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  • Pese a las bajas, el Gobierno espera recaudar 41,3% más por retenciones en 2027

    Pese a las bajas, el Gobierno espera recaudar 41,3% más por retenciones en 2027

    El Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de presupuesto nacional para 2027, en el que prevé recaudar $12,06 billones por derechos de exportación. La cifra representa un aumento del 41,3% frente a los $8,53 billones estimados para 2026. Esta suba se produciría pese al cronograma anunciado por el presidente Javier Milei para continuar con la disminución de las alícuotas durante el año que viene.

    De acuerdo con el proyecto, los ingresos por retenciones pasarían de $8.536.982,5 millones en 2026 a $12.062.269,8 millones en 2027. Si se cumple la estimación, el Estado recaudaría unos $3.530.000 millones más por este impuesto.

    “Los recursos totales provenientes de los Derechos de Exportación aumentarían un 41,3% en 2027 respecto de las proyecciones para el presente ejercicio”, señaló el Poder Ejecutivo.

    El aumento previsto es nominal, por lo que está influido por los precios y el tipo de cambio. Sin embargo, las retenciones también tendrían un mayor peso en la economía: pasarían de representar el 0,75% del producto bruto interno (PBI) en 2026 al 0,85% en 2027.

    El documento no atribuye esa mayor recaudación a un aumento de las alícuotas. “La baja base de comparación explica este incremento porcentual”, indicó. A eso sumó el crecimiento esperado de las ventas al exterior. “Los supuestos macroeconómicos utilizados como base para la elaboración de este proyecto contemplan un crecimiento de las exportaciones totales tanto en dólares corrientes como en términos reales”, agregó.

    El Gobierno incluyó esa proyección dentro de un proceso de reducción de las retenciones. El propio proyecto destacó entre las decisiones tomadas “la eliminación y/o reducción de aranceles de importación y derechos de exportación a distintas posiciones aduaneras”.

    “Cabe destacar que este resultado se logró en simultáneo con la implementación de medidas de reducción impositiva, como la eliminación del Impuesto PAIS, la baja de derechos de exportación e importación, Bienes Personales y la puesta en marcha del régimen de inocencia fiscal”, sostuvo.

    La soja comenzaría 2027 con una retención del 23,75% y terminaría el año con una alícuota del 21%
    La soja comenzaría 2027 con una retención del 23,75% y terminaría el año con una alícuota del 21%STRINGER – AFP

    En el caso de los principales granos, ese proceso comenzó en enero de 2025. Mediante el Decreto 38/2025, el Gobierno dispuso una baja temporal que llevó la retención para la soja del 33% al 26% y la de sus derivados del 31% al 24,5%. Para acceder al beneficio, los exportadores debían liquidar al menos el 95% de las divisas dentro de los 15 días hábiles posteriores a la declaración jurada de venta al exterior.

    La medida venció el 30 de junio de ese año. El Ejecutivo no extendió la reducción para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol, que volvieron a pagar las alícuotas anteriores. En cambio, mantuvo el beneficio para el trigo y la cebada.

    Unas semanas después, durante la Exposición Rural de Palermo, el presidente Javier Milei anunció que la baja para los principales cultivos sería permanente. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 526/2025. La soja volvió a tributar el 26%; el maíz y el sorgo bajaron del 12% al 9,5%, y el girasol pasó del 7,5% al 5,5%.

    En diciembre de 2025, el Gobierno volvió a reducir las alícuotas con el Decreto 877/2025. La retención para la soja pasó del 26% al 24% y la de sus derivados bajó del 24,5% al 22,5%. El trigo y la cebada descendieron del 9,5% al 7,5%, mientras que el maíz y el sorgo pasaron del 9,5% al 8,5%. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló entonces que la soja había alcanzado su nivel más bajo en 19 años.

    Ese recorrido permite entender la referencia del presupuesto a una “baja base de comparación”, aunque el documento no precisa cuánto del aumento previsto para 2027 se debe a las reducciones ya aplicadas.

    La última etapa se formalizó en junio de 2026 mediante el Decreto 423/2026. Las retenciones para el trigo y la cebada bajaron del 7,5% al 5,5%. Además, se fijó un cronograma de reducciones para otros cultivos que se extenderá desde enero de 2027 hasta diciembre de 2028.

    Para la soja se estableció una baja de 0,25 puntos porcentuales por mes durante 2027 y de medio punto mensual durante 2028. Así, la alícuota comenzaría el próximo año en el 23,75%, terminaría en el 21% y llegaría al 15% al cierre de 2028.

    El maíz y el sorgo bajarían del 8,25% al 7,5% durante 2027 y llegarían al 5,5% en 2028. El girasol descendería del 4,25% al 4% el próximo año y terminaría 2028 en el 3%.

    Cronograma oficial de baja de retenciones para el agro
    Cronograma oficial de baja de retenciones para el agro

    De esta manera, la recaudación prevista para 2027 crecería pese a la baja de las alícuotas. El presupuesto no detalla qué parte del aumento se debería a las mayores exportaciones, al tipo de cambio o a la baja base utilizada para hacer la comparación. Tampoco aclara cómo tuvo en cuenta el cronograma al calcular los $12.062.269,8 millones en 2027.


  • El hospital de Urdinarrain continúa sumando equipamiento para optimizar la atención

    El hospital de Urdinarrain continúa sumando equipamiento para optimizar la atención

    A través de diferentes refuerzos de partida destinados a fortalecer la capacidad de respuesta del establecimiento, el Ministerio de Salud de Entre Ríos acompañó las necesidades planteadas por el hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain, posibilitando la adquisición de equipamiento e insumos para sus distintos servicios.

    La directora del establecimiento, Natalia Segovia, explicó que la incorporación de nuevo equipamiento e insumos permite “fortalecer los servicios y mejorar la atención de nuestros pacientes, no solo de Urdinarrain sino también de otras localidades de la zona”.

    Entre las adquisiciones recientes se encuentran un transductor cardiológico para el ecógrafo (que requirió una inversión de 6.110.373,75 pesos), una lámpara de fotocurado LED para el Servicio de Odontología (cuya compra demandó 210.000 pesos) y un laringoscopio de fibra óptica (por valor de 766.176 pesos). Además, se compraron dos balanzas (que requirieron una inversión de 1.845.680 pesos) y dos oxímetros pediátricos (por 581.400 pesos), con los que se optimiza la atención y el seguimiento de pacientes pediátricos durante la temporada de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas.

    La profesional precisó que dichas adquisiciones se realizaron mediante partidas extraordinarias, destinadas a fortalecer el equipamiento y los recursos disponibles en los distintos servicios del hospital, lo que permitió dar respuesta a necesidades concretas y mejorar la calidad de la atención brindada a la comunidad.

    Además, en el último tiempo el nosocomio también incorporó nuevos elementos destinados al área de Kinesiología y Rehabilitación, por una inversión de 269.850 pesos. Entre los materiales adquiridos se encuentran mancuernas, tobilleras con peso, pelotas terapéuticas, pedalera, piso encastrable y bandas circulares, con los que se amplían y fortalecen las herramientas disponibles para el trabajo de rehabilitación y recuperación funcional de los pacientes.

    “Cada incorporación representa una herramienta más para nuestros profesionales y contribuye a mejorar la capacidad de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, seguimiento y atención que brindamos a nuestra comunidad”, concluyó Segovia.

  • Mora bajo la lupa Intendentes bonaerenses llevaron al Congreso la preocupación por el endeudamiento de las familias

    Mora bajo la lupa Intendentes bonaerenses llevaron al Congreso la preocupación por el endeudamiento de las familias

    La Liga de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires se reunió con diputados nacionales del peronismo para analizar el avance de los proyectos destinados a aliviar el endeudamiento y la morosidad de las familias. El encuentro se realizó en el Congreso de la Nación, en el comienzo del tratamiento de las iniciativas que buscan dar respuesta a una problemática que los municipios identifican cada vez con mayor frecuencia.

    Por la Liga participaron Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno), quienes mantuvieron un intercambio con los diputados Germán Martínez, Teresa García y Guillermo Michel, entre otros legisladores.

    La reunión tuvo lugar mientras la Cámara de Diputados comenzó a discutir los proyectos vinculados al endeudamiento de los hogares. Este martes se iniciaron las reuniones conjuntas de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, donde se analizan distintas propuestas relacionadas con la situación financiera de las familias.

     El reclamo de los municipios llegó a Diputados  

    Uno de los principales puntos abordados durante el encuentro fue la dimensión que alcanzó el endeudamiento familiar. De acuerdo con los datos puestos en consideración durante la reunión, 6 millones de personas se encuentran en situación de morosidad, mientras que 14 millones tienen algún tipo de endeudamiento bancario o financiero.

    La preocupación de los intendentes está vinculada especialmente con el destino que tienen muchas de esas deudas. En los municipios bonaerenses advierten que cada vez más vecinos recurren al crédito para cubrir gastos habituales, una dinámica que puede profundizar las dificultades económicas de los hogares cuando las familias no logran sostener los pagos.

    En ese escenario, la discusión parlamentaria apunta a iniciativas que buscan generar herramientas de alivio financiero y desendeudamiento familiar, mientras los intendentes plantean la necesidad de incorporar la realidad que observan diariamente en sus distritos.

    El encuentro también funcionó como un espacio para poner en común las distintas situaciones que atraviesan los municipios bonaerenses y conocer el contenido de los proyectos que comenzaron a debatirse en Diputados.

    La Liga de Intendentes viene desarrollando reuniones con dirigentes políticos bonaerenses y nacionales de distintos sectores. El objetivo de estas conversaciones es trasladar al ámbito legislativo las problemáticas que se observan en los municipios y aportar esa perspectiva al debate de políticas públicas.

    En esta oportunidad, el eje estuvo puesto en el impacto que tiene el endeudamiento sobre las familias y en las posibles herramientas para reducir los niveles de morosidad.

    La Liga de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires está integrada por Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (Partido de La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

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  • La Liga de Intendentes bonaerense se reuni con diputados nacionales por el endeudamiento de las familias

    La Liga de Intendentes bonaerense se reuni con diputados nacionales por el endeudamiento de las familias

    La Liga de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires mantuvo una reunión con legisladores nacionales para abordar la problemática del endeudamiento y la morosidad que atraviesan cada vez más familias bonaerenses. Del encuentro participaron los intendentes Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno), que se reunieron con diputados nacionales del peronismo -entre ellos Germán Martínez, Teresa García y Guillermo Michel– para expresar su respaldo al proyecto de alivio financiero y desendeudamiento familiar que tratará la cámara.

    La reunión, realizada en el Congreso de la Nación, coincidió con el inicio del tratamiento de las iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar en Diputados. Este martes comenzaron las reuniones conjuntas de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, que prevén avanzar sobre los distintos proyectos que buscan dar respuesta a la situación de los hogares.

    Los números del endeudamiento

    Durante el encuentro se puso en discusión cómo el endeudamiento se volvió una problemática cada vez más presente en los distritos, con vecinos que recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos y quedan, muchas veces, en situaciones de alta vulnerabilidad. Según los datos que se pusieron en consideración, son 6 millones las personas en situación de morosidad y 14 millones las que tienen algún tipo de endeudamiento bancario y/o financiero.

    El encuentro permitió poner en común las distintas realidades de los municipios y conocer las iniciativas que se discuten en el Congreso. La reunión se enmarca en las rondas de conversaciones y mesas de gestión que la Liga viene llevando adelante con dirigentes de todo el arco político bonaerense y nacional, con el objetivo de aportar la mirada de los municipios frente a las problemáticas que atraviesan los bonaerenses.

    Quiénes integran la Liga de Intendentes

    La Liga está integrada por Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (Partido de La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

  • Mora récord de empresas: una de las fundiciones más grandes del país con 260 empleados entró en concurso preventivo

    Mora récord de empresas: una de las fundiciones más grandes del país con 260 empleados entró en concurso preventivo

    Trabajadores industriales con cascos y ropa de protección vierten metal incandescente en una estructura dentro de una fábrica
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    Fundición San Cayetano entró en concurso preventivo por una resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del juez Nicolás Raggio. La empresa tiene una planta de 45.000 metros cuadrados en Burzaco y fuentes del sector estimaron que cuenta con 260 empleados.

    La medida abrió un proceso judicial para que la histórica metalúrgica, dedicada a la producción de piezas para la siderurgia, la minería, el petróleo, la energía eólica y la industria automotriz matricera, ordene sus pasivos y presente su situación patrimonial ante los acreedores. En un comunicado, la empresa señaló que el concurso respondió a una decisión de reordenamiento de su pasivo financiero.

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    La empresa aseguró que mantiene sus operaciones y que no prevé despidos

    En el comunicado, Fundición San Cayetano afirmó que opera “con absoluta normalidad y sin alteraciones en su actividad productiva y comercial”. También indicó que informó sobre la presentación judicial a su personal, a la representación gremial, a los clientes y a los proveedores.

    La compañía sostuvo que la planta conserva una carga de trabajo y un volumen de producción suficientes para afrontar sus gastos operativos. Además, aseguró que no se produjeron ni se producirán despidos por esta situación.

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    La dotación de la empresa se ubicó entre 260, según información de contexto relevada dentro de la firma y fuentes del sector. En años previos, la planta llegó a contar con 600 empleados, antes de una reducción posterior a la crisis financiera internacional de 2008.

    Un torno industrial sostiene una pieza metálica cilíndrica grande junto a acumulaciones de viruta de acero en un taller

    La empresa destina 80% su producción a mercados externos, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Chile y países de Europa. Su actividad exportadora enfrenta márgenes acotados y los efectos del nivel del tipo de cambio y las tasas de interés, en un proceso productivo de plazos extensos y con una estructura financiera apalancada. La situación difiere de la de las fundiciones concentradas en el mercado interno.

    Directivos de la empresa explicaron a Infobae que no sufren un problema de actividad, gracias al hecho de que venden en el mercado externo, pero sí una situación financiera equiparable a la que empujó a la mora a casi 6 millones de personas físicas y miles de empresas. El financiamiento se encareció por la fuerte suba de tasas de fines del año pasado, con costos crediticios que más que duplican el margen de rentabilidad, y eso hace que haya que administrar pasivos. Pero aclararon que no hay riesgo alguno de cierre o quiebra.

    “Tenemos apoyo de los proveedores, apoyo de nuestros clientes y hasta de nuestro personal. Confiamos en que esta es la herramienta para sanear la situación y continuar trabajando como en los últimos 70 años”, dijeron.

    El expediente fijó octubre como fecha límite para los acreedores

    El tribunal estableció el 15 de octubre como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura. El cronograma judicial también fijó el 15 de febrero de 2027 para la entrega del informe individual y el 15 de marzo de 2027 para el informe general sobre el patrimonio de la concursada.

    La decisión judicial llegó en un contexto de compromisos financieros y cheques rechazados. Los últimos registros del Banco Central (BCRA) consignaron 198 cheques rechazados por un monto superior a $1.129 millones. De ese total, la empresa abonó el 6,26%.

    Además, los datos del BCRA indicaron deudas con entidades financieras por $22.355 millones.

    En abril de ese año, la deuda financiera rondó los $2.265 millones. Para diciembre, ascendió a cerca de $4.356 millones, con el 73,1% del total concentrado en prefinanciaciones. Esos antecedentes financieros formaron parte del escenario previo a la apertura del concurso.

    La planta de Burzaco reúne una capacidad de fusión de 30.000 toneladas anuales

    Tres operarios con cascos de seguridad observan un cilindro metálico incandescente suspendido por una grúa en un taller industrial

    Fundición San Cayetano nació en 1956 en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Su fundador, el inmigrante italiano Nazareno Sforzini, inició la actividad de la compañía, que en 1979 trasladó su planta al Parque Industrial de Almirante Brown, en Burzaco.

    La operación en esa ubicación comenzó con 10 operarios dedicados a la fabricación de piezas para máquinas herramientas. Durante la década de 1980, la firma amplió su producción e incorporó piezas para la industria petrolera y cilindros de laminación para el sector siderúrgico.

    En 1984, la dotación superó los 120 operarios y el volumen de producción mensual llegó a 600 toneladas. Entre sus clientes para la actividad petrolera figuraron Hughes Tool y Lufkin, mientras que los cilindros de laminación consolidaron su presencia en la cadena siderúrgica.

    La planta ocupa un predio de 45.000 metros cuadrados y cuenta con 10 hornos de inducción. Esa infraestructura le otorga una capacidad de fusión de 30.000 toneladas anuales. El Ministerio de Producción bonaerense la consideró la fundición de mayor tamaño de la Argentina.

    Un trabajador con casco amarillo opera un panel de control frente a una gran pieza de metal en un taller industrial

    Las exportaciones comenzaron en 1990 y llegaron al mercado estadounidense en 1995

    La expansión hacia el exterior comenzó en 1990, cuando la empresa realizó sus primeras exportaciones a Ecuador, Colombia y Brasil. Cinco años después concretó su primera venta en Estados Unidos para Arkansas Steel.

    La empresa sumó luego piezas para la minería, la energía eólica y la industria automotriz matricera. En 2019 despachó el cilindro colado de mayor tamaño de la historia industrial argentina: una pieza de 40 toneladas destinada a la compañía estadounidense Nucor Yamato Steel.

    Ese mismo año, Fundición San Cayetano ingresó al mercado de capitales con su primera emisión de Obligaciones Negociables PyME. En 2020 realizó una nueva colocación para financiar la actualización tecnológica de equipos de tratamiento térmico y medición.

    Su catálogo incluyó piezas sometidas a impacto y desgaste para procesos de molienda minera; cilindros para trenes de laminación; y componentes para la industria petrolera, como manivelas, contrapesos, tambores de freno, reductores de velocidad y engranajes. También fabricó hubs y mainframes para el sector eólico, además de bases, suplementos y punzones para matricería automotriz.

    La caída de la actividad alcanzó 20 meses, según la cámara de fundidores

    El presidente de la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina, Pablo Gaspari, describió a la fundición como “el primer eslabón de las cadenas de valor metalmecánica”. En declaraciones a Infobae, afirmó que el sector registró actividad en torno del 40% de su capacidad instalada desde hacía al menos un año.

    “Hace 20 meses que cae la actividad”, sostuvo Gaspari. El dirigente señaló que las importaciones afectan a las fundiciones de forma directa, por el ingreso de productos similares a los que elaboran, e indirecta, por la llegada de bienes que producen sus clientes.

    Gaspari también mencionó las dificultades para exportar con el nivel del tipo de cambio y el impacto de la menor demanda de las fábricas de automóviles, a las que definió como el principal cliente de la fundición en la Argentina. Asimismo, apuntó al aumento en dólares de la energía eléctrica para una actividad con consumo intensivo de ese recurso.

    Sobre San Cayetano, el titular de la cámara indicó que se trató de la fundición con mayor capacidad del país para producir piezas de gran tamaño. También remarcó que la empresa exportó una parte relevante de su producción y enfrentó dificultades vinculadas con los costos.

  • La guerra con Irán ya le costó u$s38.000 millones a EEUU y el gasto crecería u$s3.000 millones por mes

    La guerra con Irán ya le costó u$s38.000 millones a EEUU y el gasto crecería u$s3.000 millones por mes

    La guerra de Estados Unidos contra Irán ya le costó u$s38.000 millones a Washington y podría sumar otros u$s3.000 millones por cada mes que continúen las hostilidades, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), que además alertó por el impacto del conflicto sobre la inflación y las reservas militares estadounidenses.

    Los cálculos del organismo no partidista del Congreso estadounidense contemplan los gastos acumulados hasta el 1° de agosto. Además del desembolso militar, la CBO estimó que el conflicto podría incrementar la inflación en 0,5% durante los primeros tres meses de 2027.

    El informe, difundido cuando la guerra lleva seis meses, señaló que una parte importante de los costos está relacionada con el rápido consumo de municiones. La situación podría tener consecuencias a largo plazo: recuperar completamente las reservas estadounidenses podría demandar al menos cinco años.

    Estados Unidos podría necesitar al menos cinco años para recomponer algunas de sus reservas de municiones.

    Estados Unidos podría necesitar al menos cinco años para recomponer algunas de sus reservas de municiones.

    Foto: Departamento de Defensa

    Por qué preocupa el nivel de las reservas militares de EEUU

    El agotamiento de armamento se convirtió en uno de los principales focos de preocupación para Washington. Reuters había informado en agosto que Estados Unidos había utilizado prácticamente la totalidad de sus misiles de precisión de largo alcance durante las operaciones contra Irán.

    La CBO advirtió que la falta de determinadas municiones críticas, entre ellas interceptores de misiles, podría limitar la capacidad del Pentágono para responder ante otro conflicto de gran escala. En julio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había solicitado cerca de u$s90.000 millones en fondos de emergencia para reponer los suministros.

    “Sin estos fondos, nos enfrentamos a déficits críticos”, había advertido Hegseth ante el Senado. Sin embargo, desde el Pentágono rechazaron ahora las conclusiones sobre una eventual escasez: “Tenemos todo lo necesario para atacar en el momento y lugar que elija el presidente”, afirmó su portavoz principal, Sean Parnell.

    La Casa Blanca también cuestionó esa evaluación. La portavoz Anna Kelly sostuvo que las Fuerzas Armadas cuentan con “municiones, municiones y reservas más que suficientes para cumplir con todos los objetivos estratégicos del Comandante en Jefe e incluso superarlos”.

    El Pentágono rechazó las advertencias sobre una eventual falta de armamento para continuar sus operaciones militares.

    El Pentágono rechazó las advertencias sobre una eventual falta de armamento para continuar sus operaciones militares.

    NYP

    El impacto de la guerra sobre la economía estadounidense

    A los gastos militares se suma el efecto de la guerra sobre los precios internacionales de la energía. Los ataques en el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto circulaba aproximadamente el 20% del petróleo mundial, y contra instalaciones energéticas de países del Golfo impulsaron los costos para consumidores y productores.

    El cálculo de u$s38.000 millones, además, no contempla todos los costos del conflicto. Quedaron afuera los recientes ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz, ofensivas contra instalaciones militares estadounidenses y los intereses derivados del endeudamiento utilizado para financiar la guerra.

    El inspector general del Pentágono informó además que Irán dañó o destruyó cientos de edificios en bases estadounidenses en Medio Oriente, junto con aviones de combate, aeronaves de reabastecimiento y drones. Hasta el 19 de junio, ese organismo había calculado un costo de u$s33.400 millones.

    El escenario agrega presión sobre las cuentas públicas estadounidenses: la deuda pública de EEUU superó los u$s40 billones en agosto. Mientras la administración de Donald Trump busca una salida al conflicto y la reapertura del estrecho de Ormuz, la CBO advierte que prolongar las operaciones continuará elevando tanto el costo fiscal como las dificultades para recomponer el arsenal estadounidense.

  • Discapacidad: el Gobierno quiere derogar la ley de emergencia y puntos históricos del sistema de prestaciones

    Discapacidad: el Gobierno quiere derogar la ley de emergencia y puntos históricos del sistema de prestaciones

    Marcha en Congreso - 4 de junio - Jubilados - Garrahan - Discapacidad
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    El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno de Javier Milei impulsa un cambio de fondo en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La propuesta abarca la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y otros aspectos históricos del régimen que está vigente desde hace más de 30 años.

    El corazón de la reforma apunta a modificar el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que ya “no incluirá valores universales”, señala la redacción del presupuesto. Es decir, quedaría sin efecto el listado con aranceles de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores que ofrecen servicios a las personas con discapacidad.

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    El otro punto fundamental es que se propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no será garantía de acceso a las prestaciones. Tampoco se podrá percibir este beneficio si alguien cuenta con un empleo registrado.

    La motosierra al andamiaje legal se observa en el Capítulo VI del Presupuesto 2027, donde los artículos 36 a 41 sustituyen o derogan aspectos clave de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, y modifican en forma permanente las leyes 13.478, que regulan las pensiones no contributivas por invalidez laboral, y la 24.901, que crea el sistema de prestaciones básicas de atención integral a la discapacidad, que rige desde 1997.

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    “El nuevo texto elimina dos principios fundamentales. Que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado. Que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria. Y ahora establecen expresamente que ‘la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles’, expuso el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

    Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Coalición Cívica

    De esta forma, si bien la iniciativa garantiza formalmente “la universalidad de la atención” del sistema de prestaciones, la modificación desregula los aranceles obligatorios y “las modalidades de financiamiento”. Se lo reemplaza por un “piso mínimo prestacional común, definido por estándares de calidad, oportunidad y adecuación de la prestación”. Además, cada obra social o prepaga podrá definir valores y cubrir las terapias que quiera, según se desprende del proyecto en el análisis de la oposición.

    “En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad”, cuestionó Ferraro desde su cuenta personal de X. “Toda esta crueldad, mientras el sector atraviesa una emergencia reconocida por ley, con instituciones al borde del cierre, prestaciones desactualizadas y miles de familias a la deriva”, apuntó.

    Cómo se actualizarán los aranceles

    Mientras se otorga mayor discrecionalidad a los prestadores privados, cuando el prestador es público, los aranceles de las prestaciones deberán ser fijados de forma trimestral por la Secretaría Nacional de Discapacidad. Es decir, lo define el Gobierno.

    “Si ese ajuste no se realiza dentro del período previsto, el texto dispone que se utilizará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”, aclara el texto.

    Otro de los puntos que se eliminan es el estudio anual de costos de cada prestación, que permitía incorporar a los aranceles los aumentos de componentes no reflejados en el IPC, que “era uno de los reclamos centrales de las federaciones de prestadores, advierten desde el peronismo”.

    Gerardo Huesen (LLA) y Juan Marino (UxP), presidente y vice de la Comisión de Discapacidad

    El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, denunció que el proyecto enviado al Congreso busca “desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad”, y calificó la maniobra como “ilegal e inconstitucional”. Puntualmente, agregó que, con la “fragmentación del sistema” al disolver los valores únicos en las prestaciones, habrá una “presión a la baja de los aranceles por parte de los grandes financiadores y riesgo para la continuidad de las prestaciones”.

    El modelo de “invalidez laboral”

    El texto sustituye el artículo 9° de la Ley 13.478, donde faculta al Poder Ejecutivo a otorgar “una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos, no amparada por un régimen de previsión y mayor de setenta (70) años de edad o imposibilitada para trabajar, según los requisitos establecidos en la reglamentación”.

    El cambio, para Marino, reinstaura el modelo de “invalidez laboral” y se abandona “el modelo social de derechos humanos fijado por la Convención y se regresa a un criterio médico anacrónico”.

    “​Se elimina por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía legal y directa de acceso a la pensión. Los requisitos de acceso ya no los define el Congreso: quedan totalmente librados a la discrecionalidad de la reglamentación del Ejecutivo”, expuso el legislador desde su cuenta de redes sociales.

    Marcha por la emergencia en Discapacidad - Congreso - 20 de agosto

    De la iniciativa, se desprende que queda eliminada la compatibilidad entre la pensión y el empleo registrado o el monotributo hasta dos salarios mínimos. Así lo define el nuevo artículo 37, al establecer que la “Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral será incompatible con poseer un vínculo laboral formal y/o encontrarse inscripto en el régimen general y/o simplificado vigente”.

    El proyecto también derogara el artículo 8 de la ley de emergencia en discapacidad, que garantizaba la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones no contributivas. Otro cambio es el bloqueo al traspaso automático de beneficios preexistentes, al derogarse el art. 9º de la Ley 27.793, impidiendo que quienes ya cobran una pensión pasen de oficio al nuevo esquema de protección social con todas sus garantías.

    El artículo 38, además, quita las restricciones que impedían financiar estos programas con recortes a otras partidas de servicios sociales, según el análisis de Marino.

    El debate en la Cámara de Diputados

    La Cámara baja tenía previsto retomar hoy el debate sobre los proyectos para prorrogar la emergencia en discapacidad hoy a las 12.00, en un plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda.

    El cronograma fue aprobado con 249 votos durante la última sesión. Entre los temas figuraban la paralización en el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez laboral, el atraso en los pagos, el congelamiento de aranceles y el cierre de centros de día.

    Lo cierto es que los cambios en el Presupuesto 2027 impactan en esta agenda legislativa. Desde la oposición se preparan para confrontar, y ponen en un lugar incómodo a los aliados. El diputado nacional Esteban Paulón, de Santa Fe, recordó que el proyecto apareció luego de que La Libertad Avanza promoviera, junto con aliados, una iniciativa propia para tratar la emergencia en discapacidad. “Es regresivo y supone la desaparición de las prestaciones universales”, concluyó.

  • Investigan una propiedad como posible móvil del crimen del arquitecto Bassi

    Investigan una propiedad como posible móvil del crimen del arquitecto Bassi

    El juez de Garantías Julián Vergara ordenó abrir el celular de uno de los imputados por el crimen del arquitecto Rodolfo Augusto Bassi, ocurrido el 1º de septiembre en un departamento del barrio Paraná XIV. La Fiscalía buscó obtener información sobre las comunicaciones entre los investigados y la víctima.

     

    La medida alcanzó al teléfono de Carlos Gastón Aguilar, imputado junto con Claudio Ramón Inofre por el homicidio de Rodolfo Bassi. Ambos eran investigados bajo la calificación provisoria de homicidio agravado por alevosía y criminis causa, además de robo calificado.

     

    El magistrado hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Juan Manuel Pereyra, aunque limitó la extracción a los ocho meses anteriores al secuestro del dispositivo. El análisis solo podrá abarcar mensajes, fotografías, archivos y contenidos vinculados con la investigación, publicó APF.



    Buscan reconstruir las comunicaciones

     

    Durante la audiencia se informó que Inofre había entregado voluntariamente la clave de acceso a su teléfono. La Fiscalía también contaba con el celular perteneciente a Bassi y pretendía comparar la información contenida en los tres dispositivos.

     

    El objetivo era determinar qué tipo de vínculo mantuvieron los imputados con la víctima y reconstruir las conversaciones anteriores y posteriores al crimen. El fiscal sostuvo que la medida permitiría establecer si el homicidio había sido planificado y desde qué momento.


    Rodolfo Augusto Bassi, víctima de homicidio.-

    Rodolfo Augusto Bassi, víctima de homicidio.-


    Pereyra afirmó que se trataba de una investigación de “gran complejidad” y señaló que durante las primeras diligencias se había reunido evidencia “sumamente importante” para el avance del expediente.

     

    La defensa de Aguilar, ejercida por Flavia Pastori, se opuso a la apertura del teléfono. La abogada consideró que la medida era “prematura” y sostuvo que la información buscada podía obtenerse mediante los celulares de Inofre y de la víctima.



    Una propiedad bajo investigación

     

    Otro punto analizado durante la audiencia estuvo relacionado con un departamento ubicado en calle Diamante, perteneciente a Bassi. La Fiscalía investigaba si los sospechosos habían dispuesto de ese inmueble sin conocimiento de su propietario.

     

    Pereyra explicó que los testimonios de las personas que ocupaban la vivienda permitieron reconstruir una trama vinculada con el uso y alquiler de la propiedad. Esa situación podría aportar elementos sobre uno de los posibles móviles del homicidio.

     

    Según la hipótesis fiscal, el inmueble habría sido vendido irregularmente a espaldas del arquitecto. Inofre, en cambio, declaró que Bassi se lo había cedido para que viviera allí y realizara reparaciones.

     

    El fiscal añadió que Aguilar habría sido la última persona que alquiló el departamento y que los dos imputados se repartían el dinero obtenido. Durante el allanamiento en la vivienda de Inofre se secuestraron formularios de boletos de compraventa que fueron incorporados al expediente.



    La declaración de uno de los imputados

     

    En la audiencia también se conocieron detalles de la declaración brindada por Inofre. De acuerdo con lo informado por el fiscal, el imputado señaló a Aguilar como autor de los golpes que provocaron la muerte de Bassi.

     

    Siempre según esa declaración, la víctima habría sido sometida a torturas antes de recibir tres golpes en la cabeza con una maza. La versión constituye una manifestación de uno de los investigados y deberá ser contrastada con el resto de las pruebas reunidas.

     

    Bassi, de 61 años, fue encontrado sin vida dentro de uno de sus departamentos. El cuerpo estaba atado a una silla y presentaba signos de violencia. La causa de la muerte fue vinculada a un golpe con un elemento contundente.

     

    Los dos sospechosos permanecían sometidos a prisión preventiva mientras continuaban las pericias. El análisis de los teléfonos buscará establecer sus movimientos, comunicaciones y posibles acuerdos previos al homicidio.





  • Mejoró resultados: una de las principales empresas de insumos del agro tuvo ventas por más de $291.000 millones, un salto del 42%

    Mejoró resultados: una de las principales empresas de insumos del agro tuvo ventas por más de $291.000 millones, un salto del 42%

    Después de una reestructuración interna y luego de haber renegociado con éxito millonarias Obligaciones Negociables (ON), la empresa de microbiología agrícola Rizobacter informó un cierre de ejercicio 2025/2026 con una importante mejora en el desempeño de su negocio operativo.

    “A nivel consolidado, las ventas alcanzaron los $291.164 millones, frente a los $205.107 millones del ejercicio anterior, lo que representa un crecimiento del 42%. A su vez, el resultado operativo pasó de $3671 millones a $12.693 millones, más que triplicándose en el período”, contaron desde la compañía. Agregaron: “Particularmente en el mercado argentino, las ventas crecieron un 44%, pasando de $169.050 millones a $243.254 millones, con márgenes brutos estables”.

    Rizobacter tiene su planta industrial en la localidad bonaerense de Pergamino y está controlada por Bioceres Crop Solutions Corp, que también viene de informar una mejora en su desempeño luego de un contexto de crisis. Rizobacter es el motor del grupo por su nivel de tecnología para la actividad agropecuaria. En Pergamino posee las siguientes capacidades de producción: 6 millones de litros de productos microbiológicos, 12 millones de litros de adyuvantes, 5,6 millones de litros de fungicidas e insecticidas y 50.000 toneladas de fertilizantes microgranulados.

    La compañía tiene un 20% de market share global en inoculantes para soja y un 30% de market share en adyuvantes en la Argentina, según indicaron a este medio. El plantel de empleados ronda las 450 personas.

    La empresa tiene planta industrial en Pergamino
    La empresa tiene planta industrial en PergaminoRizobacter

    En mayo pasado, para recordar la empresa comunicó que su oferta de canje de Obligaciones Negociables Series IX y X (integradas por las Clases A y B de cada emisión) por unos US$42,68 millones tuvo una adhesión mayor al 86%. Superó largamente así lo requerido. En tanto, en febrero último había logrado una adhesión mayor al 75% en el canje correspondiente a la ON Serie VIII Clase B, por unos US$3,8 millones. Extendió vencimientos hasta septiembre de 2029.

    En este marco, el Ebitda de la compañía también mostró un buen número. Según se precisó, el Ebitda ajustado se ubicó en $29.094 millones en el ejercicio 2026, un 65,2% por encima de los $17.610 millones de 2025. “En un mercado argentino que registró una contracción general, Rizobacter logró además sostener su participación en familias de productos estratégicos, reflejando la fortaleza de su posicionamiento, el valor de la marca y el trabajo de sus equipos”, explicaron.

    El Ebitda ajustado se ubicó en $29.094 millones en el ejercicio 2026, un 65,2% por encima de los $17.610 millones de 2025
    El Ebitda ajustado se ubicó en $29.094 millones en el ejercicio 2026, un 65,2% por encima de los $17.610 millones de 2025Rizobacter

    Para tener en cuenta, en 2025 el mercado argentino de agroquímicos cerró en US$2772 millones, una merma de casi US$200 millones versus 2024. En tanto, en volumen se registraron 354,5 millones de litros/kilos, lo que representó una mejora del 5%. Hace unos años había superado los US$3000 millones en un contexto de precios más altos y productores que por la incertidumbre en el gobierno anterior adelantaron compras. Muchas compañías de insumos adquirieron productos en el exterior a precios más caros que el que después finalmente comercializaron a los productores.

    En la empresa de Pergamino destacaron las reestructuraciones que hizo e incluso la firma de acuerdos con las entidades bancarias que opera. Como contó LA NACION, su controlante Bioceres Crop Solutions Corp tuvo buenos resultados también. En los resultados financieros para el cuarto trimestre fiscal finalizado el 30 de junio de 2026 se destacó que el Ebitda ajustado pasó de -US$9,6 millones a +US$0,6 millones en el trimestre. Ocurrió por una baja de gastos y reestructuración.

    Se informó que los ingresos fueron de 55,9 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2026, “prácticamente estables con respecto al año anterior”. De acuerdo al reporte, el crecimiento del 36% en el rubro de nutrición de cultivos compensó la disminución de los ingresos en protección de cultivos y el impacto de una reestructuración del negocio de semillas.


  • Por qué el Gobierno no incluyó el costo fiscal del RIGI en el proyecto de Presupuesto 2027

    Por qué el Gobierno no incluyó el costo fiscal del RIGI en el proyecto de Presupuesto 2027

    El Gobierno decidió no incorporar una estimación del costo fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el proyecto de Presupuesto 2027 que envió al Congreso. Según explicó el Ejecutivo, esto se debe a que los proyectos adheridos se encuentran, en su mayoría, en las primeras etapas de implementación.

    Para entender cómo se contabilizan los beneficios impositivos en el Presupuesto, se toma en cuenta el concepto de gasto tributario en referencia a la pérdida de recaudación derivada de tratamientos tributarios preferenciales.

    El objetivo de esos regímenes especiales es promover actividades económicas, favorecer determinadas zonas o grupos de contribuyentes, incentivar comportamientos o reducir la carga tributaria sobre ciertos consumos. A diferencia de una asignación presupuestaria directa, este mecanismo genera incentivos mediante una disminución de las obligaciones impositivas.

    Para 2027, el gasto tributario total fue estimado en $51.914.317,8 millones, equivalente al 3,67% del PBI (0,02 puntos porcentuales menos que en 2026). De ese monto, $45.692.398,7 millones corresponden a tratamientos especiales establecidos en las leyes de los distintos impuestos, mientras que $6.221.919,1 millones están vinculados con beneficios otorgados a través de regímenes de promoción económica.

    Para 2027, el gasto tributario total fue estimado en $51.914.317,8 millones, equivalente al 3,67% del PBI. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

    En este último grupo se incluyen los programas que establecen exenciones, reducciones de alícuotas, deducciones, créditos fiscales, diferimientos y otros beneficios que implican una pérdida potencial de recursos para el Estado. Sin embargo, el RIGI presenta una particularidad que impide, por ahora, asignarle una cifra dentro de esa proyección.

    “Dado que los proyectos adheridos se encuentran mayoritariamente en etapas iniciales de implementación (inversión), el gasto tributario asociado al régimen podrá ser estimado en etapas posteriores de avance de los proyectos. Sin embargo, es posible acceder a partir del sitio web oficial a una caracterización completa de los proyectos incluidos en dicho régimen”, precisa el documento oficial.

    Cabe mencionar que ya hay 23 proyectos con luz verde por un total de USD 49.766 millones. La mayoría se concentra en el sector de minería y petróleo y gas. En este último caso, el grueso de las inversiones (USD 3.251 millones) se prevén ejecutar el próximo año.

    Como referencia, en mayo pasado, con solo 13 iniciativas aprobadas, el impacto fiscal del RIGI ascendía a USD 1.837 millones anuales, equivalentes a 0,27 puntos porcentuales del PBI, según el diputado Guillermo Michel, quien fue titular de la Aduana durante la gestión anterior.

    Entre los beneficios contemplados en el cálculo, se encuentran la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% general al 25%, la eliminación de derechos de exportación a partir del tercer año de operación del proyecto, la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital e insumos, la emisión de Certificados de Crédito Fiscal para cancelar el IVA y la posibilidad de computar el 100% del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios como pago a cuenta de Ganancias —frente al 33% que permite el régimen general—.

    Hay 7 proyectos aprobados dentro del RIGI que pertenecen al sector de petróleo y gas. REUTERS/Alexander Villegas

    El proyecto sí calcula el impacto fiscal de otros regímenes de promoción económica. En conjunto, para 2027 representan un gasto tributario equivalente al 0,44% del PBI, lo que supone una disminución respecto al 0,48% calculado para este año.

    Los principales componentes serán el régimen para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), con un costo estimado de 0,18% del PBI; la promoción económica de Tierra del Fuego, con 0,13%; y la Economía del Conocimiento, con 0,06%.

    En un segundo grupo aparecen el régimen de promoción industrial y el régimen de autopartes, con 0,02% del PBI cada uno, mientras que la promoción de la actividad minera representa 0,01%.

    En tanto, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) soporta el 36,3% de los gastos tributarios con un monto de $18.825.030,1 millones, equivalente a 1,33% del PBI. Del total correspondiente a este tributo, el 92,5% surge de exenciones y alícuotas reducidas establecidas en la propia ley, mientras que los $1.413.059,5 millones restantes corresponden a beneficios de distintos regímenes de promoción económica.

    En el Impuesto a las Ganancias, los gastos tributarios alcanzan $9.187.298,1 millones, equivalentes al 0,65% del PBI proyectado. Por su parte, el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, conocido como Monotributo, representa $15.087.628,9 millones, el 1,07% del producto.

    En los impuestos que gravan los combustibles, el gasto tributario asciende a $4.520.092,8 millones, equivalentes al 0,32% del PBI. La mayor parte se explica por la diferencia entre las sumas fijas aplicadas a las ventas de naftas y gasoil y por la exención vigente para los combustibles utilizados en la zona sur del país.

    Finalmente, las Contribuciones a la Seguridad Social implican un gasto tributario de $3.194.928,4 millones, equivalente al 0,23% del PBI. El componente más relevante corresponde a la reducción de las contribuciones patronales por zona geográfica, un beneficio que, al adoptar la forma de crédito fiscal en el IVA, también repercute sobre la recaudación de ese impuesto.