La partida crecerá 21,7% frente a 2026, aunque perderá levemente participación dentro del gasto nacional. El proyecto también detalla recursos para la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, Casación y los tribunales federales y nacionales.
El proyecto de Presupuesto 2027 prevé $3,017 billones para el Poder Judicial de la Nación, un 21,7% más que en 2026, aunque su participación dentro del gasto total de la Administración Nacional bajará levemente, de 1,54% a 1,49%.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $3,017 billones para el Poder Judicial de la Nación, frente a los $2,480 billones previstos para 2026. La diferencia asciende a unos $537.466 millones, lo que representa un incremento nominal del 21,7% entre ambos ejercicios.
La partida aumentará en términos nominales, aunque su participación dentro del gasto nacional se reducirá levemente. En 2026 representaba alrededor del 1,54% del gasto total de la Administración Nacional y para 2027 esa proporción se ubicará en torno al 1,49%. En términos simples, aproximadamente $1,50 de cada $100 de gasto nacional previstos para el próximo año corresponderán a esta jurisdicción.
La explicación está en que el gasto total crecerá a un ritmo mayor. El proyecto prevé que los gastos corrientes y de capital de la Administración Nacional pasen de $161,4 billones en 2026 a $202,1 billones en 2027, un aumento del 25,2%, por encima del 21,7% asignado al Poder Judicial.
Las cifras están expresadas en pesos corrientes. Por eso permiten comparar cuánto aumenta cada partida en términos nominales, aunque por sí solas no determinan si esos recursos tendrán una mayor o menor capacidad de compra durante el próximo año.
Dentro del sistema de Justicia existen además otras estructuras presupuestarias que se contabilizan por separado. El Ministerio Público tendrá $1,401 billones, un 22,3% más que en 2026, mientras que el Ministerio de Justicia recibirá $380.938 millones, con una suba del 16%. Ninguno de esos montos está incluido dentro de los $3,017 billones correspondientes al Poder Judicial.
La jurisdicción Poder Judicial de la Nación incluye a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura y a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, además de los tribunales y dependencias que funcionan bajo sus respectivas órbitas.
Por eso, los más de $3 billones no conforman una única partida administrada por una sola autoridad. El dinero se distribuye entre juzgados y cámaras, instancias superiores, áreas administrativas, cuerpos técnicos y distintos servicios necesarios para el funcionamiento de los tribunales.
Casi todo ese crédito está destinado directamente a la actividad judicial: $3,003 billones corresponden a la función Judicial y $14.380 millones a Seguridad Social. La comparación de esta nota toma como referencia a la jurisdicción Poder Judicial de la Nación, que no incluye al Ministerio Público ni al Ministerio de Justicia, ambos con presupuestos propios.
Casi todo el presupuesto se destina a personal
El principal componente del gasto son los salarios. De los $3,017 billones previstos para 2027, $2,772 billones se destinarán a personal, alrededor del 92% del presupuesto completo del Poder Judicial.
Dentro de ese monto, unos $2,644 billones corresponden al personal permanente. Esa sola partida absorbe aproximadamente el 87,6% de todos los recursos asignados a la jurisdicción. También se contemplan fondos para personal temporario, servicios extraordinarios, asistencia social, beneficios, compensaciones y contrataciones, aunque con una incidencia mucho menor sobre el total.
La estructura prevista comprende 27.035 cargos. Los dos grandes bloques de tribunales reúnen buena parte de ese personal: 12.118 puestos corresponden a la Justicia Federal y otros 7.635 a los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ambos concentran cerca del 73% de los cargos.
En contraste, la inversión tiene un peso considerablemente menor. El proyecto contempla unos $89.001 millones para bienes de uso, cerca del 3% del presupuesto total. También se prevén $20.504 millones para bienes de consumo y alrededor de $120.957 millones para distintos servicios necesarios para el funcionamiento de la jurisdicción.
La composición muestra así una estructura fuertemente concentrada en el funcionamiento cotidiano de los tribunales, especialmente en salarios. Las obras, el equipamiento y otras inversiones representan una porción significativamente menor frente al peso de los recursos humanos.
Los tribunales concentran más del 70% de los fondos
La mayor partida corresponde a la denominada Justicia Federal, que tendrá alrededor de $1,315 billones. Allí se agrupan los tribunales que intervienen en materias de competencia federal, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las distintas jurisdicciones del interior del país. Incluye, entre otros, los fueros Criminal y Correccional Federal, Civil y Comercial Federal, Contencioso Administrativo Federal, de la Seguridad Social, Electoral y Penal Económico, además de las cámaras federales distribuidas en las provincias.
También en este caso el peso de los salarios es muy alto: de los $1,315 billones previstos, aproximadamente $1,290 billones corresponden a remuneraciones. Otros $21.051 millones se destinan al funcionamiento y $3.657 millones a inversión.
El segundo bloque por volumen es la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contará con $866.336 millones. Bajo esa categoría aparecen los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal que intervienen, entre otras materias, en causas civiles, comerciales, laborales y penales ordinarias.
Aunque funcionan en territorio porteño, esos juzgados y cámaras forman parte del Poder Judicial de la Nación. De los $866.336 millones asignados, $859.408 millones corresponden a remuneraciones, mientras que los fondos destinados a obras, equipamiento y otros bienes de uso alcanzan $782 millones.
Sumados, la Justicia Federal y los tribunales nacionales porteños recibirán aproximadamente $2,181 billones, algo más del 72% de todo el presupuesto de la jurisdicción. Es decir, más de siete de cada diez pesos asignados al Poder Judicial se concentran en esos dos grandes bloques.
El resto se distribuye entre la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación, las áreas centrales del Consejo de la Magistratura y distintos servicios técnicos y administrativos.
La actividad jurisdiccional de la Corte Suprema, identificada en el Presupuesto como Justicia de Máxima Instancia, tendrá una suma de $139.521 millones y 1.156 cargos. De ese total, $98.015 millones corresponden a remuneraciones y $17.371 millones a inversión.
Por separado, la Administración General de la Corte dispondrá de $72.649 millones y 1.085 cargos. Esta división permite distinguir la tarea específicamente jurisdiccional del máximo tribunal de las funciones administrativas, de infraestructura y de soporte que también se encuentran bajo su órbita.
La Casación contará, en tanto, con otros $119.866 millones y 1.003 cargos. En este caso, prácticamente todo el presupuesto corresponde al personal: $119.578 millones se destinan a remuneraciones y no se registra inversión real directa.
Las denominadas Actividades Centrales tendrán $249.595 millones y 1.547 cargos. Allí se concentran tareas de gestión financiera, tecnología, infraestructura, administración de recursos humanos y funcionamiento institucional del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. A diferencia de los grandes programas de tribunales, esta área muestra una mayor participación relativa de la inversión, con $39.356 millones.
Pericias, comunicaciones y otros servicios
El presupuesto también permite identificar cuánto se destinará a algunos servicios que participan directamente en las causas judiciales y que suelen quedar menos visibles cuando se observa sólo el monto global.
Pericias Judiciales tendrá $95.347 millones y 748 cargos. Esa estructura reúne profesionales de distintas especialidades y comprende también a la Morgue Judicial y sus laboratorios. Del total, $77.447 millones se asignan a remuneraciones y $11.978 millones a inversión.
Entre las obras previstas aparece una nueva etapa de readecuación y refuncionalización de la Morgue Judicial, con $9.165 millones, además de intervenciones en otros espacios utilizados por la Corte.
La Interceptación y Captación de las Comunicaciones contará con $54.186 millones y 641 cargos. De esa suma, $52.705 millones están vinculados con la actividad destinada a cumplir medidas de interceptación requeridas por magistrados judiciales y representantes del Ministerio Público Fiscal. El programa incluye además distintas obras en su sede de Avenida de los Incas, en la Ciudad de Buenos Aires.
Mandamientos y Notificaciones dispondrá de $45.442 millones y 585 cargos. Esa dependencia ejecuta y comunica medidas ordenadas por los tribunales, como embargos, constataciones, intimaciones de pago, secuestros, allanamientos y lanzamientos.
Corte Suprema de Buenos Aires
La Corte Suprema de Justicia cuenta con una administración propia dentro del Poder Judicial, con partidas diferenciadas para su función jurisdiccional y para las tareas de gestión, infraestructura y soporte del máximo tribunal
También aparecen partidas de menor magnitud para la Biblioteca y Jurisprudencia, el Archivo General Judicial, la asistencia social y la atención de pasividades. En conjunto, estos programas muestran que el presupuesto del Poder Judicial no se limita al funcionamiento de los juzgados y cámaras, sino que también sostiene servicios técnicos, administrativos y auxiliares necesarios para la tramitación de las causas.
Obras en la Corte y en la Justicia Federal
La inversión en infraestructura comprende proyectos tanto en dependencias de la Corte como en juzgados federales del interior. En el programa Justicia de Máxima Instancia se incluyen, entre otros trabajos, $4.189 millones para la adecuación integral del edificio de Villarino 2010, además de restauraciones y tareas de mantenimiento en inmuebles vinculados al máximo tribunal.
Los anexos también contemplan obras en dependencias federales de distintas provincias. En Junín, provincia de Buenos Aires, se prevén alrededor de $140 millones para la remodelación y ampliación del Juzgado Federal. En General Pico, La Pampa, se destinan $263 millones para adecuar un inmueble adquirido para el Juzgado Federal.
En Santa Rosa se asignan otros $477 millones para ampliar y adaptar la sede utilizada por el Juzgado Federal y el Tribunal Oral Federal. Para el Juzgado Federal N°2 de San Juan, el proyecto reserva casi $170 millones durante 2027.
Esos montos no representan necesariamente el costo total de las obras. Varias tienen ejecución plurianual, por lo que la cifra prevista para 2027 corresponde solamente a la parte que se proyecta ejecutar durante ese ejercicio.
De dónde salen los recursos
El proyecto no sólo establece cuánto podrá gastar el Poder Judicial. También estima los recursos vinculados con la jurisdicción durante 2027, que ascienden a aproximadamente $3,484 billones. De ese total, unos $3,025 billones corresponden a ingresos tributarios, $444.329 millones a ingresos no tributarios y $14.257 millones a rentas de la propiedad.
El Poder Judicial cuenta con un régimen de autarquía financiera, establecido por la Ley 23.853. La documentación presupuestaria señala que la jurisdicción se financia mediante recursos con afectación específica, tributarios y no tributarios, entre ellos los vinculados con la tasa de justicia, además de los aportes previstos por ese régimen.
Al detallar cómo se financiará el gasto de 2027, el proyecto ubica los $3,017 billones asignados al Poder Judicial dentro de la categoría “recursos con afectación específica”.
A nivel general, el proyecto prevé para toda la Administración Nacional unos $202,3 billones de recursos durante 2027, prácticamente en línea con los $202,1 billones de gastos corrientes y de capital.
La principal fuente de ingresos serán los impuestos: se estiman $122,6 billones, cerca del 61% de los recursos totales. A eso se suman $62,3 billones en aportes y contribuciones a la seguridad social, además de ingresos no impositivos, rentas de la propiedad, venta de bienes y servicios y recursos de capital.
Para el Poder Judicial, en tanto, la política presupuestaria plantea continuar con la optimización de la recaudación y utilización de sus recursos, mantener el control sobre los gastos corrientes y sostener niveles de personal e inversión compatibles con el funcionamiento de la jurisdicción.
La Corte Suprema también prevé seguir publicando información sobre contrataciones, licitaciones, adjudicaciones, ejecución presupuestaria, escalas salariales y estados financieros. Entre sus objetivos para 2027 figura, además, mantener el equilibrio entre los gastos y los recursos disponibles y evitar la generación de endeudamiento.
Fuente: Infobae, Tomás Martino.
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