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Este jueves a las 10 de la mañana era la fecha límite para la presentación de ofertas para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Según el cronograma oficial, se preveía que este 27 de agosto se avanzara con la apertura de los sobres con las propuestas para quedarse con el control de la empresa sanitaria que abastece de agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Sin embargo, Infobae confirmó que la apertura podría postergarse ya que hay varios pedidos de prórroga impulsados por las propias empresas que participan del proceso. “Se está evaluando”, indicaron fuentes oficiales al tanto de la situación. Y, aunque no confirmaron una nueva fecha, sería a mediados de septiembre.

Se trata de uno de los procesos de privatización de mayor envergadura que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei y, también, uno de los más complejos: el pliego fijó requisitos estrictos para los oferentes y autorizó la venta sin precio mínimo ni base pública establecida de antemano.

La apertura de sobres corresponde a la primera etapa del proceso, en la que se evaluarán las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de los oferentes. Superada esa instancia, el proceso continuará con la etapa de precalificación, la apertura de las ofertas económicas y la adjudicación. Fuentes oficiales del Gobierno estimaron que entre la apertura de sobres y la adjudicación final transcurrirán alrededor de 45 días, tiempo que incluye el período de impugnaciones, informes e intervenciones administrativas propias de cualquier proceso licitatorio.

El objeto de la licitación es la venta y transferencia del 90% de las acciones de titularidad del Estado Nacional en AySA, mientras que el 10% restante permanece en manos de los trabajadores a través del programa de Propiedad Participada (PPP), el mismo esquema que tiene Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para coordinar el programa de privatizaciones del Ejecutivo, tiene a su cargo la conducción del proceso.

El Gobierno espera recaudar alrededor de USD 500 millones con la operación. La cifra es parte de una estrategia más amplia que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluye la venta de activos estatales como mecanismo para obtener divisas frescas, junto a la colocación de bonos en dólares y la obtención de garantías internacionales.

Los interesados

La lista de candidatos combina jugadores locales y operadores internacionales. El pliego establece que el operador técnico debe contar con experiencia comprobable en la prestación de servicios públicos de agua potable y desagües cloacales, un requisito que, según fuentes de AySA, los interesados locales no reúnen por sí solos.

Por eso, tanto el Grupo Roggio como Mauricio Filiberti avanzaron en conversaciones con operadores internacionales para conformar presentaciones conjuntas. Roggio es el operador actual de Aguas Cordobesas y el jugador local con mayor trayectoria específica en el rubro. En materia de infraestructura hídrica, el grupo realizó obras como el Acueducto Gran Tulúm en San Juan, el Acueducto San Javier en Santa Fe y la Planta Potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, y tiene preadjudicada la refuncionalización del sistema de agua potable de la ciudad de Córdoba, que abastece al 70% de su población. El grupo también participa en otros sectores de servicios e infraestructura: opera el ramal Urquiza de trenes a través de Metrovías y el subte porteño a través de Emova. Filiberti, por su parte, es dueño de Transclor —proveedor de cloro para AySA— y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en la distribuidora eléctrica Edenor.

Entre los operadores internacionales que figuran como interesados se destacan dos empresas brasileñas. La primera es Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), la empresa de agua y saneamiento más grande de América Latina, que opera la red de San Pablo y abastece a unos 27 millones de personas en cientos de municipios del estado paulista. La segunda es Águas do Rio, una concesionaria de saneamiento básico operada por el grupo privado Aegea Saneamento, que presta servicios de agua potable y alcantarillado en municipios del estado de Río de Janeiro tras ganar una histórica subasta pública en 2021.

La participación de las firmas brasileñas agregó un factor de incertidumbre al proceso en el contexto del conflicto diplomático entre Argentina y Brasil de las últimas semanas. Ambas compañías analizaron presentarse junto con socios locales para competir por el control de AySA.

Otro nombre que circuló entre los potenciales interesados es el de la chilena Aguas Andinas, la empresa que controla los servicios de agua potable de Santiago de Chile y que está controlada por Aguas de Barcelona (Agbar), a su vez propiedad del grupo francés Veolia. La multinacional francesa, fundada en 1853 como Compagnie Générale des Eaux, es líder mundial en gestión del agua, tratamiento de aguas residuales y desalinización. Sin embargo, fuentes con conocimiento de las transacciones indicaron que finalmente ninguna de las dos firmas presentaría una oferta.

También estuvieron presentes en las instancias de consulta del proceso la constructora JCR, fundada por el fallecido empresario Juan Carlos Relats, y la estatal israelí Mekorot. Según trascendió en el sector, esta última no habría ingresado al proceso como operador con intenciones reales de presentar una oferta, sino que su presencia funcionaría como aval de prestigio internacional para el proceso. Al pertenecer a un Estado, la empresa queda impedida de participar debido a la “cláusula antichina” que suele agregar el Gobierno en las licitaciones.

Según pudo confirmar Infobae, hay más interesados locales que compraron el pliego. Sin embargo, fuentes oficiales insistieron en diálogo con este medio que lo importante es quiénes efectivamente realizan una propuesta económica. “Lo decisivo es que oferten”, comentaron.

Durante el proceso, una consulta publicada en el data room —el espacio al que acceden las empresas que adquirieron el pliego y manifestaron interés— preguntó si el operador técnico debía acreditar experiencia en ambos servicios o si bastaba con antecedentes en uno de ellos. La respuesta oficial aclaró que se requería experiencia en agua potable y desagües cloacales. “Lo que sí en la licitación se va a fijar es que tiene que ser una empresa que tenga experiencia en operación de servicios públicos, no necesariamente agua y saneamiento, pero sí de servicios”, precisó una fuente al tanto de la operación.

Las condiciones del contrato

El contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años con opción a 10 adicionales e incorpora un esquema de planificación quinquenal: cada cinco años, la concesionaria deberá presentar un Plan de Acción con metas concretas de obras de mantenimiento, mejora y expansión del servicio. Las revisiones tarifarias también serán quinquenales, en reemplazo del esquema de actualizaciones anuales vigente hasta ahora. El cumplimiento de esas metas quedará bajo control del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA), con mecanismos de auditoría independiente y multas ante incumplimientos.

El plan de inversiones previsto es de USD 1.940 millones durante el primer quinquenio y USD 2.030 millones durante el segundo, con un total de USD 15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión. Entre los objetivos de los primeros diez años figura elevar la cobertura de agua potable del 75,3% al 78,9% y la de cloacas del 63,9% al 65,3%, con mejoras en la presión del servicio. El esquema contempla además la instalación de 100.000 medidores por año y la renovación de 500 kilómetros de redes de agua y 125 kilómetros de cloacas por ciclo.

Una de las condiciones estructurales del nuevo marco es que la concesionaria deberá garantizar el equilibrio económico-financiero sin subsidios del Tesoro. “Desde 2024, AySA cubre sus costos operativos 100% con tarifas, sin subsidios del Tesoro. El nuevo contrato convierte eso en regla permanente: la concesionaria debe garantizar el equilibrio económico-financiero. No hay vuelta atrás”, afirmó Alejo Maxit, CEO de AySA, en su cuenta de X.

AySA señaló a través de un comunicado que el nuevo esquema contractual “se basa en el cumplimiento de metas y objetivos, el equilibrio económico-financiero y un compromiso de inversiones que deberán llevarse adelante en beneficio de la mejora de los servicios prestados a los usuarios”, con “fuertes mecanismos de control, auditoría, revisión y multas”.

El pliego no fija precio mínimo ni base pública para la venta: el resultado, indica el propio documento, “dependerá de la competencia efectiva entre los oferentes”. Desde AySA explican que la principal palanca de rentabilidad para el nuevo operador estará vinculada a la generación de eficiencias operativas: mejoras de gestión y reducción de costos. Cuando la actual conducción tomó la empresa en 2024, contaba con 7.800 empleados; desde entonces, 1.500 trabajadores se retiraron mediante retiros voluntarios. La morosidad bajó del 16% al 11%, aunque la empresa reconoce que debería ubicarse en el 4 por ciento.

El programa de privatizaciones

La privatización de AySA se enmarca en el programa económico que el Gobierno impulsa desde el inicio de la gestión de Milei, apoyado en la Ley de Bases N° 27.742 y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. El objetivo declarado es reducir la participación estatal en distintas actividades empresariales y promover la participación del sector privado.

IMPSA fue la primera empresa privatizada de la era Milei. En febrero de 2025, la emblemática metalúrgica mendocina pasó a manos del consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), una subsidiaria de ARC Energy, con sede en Texas. La operación dejó USD 27 millones en las arcas del Estado.

Poco después, en diciembre de 2025, el Gobierno concretó la reprivatización de las cuatro principales centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados— por cerca de USD 700 millones. En abril de 2026, la venta del paquete accionario de Citelec, sociedad controlante de Transener —la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión del país, con más de 12.600 kilómetros de red—, fue adjudicada al consorcio formado por Edison Energia y Genneia por USD 356 millones, un 70% por encima de la tasación oficial.

La concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula el 80% del comercio exterior del país, también quedó resuelta con la adjudicación al consorcio Jan de Nul-Servimagnus por 25 años, con una rebaja del 13,5% en los costos logísticos. En materia vial, miles de kilómetros de rutas nacionales pasaron a operar bajo esquemas de concesión privada sin subsidios.

En contraste, la licitación de Intercargo —la empresa estatal de servicios de rampa en aeropuertos— no encontró oferentes en su primer llamado y acumuló sucesivas postergaciones; la última apertura de sobres quedó fijada para el 25 de junio. El proceso del Belgrano Cargas es el que más demoras acumuló: los pliegos, previstos para mayo, aún se encontraban en etapa de revisión al momento de publicarse esta nota, aunque el Ejecutivo aseguró que el llamado formal es inminente. Según estimaciones del Gobierno, el programa de privatizaciones y concesiones en su conjunto podría generar ingresos de entre USD 2.000 y USD 3.000 millones antes de fin de año.

El gobierno nacional, a través de un comunicado oficial difundido por la Cancillería, se pronunció hoy sobre la escalada diplomática con Chile por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, en relación a la soberanía del Estrecho de Magallanes y la necesidad de “hacer presencia ahí porque eso es una llave bioceánica Atlántico-Pacífico”.

Ante el anuncio por parte del gobierno chileno sobre el envío de una nota de protesta formal, el texto evita mencionar a Valverde y reitera que “la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984” y recuerda que “ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

El pasado domingo, y en una entrevista La Fábrica del Podcast, Valverde sostuvo que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico. Eso te puede alertar un montón de cosas”. La reacción desde Chile no se hizo esperar. Más allá del comunicado formal, un importante funcionario del gobierno argentino señaló a Infobae que el jefe del Estado Mayor General de la FFAA “se equivocó”.

El comunicado introdujo, además, otro elemento: vinculó el extremo austral con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, a los que definió como “espacios de creciente centralidad por sus recursos naturales estratégicos, por su rol en las rutas marítimas y las cadenas globales de suministro”. También enumeró instancias concretas de cooperación bilateral: el reconocimiento mutuo de derechos antárticos, la coadministración de zonas protegidas, más de 25 años de la Patrulla Antártica Naval Combinada y la presentación conjunta de una propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.

Para finalizar, sostuvo que “la República Argentina reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos”. En la práctica, un pedido implícito de que el episodio no escale y que el diferendo se resuelva entre cancillerías.

La reacción de Santiago había sido más frontal. El canciller Francisco Pérez Mackenna lanzó “un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos”, con el agregado de que “el Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, fue más directo: “Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quién corresponde el Estrecho de Magallanes”.

Este episodio se inscribe en una serie de roces bilaterales acumulados desde la llegada de Milei al poder. En abril de 2024, parte de los paneles solares instalados por la Armada Argentina en el Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1, en el Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego, quedó aproximadamente tres metros dentro de territorio chileno. El entonces presidente Gabriel Boric exigió el retiro con un ultimátum —“O los sacan ellos o lo hacemos nosotros”— y Argentina procedió a desmontar la infraestructura en junio de ese año.

En enero de 2026, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, el contraalmirante Hernán Montero, afirmó que “la boca de Magallanes es argentina”, lo que volvió a desatar una respuesta diplomática de Santiago.

Detrás de cada uno de estos episodios persiste un antecedente formal: el Decreto 457/2021, emitido durante la administración de Alberto Fernández, que planteaba la necesidad de fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto” del Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake. En marzo de 2025, el gobierno de Milei reconoció por escrito ante Chile que esa interpretación “constituye un error conforme lo establecen los Tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984”, y prometió reemplazarlo con una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional.

El Estrecho de Magallanes se encuentra bajo soberanía chilena de acuerdo con el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, este último suscrito tras la crisis bilateral de 1978 y la mediación de la Santa Sede.

Los principales índices de Wall Street negocian este martes con alzas en un rango de 0,1% a 0,5%, mientras que el petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano caen.

A las 11:30 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedía 0,8%, en los 2.970.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- operan con cifras mixtas.

Ante un descenso de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU -base de comparación con los títulos públicos argentinos- en unos cuatro puntos básicos, el riesgo país argentino exhibe un alza de un entero, en los 508 puntos básicos.

Las acciones estadounidenses suben ya que los inversores dejaron de lado las preocupaciones sobre las nuevas medidas comerciales contra Canadá e Irán, los inminentes resultados de Nvidia (+2,6%) y las predicciones sobre el primer discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole como presidente de la Reserva Federal.

Entre los ADR y acciones de compañias argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se observan mayoría de bajas. Destacan los descensos de YPF (-1,9%, a USD 50,31) y Vista Energy (-3,5%), asociados a la caída de cotización del crudo.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se hunde un 3% y se sitúa en los USD 89,45 por barril, después de que Estados Unidos anunciara el inicio de la ofensiva comercial contra Irán, denominada “paria económico”, bajo la que busca aislar completamente a la economía iraní, incluyendo posibles sanciones contra los países que mantengan cualquier lazo económico con el país asiático.

El Brent caía desde los USD 92,11 marcados en la apertura del mercado tras una madrugada en la que el Gobierno estadounidense ha desvelado un paquete de sanciones contra entidades, individuos y buques vinculados a la República Islámica como parte de la anunciada como la “mayor ofensiva financiera jamás orquestada contra un adversario”.

Por su parte, el barril de petróleo WTI (West Texas Intermediate), de referencia en Estados Unidos, reducía su precio por encima del 3% y se ubicaba en los 82,3 dólares.

“A partir de hoy (este lunes), las acciones del Departamento del Tesoro y otras agencias estrecharán el cerco y bloquearán toda posible fuente de ingresos que financie a la Guardia Revolucionaria y al malvado régimen iraní. Estamos aplicando un enfoque de cero fugas”, sostuvo el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, en rueda de prensa.

La Administración Trump llevaba días anunciando la implementación de medidas coercitivas contra la economía iraní, llegando a denominar la operación como el “Día D económico” -referencia al Desembarco de Normandía de la Segunda Guerra Mundial-. Sin embargo, Bessent solamente detalló nuevas sanciones contra 60 organizaciones y personas, incluidos militares y altos funcionarios del país asiático.

Por otro lado, Bessent hizo una llamada a la comunidad internacional para acabar con toda relación económica con Irán, amenazando con castigos para quien permita la financiación iraní, sin especificar acciones concretas ni naciones afectadas.

Precisamente, preguntado sobre la falta de contundencia y la demora en su actuación, el responsable del Tesoro ha proclamado que consideran “importante” dar un periodo de corrección a los países. “Creemos que una advertencia y un nivel de expectativas claro es apropiado, y si las personas no quieren cumplir con nuestras expectativas, entonces esperamos, y ellos deberían esperar, que abandonen el sistema del dólar”, sentenció.

La cuestión central se encuentra en hasta qué punto decidirá Estados Unidos llevar a término futuras sanciones contra países que continúan comerciando con Irán. China se posiciona como el mayor comprador de crudo iraní, Emiratos Árabes Unidos (EAU) cuenta con un comercio bilateral de hasta USD 21.000 millones con Irán y Turquía importa una gran cantidad de gas natural del país asiático, entre otros ejemplos.

Por el momento, el alto funcionario del Gobierno estadounidense ha mostrado su preferencia por la diplomacia para que estas naciones, y otra muchas, corten su lazos con Irán, aunque China ya ha respondido que adoptará “todas las medidas necesarias” para “proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos” frente a cualquier acción por parte de Estados Unidos.

“China está siguiendo de cerca los acontecimientos y adoptará todas las medidas necesarias para proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos”, explicó el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha reiterado la oposición de Pekín a “las ilegales sanciones unilaterales”, según recogió el diario chino Global Times.