ROSARIO.- “Si no metés inteligencia artificial en todo hoy te vas a quedar afuera o te vas a fundir”. Para Mateo Salvatto, esa idea es uno de los mayores errores que se están instalando alrededor de la nueva tecnología. El emprendedor, creador de la aplicación Háblalo, planteó una mirada diferente: antes que salir a incorporar inteligencia artificial por moda, las empresas deberían preguntarse qué problemas quieren resolver y en qué procesos realmente puede aportar valor.
Durante una charla sobre innovación que compartió con Martín Navarro, líder de Nuevas Soluciones Digitales de Bayer Crop Science, y Alejandro Diez, investigador en mejoramiento genético de maíz de la compañía, Salvatto sostuvo que el impacto de la inteligencia artificial no pasa por reemplazar personas, sino por potenciar el trabajo de los equipos. A su criterio, la discusión no debería centrarse en si una empresa usa o no IA, sino en identificar aquellas tareas que consumen tiempo y recursos y que podrían resolverse de una manera más eficiente.
Para explicar esa idea recurrió a la experiencia de sus propias compañías. Contó que hoy dirige una empresa de software dedicada a desarrollar herramientas para personas con discapacidad y otra enfocada en impresión 3D de hormigón. En ambas, aseguró, la inteligencia artificial dejó de ser una prueba aislada para convertirse en una herramienta cotidiana.
“Todos nuestros ingenieros trabajan con un copiloto que programa con ellos. ¿Los reemplaza? Cero. Los asiste y los hace mucho más eficientes”, explicó. Una propuesta comercial que antes le demandaba unos 45 minutos hoy la resuelve en tres, explicó.
Mateo Salvatto sostuvo que la inteligencia artificial no debe incorporarse por moda, sino para resolver problemas concretos y mejorar procesos dentro de las empresasAapresid
Automatizar tareas repetitivas es apenas el primer nivel, aclaró: “La primera capa es la automatización de procesos engorrosos o repetitivos”. El segundo nivel, más relevante, es distinto: “No es solo automatizar una tarea, sino automatizar un flujo completo”. Como ejemplo, un desarrollo de software puede generarse hoy con IA a partir de un pedido del cliente y quedar listo tras la revisión de un programador: “Me tomó un mes menos de lo que me tomaba antes”, graficó.
Para Salvatto, uno de los errores más frecuentes consiste en contratar herramientas de IA para toda la organización sin haber definido previamente qué uso tendrá cada equipo. En sus empresas, primero les pidieron a todas las áreas que propusieran dónde la inteligencia artificial podía aportar valor, y luego compararon las propuestas. “Cada equipo trajo su propuesta sobre por qué quería usar inteligencia artificial y para qué. Algunas ideas quedaron y otras no. Lo importante fue dar el espacio a la conversación”, contó.
Salvatto mismo desarrolló un agente que todas las mañanas revisa sus correos, LinkedIn y tareas pendientes para organizar la jornada. “Me hace un resumen del día y me ayuda entendiendo los pendientes”, relató. También mostró cómo esa tecnología permitió acelerar el desarrollo de Háblalo, la aplicación gratuita para personas con discapacidad que hoy usan medio millón de personas, incorporando funciones de control por movimiento ocular y asistentes para personas ciegas. “Hace muchos años soñábamos con esa tecnología y no podíamos financiarla. Ahora la inteligencia artificial nos permitió desarrollarla mucho más rápido”, afirmó.
La inteligencia artificial también está cambiando la forma en que Bayer desarrolla nuevos híbridos. Alejandro Diez explicó que estas herramientas no reemplazan el trabajo de mejoramiento genético ni los ensayos a campo, sino que ayudan a tomar decisiones más rápidas y precisas durante todo el proceso. “Lo que viene a hacer es potenciar u optimizar lo mismo que ya estamos haciendo”, resumió.
Mateo Salvatto aseguró que el desafío no pasa por incorporar inteligencia artificial en todos los procesos, sino por identificar dónde realmente puede aportar valorAapresid
Según detalló, los programas de mejoramiento incorporan hoy información genética, clima, suelo y ambiente para evaluar miles de combinaciones mediante modelos predictivos, lo que permite analizar muchos más materiales que antes, de 1000 a 100.000, precisó, y anticipar cuáles tienen mayores posibilidades de éxito. Además, señaló que los modelos permiten decidir qué híbridos conviene evaluar en cada localidad, sin necesidad de sembrarlos todos en todos los ambientes, ya que pueden predecir cómo responderían a partir de la información disponible de materiales emparentados.
Uno de los cambios más importantes fue la reducción de los tiempos del proceso. “Antes un ciclo de mejoramiento duraba cinco años. Hoy ese tiempo se redujo en 15 veces: estamos pudiendo cumplir tres ciclos por año”, indicó. Esa aceleración, explicó, permite acortar el tiempo necesario para llevar nuevos materiales al mercado.
También señaló que el productor empezó a ocupar un lugar mucho más importante dentro del proceso de selección. “Antes se miraba solo el rendimiento. Ahora se mira si rinde, si se enferma, si se quiebra, si se vuelca, y qué impacto puede tener eso en la decisión del agricultor”, afirmó. De esa manera, explicó, el mejoramiento genético dejó de considerar únicamente el potencial productivo y comenzó a incorporar atributos que influyen en el manejo y en las decisiones que toma el productor en cada campaña.
Navarro mostró cómo ese trabajo continúa una vez que el híbrido llega al mercado. Explicó que hoy una bolsa de semilla ya no está acompañada únicamente por una recomendación general, sino por un conjunto de herramientas digitales basadas en inteligencia artificial que ayudan a elegir el híbrido más adecuado para cada lote, definir densidades variables de siembra y de nitrógeno, monitorear el cultivo mediante imágenes satelitales, estimar el estado fenológico sin necesidad de recorrer el campo, analizar los resultados de cosecha para ajustar decisiones futuras y medir indicadores como la huella de carbono y la trazabilidad de la producción. Según señaló, el objetivo es que la tecnología acompañe al productor durante todo el ciclo del cultivo y no solo en el momento de la compra. “Ya no se vende solamente un producto; se vende un producto asociado a un servicio”, resumió.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para agosto de 2026, con haberes y asignaciones actualizados conforme al índice de movilidad. Las personas con DNI terminado en 4 podrán acceder a la mayoría de las prestaciones el miércoles 14 de agosto, mientras que los pagos para jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo se realizarán el miércoles 26 de agosto. Los montos incluyen la actualización prevista y, en algunos casos, un bono extraordinario.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen DNI finalizado en 3 cobrarán el miércoles 14 de agosto. Para agosto de 2026, el haber mínimo es de $419.775,93. Este monto se complementa con un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total para estos beneficiarios asciende a $489.775,93.
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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Las personas que reciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo percibirán el pago el miércoles 27 de agosto si su DNI termina en 3. El monto correspondiente se ajusta según la escala vigente, con una suba del 1,89% respecto al mes anterior. El haber máximo quedó fijado en $2.824.694.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) se pagan el miércoles 14 de agosto para titulares con DNI terminado en 4. Para agosto de 2026, la AUH tiene un valor de $150.848 por hijo, mientras que la Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos familiares) es de $75.433. La AUH por hijo con discapacidad asciende a $491.173. En la zona patagónica, ambos importes alcanzan los $196.103 por hijo.
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Asignación Por Embarazo
Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 3 cobrarán el miércoles 14 de agosto. El monto actualizado es de $150.848. En la zona 1, el valor es de $196.103.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
La Asignación por Prenatal se paga el miércoles 13 de agosto para quienes tengan DNI terminado en 4. El monto para ingresos familiares de hasta $1.146.199 es de $75.431,40 y disminuye en escalas para ingresos superiores. La Asignación por Maternidad también se abona a partir del 11 de agosto, sin distinción por terminación de documento, con el mismo valor base para el primer rango de ingresos.
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Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se encuentran disponibles entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre para todos los beneficiarios. Los montos vigentes son: Nacimiento $87.925,24, Adopción $525.680,06 y Matrimonio $131.650,55.
Pensiones No Contributivas
Las Pensiones No Contributivas (PNC) se acreditan el miércoles 12 de agosto para titulares con DNI terminado en 4. El monto por invalidez y vejez, incluyendo el bono extraordinario, es de $363.843,15. Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el ingreso es de $405.820,74.
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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre, sin cronograma diferenciado por terminación de documento. Los montos dependen del tipo de asignación y la composición familiar, siguiendo los valores vigentes.
Desempleo Plan 1
La Prestación por Desempleo Plan 1 se paga el martes 26 de agosto a quienes tengan DNI finalizado en 3. El monto varía según la situación laboral previa y los topes establecidos oficialmente.
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Desempleo Plan 2
La Prestación por Desempleo Plan 2 mantiene el mismo cronograma que el Plan 1, con pago el martes 25 de agosto para documentos terminados en 4. Los montos se determinan conforme a la normativa vigente.
Cuatro personas fueron detenidas durante un allanamiento por narcomenudeo en Paraná, realizado en una vivienda ubicada en la zona de calle Miguel David y las vías. Según informó la Policía a Elonce, los sospechosos fueron encontrados mientras fraccionaban cocaína y marihuana.
El procedimiento comenzó pasadas las 19:20 del jueves 6 de agosto y se extendió hasta cerca de las 2 de este viernes. Fue concretado por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, a través de la División Antidrogas, luego de una investigación que se prolongó durante aproximadamente dos meses.
Qué encontraron durante el allanamiento
De acuerdo con la información policial, al ingresar a la propiedad los efectivos encontraron a sus ocupantes mientras fraccionaban cocaína y marihuana y preparaban envoltorios que, según la investigación, estaban destinados a su posterior comercialización.
En el lugar funcionaba además un kiosco. Los investigadores sostienen que el comercio era utilizado para disimular la presunta venta de estupefacientes, una circunstancia que quedó incorporada a la investigación judicial.
Como resultado del operativo fueron detenidas tres mujeres y un hombre, quienes quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia.
Cocaína, marihuana y dinero secuestrado
Durante la requisa se encontraron 107 envoltorios con marihuana y tres porciones compactas de la misma sustancia, con un peso total informado de aproximadamente 1,5 kilos.
También fueron incautados 160 envoltorios con cocaína presuntamente preparados para su comercialización, además de tres trozos compactos. En total, la sustancia alcanzó un peso aproximado de 136 gramos, según detalló la fuerza.
Los efectivos secuestraron además 350.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, rollos de bolsas y otros elementos que fueron incorporados a la causa para continuar con la investigación.
El allanamiento fue el resultado de aproximadamente dos meses de tareas investigativas desarrolladas por la División Antidrogas en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes a pequeña escala.
Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
A falta de un año para las elecciones presidenciales hay una incógnita sobre cómo desarrollar los comicios que desvela a Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires que aspira a la presidencia como candidato del peronismo. Tiene dos opciones: desdoblar la elección bonaerense y perder el apoyo de los intendentes aliados en el distrito electoral con más votos del país; o llamar a comicios concurrentes, con la convivencia de Boleta Única de Papel (BUP) y lista sábana, con el condicionante de largas filas para votar. Pero hay un caso exitoso de esta última alternativa que ya estudian en territorio bonaerense.
Con dos años de diferencia, dos distritos de Argentina tuvieron elecciones concurrentes con resultado dispar. En los ejemplos, la Ciudad de Buenos Aires aparece como el caso negativo por las elecciones 2023, en especial las Primarias, mientras que las elecciones de 2025 en Santiago del Estero, fueron el caso positivo de elecciones concurrentes, aunque hubo un trabajo previo y un cambio en los padrones.
En 2023, el ex Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta participó en las elecciones nacionales como precandidato presidencial en las PASO. Llamó a elecciones concurrentes, con la idea de tener el voto de los vecinos que apoyaban su gestión, pero resultó un boomerang.
En agosto de 2023 hubo largas filas, demoras de hasta 40 minutos para votar con dos sistemas distintos: la Boleta Única Electrónica (BUE) para autoridades porteñas y lista sábana para los candidatos nacionales. Larreta perdió esas PASO con Patricia Bullrich incluso en la Ciudad por 144.563 votos.
Ese año también se realizaron primarias para gobernador en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos y en Catamarca, donde no hubo largas filas porque se trató del mismo sistema electoral: lista sábana.
Largas colas para votar en UTN Almagro en las PASO 2023. Foto: Fernando de la Orden
Un año después, el Congreso aprobó el uso de la Boleta Única de Papel (BUP). El nuevo sistema electoral para elegir cargos nacionales entró en vigencia en 2025 y aclara que ninguna elección provincial se puede dirimir en esa BUP, sino que las elecciones locales deben desarrollarse con otras urnas en elecciones concurrentes.
En 2025, 14 de las 24 jurisdicciones del país tuvieron elecciones locales. Diez desdoblaron y solo cuatro las hicieron concurrentes con las nacionales.
Ese año, en Chaco, Jujuy, Salta y San Luis se votó el 11 de mayo; en la Ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo; en Misiones el 8 de junio; en Santa Fe y Formosa el 29 de junio y en Corrientes 31 de agosto. La provincia de Buenos Aires desdobló por primera vez en democracia y los 13.353.974 de electores estuvieron llamados a votar el 14 de septiembre y el 26 de octubre.
Solo cuatro hicieron elecciones concurrentes con las nacionales en octubre. Mendoza, con sus 1.155.693 electores; Catamarca, con 347.282 electores; La Rioja, con 310.155 votantes; y Santiago del Estero, con sus 826.361 electores.
Largas filas en las Paso 2023 en Villar Urquiza. Foto: Marcelo Carroll
En Mendoza, Catamarca y La Rioja solo votaron cargos legislativos locales (la mayoría solo diputados) y en en la BUP solo diputados nacionales. No hubo mayores demoras. Mendoza votó senadores provinciales (19) y diputados provinciales (24); Catamarca diputados provinciales (21); y La Rioja, que sufragó para para elegir diputados provinciales (18).
El temor estaba en Santiago del Estero, que además de legisladores también votaba a gobernador, además de senadores y diputados nacionales.
Santiago del Estero, el modelo para evitar demoras
Para evitar demoras en una elección con boleta sábana de al menos dos tramos y otra urna con una BUP de dos cargos la provincia trabajó meses. La solución que encontró el por entonces gobernador Gerardo Zamora, elegido en esa misma elección como senador nacional, fue sumar escuelas, duplicar las mesas, cuadruplicar las urnas y llamar a más autoridades de mesa.
Gerardo Zamora emite su voto en las elecciones concurrentes 2025 en Santiago del Estero.
Mediante un acuerdo entre la Justicia Electoral de la provincia y la Gobernación, con autorización de la Cámara Nacional Electoral, con la duplicación de establecimientos lograron bajar la cantidad de electores por mesa de 350 a 180.
En las elecciones a gobernador de Santiago del Estero de 2021, habilitaron 479 escuelas, donde ubicaron 2.385 mesas, con una urna por mesa. Así, los 778.445 votantes santiagueños se distribuyeron en alrededor de 350 electores por mesa. Mientras que el año pasado, los 826.361 santiagueños habilitados fueron a 654 establecimientos, donde instalaron 4725 mesas en las que instalaron 9450 urnas, y unos 180 electores por mesa.
“Hubo colores azul y rojo en las urnas para diferenciar elecciones nacionales de provinciales. En azul se votaban los cargos nacionales y en rojo los provinciales”, señalaron a Clarín desde la Justicia Electoral de Santiago del Estero.
Y aclararon: “Se llevó adelante lo que estaba planteado en el convenio: cada elector empezó por el voto con la BUP para los cargos nacionales y después los cargos provinciales”.
En 2025, Elías Suárez, jefe de gabinete de Santiago del Estero, resultó electo gobernador y Gerardo Zamora, senador nacional
Una vez terminado el acto eleccionario, y según el mismo convenio, las autoridades de mesa primero realizaron el escrutinio de la BUP y después de la elección local. Pero no se transmitieron los datos de las actas nacionales hasta que no se terminaron de escrutar los votos de la elección provincial.
El trabajo de duplicación de mesas y establecimientos en la práctica llevó más de dos semanas. Pero según la Justicia Electoral santiagueña llevó meses de trabajo en coordinación con el ministerio de Educación local para buscar los cuartos oscuros.
Esta opción también tuvo un costo. Las autoridades de mesa cobraron $40 mil por asistir, otros $40 mil si hacían el curso de capacitación y otros $40 mil de la provincia por la elección concurrente. Un total de $120 mil por autoridad, un total de $576 millones solo en presidentes de mesa.
“Hubo colores rojo y azul para diferenciar elecciones nacionales de provinciales. Se llevó adelante lo que estaba planteado en el convenio: cada elector empezó por el voto con la BUP para los cargos nacionales y después los cargos provinciales”, señalaron a Clarín desde la Justicia Electoral de Santiago del Estero.
Gerardo Zamora, en las eleccones provinciales de 2021.
Una vez terminado el acto eleccionario, y según el mismo convenio, las autoridades de mesa primero realizaron el escrutinio de la BUP y después de la elección local. Pero no se transmitieron los datos de las actas nacionales hasta que no se terminaron de escrutar los votos de la elección provincial.
El trabajo de duplicación de mesas y establecimientos en la práctica llevó más de dos semanas. Pero según la Justicia Electoral santiagueña llevó meses de trabajo en coordinación con el ministerio de Educación local para buscar los cuartos oscuros dentro de las escuelas habilitadas y no tener que duplicar también los establecimientos.
El año que viene la mayoría de los gobernadores desdoblará la elección de autoridades locales, incluso la Ciudad de Buenos Aires podría elegir una fecha diferente a las elecciones presidenciales.
Consultados por Clarín, en la Provincia señalaron que estudian todas las opciones. “Estamos al tanto del modelo que implementó Santiago del Estero. Pero además, hay un cambio cualitativo: ahora la gente ya conoce la BUP, y antes nadie sabía qué era”, remarcaron en la Gobernación.
El debut de la BUP en la provincia de Buenos Aires en 2025. Foto: Diego Izquierdo
El sistema de Mendoza ofrece otra alternativa, pero implica cambiar una ley. Esa provincia votó la Boleta Única y en la redacción eliminaron el concepto de cuarto oscuro. La BU la entrega la autoridad de mesa y se vota detrás de un biombo, por eso la provincia habilitó en la ley la posibilidad de más de dos biombos por mesa, para acelerar la votación en caso de ser necesario.
Este viernes por la madrugada, el Senado otorgó media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, con 37 votos a favor y 33 en contra. De esta manera, el Gobierno consiguió avanzar con las modificaciones al régimen de desalojos exprés y de expropiaciones, aunque el texto final fue alterado por diversas negociaciones durante la sesión.
Para que el proyecto pudiera avanzar y ser enviado a la Cámara de Diputados, en la etapa final el oficialismo debió ceder y eliminar las modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros y la Ley Nacional de Manejo del Fuego. Así, el último cambio se realizó apenas un minuto antes de que comenzara la votación en general.
Horas después de que el proyecto obtuviera la media sanción, el presidente Javier Milei celebró la victoria conseguida por el bloque libertario. Por medio de su cuenta en Instagram, compartió una imagen de los resultados de la votación y agregó su clásica arenga: “Viva la libertad, carajo”.
No obstante, las primeras reacciones surgieron después de que terminara la sesión alrededor de las 2 de la madrugada. El senador libertario Agustín Coto celebró el resultado en su perfil en la red social X tras abandonar el recinto. “Ganó una idea tan simple como poderosa: lo tuyo es tuyo”, destacó. Asimismo, concluyó que “si no se respetan los derechos de propiedad, no hay futuro”.
En la misma línea, su compañero de bloque Joaquín Benegas Lynch aseguró: “Dejamos atrás años en los que el esfuerzo del dueño valía menos que el abuso del usurpador” tras destacar que se trató de un paso histórico para el país. “Estamos un paso más cerca de que en la Argentina finalmente se respete el derecho de quien trabaja, produce y construye su patrimonio”, indicó.
A raíz de la importancia que tenía el proyecto para el Gobierno, los diputados libertarios también estuvieron pendientes de los resultados. De hecho, la santafesina Romina Diez se sumó a las celebraciones al apuntar: “Ahora vamos por la aprobación definitiva en Diputados”.
“Esta ley garantiza procesos de desalojo más rápidos frente a las usurpaciones y brinda mayor seguridad jurídica a quienes, con esfuerzo y trabajo, construyeron su patrimonio”, subrayó la libertaria al agradecer al presidente “por seguir impulsando las ideas de la libertad y trabajar por un país donde se respete la ley y la propiedad”.
Por parte de la oposición, La Cámpora tomó como una victoria la caída de los capítulos de venta de tierras a extranjeros y la Ley Nacional de Manejo del Fuego. “La patria no se vende y no se quema”, sostuvieron al adjudicar los frutos a la movilización convocada en diferentes puntos del país.
“Se movilizó la sociedad entera, como con el financiamiento universitario. Ahora queda por delante en la Cámara de Diputados frenar los desalojos exprés y el blindaje a las privatizaciones”, señalaron al calificar de “débil” al Gobierno por la respuesta de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso.
La peronista Juliana Di Tullio manifestó que “el pueblo argentino logró lo imposible: que este gobierno entreguista tenga que bajar dos capítulos claves del proyecto de inviolabilidad”. Bajo el mismo tono, Jorge Capitanich remarcó que “cuando el pueblo se organiza y el Congreso cumple su rol, la soberanía no se entrega”.
De la misma manera, se refirió Eduardo “Wado” de Pedro, quien afirmó: “Ganó la Patria. Una victoria de la movilización y el compromiso del pueblo en defensa de la soberanía nacional”. Asimismo, reflexionó que “cuando la sociedad se involucra y se hace escuchar, el saqueo no avanza” y que “luchar vale la pena”.
Hasta el momento, el único gobernador que se pronunció al respecto fue el riojano Ricardo Quintela, quien publicó un video contra el proyecto propuesto por el oficialismo. “Defender la soberanía es defender el presente y el futuro de nuestro país”, aseveró, para luego expresar: “Debemos seguir atentos para proteger nuestras tierras, nuestros recursos naturales y todas las herramientas que resguardan el patrimonio de los argentinos”.
La Casa Rosada era un hervidero: reuniones no programadas para encauzar lo que ya parecía insolucionable, llamados telefónicos cargados de tensión a distintos puntos del país y discusiones internas que no disimulaban la bronca contenida. Ese clima tenía una justificación política válida: 130 días, 4 sesiones y 17 borradores después de la presentación de laLey de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo empezaba a aceptar la caída del tan famoso como malogrado Capítulo III que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas del extranjero. Sin embargo, cuando todavía algunos ministros se negaban a digerir esa realidad, el grito de un funcionario de primerísimo nivel presagió el peor final.
-¡Cerramos la grieta! ¡No se puede creer, esto es una cosa de locos! Listo, cerremos todo…
La queja retumbó tan fuerte entre las paredes de la planta baja de Balcarce 50 que varios curiosos se acercaron y rodearon al hombre que permanecía con el celular en la mano. Miraba fijo la pantalla. Estaba indignado. “Abatido”, definiría él mismo más tarde. No era para menos: acababa de toparse con una publicación de Tini Stoessel en Instagram que podría haber sido posteada por Cristina Kirchner. Uno de los tantos bellos paisajes de Argentina, con picos montañosos nevados y verdes pinos en la línea del horizonte, servían de telón de fondo a una frase que no admitía segundas lecturas: “La Patria no se vende”. Cinco palabras para 22 millones de seguidores. “Game over, muchachos. Nos ganaron”, sentenció el colaborador de Javier Milei que, un poco en broma y un poco en serio, empezó a hablar del “efecto Tini”.
La Libertad Avanza se esperaba las críticas de Lali Espósito, Ca7riel, Dillom, La Joaqui y Nicky Nicole, pero le costó procesar que figuras como la reconocida cantante y ex protagonista de Violetta o la estrella teen Emilia Mernes se plegaran al rechazo de un proyecto legislativo tan plagado de complejidades. “No hay que darle demasiadas vueltas: nosotros, que nos la damos de genios de la batalla cultural, perdimos la guerra comunicacional. Si hasta se nos plantó Lisandro Martínez. La única que nos faltaba era que se plegara Leo Messi”, evaluaba, con evidente sorna, uno de los miembros de la Mesa Política que estuvo más activo en las negociaciones en busca de votos con las provincias. Otro integrante coincidió y abrió una arista “a tener en cuenta”: “El timing fue pésimo porque después del Mundial nos hicimos los nacionalistas, nos abrazamos a Malvinas, criticamos la campaña en contra de Argentina y prometimos expulsar a extranjeros que nos agredan. Y en el medio quedamos como rifando la Patagonia. Es raro”. El senador Luis Juez lo resumió ante los micrófonos con su verborragia tradicional: “Defendimos mal el debate sobre Tierras. Nos faltó inteligencia y picardía. Los campeones del relato instalaron un título horrible y nos terminan acorralando a todos”. Los datos duros lo respaldan: un informe de la consultora Reputación Digital descubrió que las redes sociales, la pecera donde LLA dice nadar como pez en el agua, se llenaron con 69% de mensajes negativos sobre la iniciativa que se debatía en la Cámara alta.
Pese a todo, y con el naufragio de la modificación de la Ley de Tierras ya consumado, la Rosada probó manotazos de ahogado para no entregarse tan fácilmente a la aceptación del golpe: por ejemplo, dirigió duros señalamientos a la organización Amnistía Internacional, una de las convocantes a la marcha antiextranjerización. “Viene una ONG británica y te dice que Milei quiere vender el glaciar perito moreno y vos le crees jajaj disculpame hermano no sabia que eras retrasado mental”, escribió en X el caputista Agustín Romo en la previa de una movilización de la que participó la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA y el PJ en sus múltiples vertientes, incluidos La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof. Afuera del Congreso hubo balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes después de que un grupo de encapuchados le tirara proyectiles a los agentes de seguridad.
El resto de la historia es conocida: aunque la Inviolabilidad consiguió la media sanción en el Senado, quedó renga y plagada de dificultades varias. Fue una sesión larga, con 39 oradores anotados. “Todos querían su discursito para el reel porque el proyecto se transformó en algo mega trending topic”, analizaba un operador libertario mientras esperaba el sufragio de los distintos capítulos. La jornada dejó un rosario de movimientos políticos para el recuerdo: en primer lugar, la ausencia de Victoria Villarruel, presidenta en ejercicio por el viaje de Milei a Ecuador y Colombia, que se adelantó a propósito para que la vice no tuviera que desempatar en el caso de ser necesario dado lo justo del “poroteo”; en segundo lugar, el pedido de los senadores Anabel Fernández Sagasti (PJ-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca) para votar de manera remota se giró a la Comisión de Asuntos Constitucionales sin el menor pataleo del propio kirchnerismo que se había enrolado en la defensa de la digitalidad; por último, el intento del peronismo de vaciar el recinto y que el texto volviera a discutirse en comisiones fue rechazado por 38 legisladores, entre ellos Maximiliano Abad, Carlos Arce, Julieta Corroza, Sonia Rojas Decut y Daniel Kroneberger, cinco que se oponían a acompañar el capítulo vinculado a la venta de tierras.
Un paréntesis obligado: el mileísta Joaquín Benegas Lynch pidió la palabra para intentar explicar que ser el dueño y director de una compañía que gestiona ventas de parcelas en Argentina y a la vez apoyar la parte del proyecto que fue extirpado por Patricia Bullrich no implicaba un conflicto de intereses. “Con este criterio no podría votar nadie”, se excusó. Mientras subía la temperatura del palacio legislativo haciendo referencia a “la presión de la izquierda más rabiosa” y “la ignorancia de los tibios del medio”, el hermano de “Bertie” atacó a la oposición dejando asentado en la versión taquigráfica que “la ley que supuestamente defendía la soberanía nacional permite comprar tierra a los Estados extranjeros”.
La Ley de Propiedad Privada encendió un mensaje de alerta para un ecosistema libertario que tiene en carpeta reformas trascendentales para su futuro: las modificaciones al Banco Central, Inocencia Fiscal II, el Súper RIGI, el régimen de Zona Fría y, con la mira puesta en el objetivo de la reelección 2027, la eliminación o suspensión de las PASO.
El problema es que, apenas empezó la búsqueda de responsables, la interna volvió a comerse al oficialismo. Durante buena parte de esta semana, en los despachos violetas hubo una suerte de todos contra todos en versión parlamentaria. Los reproches circularon de oficina en oficina y, como suele pasar cuando algo sale mal, cada tribu encontró rápidamente la explicación en la impericia ajena. “Santilli no aceleró con los gobernadores”, cuestionaron los que creen que el jefe de Gabinete y ex ministro del Interior debió haber advertido antes que algunos de sus interlocutores habituales estaban abandonando el barco. “Patricia no hizo bien los números finos”, respondieron quienes consideran que Bullrich se quedó encerrada en su propio esquema de conducción del Senado. “Sturzenegger no explicó”, completaron quienes apuntan contra el autor intelectual de buena parte de las reformas que Milei quiere convertir en leyes.
“El Coloso” aparece otra vez en el centro del vendaval por ser uno de los menos dispuestos a ceder cuando la matemática del Congreso exige abandonar la pureza ideológica. “Mandamos reformas demasiado grandes y ambiciosas”, se quejaba un miembro del bloque todavía caliente por el desenlace. Otro, bastante menos diplomático, se despachó sin metáforas: “Vive en una nube de pedo”. El ministro de Desregulación y Transformación del Estadoaguanta embates internos no sólo porque defendió hasta último momento la necesidad de modificar el régimen vigente sino porque se resistió con especial énfasis a las concesiones que “Pato” negoció con bloques dialoguistas para intentar salvar la iniciativa. Los cortocircuitos llegaron a su punto máximo el 19 de julio, cuando la sesión terminó pasando a cuarto intermedio porque no aparecían los votos; en aquellas horas, el propio Sturzenegger llamó personalmente a varios legisladores para transmitirles su rechazo a una cláusula que reafirmaba la facultad constitucional de las provincias para imponer restricciones propias sobre la compra de tierras. La jefa del bloque intentaba ceder para sumar voluntades; por atrás, el funcionario pedía endurecer posiciones.
Si bien sus íntimos lo describen incómodo con el “fuego amigo” y por eso bajó la perilla de sus apariciones mediáticas, nada indica que esté dispuesto a modificar su interpretación de este y otros episodios políticamente conflictivos. De hecho, después de que Marcelo Orrego anunciara en San Juan un acuerdo con Vicuña por U$S 250 millones, eligió utilizar el caso como ejemplo de lo que, a su juicio, perdió la Argentina con el naufragio del capítulo cuestionado. “Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derrama prosperidad. Quizás no hay conciencia que el capítulo de la Ley de Tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país. Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad”, agitó en redes.
Sturzenegger no monopolizó los pases de factura en Casa Rosada. Cerca de Santiago Caputo, aunque cautos en sus movimientos, aprovecharon el traspié para cuestionar otra vez la estrategia electoral de Karina Milei y los primosMenem. El argumento de este sector plantea una pregunta en apariencia sencilla: si los acuerdos políticos con los gobernadores van a ser fundamentales para aprobar reformas y, más adelante, asegurar las condiciones para la reelección de Milei, ¿por qué todavía no están definidos con claridad los entendimientos territoriales para 2027? Es otra variante de una vieja disputa libertaria: construir La Libertad Avanza hasta el último rincón del país y competir contra todos, o resignar posiciones propias para mantener asociados a dirigentes que después tienen senadores y diputados capaces de inclinar una votación.
La rebelión de esta semana le dio combustible a ese interrogante que circula en los pasillos del poder, especialmente cuando los colaboracionistas Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta; y Rolando Figueroa, de Neuquén fueron de los primeros en desmarcarse del tsunami que se estaba gestando en el Senado.
Y es ahí donde aparece uno de los datos políticos más trascendentes para comprender por qué el Gobierno terminó bajando una de sus banderas: en la Cámara alta, La Libertad Avanza consiguió consolidar un universo de 44 senadores propios y aliados que ya le permitió aprobar iniciativas trascendentes y que funciona como un cordón sanitario frente al peronismo. Desarmarlo por la Ley de Tierras podía ser mucho más costoso que aceptar una derrota parcial. Bullrich lo dejó prácticamente escrito en el comunicado que difundió su equipo para explicar el repliegue: “El consenso alcanzado demuestra la madurez política de una mayoría parlamentaria comprometida con impulsar reformas estructurales sin resignar la búsqueda de acuerdos duraderos. La decisión refleja el compromiso con una dinámica de trabajo basada en el diálogo, la búsqueda de consensos y el fortalecimiento de iniciativas que otorguen mayor seguridad jurídica, respetando el carácter federal de las decisiones y garantizando un debate legislativo serio y responsable”. Destacable: un mensaje de paz y de amor impropio de los liberales libertarios.
¿El comportamiento de Jaldo, Sáenz, Figueroa y otros senadores que responden a diversos gobernadores anticipa entonces una rebelión generalizada de los territorios del interior contra Milei? En el Gobierno están convencidos de que no. También en las provincias. “No va a cambiar nada. Esta era una ley que, paradójicamente, les daba más poder a los mandatarios pero que fue comunicada pésimo”, analiza un dirigente que conversa habitualmente con varios caciques. Y completa con un diagnóstico más incómodo para Balcarce 50: “El Gobierno tiene menos coordinación política que antes. Patricia está muy sola y muy celosa de su coordinación en el Senado. Y tienen que frenar algunas ideas de Sturze para entrar en un círculo más virtuoso. Hay que elegir las balas que quedan, sacar el Presupuesto y después ya arranca la rosca por las elecciones”.
La Quinta de Olivos necesita comprender esa lógica porque, según admiten los pocos que visitan con frecuencia ese lugar, la pelea verdaderamente disruptiva todavía no ocurrió: el proyecto que desvela a Karina Milei es la reforma electoral y la necesidad de que el año que viene no haya primarias. La hermana presidencial está convencida de que las PASO constituyen un problema para la pretensión de quedarse en el poder un segundo mandato: permiten ordenar oposiciones fragmentadas, facilitan la construcción de coaliciones y agregan una instancia electoral que puede funcionar como una gran encuesta nacional antes de la contienda definitiva. Por eso, el Gobierno está dispuesto a negociar casi todo alrededor de esas cuatro letras. Como anticipó Infobae, en las conversaciones con los líderes provinciales ya circularon desde eventuales acuerdos electorales en formato clásico hasta promesas de menor competencia libertaria en los distritos donde los gobernadores busquen retener el poder.
Así las cosas, los mismos que esta semana obligaron a mutilar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada son los que mañana deberán aportar voluntades para modificar las reglas de juego de 2027. Y, como si faltaran complejidades, esa discusión encuentra a Milei atravesando una etapa bastante menos cómoda en la opinión pública que la que siguió al triunfo legislativo de 2025.
El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 6,5% en julio y quedó en 1,94 puntos sobre cinco. Un relevamiento nacional de Poliarquía reveló que el 66% de la población prefiere un cambio respecto de la situación económica actual. Hugo Haime & Asociados encuentra algo parecido cuando pregunta por el clima emocional: 34% identifica la bronca como sentimiento predominante y 39% habla de tristeza frente a sólo 20% de esperanza. Y Management & Fit agrega, en un informe publicado hace pocas horas, una arista particularmente delicada: 43,2% piensa que el país estará peor dentro de un año y 58,6% desaprueba la gestión violeta. Apenas un puñado de los últimos estudios que llegaron a las manos del gabinete. Y todo eso sin contar que el Banco Central registra 20,9 millones de personas que tienen algún tipo de deuda financiera y 5,8 millones que acumulan al menos una obligación con más de 90 días de atraso; en apenas doce meses se agregaron casi dos millones y medio de morosos.
El calvario que La Libertad Avanza sufrió en el Congreso tiene una importancia que excede largamente a las hectáreas que un extranjero podrá o no comprar en Argentina: la derrota del Capítulo III expuso una administración con problemas para coordinar a quienes redactan las reformas, quienes las defienden, quienes buscan los votos y quienes tienen que comunicar para qué sirven. Por eso en Balcarce 50 todavía recuerdan con fastidio aquella historia de Instagram que decidió colgar online Tini; no porque crean que una cantante pueda definir por sí sola el destino de una ley, sino porque su frase funcionó como una síntesis brutal de todos sus errores. Y, en paralelo, como un recordatorio: con tantas penurias económicas en el horizonte, no pueden permitirse demasiados traspiés más antes de que empiece la campaña.
El oficialismo logró en el Senadosancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero tuvo un contratiempo con la Ley del Manejo del Fuego, al verse obligado a quitar ese capítulo al no contar con los votos de sus legisladores aliados.
Finalmente, la iniciativa sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue sancionada por 37 votos a favor que se dividieron de la siguiente manera: 21 votos de La Libertad Avanza; 9 de la UCR; 3 del PRO; 2 de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; 1 del correntino Carlos “Camau” Espínola; y 1 de la chubutense Edith Terenzi.
Los votos en contra del proyecto fueron 33: 24 del interbloque justicialista; 3 de Convicción Federal; 2 de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano; 1 de Beatriz Ávila de Independencia; 1 de Flavia Royón de Primero los Salteños; 1 de Alejandra Vigo de Provincias Unidas; 1 de la neuquina Julieta Corroza.
Cómo votó cada senador la Ley de Propiedad Privada
En medio de un coro de economistas que en los últimos días sugirieron la necesidad de subir el tipo de cambio para darle impulso a la actividad y ayudar a los sectores más complicados, Ricardo Arriazu salió a desmarcarse: “Vamos a un superávit comercial de USD 28.000 millones este año. Si el Banco Central no estuviera interviniendo el dólar se desplomaría. Además, en un país como Argentina cualquier salto del tipo de cambio va a precios, no hay ninguna necesidad de eso”.
El economista habló en el evento de la Cámara de Agentes de Bolsa y dejó en claro cuál es su convicción: “Hace años defendía la flotación, pero después entendí que en Argentina el dólar es la unidad de cuenta. Si se mueve, el resto de los precios también lo hacen”.
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Pero, sobre todo, consideró innecesario promover un salto cambiario. “Vamos a un tipo de cambio real más bajo en Argentina. El ingreso de dólares aumentará muy fuerte en los próximos años y eso llevará a un dólar inferior al actual en términos reales”, remarcó.
Arriazu es uno de los economistas más escuchados por el presidente, Javier Milei, pero también tiene fuerte llegada a los inversores. Sus declaraciones van en dirección opuesta a varios colegas que en los últimos días se manifestaron a favor de un tipo de cambio más alto.
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Uno de ellos fue Roberto Frenkel, quien consideró lo mejor que puede hacer el Gobierno es dejar que el tipo de cambio pegue un salto aunque sea a costa de una mayor inflación y consideró que se trata de un “mal trago”. De esta forma, uno de los impulsores del Plan Austral en 1985 consideró que una devaluación ayudaría a darle impulso al sector productivo.
Lucas Llach, ex vicepresidente del Central, también se manifestó a favor de elevar el tipo de cambio y consideró razonable el nivel de $1.800 que hace un par semanas mencionó el vocero presidencial, Adrián Ravier. “La construcción se vería muy beneficiada, porque bajaría el costo de la cuota mensual en pesos, que se vuelve cada mes más cara en dólares. Esto hace que los inversores no quieran participar en nuevos emprendimientos”, aseguró en Ahora Play.
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También se sumó a un pedido similar Miguel Ángel Broda. El economista indicó que aunque la economía funcionaría mejor con un dólar más alto, “la obsesión por bajar la inflación impide dicho ajuste cambiario”. Además, opinó que no tiene sentido que el tipo de cambio barato provoque el cierre de empresas.
Las estimaciones de Arriazu, que espera un superávit comercial no muy lejos de los USD 30.000 millones,son por lejos las más optimistas del mercado. El consenso espera alrededor de 21.000 millones de dólares. Pero la gran cosecha de este año y sobre todo los altos precios de la energía lo hicieron revisar sensiblemente al alza estas estimaciones.
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En ese escenario tan favorable, el Banco Central tendría además bastante espacio para seguir comprando dólares. Hasta ahora lleva poco más de USD 13.000 millones y en el escenario optimista podía llegar a USD 17.000 millones, según se planteó en el inicio de la fase 4 del plan monetario.
La estabilidad cambiaria a la que apuesta el Gobierno tiene como objetivo principal seguir impulsando a la baja a el índice de inflación. Por lo pronto, las consultoras y bancos que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2% para julio y de 1,8% para agosto. Además, pronosticaron un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 29,8% para 2026 y undólar a $1.652para fin de este año.
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En cuanto a la dinámica inflacionaria, el grupo de los analistas más precisos, denominado Top 10, estimó 1,9 por ciento para el séptimo mes del año.
El régimen de Irán endureció los controles de seguridad interna en medio de la incertidumbre sobre los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel. En las últimas semanas, las autoridades intensificaron los arrestos, las restricciones y los castigos contra personas y empresas acusadas de incumplir normas consideradas contrarias al islam, mientras el aparato estatal reforzó la vigilancia sobre la disidencia tras las protestas nacionales de enero.
Las medidas forman parte de una estrategia que las autoridades presentan como un esfuerzo para fortalecer el “frente interno y la unidad” frente a la presión externa. Funcionarios clericales, políticos y militares insistieron en la necesidad de mantener la cohesión nacional y mostraron una mayor intolerancia hacia cualquier manifestación de oposición.
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El presidente Masoud Pezeshkian calificó los acontecimientos de enero como “amargos e inolvidables” durante una entrevista televisada emitida el miércoles por la noche. En ese mismo contexto, el mandatario responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de impulsar las protestas. Según sostuvo, ambos líderes buscaron desestabilizar a la República Islámica mediante manifestaciones organizadas en distintas ciudades iraníes.
El aparato de seguridad combinó ejecuciones, arrestos, incautaciones de bienes y un estricto control sobre internet y los medios de comunicación. Además, mantuvo una fuerte presencia de fuerzas de seguridad armadas y grupos afines al régimen en las calles de Teherán y de otras ciudades durante las noches.
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Las autoridades iraníes describen las protestas de enero como un intento de golpe de Estado organizado por Washington y Jerusalén. Según la versión oficial, agentes de la CIA y del Mossad se infiltraron entre los manifestantes para fomentar la violencia, atacar edificios públicos y provocar daños materiales. El régimen sostiene que 3.117 personas murieron, en su mayoría durante las noches del 8 y 9 de enero, y rechaza las cifras más elevadas difundidas por organizaciones de derechos humanos y funcionarios estadounidenses.
Uno de los episodios más recientes ocurrió el 28 de julio en la plaza Alikhani, en Isfahán. Allí, dos jóvenes fueron ejecutados públicamente mediante ahorcamiento bajo una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad. Los acusados enfrentaban cargos de moharebeh, o “declarar la guerra a Dios”, y de “corrupción en la Tierra”, delitos vinculados por las autoridades con incendios provocados y con la muerte de miembros de las fuerzas de seguridad durante los disturbios.
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Familiares y vecinos intentaron impedir la ejecución, pero las fuerzas de seguridad los dispersaron por la fuerza. En redes sociales circularon videos que aparentemente mostraban disparos.
Otros dos jóvenes ya recibieron la pena capital por el mismo expediente. Además, ocho personas continúan bajo amenaza de ejecución dentro del caso de Isfahán, que involucra a 16 acusados. También existen procesos similares en esa provincia y en otras regiones del país.
El miércoles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó que “al menos 56 personas han sido ejecutadas por cargos relacionados con la seguridad nacional desde el 19 de marzo”. Según precisó, 27 de esos casos corresponden a personas vinculadas con las protestas nacionales de enero y más de 100 personas corren el riesgo de ser ejecutadas por cargos similares.
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Las autoridades iraníes sostienen que las ejecuciones buscan impedir acciones contra la seguridad nacional en un escenario marcado, según afirman, por intentos de Estados Unidos e Israel de derrocar a la República Islámica.
En esa línea, el jefe del Poder Judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, afirmó en enero que “la aplicación oportuna e inmediata de los castigos para los alborotadores es uno de los elementos disuasorios”.
La ONU y organizaciones internacionales de derechos humanos reclamaron el fin de las ejecuciones. La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, informó que las ejecuciones aumentaron un 68% y superaron las 1.600 personas durante 2025, la cifra más alta desde 1989.
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Organizaciones de derechos humanos también denunciaron que los tribunales revolucionarios celebran audiencias a puerta cerrada, mientras los acusados sufren abusos y las familias reciben presiones para no hablar con los medios. Siete expertos y relatores especiales de la ONU advirtieron la semana pasada: “Tal como están las leyes nacionales actualmente, es imposible participar en cualquier protesta crítica con el Estado sin arriesgarse a sufrir represalias y persecución”.
Los especialistas agregaron: “Este ciclo solo se romperá cuando se abra el espacio cívico y se garantice la libertad de reunión pacífica y de expresión”. También señalaron: “La lógica parece clara: infundir miedo en la sociedad, disuadir futuras manifestaciones y silenciar la disidencia. Sin embargo, la represión solo engendra más disidencia”.
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En paralelo, la Fiscalía de Teherán abrió causas contra usuarios de internet acusados de respaldar a personas ejecutadas tras las protestas. El presentador de la televisión estatal Mohsen Azadi también cuestionó públicamente a la ex viceministra de Cultura Nadereh Rezaei después de que ella publicara un mensaje en el que sostuvo que las ejecuciones generan odio.
Las autoridades mantienen además un fuerte control sobre el acceso a internet. Durante las protestas suspendieron la conexión internacional durante tres semanas y, tras el inicio de la guerra el 28 de febrero, mantuvieron nuevas restricciones durante tres meses. Aunque parte de la conectividad volvió, numerosos servicios de mensajería y sitios web internacionales continúan bloqueados.
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La presión estatal también alcanzó los espacios sociales y comerciales. En las últimas semanas cerraron decenas de comercios, cafeterías, restaurantes, gimnasios, librerías, centros culturales, páginas web y tiendas virtuales por presuntas infracciones a las normas islámicas o por motivos vinculados con la seguridad. Los controles afectaron a estudiantes, docentes, abogados, escritores, actores y miembros de minorías. El periódico reformista Shargh informó que estudiantes identificados con la disidencia fueron víctimas de difusión de datos personales en canales anónimos de Telegram. El Consejo Coordinador de las Asociaciones Sindicales de Profesores Iraníes denunció que varios estudiantes recibieron citaciones o quedaron detenidos por cargos relacionados con la seguridad nacional.
El actor Reza Kianian difundió en Instagram un mensaje compartido por miles de personas en rechazo a las muertes ocurridas durante las protestas y a las ejecuciones posteriores. El texto expresó: “No puedo fingir que todo es normal. Nuestro dolor compartido no debe perderse en medio del ajetreo de la vida cotidiana”.
Axel Kicillofno desdoblará las elecciones en la provincia de Buenos Aires si el gobierno nacional no logra eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como se propuso en su anunciada reforma política que, de momento, no logra salir a las pistas. La gestión de Javier Milei quiere erradicar las Primarias. En lo formal, argumenta un ahorro de USD 150 millones, aunque hay un trasfondo político: evitar que esa instancia electoral para elegir candidatos no termine funcionando como una gran encuesta, que adelante los tiempos y que los resultados no sean los esperados. El Gobierno quiere una sola elección, con Milei yendo por la reelección: fuerte al medio. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral nacional, siguen con sigilo esta instancia mientras transitan la discusión interna dentro del peronismo.
Así como La Libertad Avanza esgrime un argumento presupuestario detrás del plan para eliminar las PASO, en Buenos Aires avisan que “no dan los tiempos” para separar las elecciones provinciales de las nacionales si se les suman las Primarias. “Sería hacer votar a la gente tres veces”, plantean cerca del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El famoso calendario electoral complejizaría un desenganche, más allá de los fundamentos políticos y estratégicos que pueden aparecer y sobre todo si Kicillof buscara una candidatura presidencial, que es por lo que está trabajando y que, de darse, anunciará el año que viene.
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Un crongorama ajustado
La normativa electoral de la provincia de Buenos Aires establece plazos distintos para la convocatoria a las elecciones primarias y las generales. En el caso de las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas (EPAOS), la Ley 14.086 dispone que el Poder Ejecutivo debe convocarlas con una antelación no menor a 120 días ni mayor a 150 días respecto de la fecha de realización. La misma norma establece, además, que esos comicios deben celebrarse dentro de los 12 meses previos a la elección general y en la misma fecha que las primarias nacionales.
Para las elecciones generales provinciales, en tanto, la legislación bonaerense prevé que la convocatoria debe efectuarse con no menos de 60 días de anticipación al acto electoral. El gobernador tiene potestad para convocar a las elecciones generales en una fecha distinta de la fijada para los comicios nacionales. La potestad para realizar esa convocatoria se apoya en el artículo 144 inciso 7 de la Constitución provincial, además del artículo 66 de la ley provincial 5.109.
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Ese marco permite que la Provincia defina su propio calendario electoral para los cargos locales, siempre dentro de los plazos que establece la legislación. La coincidencia con la elección nacional no funciona como una obligación para los comicios provinciales, sino como una alternativa prevista por el régimen de simultaneidad electoral. Aparece de forma explícita en el artículo 116 de la Ley Electoral de PBA: “El Poder Ejecutivo podrá,dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, convocar a las elecciones simultáneamente con la elección de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación”, dice el texto. También puede no hacerlo y elegir su propia fecha, lo que —efectivamente— sería un desdoblamiento. Es algo que estudia Kicillof. Aún sin definiciones, cree tener una certeza: prefiere las PASO y si hay PASO no hay desenganche posible.
La situación cambia para las elecciones primarias en lo que respecta a las fechas. Según el régimen vigente en la Provincia, cuando el Poder Ejecutivo Nacional convoca a primarias nacionales para determinadas categorías, las primarias bonaerenses deben realizarse en la misma fecha, de acuerdo al artículo 2 de la ley 14.086.
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Discusión política
Más allá del aspecto logístico, están el estratégico y el político. Hay dos posiciones distintas en el entorno de Kicillof que, por ahora, conviven. A favor de un desdoblamiento, está la eventual victoria que podría tener el peronismo en la provincia de Buenos Aires. En La Plata aseguran que con un candidato único, respaldado fehacientemente por todos los sectores del peronismo y con el gobernador presente en la campaña, se podría retener la provincia.
Esta tesis tendría como antecedente favorable lo que fueron las elecciones del año pasado, cuando Kicillof eligió desenganchar los comicios legislativos y obtuvo una victoria por casi 14 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza para cargos legislativos. En La Plata, tienen sobre la mesa, siempre y cuando no haya PASO, esa carta: creen que una victoria en Buenos Aires podría allanar el camino a un resultado de orden nacional.
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Otros factores y elección unificada
Días atrás, el grupo de intendentes de la naciente Liga de Intendentes peronistas bonaerenses visitó al gobernador. Fue una reunión netamente política. No se habló de gestión. Los jefes comunales que buscan bajar la espuma de la interna reinante en el peronismo bonaerense entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora piden reelecciones indefinidas. Ese tema también interviene en la definición de aplicar un desdoblamiento electoral.
La chance de que los intendentes puedan ir por otro mandato en sus distritos acomoda, por un lado, la discusión por la sucesión a la gobernación -ya que varios de los que hoy aparecen como posibles candidatos y son intendentes podrían quedarse en sus distritos- y por el otro, garantizaría su involucramiento pleno en la campaña. Ahí cobra fuerza una unificación de la elección y una campaña en conjunto: municipal, provincial y nacional, con Buenos Aires abarcando el 37% del padrón electoral.
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Todo en un hipotético escenario de Kicillof candidato. En su equipo interpretan que hoy por hoy solo hay dos nombres para la contienda electoral del año que viene: Milei y Kicillof. Por eso, con esa idea es que están dispuestos a ir a una PASO. Además, creen que, de ir a una interna, el gobernador bonaerense podría validar credenciales de su propio armado político (el MDF) y evitaría llegar a la resolución de una candidatura y un ordenamiento interno mediante un acuerdo con el resto de los sectores. Por eso abona las PASO.
