El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, priorizar el diálogopara evitar que Medio Oriente se vea arrastrado a un “conflicto más amplio”, en momentos en que Irán amenazó con represalias contra sus vecinos árabes ante un eventual ataque masivo de Washington.
El también primer ministro saudí mantuvo una llamada telefónica con Trump en la que “enfatizó la necesidad de priorizar el diálogopara reducir las tensiones y la importancia de agotar todos los esfuerzos posibles para lograr una tregua que abra el camino a soluciones diplomáticas”, informó la agencia oficial de noticias saudí, SPA.
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Según el comunicado, ambos líderes “abordaron los últimos acontecimientos en la región” y sus repercusiones a distintos niveles, aunque no se detalló el contenido completo de la conversación.
Amenazas iraníes a los países del Golfo
La llamada se produjo un día después de que la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera que Estados Unidos transita “el camino de una escalada generalizada de la guerra regional” y exigiera a los países árabes vecinos —blanco de ataques de Teherán desde el inicio del conflicto en febrero— que dejen de cooperar con Washington, bajo amenaza de sufrir represalias directas.
Arabia Saudita, uno de los países más expuestos por su cercanía al estrecho de Ormuz, ha buscado en las últimas semanas mantener canales abiertos tanto con Washington como con Teherán. El propio Trump reconoció el sábado que había hablado con el príncipe saudí antes de anunciar que pospondría un nuevo ataque contra Irán.
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Trump condiciona la tregua a la reapertura de Ormuz
En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump aseguró que Irán y “otros países de Medio Oriente” le pidieron frenar cualquier ofensiva ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo. “Con base en este pedido, he aceptado, para el beneficio futuro del mundo y la supervivencia de un Irán próspero, cancelar el ataque, sujeto a poder cerrar rápidamente un ACUERDO“, escribió.
El mandatario estadounidense precisó que cualquier pacto deberá incluir la “apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz” —vía clave para la exportación de petróleo y gas del Golfo— y el fin de lo que calificó como la “amenaza nuclear” de Irán. Israel, dijo, respalda ese planteo.
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Sin embargo, fuentes iraníes citadas por la agencia semioficial Fars señalaron que Ormuz permanecerá cerrado “mientras Estados Unidos mantenga sus acciones hostiles”, mientras que la agencia Mehr calificó de “mentira” la versión de Trump sobre un pedido iraní de tregua y afirmó que las fuerzas armadas del país permanecen “en alerta máxima”.
Un anterior alto el fuego con condiciones similares, incluida la reapertura del estrecho, había colapsado semanas atrás, tras lo cual Irán reforzó su control sobre la navegación en la zona.
El conflicto, iniciado el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Teherán, ya lleva más de cinco meses sin resolución a la vista. La escalada se produce, además, a tres meses de las elecciones legislativas en Estados Unidos, un factor que analistas consideran clave en el cálculo político de Trump.
“Ahora se va a reanudar todo. Van a ser semanas intensas en las que vamos a acelerar con todo”, auguran desde uno de los despachos más influyentes del Gobierno. La Casa Rosada tiene previsto incrementar el ritmo de las sesiones y, de ser posible, espera que haya un paquete de reformas o normativa con media sanción por semana. No es menor. La costumbre indica que en los años electorales el ritmo legislativo merma significativamente, por lo que esta es la ventana como para impulsar los asuntos prioritarios para Javier Milei.
Es por ese motivo que el Presidente se apuró en los últimos días en presentar su reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La considera una herramienta que debe quedar a posteriori y, al mismo tiempo, la utiliza para anclar expectativas en el mercado: tanto por el contenido de esta normativa como por lo que implica en términos políticos en esta coyuntura. Y es que en la mesa política del Gobierno interpretan que es una instancia preliminar para sondear apoyos de cara a la reforma política.
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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene previsto reanudar su agenda con gobernadores en las primeras semanas de agosto. Comenzará este lunes en Chaco por un encuentro de seguridad y para evaluar los efectos que podría causar El Niño al que también asistirán Karina Milei y la ministra Alejandra Monteoliva. Allí los esperarán el mandatario local, Leandro Zdero, y el correntino Juan Pablo Valdés. Aunque el encuentro contemplaba la presencia de las provincias del Norte Grande, ni el formoseño Gildo Insfrán ni el misionero Hugo Passalacqua dirán presente.
No es casual que se especule con la posibilidad de que vaya el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, que planea hacer un acuerdo electoral con los dos primeros distritos y competir en los otros dos. De hecho, hubo una fuerte avanzada la semana pasada por parte del diputado Diego Hartfield sobre el oficialismo misionero y, al mismo tiempo, LLA provincial presentará su propia Escuela de Dirigentes para hacer cantera y formar cuadros para los próximos comicios.
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En ese plano, Santilli se encuentra en la misión para captar adhesiones de gobernadores. Todavía no decidió si irá a encontrarse en los próximos días con los gobernadores de Santiago del Estero, Elías Suárez, y de Catamarca, Raúl Jalil, para presentar el Acueducto Albigasta. El jefe de Gabinete podría ir con el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque de ser necesario, podrían armar ese encuentro en Buenos Aires.
Son partes puntuales de un mecanismo complejo de negociaciones en las que el Gobierno decide sus objetivos presentes (las reformas) y los futuros (el cálculo electoral). Ninguno está escindido del otro. El tiempo apremia y es por ese mismo motivo que hay quienes piensan que en las próximas semanas se van a cerrar acuerdos con varias provincias. “Va a haber de todo, coaliciones en las mismas provincias, competencia controlada y hasta candidatos muletos [testimoniales] para que algunos gobernadores se queden tranquilos de que van a reelegir”, afirmó uno de los operadores libertarios que está negociando.
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Hay quienes dentro del Gobierno comienzan a asegurar que las conversaciones podrían desembocar en la eliminación de la obligatoriedad, configurando las PAS (Primarias, Abiertas y Simultáneas). Los alfiles que conversan con el Presidente afirman que el pedido explícito fue que esa instancia electoral directamente no esté, tanto por el costo económico como por la incertidumbre que eso le agrega a todo el año calendario.
El renacer nacionalista y el debate clave
Mientras tanto, en el presente se vive una suerte de revival en el sentir nacionalista. En particular, a partir del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial. El reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas se hizo canon tanto en redes sociales como en publicidades y en los discursos públicos realizados por la dirigencia política.
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En todo este marco nacionalista que se vive, el oficialismo publicó la semana pasada un llamativo DNU para poder expulsar o no permitirle el ingreso a personas extranjeras que hayan emitido mensajes de odio contra la Argentina o sus símbolos, visto como una respuesta a la denominada “campaña antiargentina”. El comunicado que se usó para anunciar aquella medida fue el más likeado de todos los que publicó la Oficina del Presidente (OPRA).
Aun así, los mismos estrategas políticos del oficialismo afirman que el discurso nacionalista no es el principal estandarte del Gobierno. Algo que sí parece ser representativo para la vicepresidenta Victoria Villarruel. La dirigente realizó un comentario cuestionando las facultades mentales de su excompañero de fórmula, siendo respondida por Santilli, quien le pidió que renuncie a su cargo.
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“Ella viaja a las provincias y la reciben de una forma que nunca pasaría con Milei o sus ministros”, aseguran cerca suyo. Lo cierto es que la titular del Senado afirma rotundamente que quiere seguir en política. Al respecto de su diferenciación de los libertarios, elaboran la siguiente línea: “Hay dos formas de ser nacionalista, amando lo nacional u odiando lo extranjero”. La referencia de esto último es al respecto del DNU sobre inmigración.
Si hay un debate que esta semana va a atravesar la discusión de lo nacional -tanto de parte del oficialismo como desde la oposición- es la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada. En el oficialismo marcan que podría haber movilizaciones similares a los que ocurrieron en el último debate de la reforma de Modernización Laboral, pero que eso no implicará algún tipo de complicación por los votos.
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Si hay algo que Villarruel no apoya son algunos términos de la llamada Ley de Tierras. Por eso tratan de asegurarse que ningún apartado de la normativa salga en empate porque en el bloque de La Libertad Avanza en el Senado avisan: “De poder hacerlo, rechaza. Ya avisó”.
La ruta marítima por las Islas Malvinas que preocupa al Gobierno
Volviendo a la cuestión por la reivindicación soberana de las Islas, será cuestión de esperar si ese reclamo persistente en la agenda pública se mantiene igual de consistente como en la actualidad. También si se traduce en una mayor interiorización por parte de la población sobre la historia del conflicto y las actuales diatribas que acontecen mientras se desarrolla el reclamo soberano.
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Y es que sigue habiendo movimientos inquietantes alrededor de las Islas, en ocasiones desapercibidos por el público general. Una semana atrás, el sitio Portal Portuario publicó un artículo que informaba que una empresa de Chile, Easter Island Naviera, evalúa abrir una nueva ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
Representantes de la compañía visitaron recientemente el archipiélago, donde mantuvieron reuniones con empresas locales y la cámara de comercio del gobierno ilegítimo con la intención de establecer un servicio logístico mensual entre Punta Arenas y las islas. El gerente de proyectos estratégicos de la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), Sam Cockwell, confirmó el interés por ese proyecto.
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La noticia llegó al Congreso argentino días después. El diputado nacional (Unión por la Patria-Tierra del Fuego), Jorge Neri Araujo Hernández, publicó un proyecto de Declaración para repudiar esa iniciativa y pedirle a la Cancillería Argentina gestiones con el gobierno de Chile al sostener que la apertura de una nueva conexión marítima reduciría el “costo colonial” de la ocupación británica, dado que “cuanto mayor sea la rentabilidad económica y de autosuficiencia logística del enclave implantado en las Islas Malvinas, menores serán los incentivos para que la potencia ocupante procure una solución negociada”, marcando que este hecho comercial no resulta neutro.
Se trata de un asunto que viene siendo seguido de cerca por dos fuentes de relevancia al interior del oficialismo. Uno de ellos -quien alegó estar “preocupado”- llegó a consultar con la Cancillería para entender el trasfondo del hecho y recibió como respuesta que estaban al tanto de la cuestión.
Infobae consultó con voceros oficiales de la Cancillería Argentina y con la Embajada Argentina en Chile sobre si existieron gestiones al respecto de este episodio o para dar alguna lectura sobre el hecho, pero no recibió respuestas hasta el momento de la publicación de este artículo.
“Cancillería está en tema. Pero no deja de ser una mala noticia todo este hecho que, en realidad, viene desde hace años. No es algo loco, porque hay otros episodios que para mí son insólitos, como que, desde hace décadas, hay un avión de LATAM que hace escala [una vez por mes] en Río Gallegos en la ruta Punta Arenas-Monte Agradable”, afirmó esta fuente oficialista en estricta reserva.
Uno de las interrogantes que surge es qué sucederá en el caso potencial de que esa ruta incluya un cruce por el Estrecho de Magallanes. En abril de este año apareció una controversia en Chile por las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, quien en un podcast afirmó que si bien el espacio marítimo del canal es chileno, “la boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina”.
A comienzos del mes pasado, el patrullero P-223 HMS Medway tuvo una incursión sobre espacios marítimos argentinos que no cumplió con las debidas notificaciones frente a la Prefectura Naval Argentina. Esto sucedió mientras el navío iba desde Malvinas hasta Punta Arenas, atravesando las aguas que pasan por Santa Cruz y Tierra del Fuego sin anoticiar ubicación y volviendo a aparecer cuando ingresaba al Estrecho de Magallanes. El patrullero repitió el modus operandi al volver hacia las Malvinas, lo que generó la reacción diplomática materializada en una nota formal ante la Embajada del Reino Unido el 13 de julio, difundida de manera pública dos días después.
Son inquietantes los movimientos que realiza el Reino Unido en la periferia marítima de las islas, los cuales no comenzaron en estos años, sino que vienen desarrollándose desde hace décadas. Pero el resultado de esa expansión ha llevado a que la administración ilegal lograra incrementar sus proyectos de exploración y explotación petrolíferas.
Dos semanas atrás, el vocero presidencial, Adrián Ravier, leyó un comunicado de repudio a la “inversión anunciada por las ilegítimas licenciatariasRock Hopper Exploration de origen británico y Navitas Petroleum Development and Production Limited de origen israelí para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicada en la cuenca Malvinas norte, sin contar con los permisos de autoridad competente argentina”.
Hace un año, el Gobierno había hecho trascender de manera pública que analizaba comprar submarinos para recuperar las capacidades de la Armada Argentina, dado que es el mecanismo disuasivo por excelencia que puede tener una fuerza naval. Hoy esa posibilidad de concretarse son nulas en el corto plazo y bajas en el mediano. De materializarse, el período que lleva desde la firma de un contrato hasta la entrega de las embarcaciones suele transcurrir entre cinco y ocho años.
Aunque Argentina tiene una de las extensiones marítimas más grandes del mundo, la Armada no tiene ningún submarino operativo. Solo hay dos unidades inactivas: el ARA Santa Cruz está en los talleres de Tandanor, pero sin previsiones de salir; y el ARA Salta está amarrado en Mar del Plata y solo se utiliza para adiestramiento. Ambas fueron adquiridas en el siglo pasado -también el ARA San Juan- lo que plasma que en otras administraciones tampoco hubo acciones concretas para la adquisición de este tipo de naves.
Luego de su reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, dos semanas antes del lanzamiento de la moneda digital $LIBRA, el empresario Hayden Davis transfirió más de cinco millones de dólares digitales a dos cuentas virtuales que, según pudo reconstruir el diario La Nación a partir de información reunida de múltiples fuentes, desembocaban en una misma financiera ubicada sobre la avenida del Libertador al 100, en Vicente López.
Se trata de la financiera con la que solía operar el lobista y trader Mauricio Novelli, apuntado como nexo entre Davis y Milei. Al momento del tuit con el que Milei le dio publicidad a $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, Novelli se encontraba reunido con el empresario en los Estados Unidos, tal como informó Clarín, y al teléfono con el presidente, tal como corroboró la Justicia.
El hallazgo adquiere relevancia porque hasta ahora se conocía el destino formal de esas transferencias, pero no el lugar donde terminaban efectivamente los fondos. La reconstrucción realizada por los periodistas Hugo Alconada Mon y Federico González del Solar – con la colaboración de Ricardo Brom- del diario La Nación indica que el dinero enviado por Davis antes del lanzamiento de $LIBRA tenía como destino la misma financiera utilizada por el lobista Novelli. ¿Se usó esa financiera para efectivizar un pago? La pregunta, por ahora sin respuesta, puede resultar una clave del caso.
Las dos cuentas que recibieron los más de 5 millones de dólares, dos semanas antes del tuit, que este medio vinculó a la financiera de Vicente López, pertenecen al jubilado Orlando Mellino y al trader colombiano Camilo Rodríguez Blanco. Al menos en los papeles, ambos fueron identificados por la Justicia como los receptores del dinero enviado por el empresario.
Pese a ello, por el momento ni el fiscal Eduardo Taiano ni el juez Marcelo Martínez de Giorgi los convocaron para pedirles explicaciones.
El jubilado Orlando es el padre de uno de los socios de la financiera, Diego Mellino, un profesional del mundo de la quiropraxia que, cuando se incorporó a la “cueva”, llevó consigo a Camilo Rodríguez Blanco, el otro destinatario del dinero, indicó al diario La Nación una fuente que los conoce a ambos.
A la cuenta del jubilado, Davis transfirió US$1.015.000 de dólares, y a la de Camilo, en la noche del 3 de febrero, cerca de US$4.000.000.
Esas dos fechas son claves porque el 4 de febrero, Novelli, que operaba en esa financiera, visitó junto a su hermana, María Pía, y su madre, María Alicia Rafaele, las cajas de seguridad de una sucursal del Banco Galicia. Los tres llegaron con bolsos en sus manos.
Mauricio Novelli, caja de seguridad
La financiera de Vicente López ofrecía un servicio puerta a puerta, pero también recibía a sus clientes en las oficinas que tenía enfrentadas sobre la avenida Libertador. Una se encontraba en el 1°B del Libertador al 110 y la otra, en el primer módulo de oficinas de un complejo de edificios que está enfrente. Esta última estuvo activa hasta hace dos meses, pudo reconstruir este medio.
El diario La Nación no publicó el nombre de la firma porque no existen elementos que permitan afirmar que la sociedad, como persona jurídica, haya participado en maniobras ilícitas. La investigación periodística refiere a operaciones atribuidas a algunas de las personas que actuaban dentro de esa estructura y que, además, son objeto de la investigación penal.
El complejo donde funcionó, hasta hace dos meses, una de las oficinas de la financiera.
El vínculo de Novelli con la “cueva” se daba a través de Camilo, el trader colombiano incorporado al negocio por Diego Mellino. En conversaciones almacenadas en el teléfono celular que le secuestró la Justicia federal, revisadas por el diario La Nación, el lobista se refiere en numerosas ocasiones a la financiera, comparte su dirección y el contacto de Camilo, a quien identifica como la persona con la que opera.
De esas conversaciones también se desprende que el lobista utilizaba la financiera para los movimientos mensuales de la academia de trading que tenía junto a su socio Jeremías Walsh, N&W Professional Traders, en la que trabajaba también su hermana, María Pía, y en la que Milei dictó clases antes de ser presidente.
En distintos audios incorporados a la causa judicial, Novelli le da instrucciones a la secretaria de la academia N&W Profesional Traders para retirar dinero de la financiera. Le explica dónde queda, dónde puede estacionar y cómo debe organizar los fondos.
En una de las grabaciones, incluso, le cuenta que desde la financiera le llevarán US$3500 y le pide que separe US$2000 para entregárselos a “la secretaria de Milei”, como contó este medio tiempo atrás.
Del celular de Novelli también se extrajo una fotografía en la que se lo observa a escasos metros de la entrada de la oficina que la financiera tenía en el complejo.
Novelli, a metros de la financiera.
La financiera
Hasta la llegada de Diego Mellino, la financiera se dedicaba a las actividades tradicionales de las “cuevas” del microcentro porteño, pero en Vicente López: clearing de cheques, compraventa de divisas y gestorías varias. Pero con Mellino llegó también el trader Camilo, el otro destinatario de las transferencias de Davis.
La financiera no trabaja más en esas oficinas, pero se trasladó a un lugar “por la zona”, le dijeron a este medio fuentes al tanto de su operatoria.
Según pudo reconstruir el diario La Nación, Diego Mellino comenzó como cliente y luego, en un momento que este medio no pudo precisar, se incorporó como socio.
Sus otros socios son Eric Feldsztejn y Dario Rozental, que fueron contactados por el diario La Nación, pero no respondieron las consultas. Tampoco el abogado de Novelli, ni el que representa a Orladno Mellino y Camilo Rodríguez Blanco en la causa.
El vínculo comercial entre Feldsztejn, Rozental y Diego Mellino quedo formalmente reflejado en la sociedad Logística Latinoamericana, dedicada, en los papeles, al transporte de caudales.
El traspaso de las acciones de Logística Latinoamericana.
Fue creada por Feldsztejn y Rozental, pero en febrero 2023 ambos transfirieron el 90% del paquete accionario a Orlando Mellino —el jubilado cuya billetera virtual recibió una de las transferencias enviadas por Davis— y el 10% restante a Miriam Gladys Mingorance, quien fue, al menos hasta hace dos años, pareja de Mellino.
Hacia la cúspide
Entre los elementos recuperados del teléfono de Novelli figura una nota informal, que habría sido elaborada por el propio lobista, en la que se detalla un presunto acuerdo por US$5 millones vinculado con el apoyo del presidente Javier Milei al proyecto. La cifra es similar al dinero que Davis movió durante los días previos al lanzamiento de $LIBRA.
Captura de la nota hallada en el celular de Novelli.
El documento enumera una serie de supuestos desembolsos atados a distintas intervenciones del mandatario. El segundo de ellos establece el pago de “1.5M” en “cash” o “liquid tokens” al momento en que Milei anunciara en Twitter que Davis era su “asesor”.
La cifra coincide casi exactamente con las dos transferencias que realizó Davis el 30 de enero. Cuando ingresó a la Casa Rosada, a las 14 horas, envió US$499.999 a una cuenta de la plataforma Kraken cuyo titular no fue identificado. Terminada la reunión, después de que Milei publicara en X que Davis lo había estado asesorando, transfirió otros US$1.015.000 a la cuenta del jubilado Orlando Mellino.
Cuando el caso estalló y Davis retiró cerca de US$100 millones durante el colapso de $LIBRA, el estadounidense contó en una entrevista que, al momento del posteo presidencial, se encontraba reunido con “la gente de Milei” en un salón y que el Presidente estaba al teléfono con ellos. La existencia de esos contactos fue corroborada después por la investigación judicial.
La central nuclear de Paks, la única de Hungría, paralizó el sábado sus operaciones tras una súbita caída de la producción provocada por el descenso del caudal del río Danubio a mínimos históricos, a su vez causada por la ola de calor en Europa. El anuncio lo realizó el primer ministro del país, Peter Magyar, quien convocó un grupo de trabajo para abordar un apagón sin precedentes en la historia de la planta, que durante la última década llegó a generar la mitad de la energía eléctrica nacional.
“Parada en Paks. El nivel del agua del Danubio ha bajado todavía más. La producción actual es solo de 480 megavatios, en comparación con los 2.000 megavatios normales. Pronto habrá importantes anuncios sobre las decisiones adoptadas por el grupo de trabajo de Defensa”, comunicó Magyar a través de redes sociales.
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Este domingo, el jefe de Gobierno húngaro comunicó que una de las dos últimas unidades generadoras de la central fue paralizada a la 1:30 de la madrugada. “Como resultado, la producción de la planta caerá a solo 240 megavatios, y mañana (lunes) será completamente paralizada por primera vez en 44 años”, detalló.
El Danubio es fundamental para la refrigeración de los reactores en la planta nuclear.
Magyar informó que la situación es “crítica”, dado que Hungría recurre a todas las centrales eléctricas disponibles, incluidas algunas que requerían reparación para operar a pleno rendimiento. “En los últimos días, hemos pedido a los mayores consumidores industriales de energía que reduzcan voluntariamente su consumo. Un número significativo de las empresas contactadas han accedido a reorganizar su producción y reducir la demanda de energía durante el período pico de la tarde”, señaló el primer ministro.
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Cerca de las 18.00 del sábado, Magyar anunció la reanudación de la actividad en la planta eléctrica de Dunamenti, que aportó un refuerzo de 360 megavatios al sistema.
A su vez, el primer ministro anunció que a partir del lunes se suspenderá el tráfico ferroviario de mercancías en las franjas horarias más críticas, entre las 17.00 y las 22.00, con el objetivo de “reducir la demanda energética del sistema ferroviario durante la tarde y liberar reservas adicionales”.
El Gobierno ordenó también el teletrabajo durante los tres primeros días de la próxima semana en todos los puestos de la administración pública donde sea posible mantener las tareas a distancia. “Pedimos a las empresas y a los empleadores que, en los próximos días, ofrezcan la posibilidad de trabajar desde casa a todos los empleados cuyo trabajo pueda realizarse de forma remota, y que reduzcan al mínimo posible el consumo energético de los edificios de oficinas”, indicó Magyar.
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Además, se apagarán las luces decorativas y todas las luces no esenciales en instituciones estatales, y se espera que los gobiernos locales apliquen las medidas de ahorro energético más estrictas posibles.
Ante este panorama, Eslovaquia ofreció su ayuda al Gobierno de Hungría ante la escasez de suministro provocada por la paralización de la central nuclear. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, aseguró que sigue de cerca la crisis energética generada por la detención de la planta húngara.
“Expresamos nuestra solidaridad con nuestro país vecino, así como nuestra disposición a ayudar. La posibilidad de un cierre total de la central nuclear debido a la escasez de agua del Danubio para la refrigeración de los reactores amenaza a Hungría con una crisis energética sin precedentes”, advirtió Fico.
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El jefe de Gobierno eslovaco examinó opciones de suministro eléctrico de emergencia para Hungría junto a la viceprimera ministra y ministra de Economía, Denisa Sakova, y el presidente del Consejo de Administración de las Centrales Eléctricas Eslovacas, Branislav Strycek. Fico informó además que las centrales nucleares eslovacas de Bohunice y Mochovce operan con normalidad, aunque el descenso del caudal del Danubio también empieza a sentirse en el país.
El Gobierno avanza en las privatizaciones de las rutas y está a punto de concluir el traspaso a manos privadas de los primeros 9 mil kilómetros de los corredores viales por 20 años. Si se mantuviera el flujo vial y no aumentara la tarifa, los concesionarios de estos tramos recaudarían por el cobro de peajes $ 500 mil millones por año. A dólar oficial esto equivale a US$ 336 millones. Es decir, un negocio de al menos $ 10 billones, o US$ 6.700 millones, durante el período.
Por la Etapa I, conformada por más de 700 kilómetros, ya se firmaron los contratos de traspaso a las ganadoras, que obtendrían ingresos por $ 109,6 mil millones anuales.
Autovía Construcciones y Servicios, del grupo Cartellone, se quedó con el Tramo Oriental por una tarifa de $ 2.945 sin IVA. La empresa gestionará las rutas nacionales (RN) 12, 14, 135, A015 y 117, que contienen los siguientes peajes: Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas. En total, implican $ 97 mil millones.
Por su parte, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring, Rovial, Edeca, José Eleuterio Pitón y Pietroboni, tomó posesión del Tramo Conexión Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. En este sector la licitación la ganó con una tarifa ofertada de $ 2.798,18, por lo que el concesionario obtendría $ 12 mil millones.
En la Etapa II-A, de1.800 kilómetros, las empresas adjudicadas ingresarían $ 179 mil millones. Para el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226, los ganadores fueron del grupo oferente compuesto por Concret Nor, Marcalba, Pose, Coarco. Con el cobro del canon en estos sectores ganarían $ 147 mil millones.
En tanto, el tramo Tramo Pampa, que comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, fue para Construcciones Electromecánicas del Oeste. En total, recibiría $ 32 mil millones de base por año.
Esta semana, el Gobierno formalizó la adjudicación de la concesión de la Etapa II-B, los corredores suman más de 2.500 kilómetros entre las rutas nacionales 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188, 193, A-005 y A-008. El Tramo Mediterráneo, adjudicado por una tarifa ofertada de $ 1.898,67 a la UTE conformada por Creditech y Plantel, recaudarían $ 22 mil millones.
El Tramo Puntano, otorgado a Basaa-Cecosa, por un valor ofertado de $1.440,08, generaría un negocio de $ 35,6 mil millones.
El Tramo Portuario Sur, también asignado a Creditech-Plantel con una oferta de $1.256,03, generaría $ 19 mil millones entre los peajes Zárate RN 9 y Junín RN 188. Mientras que el Tramo Portuario Norte quedó en manos de la firma CPC, con una tarifa de $1.856 obtendría ingresos por $ 34,6 mil millones.
Por último, para la Etapa III aún no se confirmaron de manera oficial los ganadores. En caso que se queden con estos corredores las empresas que ofertaron las tarifas más bajas a través de la plataforma ContratAr, implicaría un negocio de cerca de $ 118 mil millones.
Estos corredores viales abarcan más de 3.900 kilómetros de caminos distribuidos en ocho fases y ubicados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.
El tramo Centro, quedaría para Afema, que ofertó $ 1.399, por lo que amasaría $ 29 mil millones. Para el Tramo Centro Norte, Inmac propuso $ 1.295,96, por lo que, en caso de ganar, se llevaría $ 9 mil millones por el cobro de peajes, mientras que con la licitación del Tramo Noreste haría otros $ 15,8 mil millones.
En el Tramo Noroeste, Autovía Construcciones y Servicios licitó una tarifa de $ 2.285, por lo que ganaría $ 21 mil millones, también se quedaría con el Tramo Litoral, por el cual obtendría ganancias en torno a $ 30,7 mil millones.
El Tramo Cuyo, lo concesionaría la empresa Laugero Construcciones, que propuso un valor de $ 3.090 y ganaría al menos $ 11,7 mil millones. La constructora CPC, obtendría el tramo Mesopotámico y el tramo Chaco-Santa Fe, con una oferta tarifaria de $ 3.340 y $ 3.240, respectivamente. En estos casos, no hay datos de los peajes como para estimar los ingresos en estos sectores.
El análisis realizado por PERFIL se basó en los pliegos y en los datos brindados en la página de la Red Federal de Concesiones, donde se contempla el tránsito del último año disponible por cada peaje y las distintas tarifas para cada tipo de vehículo.
Desde Vialidad Nacional aclararon a PERFIL que, al momento de la toma de posesión, rige el precio que se cobraba en ese momento. Tras finalizar las obras iniciales requeridas podrán aplicar los cuadros tarifarios que resulten de las licitaciones actualizadas por el Coeficiente de Variación de Tarifa.
Las empresas ya tienen previstos en los pliegos la creación de nuevos peajes, pero también quedan habilitadas a colocar otros no detallados. Durante el período concesionado, la tarifa se actualizará regularmente.
Si se calcula el IVA total de los peajes privatizados, el Gobierno recaudará al menos $ 105 mil millones por año.
Las autoridades de Irán advirtieron que podrían ampliar las restricciones a otras rutas marítimas estratégicas si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval contra el país, en medio de la creciente tensión regional. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohammad Bagher Zolghadr, sostuvo que Teherán está dispuesto a endurecer las medidas sobre el estrecho de Ormuz y podría extenderlas a otros puntos clave para el comercio internacional.
Según la agencia oficial IRNA, Zolghadr señaló que la continuidad del bloqueo marítimo y “la beligerancia del régimen estadounidense” llevarán a Irán a “endurecer” el cierre del estrecho de Ormuz y también el de “otros estrechos y puntos estratégicos”. Además, amenzó: “La economía mundial, los mercados energéticos y los votantes estadounidenses pagarán las consecuencias”.
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En el mismo sentido, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que cualquier acto hostil de Estados Unidos será respondido de “manera proporcional” y significará el retorno abierto a las hostilidades tras días derelativa calma.
El estrecho de Ormuz permanece cerrado desde que Irán adoptó esa decisión tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Más de cinco meses después, el paso sigue bloqueado, lo que afecta a una de las principales rutas energéticas globales, por donde antes transitaba cerca del 20% del petróleo y el gas natural licuado comercializados en el mundo, impactando en el suministro y los precios internacionales.
Antes del comunicado de Trump, el ministro interino de Defensa de Irán, Majid Ebn al Reza, defendió la necesidad de reforzar las capacidades militares del país y pidió evitar cualquier exceso de confianza pese a los recientes acontecimientos. Durante una intervención ante científicos de la industria de la seguridad, recogida por la agencia IRNA, el funcionario señaló que, aunque Washington no habría alcanzado sus objetivos militares, esa situación no debe traducirse en relajación.
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“Muchos analistas podrían hablar hoy de la confusión del enemigo, del estancamiento estratégico y de la reducción de sus opciones como resultado del éxito de nuestras fuerzas armadas y de su fracaso en el logro de sus objetivos”, afirmó el ministro. Sin embargo, advirtió que no se debe caer en “la complacencia ni a la inacción”. Añadió que la industria de defensa del país persa debe continuar su trayectoria de progreso, innovación y preparación con “aún mayor ímpetu que antes”.
Ebn al Reza reivindicó el nivel de desarrollo alcanzado por la industria militar iraní a pesar de las sanciones internacionales y subrayó la importancia de ampliar la producción nacional de misiles, drones y otros sistemas fabricados en Irán.
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Además, atribuyó la reciente actuación de Irán —que incluyó ataques a dos petroleros que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz— a la voluntad de recuperar la iniciativa estratégica y a la desconfianza hacia las instituciones estadounidenses durante la tregua. “Es evidente que hay una serie de motivos por parte de Irán que explican por qué lo hacen ahora. Creo que parte de ello podría deberse a su deseo de recuperar, en cierto modo, la iniciativa y el impulso en este asunto”, explicó.
El funcionario señaló que las autoridades iraníes sospechan que Washington habría aprovechado el alto el fuego para reorganizarse militarmente. “Han expresado en varias ocasiones su escepticismo respecto a que Estados Unidos pida una tregua principalmente para rearmarse y prepararse de nuevo para otra fase de violencia”, explicó.
El gobierno de Javier Milei encarará el 2027 con una certeza y un objetivo. En torno a la seguridad, sabe que la mayoría de los gobernadores desdoblarán el calendario electoral local. De hecho, los mandatarios provinciales ya están haciendo conjeturas con posibles fechas. Y tiene un desafío de máxima: comenzar el decisivo año electoral con la eliminación o suspensión de las PASO para complicar (y eventualmente dividir) al peronismo.
El oficialismo, además, posee otro reto: habiendo desistido de la máxima de “pintar el país de violeta”, ahora viró a explorar acuerdos con mandatarios aliados. A este movimiento se le agrega la chance de que avance con una instalación de “candidaturas de baja intensidad”, o incluso la integración de las fórmulas colocando “vices”.
En la Casa Rosada entienden que serán muy pocos los casos en los que las provincias irán atadas con la elección nacional. Un escenario que podría darse en la Ciudad, conducida por Jorge Macri, quien no descarta diagramar una alianza con La Libertad Avanza (LLA) para asegurar su reelección. “Nos fue bien cuando fuimos juntos ¿por qué no?”, expresó cuando le preguntaron sobre la chance.
Algunas voces libertarias señalan que se viene trabajando y que incluso hay muchos proyectos en la Legislatura que se han trabajado conjuntamente. Falta mucho, pero otro caso podría ser el de Catamarca, que tiene como uso y costumbre atar su calendario electoral al nacional.
A su vez, en LLA trabajan con la hipótesis de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof desdoblará. Una hipótesis que en La Plata no confirman y que remarcan que está sujeta a muchas variables. En la Gobernación precisaron que las PASO provinciales están “atadas” a las primarias nacionales, por lo que recién cuando se defina el fin o la suspensión de las primarias a nivel nacional, el economista a cargo del ejecutivo tendrá un panorama más claro.
Fuera de ello hay provincias muy importantes como Córdoba, que representa el segundo padrón electoral del país, que no seguirá el curso del comicio nacional. Entre diciembre y enero del año próximo habrá definiciones. Sin embargo, en el peronismo cordobés mencionan que la elección se producirá entre mayo y junio.
Algo similar sucederá en Santa Fe, tercer padrón electoral. Allí, el gobernador Maximiliano Pullaro ya tiene definido que tendrá la elección en junio, en la que se renovará además toda la Legislatura provincial. Otra posibilidad es que los santafesinos acudan a las urnas el 5 de septiembre, aunque la primera fecha es la más probable.
Mendoza, quinto padrón electoral, tiene por ley local establecido el desdoblamiento. Será a mitad de año, en julio, aunque todavía no hay día establecido. Lo mismo le sucede a Tierra del Fuego gracias a la disposición de su carta magna.
Otro comicio clave por su peso en el norte es la de Salta, que deberá definir en qué jornada de mayo convocará al comicio. Allí, el mandatario Gustavo Sáenz oficia de aliado de la administración libertaria en el Congreso. Sin embargo, hay desconfianza para poder establecer una alianza por reclamos que realizó el salteño y nunca fueron correspondidos por la Casa Rosada. En concreto, evalúa renovar autoridades para el ejecutivo local el 16 o el 23 de mayo.
Otros distritos de menor caudal electoral también ingresaron en la fase de conjeturas. Son los casos de Río Negro, Entre Ríos, San Luis y San Juan, que también optarían por separar sus elecciones de las nacionales. En tanto, La Rioja, Formosa y La Pampa (tres gestionadas por el Partido Justicialista) todavía no realizaron anuncios oficiales y esperarán hasta la fecha límite para brindar una definición. Lógicamente, la estrategia que sea trazada por la conducción del PJ nacional puede influir en la jornada del comicio local.
Mientras que las únicas provincias que no elegirán gobernador en 2027 serán Corrientes y Santiago del Estero, donde los oficialismos retuvieron recientemente el Poder Ejecutivo provincial.
El caso de Tucumán
En este marco, Tucumán marcó un punto de inflexión en la discusión. Recientemente el gobernador Osvaldo Jaldo fijó el 9 de mayo para las elecciones locales. En ese escenario subieron las acciones de Lisandro Catalán, quien hasta hace poco no gozaba del visto bueno de la secretaria general Karina Milei. Sin embargo, el apuro por encontrar candidato podría modificar las chances de Catalán.
Cuando en Balcarce 50 se pregunta por otros entendimientos de cara a la cita electoral, fuentes oficiales dan por descontado que se arribará a un pacto en las provincias con las cuales ya acordaron para las legislativas nacionales de 2025. Allí aparecen Mendoza, Chaco y Entre Ríos.
Hay más: en el oficialismo hay quienes creen que podrán hacer una muy buena elección en Salta. La senadora nacional Emilia Orozco, a juzgar por los sondeos, tiene potencial para pelear por la gobernación. Pero no es la única con intenciones de competir bajo el sello libertario: también empuja para quedarse con el rótulo de candidato el ex senador Alfredo Olmedo. Y juega el buen vínculo con Sáenz, que podría ayudar para alcanzar algún grado de pacto siempre y cuando Nación cumpla con sus pedidos, relacionados a la falta de fondos para obras públicas.
También entienden que habrá una positiva performance en Córdoba. Más allá de la buena sintonía con Martín Llaryora, Gabriel Bornoroni ha sido un hombre fiel a Karina y tiene ambición de conducir el distrito.
Misiones es otro distrito que los libertarios miran con optimismo. La guerra desatada entre Carlos Rovira (el mandamás provincial) y Hugo Passalaqua por bancas en la Legislatura local desgasta el poder construido por el Frente Renovador para la Concordia. Y en LLA ven una chance concreta de construir una alternativa potente por fuera del oficialismo.
Trump iniciaba su mandato con la frase “drill, baby, drill” haciendo referencia a su modelo extractivista basado en petróleo. Milei, con el dream team encabezado por el financista estrella Toto Caputo, tiene otro mantra: “endeudar, baby, endeudar”. Deuda pública o privada, externa o nacional, de las provincias y de las empresas, en forma de ON, bonos o microcréditos. La deuda define el modelo económico de Milei.
Esta semana lo vimos hacer buena letra con la titular del FMI, una posición muy pragmática por parte del gobierno que necesita refinanciar su deuda. Repasemos: durante lo que queda de 2026 y todo 2027, la administración central enfrenta vencimientos de deuda externa de capital e intereses por casi 30 mil millones de dólares. A eso deben agregarse los vencimientos de deuda externa financiera del sector privado de casi 8 mil millones (solo de capital), los vencimientos de las provincias que ascienden a casi 4 mil millones de dólares y los vencimientos del BCRA de Bopreales de 5 mil millones.
Por eso, el plan financiero del gobierno requiere de sustanciales ingresos de dólares a las cuentas del Estado por medio de nuevas colocaciones de deuda y de privatizaciones de empresas y activos hoy estatales, sumando un supuesto ingreso de 13,5 mil millones de dólares por esos dos conceptos.
La contracara de los problemas del Estado Argentino para hacer frente a sus obligaciones de deuda, dada la definición política del actual gobierno de pagar parte de la deuda externa (en dólares) con superávit fiscal (en pesos) y con sobreendeudamiento, es el brutal ajuste sobre los ingresos disponibles de la población, por una doble vía: la reducción salarial, de jubilaciones y de ingresos y la reducción de los subsidios a los precios regulados con el consecuente aumento de las tarifas de los servicios públicos, el precio de los combustibles, etcétera.
La combinación de este fenómeno con la desregulación y el aumento de las tasas de interés, desde inicios de 2024, ha resultado en el incesante aumento de la mora en los pagos de deuda de las familias, que pasó de 3,9% en junio de 2024 a 16,2% en mayo de 2026.
Estos datos surgen del Mapa de la Deuda desarrollado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) con el apoyo de la FES (Friedrich Ebert Stiftung) a partir de los datos de la Central de Deudores del BCRA.
Si bien el crecimiento del crédito en términos reales se frenó hacia fines del año pasado, la tasa de mora sigue aumentando porque crece el monto de la deuda existente que pasa a esa situación (más de 90 días de atraso en los pagos). Cada vez más personas no pueden pagar sus deudas existentes, a pesar de as refinanciaciones vigente de las propias entidades financieras. En mayo, 19 millones de personas tenían alguna deuda, de ellas, 4 millones y medio están en situación de mora (un 24%).
Esta problemática es especialmente acuciante entre los y las jóvenes: la tasa de mora para menores de 35 años es del 25% y cercana al 40% para menores de 25. Más del 85% de la deuda de los jóvenes está en mora, lo que quiere decir que un joven moroso tiene en esta situación prácticamente todas sus deudas.
Al desagregar por tipo de entidad acreedora se puede observar como el problema se concentra fuera del sistema bancario clásico, donde la mora en los bancos públicos es del 10% y en privados del 18%, mientras que la mora en los neobancos asciende al 23%, en las empresas emisoras de tarjetas no bancarias es del 30% y en los proveedores no financieros de crédito supera el 46%.El cruce por rango etario nuevamente hace injerencia, dado que el 36% de los deudores jóvenes concentra sus compromisos en neobancos, donde el mundo de los algoritmos opera sin regulación alguna.
La dispersión del problema también es territorial, las jurisdicciones con mayores tasas de mora son La Rioja (23,77%), San Luis (21,65%), Catamarca (20,94%), Santa Cruz (20,91%) y San Juan (20,26%).En contraste, las provincias con menores niveles de atraso son La Pampa (9,46%), CABA (11,47%), Entre Ríos (13,07%), Santa Fe (13,46%) y Córdoba (13,97%). Hacia el interior de los distritos, la desigualdad persiste: en CABA, la mora es más alta en los barrios del sur (cercana al 20%) que en los del norte (entre 7% y 10%). En la Provincia de Buenos Aires, los mayores índices de atraso se concentran en el AMBA (alrededor del 25%) frente al resto del territorio bonaerense (entre 10% y 15%). Una dinámica idéntica se observa en las provincias de Santa Fe y Córdoba, donde la mora golpea con más fuerza a los cordones que rodean a Rosario y a Córdoba Capital.
Endeudar, baby, endeudar, un mantra nacional que llegó a la casa de las familias como placebo frente a la crisis de empleo e ingresos y hoy se comporta al mejor estilo Juego del Calamar, donde los problemas de dinero se cobran vidas.
* Economista, docente universitaria y directora del Banco Ciudad por la oposición.
Hace poco más de dos meses el exministro de Economía, y referente del área del PRO, Hernán Lacunza, fue a visitar a Mauricio Macri. En la charla reservada, mientras el expresidente le expresaba que no tiene una decisión tomada sobre su futuro aún pero que su relación con Javier Milei estaba freezada, el economista le planteó su deseo de ser candidato a presidente amarillo puro.
Para el expresidente fueron palabras deseadas: viene alentando a nuevas figuras del PRO a jugar y, a la vez, le da margen para decidir qué hacer en 2027. En el encuentro, Macri le planteó a Lacunza: “Tenés que salir a caminar, a proponer, yo después te puedo empujar”. Y le pidió que haga un recorrido con las principales figuras del PRO para adelantarles la idea.
Dialoguista por naturaleza, a Lacunza le vino como anillo al dedo: ante sus íntimos siente que lanzarse a presidente por el partido amarillo, aunque sea muy prematuro, tiene que tener cohesión y consenso interno para que no sea una aventura política.
Por ello, en estos meses, incluso en pleno Mundial, el extitular del Palacio de Hacienda fue a ver a un grupo de figuras para contarles su intención. Una de ellas, claro, fue María Eugenia Vidal, quien lo llevó a la Provincia en 2015 y con quien comparte una natural cercanía de tres años y medio de batalla constante en la gestión bonaerense.
También habló con Fernando de Andreis, el secretario General del partido y mano derecha del expresidente y con varios exministros nacionales, entre otros.
El miércoles pasado en una entrevista con Eduardo Feinmann en A24 no tenía pensado confirmar el dato. Pero, consultado y repreguntado por ello, terminó sorprendiendo a los propios dirigentes del PRO que no tenían el radar esa aspiración.
“Si soy candidato es porque tenemos una opción PRO, no con el Gobierno”, les dijo Lacunza a todos sus interlocutores. Eso sí: pragmático, les plantea que no se opone, a priori, a los acuerdos provinciales (como en Provincia, Ciudad o Entre Ríos) pero a nivel nacional no quiere mezclarse con los libertarios.
La experiencia del año pasado le dejó un sinsabor muy grande. “En CABA fuimos separados en mayo, y junto con ellos (los libertarios) en octubre, se confunde la gente y nosotros nos desdibujamos”, es lo que viene repitiendo en privado. Y deja una máxima amarilla: “Hay que recuperar nuestra identidad”.
En este sentido, el plan Lacunza es comenzar a consolidarse internamente como una variante, por supuesto en el caso de que Mauricio Macri termine de definir que no jugará; seguir con su trabajo en la Fundación Pensar, donde aporta su conocimiento técnico en los detallados informes mensuales que realiza el think tank que preside Vidal; y ser una carta para que el partido muestre.
Con un Milei enfrente el debate económico será su expertise natural pero también piensa en dar debates en términos institucionales, desde el manejo de la Justicia pasando por la libertad de expresión y las formas del presidente.
“Si Mauricio (Macri) no quiere, me parece muy bien. Tiene vocación, en buena hora, el PRO tiene que tener un candidato a presidente propio”, le dijo Vidal a Paulino Rodrígues esta semana en el canal LN+.
Paralelamente, el martes, tras su llegada desde EE.UU., el expresidente estuvo reunido con su primo el jefe de Gobierno porteño. Lo esperaban las oficinas en el Ecoparque y el encuentro tuvo eje en la gestión aunque se intentó dar una señal política tras meses de desacoples políticos entre primos.
La reunión la diseñó durante el Mundial el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y fue acompañado por el ministro de Hacienda, Gustavo “el chama” Arengo. El expresidente llegó con De Andreis.
Hablaron de gestión, se mostraron números y se hizo especial hincapié en temas que al exjefe de Estado le gustan como la desburocratización, aplicación de tecnologías y los proyectos más importantes que tiene en carpeta Jorge Macri hasta el fin de su primer mandato.
Desde Uspallata vienen intentando bajar el tono a la disputa interna. “Son primos, siempre tuvieron diferencias pero siempre terminaron acordando”, destacan. Del lado del expresidente no son tan condescendientes y afirman que el líder del PRO venía siendo crítico de algunos temas de gestión.
Un dato es certero: cuando Mauricio Macri estaba más cerca de Javier Milei, en LLA lo torpedeaban a Jorge Macri con fuerza. Hoy es al revés: el jefe de Gobierno se abrazó el domingo pasado con el presidente en La Rural mientras el vínculo de las milanesas sigue roto.
Jorge Macri luce tranquilo: está enfocado en la gestión, dispuesto a ir a una interna con los libertarios de ser necesario y, si no hay acuerdo, competir. Recuerda, ante los suyos, que siempre le fue complicada la política en términos electorales y más aún en la Ciudad. Tiene un plan de obras y eventos, una idea motora que le sienta bien (“el orden”) y piensa que está en condiciones de dar la pelea por su reelección. Pero no da nada por sentado. En junio de 2025 no eran pocos los que creían que su ciclo estaba terminado. Hoy se lo toma con sorna y, entre íntimos, bromea con que su segundo nombre para el 2027 debería ser otro: “Jorge Difícil”.
Quiso esquivar un pozo y volcó un camión que transportaba arena destinada a Vaca Muerta. “Vi que hay un pozo muy grande y como venía otro camión de frente tuve que esquivarlo. La banquina está muy descalzada y con barro, así que el camión se me fue. Está explotada esta ruta…”, dijo el conductor a medios locales. Lo que sucedió este jueves en la ruta 151 en Río Negro se replica de a decenas cada mes en los caminos nacionales.
La ruta 151, por donde se transportan productos de Vaca Muerta, en Río Negro: INTRANSITABLE.
En marzo de este año por la vía 50 en Orán, Salta, una colisión entre una camioneta, un camión y un tercer vehículo dejó cuatro heridos que requirieron atención médica urgente. En la ruta 127 por Bovril, Entre Ríos, fallecieron tres miembros de una familia y una adolescente quedó con heridas graves tras choque frontal. En ese mismo mes, pero por la 11 en Vera, Santa Fe, hubo múltiples vuelcos y colisiones durante un fin de semana largo. Ese mismo camino en Clorinda, Formosa, vio un muerto y dos heridos en un siniestro a fines de 2025. En ese diciembre, la ruta 9 protagonizó a la altura de Humahuaca, Jujuy, un incidente entre un camión y un colectivo con una víctima fatal y más de veinte heridos. Ese mismo mes un sargento del servicio penitenciario provincial murió tras un triple choque contra una camioneta y un camión en la nacional 16 por Chaco. Estos son algunos de los múltiples casos que dejaron sus constancias los diarios provinciales de estos meses.
Alto riesgo de siniestralidad vial
El 70% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo, con alto riesgo de siniestralidad vial y subas en la tasa de mortalidad. Así se desprende del último informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), que proyecta que para el bienio 2027-2028 la situación sin obra pública se podría agravar mucho más, a pesar de las privatizaciones que lleva adelante el Gobierno. “El concesionario podrá aplicar los cuadros tarifarios que resulten de las licitaciones recién una vez finalizadas las obras iniciales de puesta en valor de cada tramo y cumplidos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones técnicas generales”, comentaron a PERFIL desde la Dirección Nacional de Vialidad.
Si bien el Ejecutivo planteó esta salida para el arreglo de los caminos, los trabajadores viales aclararon que las mejoras de peso que deben realizar los concesionarios figuran recién en el octavo o décimo año de algunos contratos.
Más aún, los fondos necesarios para los arreglos los pagan a diario los argentinos a través de diversos tributos, incluido un porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos. El ICL volvió a aumentar el viernes y pasó de representar el 9% al 18% del precio de la nafta súper. Por ese concepto con asignación específica, Vialidad recibe $ 534 mil millones extra anuales. De acuerdo a los registros de ARCA procesados por el Instituto Argentina Grande (IAG), el Ministerio de Economía lleva acumulados $ 1,35 billones desde que asumió Luis Caputo en 2023. Con ese monto se podría haber cubierto el mantenimiento anual de 9.148 kilómetros de red: un cuarto del total existente, que equivale a más de dos veces la distancia de Ushuaia a La Quiaca.
Esa desinversión sale cara. Recuperar las rutas nacionales costará diez veces más de los que se hubiese gastado para mantenerlas. Mientras que tener en condiciones el total de los caminos implicaría US$ 4.213 millones, rehacer la infraestructura desde la situación actual costaría US$ 40.773 millones. De esos, US$ 23.240 millones implican las nacionales, todo según los cálculos del IAG.
“Casi tres años sin obra pública. Única nación en el planeta con este modelo. Milei gobierna el octavo país más grande del mundo y no construyó un solo kilómetro de ruta durante su mandato. Son el colmo de la ineficiencia para gobernar. Van a dejar este país intransitable, con familias destrozadas por accidentes evitables y producciones completas sin poder transportarse”, tuiteó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, al citar un video de camiones intentando circular por una ruta nacional 151 llena de cráteres que los obligan a reducir la velocidad a paso de hombre. El funcionario de Axel Kicillof lidera un reclamo con más de 100 intendentes de todo el país para que Nación ejecute los fondos que recaudó por el ICL. Llevó incluso hace algunos meses un petitorio al Palacio de Hacienda en un acto masivo, acompañado también por la Federación Argentina de Municipios que preside Fernando Espinoza, mandamás de La Matanza.
Los casos de las rutas 3, 5 y 7
Es que en la provincia de Buenos Aires la situación también es de alto riesgo vial. De acuerdo con un relevamiento realizado por PERFIL en múltiples distritos, la autovía 3 en el tramo San Miguel del Monte–Azul, la 5 en Mercedes–9 de Julio y la 7 en Chacabuco-Carmen de Areco se encuentran saturadas por cargas agroindustriales y con obras paralizadas por Nación. Los accesos al Puerto de Bahía Blanca presentan congestión de tránsito pesado y particular, con trabajos parados. La ruta 33 presenta fallas estructurales donde la base del asfalto cedió en Bahía Blanca-Rosario. Además, en La Rioja, la 38, que va de Tucumán a Córdoba, tiene cráteres que hacen difícil el tránsito. Situación similar se da en las 79 y 153.
Desde La Pampa comentaron que “el desgaste no es uniforme: al principio, la caída en calidad es lenta, pero hacia el final de la vida útil, el deterioro se acelera rápidamente. Por eso, es fundamental hacer mantenimientos en las primeras etapas del desgaste. Si no se actúa a tiempo, las rutas llegarán a un punto en que ya no podrán ser reparadas con mantenimiento, y será necesario hacer una reconstrucción completa”. El mal estado de los caminos nacionales desvía el tránsito a las vías provinciales, lo que complica aún más la situación de las provincias.
Donde los gobiernos locales que tienen la capacidad financiera tratan de ocupar un mayor protagonismo ante la falta de respuesta nacional. Nación comenzó a delegar en provincias la facultad de concesionar rutas nacionales, con lo que busca acelerar mantenimiento e inversión en corredores críticos. Se trata de caminos con grandes necesidades de obra pública.
Varios gobernadores ya habían avanzado en asumir funciones sobre rutas ante el deterioro vial y la falta de inversión. Estos esquemas fueron puntuales y centrados en mantenimiento y operación, pero no en todos los casos se logró un acuerdo. Tal ese caso de las 151 y 22 en Río Negro. “Hay desinterés y desidia de Nación. La 151 es la que saca todos los productos de Vaca Muerta, que es la región que más ingresos le generan al país”, plantearon desde el gobierno provincial a este medio.
El deterioro crítico y saturación vial en corredores nacionales estratégicos generado por el Gobierno nacional al no ejecutar los fondos que recaudó para tal fin perjudica también la competitividad logística.
Mientras que ya es compleja la situación con los volúmenes actuales de carga, las proyecciones de crecimiento para minería e hidrocarburos, que implican mayores distancias que el agro, enfrentan a un desafío urgente. Hoy se trasladan 128 millones de toneladas por año, y cálculos privados plantean que para 2035 este guarismo crecerá a casi 194 millones de toneladas. Ante esto, sólo el mantenimiento no será suficiente si no viene acompañado de una modernización de los caminos, que implica una inversión que había comenzado el Estado nacional pero que se frenó en 2023.
Maquillaje financiero. La decisión de inmovilizar la obra pública sirvió para apuntalar momentáneamente las cuentas del Tesoro Nacional, pero incluso “manotear” el impuesto a los combustibles líquidos y tantos otros de asignación específica no fueron suficientes para inflar el superávit fiscal. En junio, Caputo registró un déficit primario y financiero de las cuentas públicas.
El deterioro severo de la logística terrestre presentó el argumento perfecto para una nueva privatización. El ministro dispuso un esquema de concesiones por 20 años, que es duramente criticado por los trabajadores afectados. “Es una inversión de riesgo cero y un negocio financiero. No prevén grandes obras. Es poco para 20 años de concesión”, explicó ante PERFIL Fabián Cattanzaro, secretario general adjunto de Fepevina. “Dicen que es inversión privada, pero el Gobierno pone el dinero y las garantías para los créditos”, esgrimió.
Pagan deudas a contratistas
Los contratistas de la obra pública paralizada por el gobierno nacional se inscribieron en un registro que creó el Estado para regularizar las deudas que acumula desde 2022.
Mediante una resolución del mes pasado, el Ministerio de Economía habilitó a las empresas constructoras a anotarse para poder cobrar por hasta $ 220 mil millones de sus acreencias de los últimos cuatro años en bonos. La cartera aclaró que se limitarán a abonar ese monto que, en el sector privado, no tienen claro que abarque la totalidad de la deuda existente al momento.
“Entre no cobrar nada y hacerlo en bonos, preferimos esta opción”, coincidieron ante PERFIL algunos de los beneficiados por esta decisión.
Se tratará de títulos a corto plazo que el Ejecutivo les aclaró serán emitidos casi a la par, lo que les permitiría revender en el mercado secundario si tuvieran la necesidad de liquidez.
