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El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a modificar a la baja sus estimaciones para la Argentina y proyectó que la economía crecerá 2,1% en 2026, frente al 3,5% previsto en abril y ratificado en julio. El nuevo escenario figura en la edición de octubre de las Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO), difundida este lunes. La publicación tuvo lugar durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial celebradas en Bangkok, Tailandia, a las que asiste el ministro de Economía, Luis Caputo.

El ajuste implica un recorte de 1,4 puntos porcentuales respecto de la previsión del informe de abril. A la vez, el organismo elevó su cálculo para la inflación promedio anual de este año: espera un alza de 32,5%, frente al 30,4% que había estimado seis meses atrás.

Para 2027, el Fondo proyecta una expansión de 3,5% y una inflación promedio de 21,2%. También prevé que la tasa de desempleo alcance el 7,6% en 2026 y se reduzca al 7,1% el año próximo.

En el plano global, el WEO mantuvo en 3,1% su previsión de crecimiento para 2026 y elevó a 3,4% la de 2027. El Fondo espera que la inflación mundial alcance 4,7% este año y baje a 4,1% el próximo, en un escenario marcado por precios energéticos más altos y riesgos financieros.

Así, el recorte para la Argentina no responde a una baja uniforme de las previsiones globales: mientras el FMI mantuvo sin cambios su cálculo para la economía mundial y mejoró el de varios países, redujo 1,4 puntos su estimación para el PBI argentino en 2026.

Tampoco la región comparte la suerte de la Argentina. En América Latina y el Caribe, el FMI mantuvo en 2,3% su proyección de crecimiento para 2026, por lo que el recorte no fue uniforme. La Argentin quedó entre los casos con mayores revisiones negativas, junto con Chile (-1,8 puntos) y Uruguay (-0,5). En cambio, el organismo elevó sus estimaciones para Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú, un conjunto de mejoras que compensó las bajas regionales.

El crecimiento previsto para 2026 quedó casi a la mitad del cálculo de octubre de 2025

La revisión de octubre profundiza una secuencia de correcciones en las expectativas del organismo para la economía argentina. En la edición de octubre de 2025, el FMI había proyectado un crecimiento de 4% para 2026 y una inflación promedio anual de 16,4%.

En abril de este año, el Fondo redujo aquella previsión de actividad a 3,5% y elevó la de inflación a 30,4%. La actualización de julio mantuvo esas cifras, según informó Infobae. Con el nuevo WEO, la proyección de expansión se ubica 1,9 puntos por debajo de la que el organismo sostenía hace un año, mientras que la estimación de inflación casi duplica el cálculo inicial.

El documento atribuye el deterioro del escenario mundial a una combinación de tensiones geopolíticas, disrupciones en los mercados de energía y cambios en las condiciones financieras. Para los países importadores de energía y con menor participación en la cadena tecnológica asociada a la inteligencia artificial, el Fondo advierte mayores costos de importación, presiones cambiarias y un menor impulso de la demanda.

El FMI prevé un superávit de cuenta corriente de 0,6% del PBI

Además de las variables de actividad y precios, el organismo estimó un superávit de cuenta corriente equivalente a 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI) tanto para 2026 como para 2027. La cuenta corriente reúne las transacciones de bienes, servicios, rentas y transferencias de un país con el exterior.

En su informe, el FMI señaló que las economías de América Latina y el Caribe crecerían 2,3% este año y 2,5% en 2027. La previsión para la Argentina, de 2,1% en 2026, queda levemente por debajo del promedio regional.

La inflación argentina, en cambio, se mantendría muy por encima de la media regional. El Fondo calcula que los precios al consumidor en América Latina y el Caribe subirán 6,8% en 2026 y 5,7% en 2027, sin incluir a Venezuela en el agregado regional.

La encuesta del Banco Central también reflejó un recorte de las expectativas de actividad

Las proyecciones del FMI se conocen después de que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) registrara una nueva reducción en las estimaciones privadas de crecimiento para este año. La encuesta, que reúne pronósticos de consultoras, bancos y centros de investigación, también anticipó una inflación de 1,9% para septiembre.

La comparación permite ubicar el nuevo pronóstico del Fondo dentro de un contexto de revisión de las expectativas macroeconómicas. El WEO volverá a actualizarse en enero, cuando el FMI publique su primera revisión parcial de proyecciones de 2027.

Jorge Macri evalúa que las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires de 2027 coincidan con las nacionales y se realicen en octubre, una definición que dependerá de las conversaciones con el resto de las fuerzas políticas, según él mismo indicó. El jefe de Gobierno sostuvo que la experiencia de 2023, cuando los comicios locales se hicieron en la misma fecha que los nacionales, constituye un antecedente para mantener ese esquema.

La posibilidad de no desdoblar la votación modifica el calendario político de la Ciudad y se inserta en las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza. Macri aclaró que la decisión aún no está tomada y que legalmente las elecciones porteñas podrían realizarse antes.

“No está definido todavía, no lo sé”, afirmó el mandatario este lunes durante una entrevista con Radio Rivadavia. Explicó que la fecha electoral debe establecerse mediante una iniciativa del Ejecutivo que luego será enviada a la Legislatura.

El jefe de Gobierno remarcó que la coincidencia de las elecciones de 2023 con la convocatoria nacional vuelve probable una repetición del mecanismo. “Pueden ser antes, pero la última del Ejecutivo fue coincidiendo con la Nacional, así que es probable que sea al mismo tiempo”, indicó.

La definición no dependerá únicamente de la administración porteña. “Hay que hablarlo con las otras fuerzas”, planteó Macri, en el marco de un acuerdo que existe a nivel político entre el PRO y la Libertad Avanza y que ambas fuerzas intentan conservar de cara a las elecciones del próximo año.

La discusión ocurre mientras el Gobierno nacional promueve una reforma electoral que busca eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El proyecto ya se encuentra en el Senado y el oficialismo abrió una ronda de conversaciones con gobernadores aliados para reunir apoyos legislativos.

Los plazos para tratar esa iniciativa generan diferencias dentro de La Libertad Avanza. Un sector considera que el Congreso debería avanzar antes de que termine octubre o, como máximo, durante noviembre, mientras otros dirigentes sostienen que la negociación puede extenderse hasta 2027.

La Cámara Nacional Electoral pidió que cualquier modificación se apruebe con suficiente antelación a la próxima elección presidencial. El planteo atraviesa las discusiones del oficialismo nacional, que también negocia con las provincias cuestiones vinculadas al armado electoral.

Macri evitó anticipar cómo se conformarán las alianzas en la Ciudad para los comicios de 2027. Consultado sobre una eventual unión con La Libertad Avanza, señaló que el inicio formal de esas conversaciones debería producirse en marzo del próximo año.

“El marco de empezar a discutir alianzas es en marzo del año que viene”, sostuvo. Aunque admitió que la relación entre ambas fuerzas aparece con frecuencia en las conversaciones políticas, insistió en que todavía falta para abrir una negociación concreta.

El alcalde porteño concentró su intervención en la gestión y planteó que una atención anticipada sobre las candidaturas puede afectar el trabajo cotidiano de su administración. “Estoy muy enfocado en la gestión, si te distraés mucho pensando en lo electoral, se te van los días”, expresó.

Entre las obras mencionadas incluyó la licitación de la línea F, los puentes La Bruna y De Lepiane y el paso bajo nivel de Pampa. También destacó intervenciones sanitarias encabezadas por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en hospitales de la Ciudad.

Macri citó obras en los hospitales Zubizarreta, Pirovano, Fernández, Penna y Piñero. Sobre el establecimiento de Villa Devoto, señaló que la intervención tiene un impacto particular para una comunidad que considera al hospital como una institución cercana.

La suspensión de las PASO también formó parte de la entrevista. El jefe de Gobierno consideró que las reglas electorales no deberían discutirse con la mirada puesta en los comicios inmediatos: “Las cuestiones electorales no hay que discutirlas para las elecciones que vienen”.

La mitad de las personas que refinanciaron sus deudas continúa en la misma categoría de morosidad, mientras que entre los jóvenes de hasta 25 años el incumplimiento llega al 63% en el financiamiento de cadenas comerciales. Los datos corresponden a la última actualización del Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA).

En diálogo con Infobae a la Tarde, Mariano Almeyda, director del Centro de Estudios para la Ciudad, vinculó el deterioro de la situación financiera con la insuficiencia de los ingresos para afrontar los gastos cotidianos y cumplir con las obligaciones crediticias.

Refinanciaciones: la mitad no logra salir de la mora

El relevamiento incorporó una herramienta para seguir la evolución de quienes renegociaron sus obligaciones entre abril y agosto de 2026. Según los resultados presentados por Almeyda, el 50,6% permaneció en la misma categoría de morosidad, mientras que el 30,5% consiguió mejorar su situación.

El mapa también analiza el mercado secundario, donde fideicomisos y otras entidades adquieren carteras de créditos impagos para gestionar su cobro, por vías extrajudiciales o judiciales.

Para Almeyda, el principal obstáculo no está en la posibilidad de renegociar una obligación, sino en la capacidad de pagarla con los ingresos disponibles. “El problema no tiene tanto que ver con esa necesidad de las personas de poder refinanciar la mora, sino que el problema radica en los ingresos”, afirmó.

La dificultad persiste cuando una cuota renegociada debe afrontarse con los mismos recursos que antes no alcanzaban para cubrir la deuda original. “Vos podés refinanciar reiteradamente o podés refinanciar una sola vez, pero siempre vas a estar condicionado a que no podés generar más ingresos para poder cancelar eso que estás refinanciando”, sostuvo.

El especialista también cuestionó las condiciones financieras que pueden multiplicar el capital adeudado y volverlo difícil de afrontar. Esa problemática forma parte de la discusión legislativa sobre las alternativas para regularizar los compromisos pendientes.

Los jóvenes recurren al crédito para cubrir gastos básicos

La situación de los menores de 26 años aparece entre los principales focos de preocupación del relevamiento. En la provincia de Buenos Aires, la mora de ese grupo llegó al 40% en algunas mediciones, mientras que el indicador alcanzó el 63% en las deudas con cadenas comerciales.

Almeyda relacionó esos niveles con las dificultades para acceder al empleo formal y conseguir ingresos suficientes. También destacó el papel de los neobancos y las fintechs en el acceso al financiamiento de los sectores más jóvenes. “Ahora es en base a necesidades básicas. La gente accede al crédito para poder comer”, afirmó.

El uso de préstamos para cubrir gastos cotidianos puede derivar en una acumulación de obligaciones cuando el dinero disponible no alcanza para cancelar los vencimientos. “Adquiero un crédito para pagar otro crédito y todo siempre dentro de este sistema de lo que es el acceso a través del celular o del dispositivo móvil”, describió.

El Mapa de la Deuda permite segmentar los registros por edad, género, entidad financiera y territorio. En la ciudad de Buenos Aires, la visualización presentada durante la entrevista mostró una situación más comprometida en barrios del sur, como Villa Lugano, Nueva Pompeya y La Boca, que en zonas como Palermo y Barrio Norte.

A nivel nacional, la tasa de mora se ubicó cerca del 19%. La Pampa registró un 13%, mientras que Santa Cruz llegó al 26% y La Rioja y San Luis rondaron el 25%. Almeyda atribuyó parte de las diferencias entre provincias a sus estructuras productivas y a las alternativas de financiamiento disponibles.

Qué proyectos debatirá Diputados sobre el endeudamiento

La Cámara de Diputados tiene previsto retomar el jueves 15 de octubre el tratamiento de iniciativas relacionadas con la morosidad. La oposición necesita reunir 129 legisladores para habilitar la sesión, que también contempla otros asuntos en la agenda parlamentaria.

En materia de endeudamiento, los proyectos proponen respuestas diferentes. Una iniciativa impulsada por La Libertad Avanza, el PRO y parte de la Unión Cívica Radical prioriza la prevención y la información para quienes solicitan créditos, con mecanismos como la doble validación en determinadas operaciones mediante billeteras virtuales.

Otra propuesta, promovida por el peronismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, plantea límites a las tasas de interés, planes de refinanciación y una emergencia en materia de morosidad por 180 días.

Almeyda rechazó que la respuesta consista en recomendar a los deudores que dejen de pagar. “Empieza a circular la información de ‘no pagués’. Y en realidad la solución nosotros no vemos como que sea no pagar”, señaló.

En cambio, planteó la necesidad de establecer condiciones que permitan cumplir con las obligaciones sin que los costos financieros se vuelvan desproporcionados. Como ejemplo, advirtió sobre casos en los que una deuda original de $500.000 puede terminar en un monto de $8 millones.

El Centro de Estudios para la Ciudad participó en julio en las comisiones legislativas que analizaron los proyectos sobre refinanciación. En esa oportunidad, los economistas Delfina Ross y Lisandro Mondino presentaron información sobre el endeudamiento, antes de la actualización de agosto.

Para Almeyda, la magnitud del fenómeno justifica una respuesta estatal. “No es un problema entre particulares cuando tenés seis millones de personas endeudadas, y es el Estado el que tiene justamente que mejorar las condiciones de esta situación”, afirmó.

El Mapa de la Deuda se actualiza cada 60 días, de acuerdo con la publicación de datos del Banco Central. La información de agosto vuelve a poner en discusión las herramientas disponibles para afrontar la morosidad y las condiciones necesarias para que los hogares puedan regularizar sus obligaciones.

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Un nuevo escándalo de corrupción se destapó en la provincia de Chubut que involucra a la hermana del presidente del PJ local. La acusación del Ministerio Público Fiscal apuntó contra cinco mujeres por 594 estafas que alcanzaron los $59,4 millones con la promesa de la construcción de viviendas sociales para familias en estado de vulnerabilidad.

En esa línea, la principal apuntada es Vanesa Fita, hermana del dirigente y diputado provincial, Gustavo Fita. Según consta en la acusación del fiscal general Martín Cárcamo a la que accedió Infobae, los hechos se habrían producido entre abril de 2023 y febrero de 2024, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde se ofrecían viviendas construidas o próximas a construirse por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a familias que necesitaban acceder a una solución habitacional.

Para acceder a los presuntos planes, las familias debían transferir $100.000, distribuidos en dos partes: $80.000 destinados presuntamente al IPV y $20.000 para conexiones eléctricas. Sin embargo, el dinero era depositado en cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a las acusadas.

La investigación sostiene que Fita simulaba actuar como intermediaria de una cooperativa de viviendas y aseguraba contar con vinculaciones con funcionarios provinciales que le permitirían gestionar las adjudicaciones. Una vez incorporadas, las familias eran añadidas a grupos de WhatsApp donde recibían información sobre supuestas adjudicaciones, fechas de entrega y documentación requerida. Con el tiempo, esos plazos comenzaron a dilatarse: las acusadas invocaban problemas administrativos y trámites pendientes ante el IPV para justificar cada demora. También se organizaron encuentros presenciales en distintos establecimientos de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con la acusación, los hechos habrían iniciado durante la gestión del exgobernador chubutense y se extendieron hasta el mandato actual de Ignacio Torres. Una de las denunciantes, declaró que durante una reunión Vanesa Fita les aseguró que contaba con el respaldo del entonces gobernador Arcioni y su secretaria. Según ese relato, la acusada utilizaba esas supuestas vinculaciones para generar confianza entre las familias y justificar la entrega de viviendas en plazos breves.

La referencia forma parte de la prueba testimonial presentada por la Fiscalía, aunque no acredita que el exmandatario o su colaboradora hayan participado de la maniobra.

La investigación se inició en febrero de 2024 a partir de una denuncia presentada luego de que vecinos advirtieran irregularidades en las promesas de adjudicación. La Fiscalía reconstruyó el funcionamiento de la presunta organización a partir de esas denuncias, transferencias bancarias, comunicaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp y Messenger, y documentación obtenida durante la pesquisa. A lo largo del proceso se formalizaron 179 denuncias penales y se identificaron centenares de maniobras fraudulentas.

Con la presentación de la acusación pública, el Ministerio Público Fiscal solicitó avanzar hacia la instancia de juicio por jurados. El requerimiento deberá atravesar el control judicial correspondiente antes de una eventual apertura del debate oral.

El requerimiento fiscal identifica a cinco mujeres de Comodoro Rivadavia como partícipes de la maniobra. La principal acusada es Vanesa Elizabeth Fita, de 43 años, a quien la Fiscalía atribuye la organización del esquema y señala como autora de los 594 hechos en su totalidad. Para ella se solicita una pena de entre seis y ocho años de prisión.

Las restantes cuatro son consideradas partícipes necesarias. María Victoria Curán, de 43 años, está vinculada a 400 de los hechos investigados, y la Fiscalía pide para ella entre cinco y seis años de prisión. Camila Lara Páez, de 22 años, aparece señalada en 320 hechos, con una pretensión punitiva de entre cuatro y cinco años. Lucía Lorena Miranda, de 47 años, está imputada en 130 de las maniobras, y el fiscal solicita entre tres y cuatro años de prisión. Por último, Gisela Belén Mansilla, de 34 años, es acusada de participar en cuatro hechos, con un pedido de entre uno y dos años de condena.

El fiscal Cárcamo calificó los hechos como estafa por calidad simulada e influencia mentida, en los términos de los artículos 172, 45 y 55 del Código Penal, con al menos 594 hechos en concurso real. La figura apunta al engaño deliberado mediante la simulación de un rol —intermediaria de una cooperativa— y la invocación de contactos con el poder para obtener un beneficio económico a costa de las víctimas.