El juez de Garantías Julián Vergara, prorrogó por 30 días la prisión preventiva de Alejandro Almada en la cárcel, e instó a las partes a evaluar una alternativa hasta el juicio oral de la causa “contratos truchos” de la Legislatura. Fue en el marco de una audiencia pedida por la Fiscalía, para que se extienda la medida cautelar que venció este mismo martes.
De este modo, Almada continuará en la Unidad Penal N°1 de Paraná hasta los primeros días de noviembre. En este lapso de tiempo, los fiscales y su defensor deberían sentarse a negociar una medida restrictiva alternativa, como la prisión domiciliaria, la tobillera, o la concurrencia a Fiscalía cada semana o cada 15 días.
Vergara tomó la decisión pasado este mediodía, en reemplazo de la jueza natural de la causa, Marina Barbagelata, que está de licencia. “Voy a prorrogar la preventiva por 30 días para que se evalúe una alternativa. La situación amerita la privación de la libertad, pero se puede evaluar, por ejemplo, una domiciliaria”, propuso Vergara, e instó: “Y también ¿por qué no? avanzar en la negociación de un abreviado”.
El juez entendió que se dan los supuestos para restringir la libertad de Almada hasta el juicio oral de la causa por los “contratos truchos”, investigación en la que tiene una pena en expectativa de 10 años de prisión. “No podemos decir que usted no tiene los medios y no tiene motivos para querer irse. Es razonable el agravamiento de la medida restrictiva porque usted frecuentó asiduamente la zona de la frontera. Entonces, existe un riesgo procesal que debemos cautelar. La investigación se agotó, pero la causa no, y viene la etapa más importante, la etapa del juicio oral”, le explicó Vergara al propio Almada que concurrió a la audiencia.
Nota en proceso…
La causa contratos y la corrupción
Almada es cuñado de Juan Pablo Aguilera, a su vez cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, quienes se encuentran presos cumpliendo condenas por corrupción en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.
Una investigación periodística dio cuenta de los movimientos fronterizos e inversiones de Almada y su pareja Micaela Banegas. Ambos se encontraban residiendo en la Triple Frontera. Inicialmente la familia se radicó en Puerto Iguazú, pero en los últimos años se mudaron a Foz do Iguazú, con importantes inversiones, como un bar de grandes dimensiones con autos de colección.
Almada está imputado en la causa de los “contratos truchos” desde 2018 y, tras permanecer detenido unas semanas a fines de ese año, la Justicia le impuso la prohibición de abandonar Paraná sin autorización judicial, una restricción que fue ratificada en distintas instancias posteriores. Pese a esa limitación, Almada residió durante años entre Puerto Iguazú y la vecina ciudad brasileña de Foz do Iguazú, en la Triple Frontera, pese a mantener fijado su domicilio legal en una vivienda del barrio San Agustín de la capital entrerriana.
Las inversiones que motivaron su detención
Según se pudo reconstruir, el clan familiar montó distintos negocios y sociedades en la zona de la Triple Frontera, entre ellos un bar con exhibición de autos de colección —el V8 Garagem Bar, sobre la avenida Das Cataratas, en Foz do Iguazú, inaugurado a fines de 2023, con servicio de lavadero de vehículos y eventos—, lo cual ha sido descripto por el fiscal en la audiencia, así como las demás firmas.
El problema es que los bienes de Almada y Banegas permanecen inhibidos por la Justicia desde una resolución de abril de 2019, que alcanzó a más de 20 personas vinculadas a la causa y que en su momento congeló, entre otros activos, un inmueble en Estancia Grande, un Ford Focus, cuotapartes de la firma NEXT S.R.L. y bienes de la propia Banegas en La Picada. En diciembre pasado, además, se había ordenado la reinscripción de esas inhibiciones. Para la Fiscalía, si se confirma que Almada realizó inversiones pese a esa inhibición patrimonial, el cuadro podría agravarse hacia una maniobra de lavado de activos, delito de competencia federal.
El rol de Almada en la causa Contratos
La causa Contratos investiga el armado de un sistema de contratos apócrifos dentro de la Legislatura de Entre Ríos, que habría funcionado entre 2008 y 2018 para sustraer fondos públicos. El expediente reúne a 32 imputados, entre ellos Juan Pablo Aguilera —cuñado del expresidiario y expresidente provincial Sergio Urribarri—, quien se desempeñaba como asesor en el bloque justicialista del Senado, señalado por la Fiscalía como cabecilla de la banda.
Almada, cuñado de Aguilera, ingresó como empleado administrativo en la Cámara de Diputados mientras Aguilera operaba en el Senado, y ambos son señalados por la investigación como recaudadores del esquema. Según la acusación fiscal, la maniobra se sostuvo a través de empresas como TEP y NEXT S.R.L., formalmente en cabeza de terceros —entre ellos la propia esposa de Aguilera, Luciana Almada, hermana de Alejandro— pero que, según el Ministerio Público Fiscal, respondían en los hechos al propio Aguilera.
En el juicio, la Fiscalía solicitó una pena de 10 años de prisión para Alejandro Almada. Durante su declaración en el debate, Almada rechazó haber actuado como testaferro de su cuñado: “yo no soy el testaferro de Juan Pablo Aguilera”, sostuvo, y remarcó que su vínculo con las firmas cuestionadas se limitaba a su propio emprendimiento, una librería. También cuestionó que se lo hubiera vinculado con un episodio de 2018 en el que la Policía Federal interceptó en la ruta 12 el Ford Focus en el que viajaba junto a Banegas, y en el que se secuestró una caja con $371.400 —unos USD 20.000 de la época— por su origen no esclarecido. Para los investigadores, ese hallazgo coincidió con anotaciones de un cuaderno secuestrado al también imputado Hugo Mena, donde figuraban entregas de dinero a Almada en su rol de recaudador.
