El Gobierno designó al embajador Rubén Javier Ruffi como nuevo Director Nacional del Mercosur de manera transitoria, según la Resolución 146/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Pablo Quirno. El canciller es uno de los críticos más frontales del funcionamiento del bloque regional.
El cargo depende de la Subsecretaría de Negociaciones Económicas Internacionales e Integración, bajo la órbita de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.
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La dependencia que liderará Ruffi es el organismo técnico encargado de coordinar la posición argentina en los ámbitos institucionales del Mercosur —integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y, desde julio de 2024, Bolivia—. Su rol resulta central en un contexto en que el acuerdo UE-Mercosur ya rige de manera provisional y comenzaron a aplicarse las rebajas arancelarias sobre más del 90% del comercio bilateral, con cronogramas de desgravación de entre cinco y 25 años según la sensibilidad de cada producto.
En cuanto a la política oficial desde Cancillería, en la LXVII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, celebrada el 30 de junio en Luque, Paraguay, Quirno cuestionó las bases del esquema regional.
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“El Mercosur debe dejar de mirar el mundo como una amenaza y asumir el papel que le corresponde”, afirmó el canciller ante los mandatarios del bloque. En el mismo discurso, señaló que la región había padecido “una verdadera adicción al proteccionismo” que, lejos de proteger el empleo y la industria, derivó en “menos competencia, menos productividad, menos inversión, menos innovación, precios más altos para los consumidores, salarios más bajos, en síntesis, más pobreza”.
También apuntó contra el Arancel Externo Común (AEC), al que calificó como una estructura que “condena a las empresas regionales a producir con costos superiores a los de sus competidores” y propuso reemplazarlo por uno “simple, competitivo y compatible con una agenda real de apertura”. En ese sentido, comparó el desempeño del Mercosur con el de Chile, que logró acuerdos con economías que representan el 88% del PBI mundial, mientras el bloque apenas alcanza el 20% tras 35 años de existencia.
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Las críticas no quedaron circunscriptas a la cumbre. En agosto, Quirno volvió a cuestionar el funcionamiento del organismo y fue más directo: “Si el Mercosur no acompaña a la velocidad que necesitamos, avanzaremos bilateralmente”, sostuvo, y agregó que en sus 35 años de vida el bloque no cumplió con los objetivos fundacionales del Tratado de Asunción de 1991, y atribuyó esa parálisis a la volatilidad política de la región, la burocracia interna y la falta de voluntad para debatir cuestiones estructurales.
“Argentina no tiene tiempo para perder”, sintetizó el ministro, al tiempo que anunció que el gobierno buscará agilizar relaciones bilaterales dentro del margen que el bloque permite.
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En cuanto a las acciones concretas de la Argentina dentro del bloque comercial, el 17 de enero de 2026, la Unión Europea (UE) y el Mercosur firmaron en Asunción un acuerdo de libre comercio que puso fin a 27 años de negociaciones y entró en aplicación provisional el 1 de mayo. El pacto abarca más de 720 millones de personas y representa cerca del 30% del producto bruto interno (PBI) mundial.
Argentina fue el primer miembro del bloque en avanzar en la ratificación: la Cámara de Diputados aprobó el texto el 13 de febrero y el Senado lo ratificó el 26 de febrero por 69 votos contra tres, luego de que Milei enviara el proyecto al Congreso el 6 de febrero.
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En paralelo, el gobierno firmó el 5 de febrero en Washington el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca con Estados Unidos (ARTI), rubricado por Quirno y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer. El texto contempla la eliminación de aranceles sobre 221 líneas arancelarias desde su entrada en vigor, aunque aún no fue enviado al Congreso para su aprobación definitiva.
La Policía de Corrientes descartó que uno de los conductores involucrados en el choque frontal en Ruta 12 hubiera evadido un control antes del impacto. La tragedia ocurrió este jueves, alrededor de las 13:10, en el kilómetro 1.225, cerca de Villa Olivari, y provocó la muerte de tres personas.
En el siniestro estuvieron involucrados un Chevrolet Meriva, conducido por Rafael Domínguez, de 79 años y oriundo de Berón de Astrada, y un Chevrolet Cruze en el que viajaban los entrerrianos Diego Almada, de 45 años y oriundo de Cerrito, y Milagros Agustina Marioni, de 26 años y domiciliada en Hernandarias.
Los tres ocupantes quedaron atrapados dentro de los vehículos y fallecieron antes de poder recibir asistencia médica. Bomberos de la zona trabajaron en la extracción de los cuerpos, mientras la Policía desvió el tránsito y los peritos realizaron las primeras diligencias.
Descartaron una fuga de un control
El comisario inspector Ariel Romero, del área de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes, desmintió en diálogo con Elonce las versiones que indicaban que el conductor del Meriva había eludido un control vial.
“Quiero desmentir esa situación. Hice las averiguaciones del caso y desde la Unidad Regional confirmaron que no se había registrado un procedimiento de esas características”, afirmó.
El funcionario señaló que tampoco existían antecedentes de una intervención similar por parte de otra fuerza de seguridad. “Queda descartada de plano esa situación”, remarcó ante la consulta sobre las publicaciones difundidas por distintos medios.
Tragedia sobre la Ruta 12: dos víctimas eran entrerrianas.-
El Meriva habría cruzado de carril
De acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el lugar, el Chevrolet Meriva habría invadido el carril por el que circulaba el Cruze. Esa hipótesis surgió de las huellas y otros indicios encontrados sobre la calzada.
Romero aclaró que todavía se investigaban las razones por las cuales el vehículo conducido por Domínguez habría cambiado de carril. Entre las posibilidades analizadas se encontraban que el conductor haya sufridouna descompensación de salud propia de su edad o que se hubiera dormido.
“Eso es lo que se presupone a través de los peritos. Uno de los vehículos habría cruzado de carril, pero se están investigando las razones”, explicó.
Esas circunstancias no habían sido confirmadas y continuaban bajo análisis de los especialistas y de la Fiscalía interviniente.
El operativo tras el impacto
La Comisaría de Villa Olivari recibió el primer aviso sobre una colisión frontal entre dos vehículos y envió personal al lugar. Al arribar, los agentes encontraron a los tres ocupantes sin vida dentro de los habitáculos.
Personal médico acudió al sector, aunque no pudo brindar asistencia debido a la gravedad de las lesiones. Bomberos locales realizaron posteriormente la extracción de los cuerpos, una vez concluidas las tareas periciales.
Las víctimas fueron trasladadas a la morgue del hospital de Ituzaingó. La Policía también inició las comunicaciones con sus familiares para informarles lo ocurrido.
La investigación continuó con pericias sobre ambos automóviles, el análisis de las marcas encontradas en la ruta y otras medidas destinadas a establecer la mecánica del choque.
Choque frontal en Ruta 12: descartaron que un conductor evadiera un control
Dolor en dos localidades entrerrianas
La muerte de Almada y Marioni provocó conmoción en Cerrito y Hernandarias, las localidades donde residían. Familiares, amigos e instituciones expresaron su pesar por la tragedia.
La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader declaró duelo institucional en la Sede Paraná por el fallecimiento de Marioni, quien era estudiante de la Licenciatura en Enfermería.
Las actividades académicas y las mesas de exámenes previstas para este viernes fueron suspendidas y serán reprogramadas.
La desocupación ascendió a 7,9% en el segundo trimestre de 2026, pero el dato nacional esconde una realidad más compleja: entre la ciudad con mayor desempleo y la de menor desempleo hay una brecha de más de diez puntos porcentuales.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la región pampeana concentra los índices más altos del país, con una tasa promedio de 9,7 por ciento. Gran Rosario encabeza la desocupación entre las 31 áreas urbanas relevadas, con 11,5%, seguida por Gran Córdoba, con 10,5%, y Mar del Plata, con 9,9 por ciento. Dentro del mismo bloque regional, Bahía Blanca-Cerri también alcanzó 9,7%, Gran La Plata registró 8,7%, Gran Santa Fe 8,6% y San Nicolás-Villa Constitución 8,4 por ciento.
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En el Gran Buenos Aires (GBA), segundo en el ranking regional con 8,2%, la brecha interna es llamativa. Los Partidos del Gran Buenos Aires registraron una tasa de 8,8%, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se mantuvo en 5,6%, uno de los valores más bajos del relevamiento. La diferencia de 3,2 puntos entre ambas zonas ilustra la heterogeneidad del mercado laboral en el área metropolitana.
La Patagonia presenta la mayor dispersión interna entre todas las regiones. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Chubut, llegó a 9,2% y Río Gallegos -Santa Cruz- a 8,8%, cifras que contrastan con el 0,7% de Viedma-Carmen de Patagones (Río Negro), el registro más bajo de todo el país. La tasa regional se ubicó en 6,3 por ciento.
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El noroeste fue la región con el menor índice de desocupación: 4,3 por ciento. Santiago del Estero-La Banda marcó apenas 0,9%, el segundo valor más bajo a nivel nacional. Jujuy-Palpalá se ubicó en 3,4%, mientras que Salta y La Rioja registraron 4,3% y 4,5%, respectivamente.
La zona geográfica correspondiente al noreste promedió 7%. Corrientes fue el caso más crítico, con 9,1%, y Gran Resistencia, Chaco, aportó un 7,5 por ciento. En el extremo opuesto, Formosa se mantuvo en 4,8% y Posadas (Misiones), en 5,9 por ciento.
La región de Cuyo registró una tasa de 5,9%, pero con marcadas diferencias entre sus ciudades. Gran Mendoza alcanzó 8,1%, mientras que Gran San Luis marcó 2,6% y Gran San Juan, 3,2 por ciento. Ambas ciudades cuyanas figuran entre las de menor desempleo a nivel nacional.
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Más allá de la geografía, el informe del Indec revela una diferencia estructural asociada al tamaño de cada ciudad. Los aglomerados de 500.000 habitantes o más presentaron una tasa de desocupación de 8,3%, frente al 6% registrado en los de menos de 500.000 habitantes.
Cuántos desocupados hay en la Argentina
A nivel país, la tasa de desempleo alcanzó 7,9% en el segundo trimestre de 2026, lo que equivale a 1,73 millones de argentinos sin trabajo. El índice subió 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025 y 0,1 puntos en relación con el primer trimestre de este año.
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, considerando como punto de partida el último trimestre de 2023, el número de ocupados creció en 149.300 personas, un 0,7 por ciento. Sin embargo, esa expansión quedó por debajo del crecimiento de la población económicamente activa, que incorporó a 669.900 personas, lo que derivó en 520.600 nuevos desocupados en ese lapso.
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En paralelo al aumento del desempleo, la informalidad laboral escaló al 45% en el segundo trimestre de 2026. El dato implica un alza de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025 y de 0,8 puntos frente al primer trimestre de este año. Desde finales de 2023, el empleo registrado cayó en 631.300 puestos, una baja de 4,7%, mientras que la ocupación no registrada creció en 780.600 personas, equivalente al 10,2 por ciento.
Con la incorporación de los equipos, ambos estudios cardiológicos podrán realizarse directamente en el hospital local. La disponibilidad de estas prestaciones permite evitar derivaciones ya que, hasta ahora, cuando desde el hospital se indicaba alguno de estos estudios, el paciente debía trasladarse a Gualeguaychú (en dos oportunidades) para realizar el monitoreo.
Cabe señalar que el MAPA permite monitorear la presión arterial durante 24 horas, mientras que el Holter registra la actividad eléctrica del corazón durante el mismo período.
El personal del establecimiento ya recibió la capacitación correspondiente por parte de la empresa proveedora. De esta manera, la enfermera Daniela Saldaña será la encargada de colocar los dispositivos a los pacientes y, posteriormente, la información registrada será enviada al cardiólogo de la institución, Santiago Elías, quien analizará los resultados y emitirá los informes correspondientes.
La directora del hospital Paranacito, María del Mar Solari Gatti, destacó la importancia de contar con estas prestaciones en la localidad: “Disponer de estos equipos en el hospital es muy importante para nuestra comunidad, porque permite acercar estudios cardiológicos que antes requerían trasladarse a otras localidades. De esta manera, facilitamos el acceso a la atención y damos respuesta a una necesidad concreta de los vecinos de Villa Paranacito y de la zona”.
Desde el establecimiento se informó que las prestaciones se brindarán mediante un sistema de turnos. Los habitantes de Villa Paranacito y de la zona de Islas del Ibicuy podrán acceder a estos estudios en el hospital local, sin necesidad de trasladarse a otras localidades para realizar este tipo de controles cardiológicos.
Un incendio de importantes proporciones afectó este jueves por la noche una vivienda ubicada sobre calle Santiago Díaz, entre Federación y Los Jilgueros, en el noreste de Gualeguaychú. El fuego obligó a desplegar dos unidades de Bomberos Voluntarios y dejó a una mujer hospitalizada por inhalación de monóxido de carbono.
Según informó la Policía, el propietario de la casa, un hombre de 44 años, explicó que había colocado una garrafa de 10 kilos en la cocina y que, al abrir la válvula, se produjo una llamarada de aproximadamente dos metros de altura.
De acuerdo con ese relato preliminar, el fuego alcanzó una pared de madera y luego se propagó hacia el techo. La vivienda estaba construida íntegramente con ese material, lo que favoreció la rápida extensión de las llamas.
Los ocupantes lograron salir de la vivienda
El propietario y su pareja consiguieron abandonar el inmueble antes de que el incendio avanzara, aunque no pudieron retirar pertenencias del interior.
La mujer debió ser asistida por personal sanitario y posteriormente trasladada en ambulancia al hospital de Gualeguaychú debido a la inhalación de monóxido de carbono. No se informaron otras personas lesionadas.
Foto: R2820.
Bomberos Voluntarios recibieron el aviso alrededor de las 22:52 y enviaron inicialmente el móvil 35. Ante la magnitud del siniestro, cerca de las 23:26 se incorporó el móvil 29 para reforzar el abastecimiento de agua y las tareas de combate.
El fuego fue controlado antes de la medianoche
Las dotaciones trabajaron sobre la estructura afectada y en un terreno con abundante vegetación. Finalmente, alrededor de las 23:39, lograron extinguir las llamas.
Después del control del incendio, continuaron las tareas de enfriamiento, remoción y revisión del lugar para descartar posibles reinicios del fuego y evaluar las condiciones de la estructura.
Personal de la Comisaría Tercera también intervino en el lugar. La posible vinculación del inicio del fuego con la garrafa surge, por el momento, del testimonio aportado por el propietario, mientras se procura establecer el alcance de los daños materiales provocados en la vivienda de Gualeguaychú.
La 3era edición del encuentro tendrá lugar el jueves 8 de octubre del corriente en el Salón Heraldo Peragallo, Avenida Mitre 1320 de Villa Elisa; de 14:00 a 17:30.
La Justicia de San Isidro ordenó que el predio donde funcionaba la planta de Fate, hoy ocupado por el gremio del neumático, sea desalojado y devuelto a la empresa, luego de hacer lugar al recurso de apelación presentado por sus dueños. El conflicto, que inició por el anuncio de cierre de la compañía y el despido de 920 trabajadores del 18 de febrero pasado, no encontró solución y el gremio endurece su postura.
Vale recordar que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) definió en febrero pasado ocupar la fábrica, ubicada en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, al considerar el cierre como un lockout patronal ilegal. El gremio calificó la orden judicial de “aberrante” y llamó a reforzar la presencia de los trabajadores en el lugar. Comunicaron que este viernes a las 10 de la mañana se realizará un abrazo y conferencia de prensa en la puerta de planta.
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La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro decidió “ordenar la restitución del inmueble al particular damnificado”. El tribunal consideró que las instancias de conciliación desarrolladas tanto en el ámbito nacional como en el provincial ya finalizaron y que no se vislumbran avances que permitan destrabar la disputa. En ese contexto, sostuvo que corresponde avanzar con la devolución del predio, aunque aclaró que la medida no implica una definición sobre el fondo de la cuestión laboral. El expediente se inició a partir del pedido de lanzamiento formulado por Fate, que cuestionó la permanencia de los ocupantes en el predio.
La empresa sostuvo que quienes permanecen en la planta son ex empleados y planteó, además, que existe una situación de riesgo vinculada con la imposibilidad de garantizar la seguridad del inmueble.
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La Cámara ya había intervenido en marzo, cuando revocó una orden de restitución al considerar que el conflicto estaba atravesado por las negociaciones laborales derivadas del cierre de la compañía. En aquel momento, los jueces entendieron que debía privilegiarse la conciliación y que la Justicia penal no debía interferir mientras se desarrollaban las instancias administrativas destinadas a resolver la disputa.
Sin embargo, en la nueva resolución, el tribunal señaló que ese escenario cambió. La conciliación obligatoria nacional había comenzado el 18 de febrero y, luego de una prórroga de cinco días, su plazo máximo venció el 18 de marzo. En el ámbito bonaerense, la instancia se inició el 18 de marzo y fue prorrogada hasta el 21 de abril, fecha en la que quedó definitivamente vencida.
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El documento judicial remarcó: “Se aprecia que quien representa a Fate, destacó oportunamente y alegó que, a su criterio, la reducida dimensión actual del diferendo laboral es que, finalizada la conciliación obligatoria, la cantidad de empleados que prefirieron no acordar su desvinculación, y tuvieron que ser despedidos, se redujo a 196 porque el resto había extinguido su vínculo laboral por su propia voluntad. Aportó como constancia la certificación contable que da cuenta de que en el periodo comprendido entre febrero y mayo se registraron y realizaron 900 bajas tempranas informadas ante ARCA, llevando a cero la dotación de personal en relación de dependencia a la fecha de la presente”.
La Cámara también destacó que el número de personas imputadas por la ocupación asciende a 24. Para los jueces, luego de más de medio año, las instancias que podían articularse para encauzar el conflicto ya fueron agotadas.
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“Pasados ya siete meses y encontrándose imputados de la ocupación del predio un número significativamente menor que el de aquellas personas que quedaran sin trabajo en la empresa, las instancias que pudieron articularse durante este tiempo ya han sido gestionadas; y, en ese punto, la continuidad de la toma por un grupo de empleados -con escasa violencia y aún si se supone buena fe por entender que están actuando desde la legitimidad provista por el reclamo laboral- ya ha perdido la virtud de convertirse en el motor de una reapertura de la fábrica”, indica la notificación judicial dirigida a Alejandro Crespo, secretario general de Sutna.
El fallo, no obstante, reconoció la complejidad de la situación de los trabajadores que perdieron su empleo y señaló que una eventual conciliación más amplia continúa siendo un objetivo a alcanzar. Al mismo tiempo, remarcó que las cuestiones vinculadas con compensaciones, acuerdos e indemnizaciones exceden el ámbito de la Justicia penal. Por ese motivo, el tribunal concluyó que correspondía hacer lugar a la restitución del inmueble.
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También destacó que para el desalojo del predio debe considerarse la situación de sus ocupantes: “Habida cuenta también de las particularidades propias del caso ya relevadas a lo largo del voto, la restitución deberá realizarse en base a protocolos y medidas de cuidado necesarias para que se lleve adelante con el menor riesgo posible para las personas”.
La histórica fabricante de neumáticos de la familia Madanes Quintanilla, con más de 80 años en actividad, atribuyó la decisión a un deterioro de las condiciones de mercado y a la pérdida de competitividad. Entre los factores que, según la compañía, explican este escenario se encuentran el fuerte ingreso de cubiertas importadas, especialmente de origen chino, los elevados costos locales y la menor demanda interna. La empresa también señaló las dificultades para sostener las exportaciones y los conflictos gremiales con el sindicato, incluidos paros y bloqueos que afectaron la producción.
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El cierre fue el desenlace de un deterioro prolongado. Fate ya había solicitado un Procedimiento Preventivo de Crisis en 2019, cuando tenía unos 2.000 empleados, y volvió a pedirlo en 2024. Ese año despidió a 97 trabajadores tras denunciar una brecha de costos que consideraba imposible de sostener frente a los productos extranjeros.
Una moto que había sido robada en el centro de Paraná fue recuperada durante la madrugada de este viernes luego de ser detectada mediante el sistema de videovigilancia. Dos hombres quedaron vinculados a la investigación.
El rodado, una Honda Biz 125 cc, había sido sustraído en inmediaciones de las calles Mitre y San Martín. A partir de la denuncia se inició la búsqueda para intentar establecer su ubicación.
Posteriormente, las cámaras de seguridad permitieron observar la moto en la zona de calle Güemes. Con esa información, personal que se movilizaba en motocicletas comenzó a seguir su recorrido.
El seguimiento terminó en calle Liniers
El desplazamiento continuó por distintos sectores hasta que el vehículo fue localizado sobre calle Liniers, a la altura del Paseo de los Pájaros.
En ese punto fueron interceptados dos hombres mayores de edad que se encontraban vinculados al rodado buscado. Allí se confirmó que se trataba de la Honda Biz denunciada como robada.
La moto fue recuperada y quedó a disposición de las autoridades para avanzar con las actuaciones correspondientes y su posterior restitución.
Dos hombres quedaron supeditados a la causa
Tras el procedimiento se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso el traslado de los dos hombres para continuar con las diligencias del caso.
Ambos quedaron supeditados a la causa mientras se intenta determinar qué participación tuvo cada uno en el hecho y establecer con precisión cómo se produjo la sustracción del vehículo.
La investigación continuará bajo intervención judicial, mientras que la detección realizada mediante las cámaras de videovigilancia permitió ubicar y recuperar la moto durante la madrugada.
La defensa de Daniel Alejandro Rosatelli apeló el procesamiento con prisión preventiva dictado contra el abogado y comisario de la Policía de Entre Ríos en la investigación por el transporte de 1.345 kilos de marihuana.
Los abogados Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen presentaron el recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná contra la resolución adoptada el 10 de septiembre por el juez federal Leandro Ríos, publicó Análisis.
El planteo sostuvo que no existe una prueba directa que conecte la operación de compra de una camioneta Citroën Jumper, realizada el 4 de noviembre de 2025, con su hallazgo cargada de marihuana el 13 de febrero de 2026 en La Paz.
“Dos eventos distintos”
La defensa no discutió que la camioneta había sido verificada en Paraná, que estuvo cerca del domicilio de Rosatelli, que hubo un conflicto por su pago ni que se produjo un altercado en la sede de la asociación Suma de Voluntades.
Tampoco objetó que el mismo vehículo apareció tres meses después con el cargamento. Lo que rechazó fue el razonamiento mediante el cual el juez conectó esos episodios y atribuyó a Rosatelli un papel oculto en la compra del utilitario.
“Existen dos eventos distintos que la investigación no ha podido acreditar de ninguna manera que se encuentren conectados subjetivamente por una intencionalidad común y organizada entre los imputados”, señalaron los abogados.
Según el recurso, el magistrado completó esa conexión mediante “una entusiasta serie de conjeturas que no encuentran respaldo alguno en las pruebas reunidas”.
La verificación de la camioneta
Uno de los indicios valorados en el procesamiento fue que la Citroën Jumper habría sido revisada sin turno en la planta verificadora de avenida Zanni por una gestión atribuida a Rosatelli.
Los defensores respondieron que Jonathan Barbieri, vendedor del vehículo, brindó versiones diferentes. En una primera declaración mencionó una comunicación con una persona que sería Rosatelli, pero luego indicó que el intermediario Martín Pelizzari realizó una llamada al llegar a la planta.
A esto añadieron que el verificador Marcos Ismael Naumoff no declaró haber recibido pedidos del comisario y sostuvo que ni siquiera lo conocía.
La apelación también cuestionó la sospecha generada por el pedido de secuestro del vehículo. Según la defensa, esa medida no aparecía en las consultas disponibles durante la verificación y únicamente figuraba una prohibición de circular derivada de una denuncia de venta.
La compraventa y los registros documentales
El juez calificó como “opaca” la negociación concretada cerca del Club Echagüe, donde Pelizzari y Barbieri dejaron estacionada la camioneta para que Rosatelli supuestamente pudiera observarla sin intervenir directamente.
La defensa consideró contradictorio que una maniobra presuntamente clandestina se concretara en la vía pública, cerca del domicilio declarado por Rosatelli y dentro del área cubierta por cámaras policiales.
El pago se realizó mediante la entrega de 2.400 dólares, cheques aportados por Pelizzari y dos transferencias de un millón de pesos efectuadas por Claudio Luna. El procesamiento interpretó la intervención de terceros como una estrategia destinada a impedir que quedaran rastros del verdadero comprador.
Petenatti y Cullen objetaron esa conclusión y recordaron que una abogada del estudio de Rosatelli solicitó dos informes de dominio sobre la camioneta. A su entender, esa gestión produjo registros documentales incompatibles con una intención de ocultamiento.
También señalaron que Luna declaró haber realizado las transferencias a pedido de Pelizzari y no por indicación de Rosatelli.
La camioneta Citröen Jumper estacionada en la vereda del domicilio de Wursten. La defensa analizó los videos para desmentir que ese 4 de noviembre la llevaron a la casa de Siebenlist Bustos (fuente Análisis)
Qué sostuvo sobre los llamados
La resolución judicial había interpretado un cruce de comunicaciones entre diferentes abonados como una señal de connivencia entre Rosatelli, Pelizzari y Luna.
El recurso aseguró que el único contacto directo identificado fue una comunicación de tres segundos, efectuada el 26 de diciembre entre una tercera persona y la línea atribuida a Rosatelli.
“No existe el intercambio entre Rosatelli, Pelizzari, Luna y los restantes abonados que presenta la resolución, ni tampoco surgen comunicaciones entre las líneas de Rosatelli y la atribuida a Claudio David Luna”, afirmaron los defensores.
El episodio en Suma de Voluntades
Otro elemento analizado por el juez fue la golpiza denunciada por Sixto Maciel en una habitación de la sede de Suma de Voluntades. La hipótesis judicial vinculó el episodio con el intento de lograr que se retirara la denuncia por la venta de la camioneta, abonada parcialmente con cheques que resultaron falsos.
La defensa ofreció otra interpretación y sostuvo que la discusión estuvo relacionada con el precio de una obra que Maciel buscaba realizar para la organización. Para respaldar esa versión citó una declaración atribuida al propio denunciante: “Discutimos yo y Daniel por el tema de la obra”.
Los abogados también cuestionaron la cronología considerada en el procesamiento. Indicaron que la denuncia de Barbieri contra Pelizzari se radicó a las 16 y que el altercado ocurrió aproximadamente a las 17.30.
El recurso remarcó que aquella denuncia no mencionaba a Rosatelli y sostuvo que, por tratarse de un abogado penalista y funcionario policial, debía saber que una denuncia penal no podía ser retirada por la sola voluntad del denunciante.
El recorrido del utilitario
El procesamiento indicó que, después de la negociación del 4 de noviembre, la camioneta fue trasladada hasta las inmediaciones de la vivienda de Juan Esteban Siebenlist Bustos, prófugo y señalado como organizador logístico del transporte.
Los abogados acompañaron capturas de las cámaras del 911 y afirmaron que el vehículo se detuvo frente al domicilio de Emmanuel Wursten, cuñado de Barbieri. La casa de Siebenlist Bustos se encontraría enfrente, al otro lado de la calle Pronunciamiento.
La defensa negó que Rosatelli conozca al prófugo y aseguró que tampoco pudo establecerse quién tenía la camioneta el 30 de enero, cuando salió definitivamente de Paraná con una nueva patente.
Además, planteó que no resultaría razonable emplear para una carga valuada en más de tres millones de dólares un utilitario que ya se encontraba individualizado, denunciado y con pedido de secuestro.
El análisis patrimonial
La apelación también impugnó el informe económico utilizado para considerar que los bienes y movimientos financieros de Rosatelli no se correspondían con su sueldo como comisario.
Los abogados argumentaron que se mezclaron períodos diferentes, se contabilizó dos veces dinero transferido entre cuentas de un mismo titular y se consideraron rescates de inversiones como si fueran ingresos nuevos.
Calificaron el resultado como una “ficción financiera” producida por el “inflado de flujos”. También negaron que Rosatelli fuera propietario de ocho inmuebles.
Según la información de ARCA y ATER citada por la defensa, tendría actualmente tres propiedades -su vivienda de avenida Echagüe, un inmueble en Chajarí y un terreno en Paraná-, además de un Honda Civic modelo 2018.
El escrito agregó que no se detectaron transferencias de Rosatelli hacia Pelizzari o Luna ni egresos compatibles con el precio y la modalidad de pago atribuidos a la compra de la camioneta.
El pedido de libertad
Los defensores solicitaron que se revoquen el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo. Argumentaron que la investigación avanzó lo suficiente como para reducir el riesgo de que Rosatelli interfiera en la producción de pruebas.
También cuestionaron que la negativa a proporcionar la contraseña de su iPhone 17 fuera considerada un posible indicio de entorpecimiento. “El imputado no tiene la obligación jurídica de colaborar con la investigación que se dirige en su contra”, plantearon.
Como alternativa a la libertad, pidieron que la prisión preventiva sea reemplazada por presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y una caución. En última instancia, solicitaron el arresto domiciliario en el departamento de Rosatelli, con monitoreo electrónico si fuera considerado necesario.
La Cámara Federal de Apelaciones deberá fijar la audiencia en la que se escucharán los argumentos de la defensa y del Ministerio Público Fiscal. Luego resolverá si confirma, modifica o revoca las medidas dictadas por el juez Ríos.
La empresa avícola Granja Tres Arroyos (GTA), que pidió la apertura de su concurso preventivo de acreedores, informó ante la Justicia que acumulaba más de $126.000 millones en cheques rechazados y que había ingresado en cesación de pagos el 29 de enero pasado, cuando no pudo afrontar documentos por $2.070.722.822,03. Además, de acuerdo con la información contable acompañada al expediente, al cierre de 2025 registraba un pasivo de alrededor de $536.000 millones, unos US$350 millones al tipo de cambio oficial.
La presentación fue realizada en el expediente COM 18.558/2026, caratulado “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”. La compañía pidió que el trámite se desarrollara en forma conjunta con las sociedades Holding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, a las que identificó como integrantes del denominado “Grupo GTA”. En forma subsidiaria, solicitó que, si ese planteo no prosperaba, se abriera el concurso individual de cada una de las firmas. La empresa declaró más de 4800 acreedores, que deberán atravesar el proceso de verificación de sus créditos, consignó el diario La Nación.
En el escrito, GTA señaló que el deterioro financiero también quedó reflejado en los estados contables que la compañía incorporó al expediente. Según los gráficos presentados dentro de los documentos de la causa, se puede ver que al 31 de diciembre de 2025 los activos rondaban los $760.000 millones, mientras que los pasivos alcanzaban aproximadamente los $536.000 millones y el patrimonio neto se ubicaba cerca de los $224.000 millones. Un año antes, los pasivos eran del orden de los $451.000 millones y el patrimonio neto alcanzaba los $341.000 millones.
La composición del pasivo muestra que los principales compromisos correspondían a préstamos y pasivos financieros, por unos $199.000 millones, y a proveedores, por aproximadamente $161.000 millones. A ello se sumaban unos $52.000 millones por impuesto diferido, $46.000 millones en deudas laborales y previsionales, $32.000 millones en obligaciones fiscales, además de otros pasivos y compromisos con partes relacionadas, publicó el diario La Nación.
La compañía también reconoció una fuerte caída de sus resultados. En la documentación se señaló que los “Resultados No Asignados” habían pasado de un saldo positivo de $3944 millones en 2022 a valores negativos de $68.969 millones en 2023 y $37.108 millones en 2024. Para el cierre de 2025, GTA proyectó “un saldo negativo de $122.052 millones”. A eso se sumó un incremento de las obligaciones previsionales regularizadas mediante planes de pago. Según el escrito, esas deudas pasaron de $2299 millones al cierre de 2023 a $10.935 millones al cierre de 2024. La empresa agregó que, durante ese último ejercicio, el auditor externo incorporó por primera vez un párrafo de énfasis sobre la situación económica y financiera de la firma.
Influenza aviar
Otro de los datos incluidos en la presentación fue la evolución de las exportaciones avícolas. GTA informó ingresos por ventas externas de US$175,8 millones en 2022, que bajaron a US$85,7 millones en 2023, se recuperaron a US$105,1 millones en 2024 y volvieron a descender a alrededor de US$87 millones en 2025.
En el expediente, GTA atribuyó su crisis a una combinación de factores internos y externos. Entre ellos mencionó “el estancamiento del mercado doméstico, la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para trasladar los mayores costos a los precios, el ingreso de carne aviar importada, el cierre de mercados externos luego del episodio de influenza aviar de 2023, la sequía de la campaña 2022/23 y el aumento de los costos de energía, logística, materias primas y mano de obra”.
Uno de los puntos centrales estuvo vinculado con la operación de Cresta Roja. GTA sostuvo que en marzo de 2018 se constituyó en “garante de Wade SA por las obligaciones” derivadas de la adquisición de las unidades productivas de la firma avícola. En la presentación se hizo referencia a un precio contractual global de US$80 millones, del cual todavía existía un saldo pendiente de cancelación y se señaló, además, que fue necesario realizar desembolsos por más de US$25 millones para recuperar capacidad productiva y recomponer instalaciones, destacó el diario La Nación.
De la presentación también se desprende que GTA pidió que el concurso se tramitara junto con HAISA, Wade y Avex, bajo las normas que regulan los agrupamientos económicos. Según la documentación presentada, “HAISA posee el 99,941% del capital y de los votos de Granja Tres Arroyos”, mientras que “el resto corresponde a accionistas minoritarios”, varios de ellos integrantes de la familia fundadora.
La propia compañía sostuvo que las cuatro sociedades actúan desde hace años bajo una dirección económica común, con miembros de los directorios compartidos, actividades integradas y una cadena productiva que incluye genética, incubación, alimento balanceado, engorde, faena, industrialización, logística y comercialización.
Competencia
El Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, entendió que no era el tribunal que debía continuar con el expediente, decidió intervenir de manera provisoria ante la urgencia planteada por la empresa. El juez Germán Páez Castañeda consideró que esperar hasta que asumiera el magistrado competente podía afectar la continuidad de la actividad, especialmente por la necesidad de mantener el suministro de electricidad y gas y una operatoria bancaria mínima.
Por eso, el juzgado hizo lugar solo a una parte de las medidas solicitadas por GTA. En primer lugar, ordenó a los bancos no pagar los cheques de pago diferido que la empresa hubiera emitido antes del 9 de septiembre de 2026 y que vencieran después de esa fecha. También dispuso que esos rechazos no fueran computados para multas o inhabilitaciones vinculadas a la cuenta corriente. Además, no obligó a los bancos a mantener abiertas las cuentas de GTA ni a reabrir aquellas que ya hubieran sido cerradas. El juez sostuvo que no correspondía imponer judicialmente a una entidad bancaria la continuidad de una relación contractual. Tampoco hizo lugar al pedido para que el Banco Central modificara el tratamiento administrativo de esos rechazos.
Autorizó “la apertura de una cuenta corriente en el Banco Ciudad, sin giro en descubierto y de carácter inembargable, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales, contribuciones e impuestos”.
El juzgado también ordenó a “las empresas de electricidad y gas que no suspendieran ni redujeran los servicios por deudas anteriores al 9 de septiembre. Si algún suministro ya había sido cortado, debía ser restablecido”. Las facturas generadas después de esa fecha, en cambio, deberán ser pagadas normalmente por GTA, señaló el diario La Nación.
El juez no levantó los embargos e inhibiciones que ya pesaban sobre las cuentas bancarias de la empresa. Consideró que esa decisión deberá ser tomada más adelante por el juez que quede a cargo del concurso, una vez que intervengan también el síndico y los acreedores afectados.
