesión para el 15 de octubre que tiene en agenda debatir sobre ese megadecreto y otras iniciativas sensibles como la Emergencia en Discapacidad y Morosidad, que buscan apalancar las adhesiones de distintos bloques para conseguir quórum. Si aquello se produce, podrían tratar la medida más importante de desregulación económica que tiene en su haber la administración de Javier Milei.

“Creemos que tenemos los votos para que la oposición no voltee el DNU en el caso de que se trate, pero no queremos que exista la posibilidad siquiera de que se trate”, afirma una fuente importante del bloque de La Libertad Avanza. En términos explícitos, afirman que el objetivo de las negociaciones que se vienen desarrollando en los últimos días es “tumbar la sesión por completo”.

Al menos dos despachos de la Casa Rosada celebraron ante Infobae una decisión reciente que provino de la Corte Suprema que, según afirman, les daría “más aire” para poder negociar con los aliados que se ven presionados socialmente por la Ley de Tierras, pero que no consideran necesario tener que voltear el DNU 70.

La Corte Suprema convocó este martes a dos conjueces para intervenir en el debate sobre el artículo 154 del DNU que derogó la Ley de Tierras Rurales, después de que sus cuatro integrantes no alcanzaran una decisión unánime sobre una demanda ambiental que cuestiona la eliminación de restricciones para adquirir predios rurales. La intervención de conjueces permite completar la integración necesaria para resolver el expediente.

El sorteo de los magistrados suplentes se realizó ayer y salieron Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. La participación de ambos será determinante para definir la respuesta judicial al planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie.

La nueva presentación fue promovida por Árbol de Pie, una organización que invocó el derecho constitucional a la protección del ambiente para impugnar el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia. Su presentación no fue tratada por la Justicia federal de Bariloche, donde fue iniciada, ni por la Cámara Federal de La Plata, que recibió luego el expediente.

El caso llegó al máximo tribunal después de que este rechazara, la semana anterior, una cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas, conocido como CECIM. La Corte consideró entonces que la agrupación carecía de legitimación para promover ese reclamo. Pero los integrantes de Árbol de Pie todavía no conocen si esa interpretación les aplica a ellos.

La novedad es que existe la posibilidad de que dos de los tres jueces estén dispuestos a reconocer la legitimación de la asociación ambiental para litigar sobre ese punto. También creen que uno de los dos conjueces también avalaría esa presentación.

Los negociadores del oficialismo se agarran de ese escenario para hablar con los aliados y pedirles que no den quórum para la sesión del próximo 15 de octubre.

El tratamiento del expediente de Árbol de Pie sigue el régimen de procesos colectivos, que agrupa las demandas sobre una misma materia. El rechazo de la presentación del CECIM habilitó el análisis de la causa siguiente en ese orden, vinculada directamente con la derogación cuestionada. La cuestión de fondo sobre la Ley de Tierras y el decreto permanece pendiente de una definición.

Infobae pudo confirmar de fuentes legislativas que la idea no es incluir la Ley de Tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La consideran una propuesta que quedó desprovista de sentido político después del desguace que sufrió en su tratamiento en el Senado. Algunos la consideran “invotable”. De prosperar una alternativa, la más probable es que se pueda incluir en el proyecto de Soberanía Nacional que contiene iniciativas vinculadas a la Causa Malvinas.

El expediente laboral de la CGT también quedó listo para resolver

La Corte Suprema quedó además en condiciones de resolver la impugnación de la Confederación General del Trabajo contra el capítulo laboral del DNU 70/2023, luego del dictamen emitido por el procurador general Eduardo Casal.

La Cámara Nacional del Trabajo había declarado inconstitucional el título IV del decreto, comprendido entre los artículos 53 y 97, tras una acción de amparo de la CGT contra el Estado Nacional. El Gobierno apeló esa resolución ante el máximo tribunal.

El tribunal laboral reconoció la legitimación de la central sindical para defender derechos individuales y colectivos de los trabajadores. También sostuvo que no existían las circunstancias excepcionales exigidas para dictar un decreto de necesidad y urgencia: la imposibilidad de reunir al Congreso o una situación que no admita esperar el procedimiento legislativo ordinario.

La Cámara consideró que las medidas laborales no respondían a una situación coyuntural, sino que modificaban leyes permanentes sancionadas por el Congreso. La eventual decisión de la Corte en ese expediente podría establecer un criterio sobre las condiciones que debe cumplir el Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia.