El juez de Garantías subrogante de La Paz, Diego Rodríguez, hizo lugar al pedido formulado por la Fiscalía y la querella y dispuso medidas de protección a favor de Eduardo Alberto Elsesser, el hombre de 76 años que denunció haber sido engañado para firmar una cesión de derechos hereditarios sobre bienes de su familia. La resolución alcanza al exintendente de Villa Alcaraz, Hugo Fries, investigado junto al escribano Adrián Brun por una presunta maniobra de estafa.
La decisión fue dictada este 13 de octubre en el marco del legajo que investiga la presunta “estafa y defraudación a menores e incapaces”, donde el magistrado consideró acreditados, en esta etapa inicial de la investigación, los requisitos de verosimilitud del derecho y necesidad de protección de la víctima.
En consecuencia, Rodríguez ordenó por el plazo de 45 días, hasta el 26 de noviembre de 2026, una prohibición absoluta de contacto de Fries con Elsesser y le impidió realizar actos “molestos, perturbadores, intimidatorios o violentos”, tanto de manera personal como por terceros, medios tecnológicos o comunicaciones telefónicas. También advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en el delito de desobediencia judicial.
Al fundamentar su resolución, el juez señaló que resulta “imprescindible proteger a la víctima de futuras agresiones” y sostuvo que las medidas solicitadas son “razonables, lógicas y proporcionadas”. Además, remarcó la necesidad de garantizar que Elsesser pueda transitar la investigación penal “en libertad y tranquilidad”, especialmente teniendo en cuenta que parte de la prueba deberá producirse a través de sus declaraciones y las de personas de su entorno.
Los hechos que motivaron el pedido
La solicitud de medidas cautelares se sustenta, entre otros elementos, en dos denuncias recientes radicadas por Elsesser.
La primera fue presentada en julio de este año, cuando el hombre afirmó haber encontrado a Fries realizando tareas de siembra de trigo en un campo que considera de su propiedad, ubicado en la zona rural de Alcaraz. Según denunció, el exintendente ingresó al predio con maquinaria agrícola sin autorización y ya habría efectuado explotaciones similares en campañas anteriores.
La segunda denuncia fue radicada en septiembre, cuando Elsesser manifestó haber constatado daños en el acceso a otro inmueble de su propiedad, al advertir que una cadena había sido cortada y el portón había quedado abierto.
Para la acusación, estos episodios justifican la necesidad de adoptar medidas preventivas destinadas a evitar cualquier tipo de injerencia sobre la víctima mientras se desarrolla el proceso judicial.
Por otra parte, se informó a ANÁLISIS que este fin de semana Eduardo recibió numerosos llamados telefónicos de personas que se hacían pasar por abogados, quienes le prometían que en una semana le resolvían el problema que tiene con Fries.
La investigación por la presunta maniobra
Tal como publicó ANÁILISIS a inicios de septiembre, la causa tiene su origen en una denuncia formulada por Elsesser, quien sostiene que fue engañado al momento de firmar documentación ante una escribanía de Bovril, en octubre de 2022.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Fries y el escribano Adrián Brun habrían actuado de común acuerdo para hacerle creer al denunciante que estaba suscribiendo contratos de arrendamiento y locación de inmuebles, cuando en realidad firmó una cesión de derechos hereditarios y un contrato de renta vitalicia.
La investigación sostiene que, mediante esa maniobra, Elsesser habría sido inducido a disponer de derechos sobre la totalidad de los bienes heredados de su familia, generándole un perjuicio patrimonial y un beneficio económico para los acusados.
En su presentación, el denunciante afirmó que recién tomó conocimiento del verdadero contenido de las escrituras en septiembre de 2024, cuando consultó a un abogado para celebrar un nuevo contrato de arrendamiento. También manifestó que nunca recibió el pago de 4,85 millones de pesos que, según la escritura cuestionada, habría sido entregado durante el acto.
Además, señaló que su edad, su escasa instrucción formal, una importante discapacidad auditiva y limitaciones cognitivas habrían sido aprovechadas para concretar la operación.
Por estos hechos, la Fiscalía investiga a Fries y al escribano Brun por el presunto delito de estafa, previsto en el artículo 173 inciso 3 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación legal que pueda surgir a medida que avance la causa.
Con la resolución firmada este martes, el magistrado dispuso la inmediata notificación de Fries y de la propia víctima, formalizando así las medidas de protección solicitadas mientras continúa la investigación sobre la presunta maniobra que habría derivado en la cesión de la totalidad de los derechos hereditarios del denunciante.
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