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Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, utilizó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos públicos sobre la situación de la mora en los créditos otorgados a través de Mercado Pago, la billetera digital más grande de Argentina. En su mensaje, el empresario remarcó: “la mediana de mora de los Bancos Públicos es $1.4 millones mientras que la de Mercado Libre es de $0.1 millón… Del total de la mora del sistema, menos del 3% es de Mercado Libre mientras que Banco Nación y Provincia concentran el 15 por ciento”.

El comentario de Galperin surgió como respuesta a una publicación de Fernando Marull, economista, quien compartió datos acerca del bajo monto individual de mora en la plataforma y citó un informe reciente sobre la problemática. Galperin se refirió a los “Perionistas escandalizados por la mora” y subrayó que “no mencionan nada del aumento en la cantidad y montos de créditos que sí se pagan en tiempo y forma”. El empresario insistió en que “del total de la mora del sistema, menos del 3% es de Mercado Libre mientras que Banco Nación y Provincia concentran el 15%”.

La discusión pública sobre la morosidad en el sistema financiero argentino se intensificó tras la difusión de un informe elaborado por Matías Fernández, exfuncionario y fundador de la consultora Pública, quien analizó la base completa de deudores del país. Fernández cruzó información oficial de la Central de Deudores del Banco Central con el padrón de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de interpretar el comportamiento del crédito según edad, actividad declarada y domicilio fiscal.

El informe de Fernández apunta que la distribución de la mora presenta una fuerte concentración: el 17% de los morosos debe menos de $100.000 y casi el 40% debe menos de un salario mínimo, fijado en $376.600. Por otro lado, el 14,5% de los deudores con mayores compromisos concentra el 73% del volumen total en mora. Estos datos evidencian la desigualdad en la distribución de los montos impagos y el peso de los grandes deudores en el sistema.

Dentro del análisis del sistema financiero, Fernández detalló que los bancos tradicionales, tanto públicos como privados, concentran cerca del 65% del monto impago. Las entidades privadas agrupan el 45% del dinero adeudado, con 1,59 millones de personas en mora y una mediana de $1,46 millones por persona. En el segmento de los bancos públicos, el Banco Nación y el Banco Provincia representan en conjunto el 15% del total de montos no cobrados.

En el caso de las fintech y billeteras virtuales, Mercado Pago se destaca como la compañía con mayor cantidad de personas con deudas en el sistema financiero, superando los 6,5 millones de usuarios. Sin embargo, la participación en el total de dinero en mora resulta baja. Fernández afirmó: “Mercado Libre concentra el 19,0% de los morosos y sólo el 2,9% del monto en mora del sistema”. Esta característica responde a una estrategia de inclusión financiera basada en créditos de bajo monto y evaluación de riesgo propia.

El informe sostiene: “Mercado Pago es el mejor alumno, no el peor. Si uno viera muchas de las notas, programas de streaming, radios, editoriales y redes sociales de los últimos días pareciera que el problema de la mora es casi 1 a 1 el problema de Mercado Pago. Muchos a eso le sumaron sus críticas personales a Marcos Galperín. Pero, como muchas veces pasa, si uno mira la información es difícil sostener que Mercado Pago es el problema. De hecho, es bastante fácil mostrar que ha sido un muy buen alumno”.

La mediana de la mora en Mercado Libre, de acuerdo con el relevamiento, se sitúa en $116.000, muy por debajo de los valores registrados en la banca tradicional. Fernández comparó: “En su misma categoría la mediana de Naranja es 260.000 o la de Brubank (que tiene muy pocos deudores) es de más de medio millón de pesos. Si comparamos con otras categorías, la mediana del Banco Provincia es 1.75 millones de pesos, la de Credicuotas es 840.000”.

En lo referido a otros sectores fuera del sistema bancario, el informe señala que las tarjetas de crédito no bancarias, comercios de electrodomésticos y supermercados aglutinan al 35% de los deudores e implican el 14% del monto total en mora. Las empresas dedicadas a préstamos rápidos representan el 22% de los morosos y el 7,7% del dinero impago, con una tasa promedio de incumplimiento del 52%.

La discusión sobre la morosidad adquirió mayor visibilidad cuando el presidente Javier Milei replicó los datos del informe de Fernández y criticó a la prensa a través de sus redes sociales. Milei expresó: “El posteo deja en evidencia la opereta. Esto muestra que los periodistas que se han dedicado a agitar el tema son imbéciles con déficit de IQ y/o son unas mierdas humanas mentirosas”. De este modo, el jefe de Estado utilizó los datos para reforzar su posición ante las críticas mediáticas.

El respaldo de Galperin a la gestión de Milei no se limitó a la discusión sobre la mora. Días antes, el empresario cuestionó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el cual reportó una caída del consumo en julio del 3,8% interanual y del 2,1% respecto de junio. Galperin sugirió: “Alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME vs el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina que crece 38% en moneda constante el último trimestre”. Milei calificó esa publicación como una “Masterclass”.

Durante el mismo periodo, Mercado Libre difundió su balance trimestral, donde informó ingresos por US$ 10.169 millones, lo que significó un incremento interanual del 50%. La firma reportó un resultado operativo de US$683 millones y una ganancia neta de US$466 millones.

Según Fernández, la falta de crédito en Argentina constituye una de las causas de la limitada movilidad social ascendente y el bajo crecimiento económico. El especialista explicó que “en Argentina hay poquísimo crédito. La mayoría de la gente en Argentina no accede al crédito. Ni para consumo masivo, ni para comprarse una casa o un auto”. El crédito hipotecario representa menos del 1% del PBI, en contraste con el 45% en Estados Unidos, el 28% en Chile y el 10% en Brasil.

La tasa de mora sobre el total de deudores, según el informe, se mantuvo estable en 13,6% hasta octubre de 2024 y aumentó hasta alcanzar el 27,8% en junio de 2026. El 93,1% de los morosos registra deudas dentro de un rango de hasta $10 millones. El informe destaca que “el 17% de los morosos debe menos de $100.000. Si subís a $150.000 ya llegás a casi el 25% de la base entera. Y casi el 40% debe menos de un salario mínimo vital y móvil, que hoy es de $376.600”.

El análisis también examina el impacto de la morosidad en los jóvenes y en diferentes regiones del país. Fernández observó que la franja de 18 a 25 años incrementó su participación en el sistema financiero, pero también exhibe la tasa de mora más alta. El documento indica que la morosidad en jóvenes alcanza al 40,8% de los deudores de ese rango etario, con variaciones marcadas según la provincia.

La carga impositiva sobre los préstamos es otro punto abordado en el informe. Fernández sostuvo que “Argentina grava el crédito con una intensidad insólita: superpone IVA, impuesto al cheque, Ingresos Brutos provincial, Sellos y tasas municipales de Seguridad e Higiene”. El especialista calculó que los impuestos representan entre una cuarta parte y un tercio del costo del financiamiento.

El documento de Fernández relevó que los bancos, tanto públicos como privados, comenzaron a implementar programas de regularización y refinanciación de deudas. El Banco Nación lanzó el Programa de Regularización para situaciones avanzadas de mora, mientras que el Banco Provincia activó la iniciativa “Ponete al Día”. Estas acciones buscan ofrecer condiciones de pago extendidas y tasas de interés diferenciadas para morosos.

Fernández argumentó que la mayor parte de la mora en volumen de dinero se encuentra en bancos y no en fintechs. “Los cuatro rubros de crédito chico —fintech, crédito rápido, tarjeta no bancaria y cartera en recupero— dan el 90,6% de los morosos contra el 26,2% del dinero. Los dos bloques bancarios grandes son el espejo exacto: 40,9% de las personas y 64,5% de la plata”, detalló.

El reporte también destacó la existencia de un 17% de morosos cuya deuda ya fue considerada perdida y transferida a carteras de recupero. Además, un 3,22% de los morosos corresponde a personas fallecidas, cuyas deudas permanecen en el sistema financiero.

El informe concluyó que el sistema financiero local enfrenta desafíos asociados a la expansión del crédito, la gestión del riesgo crediticio y la presión tributaria. Los datos muestran un crecimiento en la cantidad de personas con acceso a préstamos, aunque persisten problemas estructurales en la administración del riesgo y en la equidad de la distribución de la mora.

En la previa de una nueva sesión en la Cámara de Diputados, la mesa política vuelve a reunirse este martes, como cada semana, para reducir a cero el margen de error ante el debate previsto para el miércoles sobre la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal. El intercambio se da antes de la convocatoria del presidente Javier Milei a diputados y senadores en Casa Rosada, que persigue el mismo objetivo.

Luego de algunas semanas de quietud legislativa, el oficialismo trabaja para anotarse una nueva victoria y matizar el sinsabor que dejó la media sanción de la Ley de Propiedad Privada, con el articulado de tierras y el del manejo del fuego excluidos. Entre los integrantes del reducido círculo hay optimismo y aseguran que cuentan con los números necesarios para la sanción de las dos principales leyes. “Estamos alrededor de los 135”, admitió un alfil legislativo ante Infobae.

Fiel a su estilo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, incluyó además el tratamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), junto con algunos proyectos provinciales como la baja del IVA a la fécula de mandioca, en un gesto a los legisladores misioneros, que descuentan que acompañarán a La Libertad Avanza pese a su nueva composición.

Como contó este medio, la reforma del Banco Central configura una de las prioridades del oficialismo, y una de las principales obsesiones del Presidente, quien se involucró de lleno en su redacción. Con el objetivo de explicar cada iniciativa y defenderla públicamente, el mandatario tomará contacto directo con sus legisladores.

Desde las 13, en las oficinas del exMinisterio del Interior, se dan cita la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández. También el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la senadora Patricia Bullrich y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El panorama se presenta más complejo en el Senado, que el mismo miércoles discutirá, en una reunión de Labor Parlamentaria, una agenda tentativa que incluye la Ley de Hojarasca, los 60 pliegos judiciales pendientes, proyectos sobre zonas frías y cálidas, y la posible discusión de una iniciativa sobre mercado de carbono que implicaría fondos para provincias y privados.

Como ocurrió hace dos semanas, esta edición de la reunión contará con la presencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que participará de forma extraordinaria. Se trata de una de las funcionarias más ponderadas por el libertario, a cargo de una de las carteras más complejas del Gabinete.

La dinámica de esta semana, que comenzó con una reunión de Gabinete y contempla una mayor articulación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, refleja los intentos de la administración libertaria y, en particular, del mandatario por involucrarse de lleno en la sanción de las reformas y avanzar en su objetivo de hacer de este “el año más reformista de la historia”.

El reducido círculo se encarga de procesar los debates políticos y ordenar el cronograma de iniciativas en función de los tiempos. Durante la última edición, adoptó la decisión de priorizar los proyectos económicos por sobre el resto, aunque aún quedan pendientes algunos claves como la reforma electoral. “La idea es trabajar en las 10 leyes pendientes para este año”, expresó una fuente del oficialismo.

La tarea comenzará a complejizarse a medida que el Gobierno avance en el proceso de definiciones y negociaciones electorales con las provincias. Esta mañana, el vocero presidencial, Adrián Ravier, se expidió sobre el tema y aseguró que la mesa política está en “permanente diálogo” con las provincias a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

“Sabemos que con los 95 diputados nacionales no alcanza para tener la aprobación de esos proyectos. En el Senado pasa lo mismo, no tenemos mayoría simple y, en este sentido, el diálogo con las provincias, con los senadores, con los diputados nacionales es permanente”, expresó.

En la misma línea, en la plana de poder garantizan que conservarán una base de apoyos en ambas cámaras al menos hasta fin de año, cuando comience formalmente la etapa electoral. Con ese mismo propósito, la Casa Rosada puso en pie una instancia de articulación con el PRO, que esta semana podría tener su segunda edición, en la que no solo se debaten los términos de una eventual alianza electoral, sino también la coordinación legislativa.

Este jueves a las 10 de la mañana era la fecha límite para la presentación de ofertas para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Según el cronograma oficial, se preveía que este 27 de agosto se avanzara con la apertura de los sobres con las propuestas para quedarse con el control de la empresa sanitaria que abastece de agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Sin embargo, Infobae confirmó que la apertura podría postergarse ya que hay varios pedidos de prórroga impulsados por las propias empresas que participan del proceso. “Se está evaluando”, indicaron fuentes oficiales al tanto de la situación. Y, aunque no confirmaron una nueva fecha, sería a mediados de septiembre.

Se trata de uno de los procesos de privatización de mayor envergadura que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei y, también, uno de los más complejos: el pliego fijó requisitos estrictos para los oferentes y autorizó la venta sin precio mínimo ni base pública establecida de antemano.

La apertura de sobres corresponde a la primera etapa del proceso, en la que se evaluarán las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de los oferentes. Superada esa instancia, el proceso continuará con la etapa de precalificación, la apertura de las ofertas económicas y la adjudicación. Fuentes oficiales del Gobierno estimaron que entre la apertura de sobres y la adjudicación final transcurrirán alrededor de 45 días, tiempo que incluye el período de impugnaciones, informes e intervenciones administrativas propias de cualquier proceso licitatorio.

El objeto de la licitación es la venta y transferencia del 90% de las acciones de titularidad del Estado Nacional en AySA, mientras que el 10% restante permanece en manos de los trabajadores a través del programa de Propiedad Participada (PPP), el mismo esquema que tiene Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para coordinar el programa de privatizaciones del Ejecutivo, tiene a su cargo la conducción del proceso.

El Gobierno espera recaudar alrededor de USD 500 millones con la operación. La cifra es parte de una estrategia más amplia que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluye la venta de activos estatales como mecanismo para obtener divisas frescas, junto a la colocación de bonos en dólares y la obtención de garantías internacionales.

Los interesados

La lista de candidatos combina jugadores locales y operadores internacionales. El pliego establece que el operador técnico debe contar con experiencia comprobable en la prestación de servicios públicos de agua potable y desagües cloacales, un requisito que, según fuentes de AySA, los interesados locales no reúnen por sí solos.

Por eso, tanto el Grupo Roggio como Mauricio Filiberti avanzaron en conversaciones con operadores internacionales para conformar presentaciones conjuntas. Roggio es el operador actual de Aguas Cordobesas y el jugador local con mayor trayectoria específica en el rubro. En materia de infraestructura hídrica, el grupo realizó obras como el Acueducto Gran Tulúm en San Juan, el Acueducto San Javier en Santa Fe y la Planta Potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, y tiene preadjudicada la refuncionalización del sistema de agua potable de la ciudad de Córdoba, que abastece al 70% de su población. El grupo también participa en otros sectores de servicios e infraestructura: opera el ramal Urquiza de trenes a través de Metrovías y el subte porteño a través de Emova. Filiberti, por su parte, es dueño de Transclor —proveedor de cloro para AySA— y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en la distribuidora eléctrica Edenor.

Entre los operadores internacionales que figuran como interesados se destacan dos empresas brasileñas. La primera es Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), la empresa de agua y saneamiento más grande de América Latina, que opera la red de San Pablo y abastece a unos 27 millones de personas en cientos de municipios del estado paulista. La segunda es Águas do Rio, una concesionaria de saneamiento básico operada por el grupo privado Aegea Saneamento, que presta servicios de agua potable y alcantarillado en municipios del estado de Río de Janeiro tras ganar una histórica subasta pública en 2021.

La participación de las firmas brasileñas agregó un factor de incertidumbre al proceso en el contexto del conflicto diplomático entre Argentina y Brasil de las últimas semanas. Ambas compañías analizaron presentarse junto con socios locales para competir por el control de AySA.

Otro nombre que circuló entre los potenciales interesados es el de la chilena Aguas Andinas, la empresa que controla los servicios de agua potable de Santiago de Chile y que está controlada por Aguas de Barcelona (Agbar), a su vez propiedad del grupo francés Veolia. La multinacional francesa, fundada en 1853 como Compagnie Générale des Eaux, es líder mundial en gestión del agua, tratamiento de aguas residuales y desalinización. Sin embargo, fuentes con conocimiento de las transacciones indicaron que finalmente ninguna de las dos firmas presentaría una oferta.

También estuvieron presentes en las instancias de consulta del proceso la constructora JCR, fundada por el fallecido empresario Juan Carlos Relats, y la estatal israelí Mekorot. Según trascendió en el sector, esta última no habría ingresado al proceso como operador con intenciones reales de presentar una oferta, sino que su presencia funcionaría como aval de prestigio internacional para el proceso. Al pertenecer a un Estado, la empresa queda impedida de participar debido a la “cláusula antichina” que suele agregar el Gobierno en las licitaciones.

Según pudo confirmar Infobae, hay más interesados locales que compraron el pliego. Sin embargo, fuentes oficiales insistieron en diálogo con este medio que lo importante es quiénes efectivamente realizan una propuesta económica. “Lo decisivo es que oferten”, comentaron.

Durante el proceso, una consulta publicada en el data room —el espacio al que acceden las empresas que adquirieron el pliego y manifestaron interés— preguntó si el operador técnico debía acreditar experiencia en ambos servicios o si bastaba con antecedentes en uno de ellos. La respuesta oficial aclaró que se requería experiencia en agua potable y desagües cloacales. “Lo que sí en la licitación se va a fijar es que tiene que ser una empresa que tenga experiencia en operación de servicios públicos, no necesariamente agua y saneamiento, pero sí de servicios”, precisó una fuente al tanto de la operación.

Las condiciones del contrato

El contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años con opción a 10 adicionales e incorpora un esquema de planificación quinquenal: cada cinco años, la concesionaria deberá presentar un Plan de Acción con metas concretas de obras de mantenimiento, mejora y expansión del servicio. Las revisiones tarifarias también serán quinquenales, en reemplazo del esquema de actualizaciones anuales vigente hasta ahora. El cumplimiento de esas metas quedará bajo control del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de la Agencia de Planificación (APLA), con mecanismos de auditoría independiente y multas ante incumplimientos.

El plan de inversiones previsto es de USD 1.940 millones durante el primer quinquenio y USD 2.030 millones durante el segundo, con un total de USD 15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión. Entre los objetivos de los primeros diez años figura elevar la cobertura de agua potable del 75,3% al 78,9% y la de cloacas del 63,9% al 65,3%, con mejoras en la presión del servicio. El esquema contempla además la instalación de 100.000 medidores por año y la renovación de 500 kilómetros de redes de agua y 125 kilómetros de cloacas por ciclo.

Una de las condiciones estructurales del nuevo marco es que la concesionaria deberá garantizar el equilibrio económico-financiero sin subsidios del Tesoro. “Desde 2024, AySA cubre sus costos operativos 100% con tarifas, sin subsidios del Tesoro. El nuevo contrato convierte eso en regla permanente: la concesionaria debe garantizar el equilibrio económico-financiero. No hay vuelta atrás”, afirmó Alejo Maxit, CEO de AySA, en su cuenta de X.

AySA señaló a través de un comunicado que el nuevo esquema contractual “se basa en el cumplimiento de metas y objetivos, el equilibrio económico-financiero y un compromiso de inversiones que deberán llevarse adelante en beneficio de la mejora de los servicios prestados a los usuarios”, con “fuertes mecanismos de control, auditoría, revisión y multas”.

El pliego no fija precio mínimo ni base pública para la venta: el resultado, indica el propio documento, “dependerá de la competencia efectiva entre los oferentes”. Desde AySA explican que la principal palanca de rentabilidad para el nuevo operador estará vinculada a la generación de eficiencias operativas: mejoras de gestión y reducción de costos. Cuando la actual conducción tomó la empresa en 2024, contaba con 7.800 empleados; desde entonces, 1.500 trabajadores se retiraron mediante retiros voluntarios. La morosidad bajó del 16% al 11%, aunque la empresa reconoce que debería ubicarse en el 4 por ciento.

El programa de privatizaciones

La privatización de AySA se enmarca en el programa económico que el Gobierno impulsa desde el inicio de la gestión de Milei, apoyado en la Ley de Bases N° 27.742 y el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. El objetivo declarado es reducir la participación estatal en distintas actividades empresariales y promover la participación del sector privado.

IMPSA fue la primera empresa privatizada de la era Milei. En febrero de 2025, la emblemática metalúrgica mendocina pasó a manos del consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), una subsidiaria de ARC Energy, con sede en Texas. La operación dejó USD 27 millones en las arcas del Estado.

Poco después, en diciembre de 2025, el Gobierno concretó la reprivatización de las cuatro principales centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados— por cerca de USD 700 millones. En abril de 2026, la venta del paquete accionario de Citelec, sociedad controlante de Transener —la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión del país, con más de 12.600 kilómetros de red—, fue adjudicada al consorcio formado por Edison Energia y Genneia por USD 356 millones, un 70% por encima de la tasación oficial.

La concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula el 80% del comercio exterior del país, también quedó resuelta con la adjudicación al consorcio Jan de Nul-Servimagnus por 25 años, con una rebaja del 13,5% en los costos logísticos. En materia vial, miles de kilómetros de rutas nacionales pasaron a operar bajo esquemas de concesión privada sin subsidios.

En contraste, la licitación de Intercargo —la empresa estatal de servicios de rampa en aeropuertos— no encontró oferentes en su primer llamado y acumuló sucesivas postergaciones; la última apertura de sobres quedó fijada para el 25 de junio. El proceso del Belgrano Cargas es el que más demoras acumuló: los pliegos, previstos para mayo, aún se encontraban en etapa de revisión al momento de publicarse esta nota, aunque el Ejecutivo aseguró que el llamado formal es inminente. Según estimaciones del Gobierno, el programa de privatizaciones y concesiones en su conjunto podría generar ingresos de entre USD 2.000 y USD 3.000 millones antes de fin de año.