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La decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de modificar el circuito que utilizaban las empresas para operar con cheques electrónicos a través del mercado de capitales generó una rápida reacción entre las pequeñas y medianas empresas. La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó formalmente este miércoles la suspensión de la medida y referentes empresarios alertaron por su efecto sobre el capital de trabajo y los estrechos márgenes de rentabilidad.

El cuestionamiento surgió a partir de la Resolución General N° 1166/2026, que modificó una operatoria que permitía a las empresas depositar eCheqs directamente en una cuenta comitente a través de un agente de liquidación y compensación (Alyc), invertir esos fondos y utilizarlos posteriormente para realizar pagos.

El mecanismo comenzó a funcionar cuatro meses atrás y, según explicaron los empresarios consultados, se convirtió en una herramienta para administrar el capital de trabajo en un escenario de dificultades para acceder al crédito. Al evitar que los fondos pasaran necesariamente por una cuenta bancaria, las operaciones no quedaban alcanzadas por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque.

El tributo aplica una alícuota de 0,6% sobre los créditos y otro 0,6% sobre los débitos, por lo que el ahorro podía alcanzar 1,2% del monto operado. Con la nueva disposición, los ingresos y egresos de las cuentas comitentes deben realizarse mediante transferencias bancarias.

La reacción de la UIA

La reacción de la industria se formalizó a través del Departamento PyMI y Desarrollo Regional de la UIA, que envió hoy una nota al presidente de la CNV, Roberto Silva, para plantear “la preocupación del sector industrial por los efectos de la Resolución General N° 1166/2026 sobre los circuitos de cobro y pago de las empresas”.

La entidad remarcó que la decisión llegó en un contexto de “estancamiento de la actividad productiva, caída del empleo, acceso al financiamiento caro y acotado para las empresas y desafíos de competitividad a nivel internacional”. “Sus consecuencias exceden el alcance de los objetivos planteados por la normativa incrementando el costo del capital de trabajo y, en consecuencia, deteriorando la competitividad de las compañías”, sostuvo la UIA en la carta.

Por lo tanto, la central fabril solicitó “suspender la medida” y señaló que continuará trabajando en espacios de diálogo con autoridades nacionales y subnacionales para reducir los impuestos que afectan la competitividad de las empresas frente a la apertura del mercado.

El impacto sobre los márgenes de las pymes

Eduardo Maradona, presidente de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Santa Fe y miembro del Movimiento Nacional Pyme (Monapy), que reúne a más de 50.000 Pymes, explicó cómo funcionaba la herramienta.

“Nosotros podíamos depositar cheques y eCheq en Bolsa de Valores a través de un bróker de la Bolsa. Eso iba a un fondo de la Bolsa que generaba un rendimiento, y cuando cuando necesitabas el dinero, ellos te lo devolvían o te daban el cheque. Te evitabas pagar el impuesto”, explicó. Para Maradona, esa posibilidad representó una herramienta de trabajo y financiamiento. “Te ahorrás el cheque, el 1,2%”, señaló.

El empresario sostuvo que ese porcentaje adquiere mayor importancia por la caída de la rentabilidad. “Antes ajustábamos por inflación, ahora no lo podemos hacer. Aunque no vendieras, los errores te los corregía la inflación. Hoy los precios, al tener cierta estabilidad, hacen que estés muy justo”, afirmó. A ese escenario, sumó el incremento de tasas municipales, impuestos provinciales y servicios. Según señaló, los costos de agua, electricidad y gas subieron cerca de 700% y pasaron a tener una incidencia mucho mayor sobre las empresas.

“La rentabilidad cayó mucho”, aseguró. Y agregó sobre la modificación de la CNV: “Esto hace que te quede menos, cuando habíamos logrado tener un punto de rentabilidad”. Maradona también apuntó a las dificultades para conseguir financiamiento. Según afirmó, las pymes aportan el 45% del PBI pero reciben sólo el 2% del financiamiento y muchas tampoco califican para obtener crédito, mientras las tasas continúan en niveles elevados.

A su turno, Salvador Femenia, vocero de CAME, puso el foco en el costo fiscal y en la mayor carga administrativa que, según señaló, generará la nueva operatoria. El dirigente remarcó especialmente la incidencia del 1,2% sobre empresas con márgenes reducidos. “El perjuicio más grande es el tema de carga fiscal. 1,2% dentro de todos los costos que hay y márgenes pequeños que le quedaron a cualquier comerciante y empresa industrial es mucho. Mueve la aguja porque los márgenes son muy chicos”, afirmó.

Femenia también señaló que las pequeñas compañías tienen menos posibilidades de trasladar esos mayores costos a sus precios. “El pequeño industrial o comerciante que no tiene posición dominante en el mercado no puede trasladar los costos”, explicó. Según describió, las empresas están “muy justas” y cuentan con un margen bruto reducido para absorber toda su estructura de gastos. También señaló que comercios e industrias con una extensa trayectoria atraviesan dificultades y que algunas firmas debieron reducir sus planteles.

“Comercios o industrias que tuvieron mucho recorrido hoy la están pasando mal. Se tuvieron que desprender de gente que costó mucho tiempo y para la Pyme desprenderse de una persona es complicado”, afirmó.

Reclamos por impuestos y financiamiento

La controversia por la resolución de la CNV coincidió con otros planteos que la UIA realizó por la situación de las pequeñas y medianas empresas.

Durante la reunión mensual de su Junta Directiva de este martes, representantes de diferentes sectores y regiones expresaron preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la caída del empleo y los costos que restan competitividad. La producción industrial registró en julio una caída interanual de 4,9% y 12 de los 16 sectores que integran el Índice de Producción Industrial retrocedieron frente al mismo mes del año anterior.

Al término del encuentro, la entidad informó que remitió a la Subsecretaría PyME un documento con propuestas para aliviar la situación, entre ellas la suspensión de embargos durante 180 días, la reducción de la tasa de financiación de ARCA para Pymes, el diferimiento de vencimientos de IVA para actividades estacionales y la postergación de contribuciones patronales para economías regionales.

El financiamiento ocupó un lugar central en esos reclamos. Según la UIA, la presión tributaria sobre la intermediación financiera eleva en promedio más de 18% el costo financiero del crédito productivo: una TNA de referencia de 35% pasa a un costo financiero total de 41,4%. La entidad señaló además que el crédito bancario representa sólo 12% del PBI en la Argentina, frente a un promedio regional cercano al 60%.

Cuando se están por cumplir 9 años del trágico hundimiento del ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes y una repercusión mundial, Argentina podría volver a tener próximamente una flota de submarinos. El presidente Javier Milei autorizó la compra de tres unidades que podrían comenzar a fabricarse a mediados del 2027, si es que se llega a un acuerdo con las empresas que pujan por quedarse con el negocio.

El gasto está previsto en el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió el martes por la noche al Congreso y que incluye la autorización para que el Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Presti, tome un préstamo de hasta USD 2.300 millones destinado a la adquisición de estos sumergibles para la Base Naval Mar del Plata.

De acuerdo con lo que explicaron a Infobae fuentes oficiales, recientemente el funcionario recibió dos ofertas concretas por parte de firmas que construyen estos navíos, la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) y la francesa Naval Group.

Las conversaciones con estas compañías se intensificaron en el último tiempo, pero comenzaron hace ya varios meses, poco antes de que el propio mandatario nacional asegurara en una entrevista que tenía una buena relación con Emmanuel Macron y que uno de los temas que ambos tenían en agenda era este.

“Hay dos empresas que nos acercaron propuestas, con diferentes precios y sistemas de armas, pero lo más probable es que se opte por la francesa”, anticipó a este medio una persona cercana al ministro Presti.

La compra figura en la planilla anexa al artículo 42 del Presupuesto 2027, referida a las operaciones de crédito público. Allí se establece que el tipo de deuda será un “préstamo”, con un “plazo mínimo de amortización” de tres años y con destino específico para la “adquisición de tres submarinos convencionales”.

El texto no identifica la entidad que otorgará el dinero, aunque en su momento Infobae pudo saber que se estaba negociando con la administración de Macron para que intervenga y algún organismo internacional participe de la transacción.

Tampoco se detalla en el documento el modelo que se buscará incorporar, el país de origen de las embarcaciones ni el plazo previsto para la firma de un eventual contrato, o si las unidades serán construidas en el exterior o si parte del proceso tendrá participación de la industria nacional.

La autorización presupuestaria, de todas formas, representa un avance concreto en una negociación que el Gobierno mantiene desde hace meses para recuperar la capacidad submarina de la Armada. Hasta ahora, una de las principales alternativas que analizaban las autoridades era la compra de unidades a la compañía Naval Group.

La empresa europea ya había mantenido conversaciones con la Argentina durante la administración de Alberto Fernández, cuando se firmó una carta de intención para avanzar en la adquisición de varios de estos barcos. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las gestiones continuaron y se concentraron especialmente en la posibilidad de incorporar submarinos de la clase Scorpene.

Por su parte, la alemana TKMS postuló a su modelo 212, también convencional (de propulsión diésel-eléctrico), de quinta generación, pero con un sistema que le da la capacidad de operar bajo el agua sin necesidad de emerger o usar el tubo de snorkel durante semanas.

No obstante, aunque estudia la oferta y la decisión final todavía no se tomó y dependerá de diferentes factores, como el armamento y las Características específicas, además del precio y la forma de pago, el Ministerio de Defensa se estaría inclinando por el Scorpene.

Cómo es el submarino francés que se analiza y qué formas de financiamiento<b> </b>se ofrecieron<b> </b>

Se trata del mismo modelo que compró Brasil en el marco del programa PROSUB, a partir de un acuerdo firmado en 2008 con Naval Group. El país vecino ya recibió cuatro unidades convencionales y trabaja, además, en el desarrollo de un quinto que será de propulsión nuclear.

En noviembre de 2025, el director de Ventas para países estratégicos, Grecia, Brasil y Latinoamérica de esta firma, Laurent Mourre, explicó a este medio en qué estado se encontraban las conversaciones: “Lo que puedo confirmar es que el gobierno argentino quiere comprar submarinos”, afirmó entonces.

El Scorpene aparece como una de las opciones que más interés generó en la Casa Rosada y en las Fuerzas Armadas. Se trata de un submarino convencional diésel-eléctrico, diseñado para operaciones de vigilancia, control marítimo, inteligencia y defensa de zonas estratégicas.

La compañía francesa también ofrece paquetes que pueden incluir mantenimiento, sistemas eléctricos, armamento y entrenamiento. No solo ofrecen los buques, sino también el mantenimiento de los mismos, los sistemas eléctricos y equipamiento, e incluso el armamento.

En esta línea, cuenta con la capacidad de fabricar misiles MU90, que es el torpedo ligero más potente del mundo, capaz de neutralizar todo tipo de submarinos y que es utilizado por 12 países.

También vende el F21, un torpedo submarino inteligente, que es de largo alcance y, por su versatilidad, puede ser implementado para atacar objetivos de varios tamaños y funciona hasta en condiciones complejas.

Además, la empresa diseñó un sistema de defensa antitorpedo llamado SINGER, que está basado en el revolucionario principio de confusión/dilución. Esta contramedida genera cientos de objetivos falsos que se renuevan constante y aleatoriamente para saturar el procesamiento de datos de los torpedos más modernos y agotar su energía.

Sin embargo, la principal dificultad para la Argentina siempre fue el financiamiento. Cada unidad de este tipo puede superar los USD 700 millones, aunque el costo final depende de las características solicitadas, la incorporación de equipamiento adicional, los sistemas de armas y el lugar de construcción.

Mourre explicó que una eventual producción local requeriría inversiones significativas en infraestructura y formación de personal. Tandanor necesitaría adecuaciones para fabricar submarinos y un programa de ese tipo demandaría cerca de diez años hasta la entrega de la primera unidad.

La otra alternativa sería adquirir los buques construidos en Francia o negociar un esquema de fabricación parcial. En estos casos, la administración europea puede intervenir mediante garantías para créditos de exportación, un mecanismo habitual en contratos de defensa de gran escala.

“Las condiciones de la financiación no dependen de Naval Group, pero el Estado francés puede tener un papel relevante, porque puede dar una garantía”, había señalado el ejecutivo de la firma. También precisó que los bancos participantes suelen conocer tanto al fabricante como al país comprador.

El Presupuesto 2027 no confirma que Naval Group sea finalmente la empresa elegida. La planilla solo habilita el endeudamiento para avanzar con la compra de tres unidades convencionales, por un monto de hasta USD 2.300 millones y con destino a la Base Naval Mar del Plata.

La decisión se suma a otras partidas destinadas a la modernización militar. El Presupuesto prevé fondos para la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano y para obras de infraestructura destinadas a la llegada de una aeronave de caza multirrol a la VI Brigada Aérea de Tandil y al Área Material Río Cuarto.

El Ministerio de Defensa tendrá en 2027 un crédito de $5.234.410 millones, según el proyecto enviado al Congreso. Dentro de esa cifra, el Estado Mayor General de la Armada Argentina recibirá $1.305.942 millones, frente a los $1.052.448 millones contemplados para 2026.

La compra de submarinos requerirá todavía la aprobación del Presupuesto, la definición del financiamiento y la firma de los contratos correspondientes. Pero por primera vez desde el hundimiento del ARA San Juan, la recuperación de una flota submarina aparece incorporada de forma explícita en la planificación financiera del Estado.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó los Productos de Inversión Colectiva (PIC) en los que se podrán colocar los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el instrumento creado por la reforma laboral orientado al pago de indemnizaciones. Para ese fin, cada empresa deberá destinar un porcentaje de la masa salarial a los FAL, que serán administrados por bancos y agentes de bolsa (ALyC).

El nuevo sistema entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre. Un mes atrás, el gobierno reglamentó en qué activos financieros podrá invertirse el dinero recaudado. Con esta decisión, el Gobierno completó el esquema regulatorio para que esa masa de dinero se incorpore al mercado de capitales, con las condiciones necesarias para afrontar las prestaciones laborales.

La CNV definió los productos y la estructura de cada FAL. La Resolución General N° 1167 prevé que los recursos se estructuren a través de Fondos Comunes de Inversión de Asistencia Laboral (FCIA FAL) o Fideicomisos Financieros de Asistencia Laboral (FF FAL). Ambos vehículos podrán funcionar bajo el esquema de un solo empleador o reunir a varias empresas.

La norma además crea el ID FAL, un código que vinculará a cada empleador con el vehículo elegido. Para las compañías que no realicen esa selección, se aplicará una asignación de oficio que, de acuerdo con el comunicado, será transparente. La reglamentación introdujo cambios tras una consulta pública y seis reuniones con participantes del mercado de capitales.

El límite de costos será del 1% anual

La regulación fija precisiones para las inversiones de los recursos, dentro de las alternativas que había establecido la Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía. También habilita la portabilidad entre vehículos y Entidades Habilitadas, por lo que las empresas podrán cambiar de administrador.

Los honorarios y los gastos ordinarios de administración tendrán un límite conjunto de 1% anual sobre el patrimonio del PIC FAL. A la vez, los vehículos deberán difundir cada mes una Ficha FAL con datos sobre la evolución histórica y la composición de sus carteras, para que los empleadores puedan comparar instrumentos.

Los PIC FAL quedarán incluidos en el Régimen de Oferta Pública con autorización automática. La CNV sostuvo que el marco busca aportar “administración profesional, diversificación, separación patrimonial, transparencia, competencia y supervisión” al sistema de asistencia laboral.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, afirmó que la resolución definitiva representa “un paso muy importante” y definió al FAL como “una herramienta clave para profundizar y hacer crecer nuestro mercado de capitales”.

Silva señaló que el organismo abrió una consulta pública y mantuvo seis encuentros con actores del sector para incorporar propuestas a la versión final. “Este es el resultado de ese trabajo”, sostuvo, y agregó que la norma “brinda previsibilidad, promueve la competencia y genera nuevas oportunidades para el desarrollo del mercado de capitales”.

Cómo funciona un Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

La reforma laboral dispuso un cambio para que las empresas afronten el costo de los despidos. Sobre esa base, cada empleador privado de la Argentina aportará en forma obligatoria el 1% (si es una empresa grande) o el 2,5% (si es una pyme) a un fondo para pagar indemnizaciones laborales. El empleador girará cada mes ese aporte a la Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y le informará a qué banco o alyc debe dirigirlo para engrosar un FAL.

Para las empresas, sea un kiosco con 3 empleados o una megaempresa con 10.000, no habrá un costo extra por el nuevo sistema. Depositarán en el FAL el mismo dinero que hoy ingresan a la Anses como parte de los aportes laborales. De ese dinero también surgirá la comisión para las entidades financieras administradoras, que tendrá un máximo del 1% de los fondos administrados.

Para el trabajador, el nuevo mecanismo no trae ningún cambio ni está obligado a hacer ningún trámite.

Las instituciones financieras armarán un FAL para una empresa en particular o bien un FAL multiempresa, que captarán aportes de cientos o miles de pequeños empleadores.

Con el final de la reglamentación, se abre una etapa en la que bancos y agentes de bolsa (alycs) competirán para administrar las colocaciones de esos fondos. El dinero, cuyo rendimiento crecerá mes a mes, se utilizará únicamente para pagar indemnizaciones por despido o retiros voluntarios. No podrá usarse con otro destino que no sea ese. El dinero tampoco podrá retirarse o rescatarse en ningún caso. Solamente si una empresa quiebra o desaparece podrá recuperar el dinero remanente en su FAL.

La Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, situado al norte de las Islas Malvinas. La decisión cautelar, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, alcanza perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.

El fallo responde a una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). La resolución, a la que accedió Infobae, establece que las compañías deberán frenar los actos materiales del emprendimiento hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente, salvo que el juzgado disponga otra medida.

En paralelo, el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py tuvo por impulsada una investigación penal contra Desire Petroleum Limited. El expediente, promovido a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli, incluye medidas para reunir información sobre esa firma y sobre el grupo Rockhopper. Esa causa había sido impulsada tras una denuncia que presentó la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, con la asistencia de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio.

Son procesos distintos. La causa de Río Grande tiene un carácter civil y ambiental preventivo, mientras que la pesquisa en Comodoro Py busca determinar si hubo exploración o explotación de hidrocarburos en áreas próximas a Malvinas sin autorización argentina. Las resoluciones recaen, por vías diferentes, sobre empresas ligadas a los proyectos petroleros alrededor de las islas.

La cautelar alcanza perforaciones, instalaciones y el inicio de la extracción

Borruto ordenó a Rockhopper y Navitas que, “en cuanto de ellas dependa”, se abstengan de “iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución” de Sea Lion, que en el expediente aparece como “León Marino”. La orden incluye las ampliaciones del proyecto y los pozos o instalaciones que estén funcionalmente integrados al emprendimiento.

La prohibición abarca la perforación del lecho o subsuelo marino para desarrollar o explotar hidrocarburos, la instalación permanente de infraestructura submarina y el tendido de conductos, líneas de flujo y sistemas de control. También comprende la instalación o puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, el inicio de la extracción comercial y las obras terrestres o portuarias de apoyo.

En este último grupo figuran ampliaciones portuarias, bases logísticas, plantas para preparar lodos de perforación y cemento, depósitos de productos químicos, infraestructura habitacional e instalaciones destinadas al apoyo aeronáutico.

El punto central del fallo es que la orden se mantendrá hasta que se tramite la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Ambiente y la autoridad competente adopte una decisión. La jueza entendió que ese procedimiento debía realizarse ante organismos argentinos.

La jueza consideró que el proyecto ya está en ejecución

Al analizar el peligro en la demora, Borruto sostuvo que “el riesgo no es hipotético ni remoto”. Según la resolución, la documentación incorporada muestra que Sea Lion superó la etapa de proyecto y entró en ejecución.

Para llegar a esa conclusión, la magistrada consideró la Decisión Final de Inversión de diciembre de 2025, el anuncio de una ampliación hacia un pozo adyacente y las contrataciones de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además del equipo de perforación y sus servicios asociados. El fallo señala que las obras de adaptación de esa infraestructura ya habían comenzado, de acuerdo con documentación de Rockhopper mencionada en la demanda.

“Aguardar a la culminación de tales intervenciones para determinar si debieron ser sometidas previamente a evaluación ambiental podría tornar ineficaz la tutela judicial solicitada”, indicó Borruto. También advirtió que el trámite ordinario del expediente podría consolidar situaciones que dificulten una eventual sentencia favorable.

La jueza aclaró que la cautelar no da por probado que el proyecto vaya a ocasionar un daño ambiental. “No se afirma que el daño ambiental invocado se producirá, ni ello podría afirmarse en este estado del proceso”, precisó. Lo que sí tuvo por acreditado, de manera preliminar, es la falta de un procedimiento ante autoridades argentinas para determinar los posibles impactos y las medidas de prevención o mitigación.

La resolución citó un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, fechado el 24 de febrero de 2026. Según ese documento, no se había presentado “ningún aviso de proyecto” ni se había iniciado una evaluación de impacto ambiental con las demandadas.

Borruto aplicó los principios preventivo y precautorio de la legislación ambiental. La demanda describe un desarrollo de 23 pozos: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno remoto de inyección de gas, junto con infraestructura submarina, equipos de control, líneas de flujo, una unidad móvil de perforación y embarcaciones auxiliares.

Entre los riesgos planteados aparecen la alteración del lecho marino, la contaminación química, el ruido submarino, las descargas operativas, el tránsito marítimo, la interacción con mamíferos y aves, las emisiones y los derrames. El fallo remarcó que esos elementos no prueban que cada impacto denunciado vaya a producirse, aunque resultan suficientes para una medida cautelar sobre una actividad que podría generar modificaciones ambientales relevantes.

La cuestión ambiental se vincula además con el reclamo de soberanía. Al reconocer de manera provisoria la legitimación del CECIM, la jueza señaló que la pretensión no se limita a una discusión técnico-ambiental. Según el fallo, subyace “la defensa de la soberanía nacional”, a la que definió como un bien colectivo indivisible y un interés federal.

Rockhopper y Navitas deberán informar el estado del proyecto en diez días

La medida también intima a las compañías a presentar, en el plazo de diez días judiciales desde la notificación, una declaración jurada con documentos que permitan establecer el estado actual de Sea Lion.

Deberán detallar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación; la cantidad, ubicación y situación de los pozos; las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados; y los principales contratistas y subcontratistas involucrados.

La orden exige, además, información sobre la estructura societaria utilizada para el proyecto, las entidades financieras y fondos que lo financiaron, los desembolsos efectuados, comprometidos o pendientes, las aseguradoras y reaseguradoras, y los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.

Las demandadas tendrán que “preservar íntegramente” la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa relacionada con Sea Lion. No podrán destruirla, alterarla, ocultarla ni disponer de ella de un modo que impida incorporarla al expediente.

Borruto no admitió todavía el pedido de prohibir, de forma general, nuevos contratos de financiación, desembolsos, pagos, transferencias, aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas y constitución de garantías. Consideró que una restricción de esa amplitud podía involucrar operaciones y terceros que aún no estaban suficientemente individualizados.

La jueza también postergó las comunicaciones generales a reguladores y mercados de valores extranjeros, aunque dejó abierta la posibilidad de disponer medidas puntuales más adelante. Una vez recibidos los informes y la respuesta de las empresas, el juzgado deberá resolver si mantiene, modifica, amplía o deja sin efecto la cautelar.

Comodoro Py pidió información societaria y bancaria sobre Desire y Rockhopper

En la causa penal, el Juzgado Federal N° 11 incorporó el requerimiento de instrucción de Stornelli en el expediente CFP 4492/2026 y dispuso: “Téngase por impulsada la acción penal”.

La investigación comprende a Desire Petroleum, a sus sociedades controlantes, controladas o integrantes de su explotación comercial y a las personas que pudieran haber actuado en su nombre o beneficio. El objeto es establecer si existieron actividades hidrocarburíferas en áreas cercanas a Malvinas sin la autorización de la Argentina.

El juzgado pidió a la Secretaría de Energía antecedentes sobre la empresa, su composición accionaria, sus autoridades actuales y anteriores y los actos vinculados con las actividades denunciadas. También solicitó documentación a la Cancillería, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad, la Procuración del Tesoro y la Procuración General.

Además, ordenó certificar la causa CFP 4437/2026 para verificar si reúne elementos de interés para la investigación. Una de las medidas es un exhorto al Reino Unido para obtener la información societaria completa de Desire Petroleum, su integración directiva y representación legal desde 2012, junto con antecedentes sobre posibles licencias hidrocarburíferas.

La resolución dispuso que “igual información” se solicite respecto del denominado grupo Rockhopper. El tribunal también requirió información bancaria ligada a la explotación comercial y a las personas físicas que pudieron haber actuado en nombre o beneficio de las compañías investigadas.

Ninguna de las decisiones resuelve el fondo de los expedientes. En Río Grande, la cautelar quedó sujeta al avance de la evaluación ambiental y a la información que presenten las empresas. En Comodoro Py, la causa penal entra ahora en una etapa de producción de pruebas sobre Desire Petroleum y el grupo Rockhopper.