El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, transmitió tranquilidad sobre una de las obras de infraestructura más esperadas del Litoral. En su participación en la Argentina Week, el funcionario ratificó que el proyecto del segundo puente Chaco-Corrientes integra la agenda de desarrollo, pero aclaró que su ejecución dependerá de los plazos que requiera la estabilización financiera.
“Seguro que va a avanzar como todos los proyectos que tenemos en marcha. Es un tema de paciencia y tiempo”, respondió Caputo al ser consultado por la prensa en el Council of the Americas.
El ministro se mostró optimista respecto al clima de negocios y subrayó que la percepción externa sobre la Argentina cambió drásticamente.
Infraestructura y el “modelo de estudio”
Para el titular del Palacio de Hacienda, la posibilidad de financiar obras de esta envergadura está vinculada a que el mundo perciba el cambio de rumbo como irreversible.
“Argentina hoy es un caso de estudio en el mundo. Se entiende hoy afuera que el cambio es impactante”, señaló, comparando la situación actual con la de los años noventa, pero destacando una mayor profundidad en el proceso presente.
Caputo enfatizó que los inversores internacionales valoran especialmente la unidad de criterios mostrada en eventos como el de Nueva York, donde gobernadores de distintas extracciones políticas disertan juntos. “Para los inversores, ver que el rumbo se va a mantener independientemente del color político es muy fuerte”, aseguró a NG Federal.
El rol de los gobernadores
El ministro calificó como “espectacular” la labor de los mandatarios provinciales —entre ellos el correntino Juan Pablo Valdés— en la búsqueda de capitales. Según Caputo, el hecho de que las provincias estén “vendiendo el país” y apoyando el rumbo macroeconómico genera la tranquilidad necesaria para que los proyectos de inversión estratégica, como el segundo puente, pasen de la planificación a la realidad.
La delegación argentina sigue con su agenda en Manhattan, sosteniendo reuniones clave con CEOs globales de los sectores energético y minero, donde la infraestructura logística aparece como eje central para garantizar la competitividad de las provincias.
La tensión bélica en Medio Oriente recalienta el mercado energético global y pone a prueba el plan económico de Javier Milei. El barril de Brent, referencia para el mercado argentino, subió cerca de 20 dólares en la última semana hasta ubicarse alrededor de los 90 dólares, con un aumento acumulado del 49% en lo que va de 2026. El epicentro del conflicto es el Estrecho de Ormuz, un corredor marítimo de apenas tres kilómetros de ancho por donde circula el 20% del suministro global de petróleo y gas.
Para el economista Osvaldo Giordano, este escenario añade presión a un plan de estabilización ya tensionado. “Todo indica que la situación es muchísimo más compleja y que seguramente esto se va a prolongar”, señaló el especialista en declaraciones al programa Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio 90.7.
“La palabra es incertidumbre. Con un precio del crudo que pasa de 60 a 100 dólares, eso naturalmente va a impactar en los combustibles“, afirmó.
Argentina, mejor parada que en crisis anteriores
Giordano subrayó, sin embargo, que el país enfrenta este shock externo desde una posición más sólida que en episodios previos. “Argentina era un país que hasta hace pocos años era deficitario en materia energética. Esa balanza comercial se ha revertido: exportamos más de lo que importamos, con lo cual somos menos vulnerables a un hecho negativo como este“, explicó.
Ese diagnóstico se ve respaldado por los datos recientes. En enero de 2026, la producción petrolera argentina alcanzó un récord histórico, impulsada principalmente por Vaca Muerta, cuya extracción creció un 35,5% interanual. El aumento sostenido de la producción no convencional implica que el beneficio no se limita a mejores precios, sino que se potencia por mayores volúmenes exportables.
Con todo, Giordano advirtió que el beneficio tiene una cara B: si el Brent se estabiliza en torno a los 100 dólares, Argentina podría recibir entre 2.600 y 3.100 millones de dólares adicionales por exportaciones, pero ese ingreso extraordinario también plantea riesgos para el mercado interno.
“Si el precio del crudo pasa de 60 a 100 dólares, habrá que ver cómo internamente eso se procesa y qué decisión toman el gobierno y las petroleras en cuanto a cuánto y cómo se traslada a precios“, sostuvo el economista.
El dilema inflación-producción
El núcleo del análisis de Giordano apunta al corazón del programa económico del gobierno. Según el especialista, la prioridad de reducir la inflación a cualquier costo estaba justificada en diciembre de 2023, cuando el país rozaba la hiperinflación. Pero ese escenario ya no se da.
La inflación en enero de 2026 fue del 2,9%, lo que implica que en un solo mes se consumió casi el 30% de la pauta que el propio gobierno fijó para todo el año en el presupuesto. Si esa trayectoria se mantiene, en el primer cuatrimestre el gobierno probablemente incumpliría la meta de inflación del 10,1% anual.
Para Giordano, mantenerse rígido con las metas originales en este contexto sería un error de diagnóstico. “Si uno se obsesiona con ir más rápido en la baja de la inflación, lo paga por otro lado con menor nivel de actividad económica, menores salarios, menores empleos”, afirmó. Y añadió: “No quiero decir que no sea malo tener una inflación tan alta. Sigue siendo muy alta en Argentina, pero hay otras prioridades, otras urgencias, como el empleo y la producción”.
La actividad económica muestra señales mixtas: pese al crecimiento del PBI del 4,4% en 2025, los indicadores de consumo en supermercados, ventas pyme y shoppings continúan mostrando escaso dinamismo, y los salarios no logran compensar el aumento de precios.
Tasa alta, producción baja
El economista señaló a la política de tasas como el mecanismo concreto que está dañando la actividad. “El gobierno está comprando reservas, pero lo está haciendo a costo de una tasa de interés muy alta, y eso afecta la producción”, precisó.
Como ejemplo, mencionó que la reciente incorporación al equipo económico de un asesor formado en la experiencia uruguaya “venía alertando desde hace tiempo que la Argentina debería ir hacia un esquema no tan ambicioso de baja de la inflación”, tomando como referencia el proceso que llevó a Uruguay varios años resolver, sin sacrificar el crecimiento.
La referencia al caso uruguayo refuerza un argumento que comparten varios economistas locales. Iván Cachanosky, economista jefe de Fundación Libertad y Progreso, estimó que “lo más probable es que la inflación cierre este año más cerca del 20% que del 14%”.
Reformas estructurales y diálogo político
Giordano también hizo hincapié en la necesidad de consolidar reformas estructurales mediante acuerdos políticos amplios. Valoró que el oficialismo haya logrado sumar apoyo de la oposición para la reforma laboral, aunque advirtió que ese avance constituye apenas un punto de partida.
“Lo laboral recién arranca. Quedaron temas laborales pendientes y hay que instrumentar la ley, que es bien difícil. Pero pensemos que, desde el punto de vista de la competitividad, aún más importante es la reforma tributaria, y para eso es imprescindible tener apoyo de provincias y legisladores”, enfatizó.
El economista fue crítico con el perfil cerrado que, a su juicio, caracterizó en buena medida a la gestión. “Un gobierno que se deja poco ayudar, que en general no ha generado matices entre gente que quiere colaborar más allá de algunas diferencias y que está dispuesta a dialogar y no encuentra un ámbito correcto”, sentenció.
En ese marco, celebró la visita reciente del ministro de Economía, Luis Caputo, a la Fundación Mediterránea en Córdoba, donde el funcionario ofreció, según Giordano, “un enfoque didáctico y realista respecto a la necesidad de ser pragmático” en la conducción económica. “Ojalá esto de no ser tan ambicioso en la baja de la inflación y ser un poco más cuidadoso en la actividad económica cale, porque va a favorecer en general al programa económico”, concluyó.
En febrero, el Gobierno de Javier Milei profundizó el ajuste del gasto público, con un recorte superior al observado en la mayoría de los meses de 2025. Según la consultora Analytica, el gasto primario devengado disminuyó 7,6% en términos reales respecto del mismo mes del año anterior. En el primer bimestre la contracción fue de 6,1% interanual en valores constantes. Las transferencias a las provincias se redujeron pese a las negociaciones en el Congreso y, aunque el nuevo esquema de subsidios aún no se refleja por completo en las cuentas públicas, ya deteriora el poder adquisitivo de la población.
En febrero de 2026, el gasto público nacional mostró una contracción real interanual de 7,6%, según Analytica. Esta caída se concentró sobre todo en programas sociales, gasto en personal y transferencias a provincias, mientras que algunos rubros, como los subsidios económicos y la obra pública, registraron aumentos puntuales. La disminución del gasto forma parte de la estrategia oficial para consolidar el equilibrio fiscal, aun en un contexto de negociaciones parlamentarias y ajustes en la política de subsidios.
El informe de Analytica precisó que el ajuste no fue uniforme entre los distintos capítulos del presupuesto nacional. Los recortes más marcados afectaron programas sociales, gasto en personal y transferencias a provincias, pese a la discusión en curso por la reforma laboral en el Congreso. En sentido opuesto, ciertos rubros —como subsidios económicos y obra pública— registraron incrementos, con variaciones según su destino y composición.
Durante 2025, la baja mensual del gasto público se ubicó entre 2% y 5% en términos interanuales, salvo en noviembre, cuando la caída alcanzó 12%. En diciembre hubo un repunte interanual de 4%, explicado por el pago de aguinaldos. La tendencia a la reducción se reanudó en enero de 2026 y se profundizó en febrero.
Programas sociales y transferencias a provincias: impacto sectorial del ajuste
Según Analytica, los programas sociales experimentaron una baja real de 44,8% frente a febrero de 2025, pasando de $400.000 millones a $700.000 millones en igual mes de 2026. Esta contracción se tradujo en una menor asistencia directa a los sectores vulnerables. En contraste, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentaron 6,6% interanual, de $800.000 millones a $900.000 millones.
El superávit fiscal del Sector Público Nacional constituye el eje del programa económico. El ministro de Economía, Luis Caputo, enfatiza la continuidad de esta política y sostiene que la solidez fiscal permitió que Argentina no se viera afectada por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Queda por definir la nueva meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la segunda revisión del acuerdo; la vigente, de 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI), es más exigente que la de 2025.
Las transferencias a provincias cayeron 29% respecto de febrero de 2025, reflejando el impacto de la restricción fiscal en la relación financiera con las jurisdicciones subnacionales. Esta baja se produjo en un mes marcado por negociaciones con los gobernadores en torno a la reforma laboral en el Congreso.
Gasto en personal, subsidios y obra pública: divergencias dentro del presupuesto
El gasto en personal se redujo 11,8% en términos reales. Esta caída respondió a la política de contención salarial y a la racionalización de estructuras administrativas impulsada desde la asunción de Milei en diciembre de 2023. Analytica señala que los salarios públicos crecieron muy por debajo de la inflación, lo que acentuó la disminución real de este componente.
En contraste, los subsidios económicos aumentaron 64,5% interanual en febrero. El mayor incremento se observó en energía (suba de 74,9%) y transporte (55,7%). El Gobierno priorizó el sostenimiento de estos rubros durante la transición hacia un nuevo esquema tarifario, vigente desde mediados de febrero.
Con la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) se suprimió la segmentación previa en tres niveles de ingresos (N1, N2, N3) y se unificaron los beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia. El acceso quedó restringido a quienes tengan ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un ‘Hogar 2’, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La obra pública registró un aumento real de 21,4%. Las transferencias de capital crecieron 37,2% y las construcciones, 13,7%. Analytica atribuye este avance principalmente a la ejecución de proyectos iniciados en ejercicios anteriores y a la continuidad de ciertos programas estratégicos.
Consolidación fiscal y perspectivas para 2026
Analytica comparó la magnitud del ajuste de febrero con la dinámica de 2025, señalando que el recorte interanual de 7,6% superó los niveles previos y consolidó la estrategia fiscal del Ejecutivo. En enero, el gasto primario ya había retrocedido alrededor de 6% en términos reales, anticipando la profundización del ajuste en febrero.
La política de ajuste fiscal impulsada por la administración de Javier Milei busca cumplir con la meta de equilibrio primario establecida para 2026, considerada el pilar del programa económico. En esta etapa, el Gobierno priorizó la contención del gasto en áreas consideradas menos prioritarias y mantuvo o aumentó los recursos en sectores estratégicos como energía, transporte e infraestructura.
El recorte en gasto social y en transferencias a provincias respondió a la necesidad de reducir el déficit primario y liberar recursos para compromisos de deuda y para las exigencias del programa fiscal nacional. Analytica subrayó que la caída en estos rubros afectó la capacidad de respuesta estatal ante la vulnerabilidad social y la sostenibilidad financiera provincial.
La evolución de los principales componentes del gasto mostró una divergencia sectorial: mientras los programas sociales, las transferencias a provincias y el gasto en personal se redujeron, los subsidios económicos y la obra pública crecieron, aunque con diferencias en su composición e impacto sobre la economía.
La consultora destacó que el ajuste de febrero consolidó la estrategia oficial de priorizar el equilibrio de las cuentas públicas mediante recortes en partidas consideradas menos prioritarias y el sostenimiento de sectores ligados a infraestructura y servicios públicos. La comparación con 2025 reflejó un endurecimiento del ajuste, en línea con las metas para 2026.
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La abogada y doctora en Ciencias Jurídicas Natalia Volosin, directora del sitio La Justa, publicó un artículo en el que afirma que, en la causa judicial conocida como $LIBRA, hay documentos que ligarían al presidente Javier Milei con el empresario estadounidense Hayden Davis, impulsor del proyecto cripto investigado. Según el material difundido, esos archivos habrían sido recuperados del teléfono del empresario Mauricio Novelli durante un peritaje judicial.
La nota sostiene que, entre los archivos analizados, figura un borrador de acuerdo confidencial que, según distintas fuentes periodísticas citadas, habría sido suscrito por Milei y Davis. De acuerdo con la reconstrucción de Volosin, el documento estaría en poder de la fiscalía que conduce Eduardo Taiano desde noviembre del año pasado, aunque aún no habría sido incorporado formalmente al expediente.
El documento recuperado en un teléfono
Según el informe difundido, el archivo denominado “LOI_KELSIER.docx” habría sido enviado por Novelli a su propio WhatsApp el 29 de enero de 2025, horas antes de la reunión que el grupo mantuvo en la Casa Rosada al día siguiente. El archivo habría sido borrado después, pero los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) lograron recuperarlo en el análisis forense de los dispositivos.
El texto del archivo coincidiría con descripciones aportadas por periodistas que siguen la causa. En particular, Volosin remite a publicaciones del periodista Mariano Vidal, quien aseguró en distintas notas que el acuerdo entre Milei y Davis habría sido efectivamente firmado.
La investigación indica que el documento está en manos del fiscal desde el 17 de noviembre de 2025, fecha en la que los peritos entregaron parte del material recuperado. No obstante, los abogados querellantes sostienen que el archivo no fue incorporado formalmente al expediente, lo que les impide acceder a su contenido.
Las conversaciones y los anexos reservados
Otra cuestión destacada en la publicación es la existencia de conversaciones extraídas de teléfonos celulares que podrían vincular a distintos protagonistas de la causa. Según Volosin, el informe pericial que documenta esos intercambios fue elaborado el 9 de enero, pero recién se incorporó al expediente el 24 de febrero.
El abogado Nicolás Oszut, representante de un grupo de presuntos damnificados por la operación cripto, afirmó que las querellas no pudieron revisar la totalidad del material. Según su versión, las extracciones completas de los dispositivos fueron entregadas al juzgado en un disco externo y permanecen reservadas.
Los denunciantes cuestionan que la causa no esté bajo secreto de sumario, lo que en principio permitiría a las partes acceder a la documentación. Esa limitación, dicen, complica la posibilidad de avanzar con nuevas medidas probatorias.
Contratos y ofertas comerciales
Entre los documentos mencionados en el informe figura una oferta de acuerdo por USD 1,55 millones más un 35 % de lo facturado, que habría sido presentada el 21 de noviembre de 2024 por la firma Kelsier Group, vinculada a Hayden Davis.
El destinatario de esa propuesta habría sido un grupo de empresarios argentinos integrado por Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Según la investigación, este último se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) mientras participaba de las negociaciones.
Días después, el 27 de noviembre, se habría firmado otro contrato en inglés entre Kelsier Holdings Limited, otra empresa asociada a Davis, y los mismos empresarios argentinos. Ese acuerdo contemplaba la organización de encuentros privados con el Presidente y la posible participación de Milei en un evento empresarial vinculado al ecosistema cripto.
La factura por USD 250 mil
El informe también menciona una factura por USD 250.000 dirigida a Hayden Davis. Datada el 5 de enero de 2025, la factura habría sido emitida por Pía Novelli, hermana de Mauricio Novelli.
Según la publicación, el pago debía realizarse a través de una billetera virtual y estaría vinculado a los acuerdos comerciales entre el grupo local y la empresa de Davis. La factura forma parte del mismo conjunto de archivos recuperados por los peritos tecnológicos.
Volosin sostiene que estos documentos se suman a otras pruebas incorporadas a la causa, como transferencias reconstruidas por la comisión investigadora del caso $LIBRA en el Congreso, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, además de investigaciones periodísticas publicadas en medios nacionales e internacionales.
Reuniones y vínculos previos
El informe añade que los empresarios involucrados habrían mantenido múltiples encuentros con el Presidente en la Casa Rosada y la residencia de Olivos. Según la reconstrucción, esos contactos se habrían repetido a lo largo de varios años.
En paralelo, diversos testimonios recopilados en la causa sostienen que intermediarios habrían exigido pagos para facilitar reuniones privadas con Milei. Novelli, por su parte, negó públicamente haber recibido dinero por gestionar esos encuentros.
La investigación judicial
La causa judicial, caratulada “Milei, Karina s/cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública”, tramita bajo el expediente N.º 772/2025. El proceso investiga si se produjeron maniobras irregulares relacionadas con la promoción del proyecto cripto $LIBRA.
Hasta ahora, el fiscal Eduardo Taiano no presentó un requerimiento de instrucción que formalice imputaciones. Varios abogados querellantes reclaman que se avance con nuevas medidas de prueba, entre ellas la citación de testigos y el examen completo de la documentación encontrada.
El caso ganó mayor relevancia tras el colapso del proyecto $LIBRA y las pérdidas denunciadas por inversores. El escándalo motivó además investigaciones periodísticas y la creación de una comisión parlamentaria para analizar posibles responsabilidades políticas y penales.
En su nota, Volosin plantea que el conjunto de documentos, conversaciones y registros financieros podría aportar nuevas pistas sobre la relación entre los empresarios implicados y el entorno presidencial. El avance de la causa dependerá de las decisiones que adopten ahora el fiscal y el juez a cargo del expediente.
