El presidente Javier Milei administra por estas horas una compleja crisis de caja. La caída de la recaudación lo llevó a reactivar la motosierra, que lejos de ser un fetiche como en campaña, es hoy una “sábana corta” que, pese a podar constantemente los gastos, lo lleva a incumplir con pagos a proveedores de áreas sensibles. Esta última semana explotó el conflicto del transporte automotor, pero también hay atrasos con constructoras, exportadores y en el sector de salud. El Gobierno ofreció a las empresas de colectivos saldar la deuda con bonos.
La recaudación acumula ocho meses consecutivos de caída en términos reales. El fenómeno está vinculado al parate en la actividad que se percibe desde mediados del año pasado, aunque a los gobernadores les llama la atención que los ingresos tributarios caen más rápido que la economía. Con el deterioro productivo, la informalidad avanza.
El equipo económico tiene objetivos divergentes: salir de la meseta y frenar la aceleración de la inflación. La ecuación no es para nada sencilla. La caída de los ingresos tributarios obligó al Gobierno a reactivar la motosierra. Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Gasto Primario registró una caída interanual del 3% en términos reales en el primer trimestre si se excluye el pago de intereses.
Captura de pantalla 2026-04-11 a la(s) 10.27.43a. m.
La contracción se vio fuerte en tres de los principales rubros del gasto: remuneraciones (-5,9%), transferencias corrientes (-9,2%) y Gastos de Capital (-23,7%). El ajuste empieza a afectar el normal funcionamiento de áreas sensibles, como es el caso del transporte. La reducción de frecuencias en los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires es un problema aún no resuelto.
Bonos para todos
Luego de varios días de inacción, Transporte convocó a las empresas involucradas a finales de esta semana. La reunión no resolvió el conflicto: según contaron dos representantes del sector privado, la propuesta del Gobierno fue saldar las deudas con bonos, algo que no fue bien recibido por los empresarios.
El aumento de los combustibles y el atraso en el pago de subsidios dejó al sistema al borde del colapso. Pero, de vuelta, la sábana corta complica a Luis Caputo: no puede pagar más subsidios porque el equilibrio fiscal pende de un hilo y tampoco puede permitir aumentos de tarifa porque el Presidente prometió que la inflación empezará con cero en agosto (para el REM del BCRA, en el octavo mes del año recién perforaría el 2%). De la carne al combustible, desde finales del año pasado vamos de shock en shock.
No es la primera vez que el equipo económico intenta refinanciar deudas colocando bonos. Lo hizo con éxito al principio de la gestión con el sector energético y la deuda comercial; meses atrás lo intentó recrear con las constructoras, sin adhesión hasta el momento. Claro, no es lo mismo bicicletear pagos cuando recién se asume el poder que hacerlo dos años después.
El conflicto con las empresas de colectivos podría ser apenas la punta del iceberg. Como contó Ámbito semanas atrás, el Gobierno también acumula deudas con proveedores sensibles del sistema de salud, con exportadores por los reintegros y con las provincias por temas previsionales, entre otros. Los colectivos son un tema especialmente sensible para la ciudadanía: el malestar social crece y la imagen de Milei cae.
El insólito caso de un municipio que se quedó sin luz por falta de pago
La merma en recursos no es solo un problema de la administración nacional. El informe de ASAP da cuenta de una caída del 50,8% en las transferencias a provincias, que además ven golpeadas sus cajas por la caída de ingresos brutos por la baja del consumo y el derrumbe de los impuestos coparticipables.
En las provincias creen que el anticipo de $400.000 millones que definió el Gobierno esta semana no es un gesto de apertura: es una medida de emergencia para ganar tiempo y, sobre todo, “apagar incendios”. Es que la situación financiera lleva a que más de un gobierno local recorte servicios. Algunos intendentes ya hablan de dificultades para pagar salarios.
A modo de ejemplo, esta semana en Mendoza la municipalidad de Malargüe se quedó sin luz por falta de pago. La comuna tuvo que tomar medidas de emergencia, como la instalación de un generador eléctrico. “Estamos atravesando una situación financiera compleja y se toman medidas muchas veces dolorosas. Tuvimos atraso en el pago de servicios y la energía es uno de ellos. Hicimos una propuesta de pago y nos han cortado la energía eléctrica en el edificio municipal”, dijo el intendente y exgobernador Celso Jaque.
A diferencia de las provincias, los municipios no pueden colocar deuda en el mercado. La situación es todavía más urgente. Tal vez por eso el martes por la mañana se vea a un nutrido grupo de intendentes en la puerta del Palacio de Hacienda reclamar, junto al ministro bonaerense Gabriel Katopodis, por los precios de la nafta y la utilización de los recursos recaudados con el impuesto a los combustibles. Esta vez no será solo Buenos Aires: habrá también jefes comunales del interior -Santa Fe, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Chaco, Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis y Jujuy, entre otros-.
“Hay señales de desgaste político acelerado. El caso Adorni fue el detonante, que se suma a una situación difícil en las economías familiares, con récord de morosidad, caída del empleo e informalización del trabajo”, señaló un consultor que trajina despachos oficiales. Inclusive, los sondeos de circulación interna dan cuenta de una situación más dramática que la expresada por las encuestas de público conocimiento.
De allí la mirada atónita de los ministros en la reunión de Gabinete y los gestos adustos en las fotos obligadas con Adorni. Buena parte del oficialismo no logra comprender por qué Milei decide sostenerlo cuando la caída en picada del vocero arrastra al Gobierno.
Embed –
Con foco en la revisión de la política de defensa nacional, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo una reunión con el Ministro de Defensa, Carlos Presti.
Se evaluaron los resultados de la gestión en el período 2024/2025 y se establecieron los lineamientos para la próxima… pic.twitter.com/F9j29LVlZZ
Encuentran dos explicaciones. La primera es la falta de un reemplazante natural. No solo porque no aparece un nombre que seduzca, sino porque nadie parece dispuesto a subirse al tobogán. La silla de la Jefatura de Gabinete hoy, ante el insensible revoleo de carpetazos, es una silla eléctrica. Quien allí se siente tiene que estar dispuesto a dilapidar sus aspiraciones electorales en 2027. Debe ser un cruzado libertario, de los que no abundan. En líneas generales, los funcionarios apuestan estas semanas por el perfil bajo.
La segunda cuestión está ligada a la interna: Adorni es Karina, y la jefa política de La Libertad Avanza no está dispuesta a entregar la cabeza de su alfil predilecto. Máxime en tiempos de sospechas intestinas y cuando empiezan a asomar pulseadas por la estrategia electoral de 2027, una discusión que se adelantó más de lo previsto.
Quienes pregonan la hipótesis del reemplazo aventuran una táctica de “refresh” más amplio del Gabinete, para que la cara de Adorni se diluya entre otras. De haber cambios, que no sea solo uno, dicen. ¿Intentarán avanzar sobre organismos de la órbita de Santiago Caputo, como el Ministerio de Salud? Los más preocupados creen que la idea de relanzar el Gobierno puede funcionar. Y que, si bien este desplome de la popularidad se acentúa, Milei todavía está a tiempo de revertirlo.
Actividad, empleo y salario
En el llano, el salario registrado sigue en caída. El último reporte del INDEC, con datos de enero, menciona que en términos nominales la suba fue del 2% con una inflación de 2,8%. Nada parece indicar un cambio en esta tendencia, máxime con industrias a la baja y paritarias pisadas.
En sintonía, la morosidad en las familias alcanzó el 10,6% en entidades bancarias, según información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Aunque el dato más alarmante está por fuera del sistema tradicional: en las entidades no financieras la irregularidad en los créditos ya supera el 27% y comienza a golpear con dureza en las fintech.
salarios-luis-campos
El economista Osvaldo Giordano, presidente de IERAL de la Fundación Mediterránea, analizó para este medio: “La inflación sigue siendo una preocupación, pero deja de ser una meta excluyente. Entre las preocupaciones que ganan espacio, la principal es el deficiente desempeño del mercado de trabajo. El salario real, que había mostrado una recuperación inicial, volvió a estancarse y presenta signos de retroceso en los últimos meses. A comienzos de 2026 se ubica todavía por debajo de los niveles de noviembre de 2023 y casi un 25% por debajo de los máximos alcanzados hacia 2017 y 2018”.
A favor del Gobierno, la economía crece, apalancada por sectores que no generan mano de obra intensiva, como oil & gas, minería y agro. No obstante, el Observatorio de la Industria y el Desarrollo de la Universidad Tecnológica Nacional Avellaneda advierte sobre un desacople cada vez más marcado entre la actividad económica y la generación de empleo.
WhatsApp Image 2026-04-11 at 5.40.58 PM
El informe de la UTN muestra un desacople entre actividad económica y empleo.
“En términos interanuales, el empleo asalariado privado cayó 1,4% (88.850 trabajadores menos), acompañado por retrocesos en el sector público (-0,5%) y entre autónomos (-0,5%), sin que el crecimiento del monotributo (+5,4%) logre compensar la pérdida”, sostiene el informe coordinado por el ingeniero Germán Supo.
El estudio también advierte sobre un deterioro en la calidad del empleo: la desocupación alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, mientras que la informalidad trepó al 43%. Concluye que la economía argentina atraviesa una fase en la que el crecimiento pierde capacidad de traccionar empleo, “configurando un escenario de mayor fragilidad laboral y desafíos crecientes para la estructura productiva”.
Provincias y municipios
Este escenario abre paradojas: la debilidad política del Ejecutivo no se traduce al Congreso, donde el Gobierno sigue blindando sus reformas. La última, la modificación de la ley de Glaciares, a pedido de las provincias mineras.
Los gobernadores siguen siendo centrales para sostener la estrategia parlamentaria de Javier Milei, pese a que los distritos no reciben obras y cae la coparticipación. Distintas provincias consultadas dan a entender que esta dinámica continuará, ya que es el momento en que los mandatarios “tienen que sacarle a Milei todo lo que puedan”, según dijeron desde un distrito dialoguista.
“Es un año en el que los gobernadores se tienen que enfocar en la gestión y no enredarse en una pelea política, más aún cuando no hay liderazgos nacionales definidos. En 2027 pueden jugar de nuevo en lo político, ahora no les conviene”, agregaron desde otros pagos.
Entre esas maniobras, Milei habilitó $400.000 millones en adelantos por coparticipación federal para 12 distritos, incluyendo a dos provincias opositoras como Tierra del Fuego y La Rioja, pese a que Martín Menem prefería no darle una soga al opositor Ricardo Quintela. También Sandra Pettovello cerró acuerdos para financiar las cajas jubilatorias de Corrientes y Santa Fe.
En los municipios, en tanto, empieza a apretar el zapato. El Consejo Federal de Intendentes (COFESA) denunció una “asfixia financiera”. En Sauce de Luna, Entre Ríos, parte de los sueldos públicos se pagará con bonos alimentarios. En Malargüe, Mendoza, el municipio no pudo afrontar la factura de la luz.
En diálogo con Ámbito, Daniel Passerini, intendente de Córdoba, anticipó que pedirán tratar en el Congreso la eliminación del impuesto a los combustibles. “No vuelve a la gente y se lo lleva Nación”, dijo.
“También estamos pidiendo que los ATN, que se manejan con chequera y látigo, se coparticipen, ya que se conforman con aportes de todo el país”, advirtió. “El Gobierno aplicó una motosierra selectiva. El transporte es el mejor ejemplo. En el AMBA hubo una crisis porque se recortaron subsidios, en el interior directamente no hay subsidios, los pagamos en los municipios. Tuvimos que hacer una reingeniería y cargar una parte al usuario: hoy en Córdoba el boleto está $1720”, agregó.
La prensa y Rusia
En este escenario, Javier Milei recargó críticas a la prensa, responsabilizándola por el malhumor social. Una catarata de tuits dedicada al periodismo que tuvo como caldo de cultivo un endeble informe sobre la supuesta injerencia de Rusia en contenidos publicados en estas pampas en 2024.
El trabajo de Open Democracy, basado en presuntos archivos a los accedió el medio africano The Continent, fue la base sobre la que se montó el Presidente para redoblar sus ataques a periodistas. Le permitió, además, generalizar: ligaron improperios incluso quienes no figuraban en el facsímil con encabezado en ruso, como Laura Di Marco o Marcelo Bonelli.
Ámbito Financiero sí estuvo entre los medios mencionados en esa “investigación” y ya respondió a las acusaciones. Open Democracy dejó asentado que no tiene comprobado ningún pago de Moscú a este medio —ni a otros— por la presunta campaña de deslegitimación.
Probablemente, si el medio con base en Londres en vez de llamarse Open Democracy se llamara el Pregón del Oeste y tuviese base en el conurbano, el débil trabajo no hubiese tenido tal rebote. Pero aquella publicación que podría haber sido anecdótica y fugaz derivó en la negativa de acceso a Casa Rosada para las dos periodistas acreditadas que tiene este medio.
No es la primera vez que Ámbito debe responder a acusaciones durante esta gestión. La anterior ocurrió cuando la Oficina de Respuesta Oficial negó que el Gobierno evaluara comprar submarinos a un astillero francés señalado en rankings de corrupción. La desmentida chocó luego con una entrevista del propio Milei en un medio de Francia que confirmaba la información.
Como sea, si la ensalada rusa fue un intento por desviar la conversación pública, no resultó. Según un estudio de Monitor Digital, la campaña del Kremlin y sus supuestos agentes estuvo en la escena, pero lo que mayormente desplazó al Adornigate fue el caso de los préstamos del Banco Nación a funcionarios del Gobierno. De las casi 650.000 interacciones registradas, el 92% fueron negativas para LLA.
Cuando la corriente del río viene en contra, se trate del Volga o del Colorado, las remontadas siempre son más difíciles.
Axel Kicillof empieza a sortear el límite bonaerense y se prepara para dar un paso más en la construcción de un posicionamiento nacional: cruzará el alambrado provincial para convertirse en una voz de referencia de un reclamo que ya no es solo del territorio que gobierna, sino de un conjunto de intendentes cada vez más asfixiados por la falta de recursos.
Este martes habrá una puesta en escena pensada para incomodar a la gestión de Javier Milei y al ministro Luis Caputo, pero también para mostrar volumen político: una convocatoria amplia de jefes comunales de distintas provincias que firmarán un documento y lo llevarán en mano hasta el Ministerio de Economía, con una foto que busca visibilizar el conflicto.
La secuencia armada llevará a los dirigentes a hacer la entrega formal en mesa de entrada de la cartera que comanda Caputo. Allí se sumará Kicillof, que dejará su sello para validar el pedido que viene planificando el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
No es un dato menor quiénes estarán: habrá alcaldes de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, La Pampa, Chaco, Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Tierra del Fuego, San Luis y Jujuy. Un mapa político amplio que empieza a darle volumen nacional a un reclamo por fondos que se vuelve cada vez más desesperante para los intendentes. Kicillof se posicionará así no solo como representante de los dirigentes de la provincia que gobierna, sino también como un referente frente a otros jefes comunales que no son escuchados por sus gobernadores por ser aliados del gobierno libertario.
El documento que presentarán pone el foco en el precio de los combustibles. Según el informe que elaboró el Instituto Argentina Grande que comanda el ministro de Obras Públicas de la provincia, Gabriel Katopodis, desde la asunción de Milei la nafta aumentó un 542,7%, muy por encima de la inflación (292%) y de los salarios (288%).
En lo que va de 2026, el incremento ya alcanza el 24% y podría volver a subir en mayo. El precio pasó de $ 1.657 en febrero a más de $ 2.000 por litro en abril.
Uno de los puntos más sensibles es la estructura del precio, aproximadamente el 50%, depende de variables internas, donde el peso de los impuestos es central. En términos concretos, de un litro a $ 2.000, unos $ 400 son carga tributaria.
Por ley, el 28,5% de lo recaudado debería destinarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, con un 50% para rutas nacionales y un 4,31% para infraestructura hídrica. Sin embargo, los intendentes denunciarán que esos fondos no se ejecutan.
El informe calcula que el Estado nacional recaudó $ 6,1 billones en dos años y cuatro meses por impuestos vinculados a infraestructura (incluyendo el ex impuesto PAIS y el ICL), sin que se traduzcan en obras.
El documento también incorpora comparaciones internacionales. Argentina aparece entre los 33 países con mayores subas de precios tras la crisis energética global, pero con aumentos superiores a los de países comparables como Brasil (+7,6%), México (+9,8%) o Colombia (-0,7%). Hoy el litro cuesta en promedio US$ 1,42, más caro que en Estados Unidos (US$ 1,09) y Brasil (US$ 1,31), pese a que Argentina es productora de petróleo.
Uno de los ejes centrales del reclamo es la infraestructura. Según el relevamiento, hay más de 2 mil obras paralizadas en el país y cerca de mil en la provincia de Buenos Aires. El informe advierte que no se construyó ni un kilómetro de ruta en más de dos años.
El trasfondo de los números tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires estima que perdió más de $ 22 billones desde diciembre de 2023 entre caída de recaudación, transferencias interrumpidas y obras paralizadas.
Solo por coparticipación, en febrero de 2026 recibió $ 100 mil millones menos que el año anterior. A nivel nacional, las provincias perdieron casi medio billón en ese mismo mes.
La caída no es puntual: la recaudación nacional lleva siete meses consecutivos en baja, con una contracción del 9,7% interanual en febrero y una caída del IVA superior al 14%. En paralelo, los municipios bonaerenses acumulan pérdidas por más de $ 1,07 billones vía coparticipación desde el inicio de la gestión.
En este contexto, Kicillof avanzó con una estrategia judicial ante la Corte Suprema de Justicia: El paquete incluye ocho demandas clave:
Fofofi: reclamo por $ 88.800 millones por la eliminación del fondo para seguridad
Fonid: unos $ 42 mil millones por el incentivo docente.
Transporte: $ 5 mil millones por subsidios al interior.
Anses: el más grande, con $ 681 mil millones por el déficit previsional.
SUBE: amparo por la quita de compensaciones.
Bosques Nativos: $ 400 millones.
Enargas: cuestionamiento a tasas en boletas de gas.
Consenso Fiscal: asciende a $ 2,2 billones actualizados.
Todas las causas están en trámite bajo competencia originaria, con pedidos de medidas cautelares, pero una de ellas se movió en las últimas semanas y podría tener novedades en diez días. Se trata del pedido por los fondos previsionales que debe transferir la Anses. La demanda que exige la restitución de los giros por el déficit de la caja jubilatoria no transferida tiene prevista una instancia clave con audiencia convocada para el 21 de abril por la Corte Suprema, en la que el gobierno provincial espera escuchar una propuesta por parte del Ejecutivo Nacional que implique la liberación de fondos.
Con ese telón de fondo y un gobierno nacional que empieza a sentir la presión ciudadana por la crisis económica ya indisimulable en la calle, Kicillof comienza a ampliar su rol provincial para convertirse en articulador de demandas territoriales. La foto del martes será uno de los primeros intentos de ordenar un frente federal frente al ajuste de la Casa Rosada.
Las ocho demandas claves que tiene la corte
◆ Reclamo por $ 88.800 millones por la eliminación del fondo para seguridad. ◆ Unos $ 42 mil millones por el incentivo docente, que fue anulado a través del FONID. ◆ Transporte: $ 5 mil millones por subsidios a los colectivos del interior. ◆ ANSES: es la controversia más grande. Llega a los 681 mil millones por el déficit previsional. ◆ SUBE: hay un amparo presentado por la quita de compensaciones ◆ Bosques Nativos: $ 400 millones para compensar- ◆ Enargas: cuestionamiento a tasas en boletas de gas. ◆ Consenso Fiscal: asciende a $ 2,2 billones actualizados.
El AmCham Summit, que organiza hace 8 años la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, se convirtió en uno de los eventos de negocios más importantes del país. Por peso propio y convocatoria, y en medio de la muy buena relación bilateral y el feeling personal entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, el encuentro reunirá el próximo martes a unos 1.500 líderes del sector privado, funcionarios nacionales y provinciales, referentes sindicales y del tercer sector, junto a representantes de grandes compañías como Aeropuertos Argentina, Citibank, Danone, Grupo Newsan, JP Morgan, PAE, Personal y Río Tinto Lithium entre otras.
En medio de un contexto económico global cruzado por el conflicto bélico en Irán y las tensiones de la política local, el lema de este año es “Una Argentina federal en desarrollo”.
Aunque aún no hubo confirmación oficial, los organizadores esperan que el evento sea cerrado por Milei.
En este contexto, Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, analizó en una charla con Infobae el objetivo de esta edición del encuentro empresarial, el momento económico y social del país, las condiciones para atraer inversiones y el vínculo bilateral con Estados Unidos. La cámara tiene 106 años en el país y nuclea más de 700 empresas que emplean a 420.000 personas y, afirma, aportan el 24% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 35% de las importaciones y el 45% de las exportaciones del país.
“El año pasado fue la competitividad y ahora el eje será el federalismo, porque está claro que el desarrollo argentino no se define sólo en los grandes centros urbanos. Los sectores con mayor potencial, como energía, minería y agroindustria, están distribuidos por todo el país. Hay que revisar hasta el propio fenómeno de la empleabilidad: vemos gente que viaja tres horas a un centro urbano, cuando el empleo nuevo se va a generar en provincias como Neuquén, Jujuy o Salta. Tras una estabilización macroeconómica que está parcialmente conseguida, la agenda pasa al desarrollo y a la necesidad de consensuar un modelo de país con políticas de crecimiento sectoriales y provinciales”, destacó este contador de la UBA que fue CEO de Natura y presidente de PepsiCo Argentina.
— El Gobierno parece tener muy claro cuál es ese modelo de país que quiere, aunque eso se contraste de manera muy fuerte con otras visiones.
— Sí, claro que lo tiene. Y hay contrastes visibles. Pero veníamos de una fuerte centralidad del gobierno nacional que condició desde las políticas comerciales para definir el precio de los productos de las empresas, hasta a quién se le daba el ATN.
“Hay que ver si el experimento funciona y, sobre todo, cómo lo avala la sociedad”
— ¿Cómo se compatibiliza ese rumbo con las fuertes demandas de sectores como el industrial?
— Este Gobierno decidió no involucrarse en la microeconomía, lo que implica que no habrá incentivos focalizados ni apoyo activo para sectores que necesitan reconvertirse. Eso deja la dinámica en manos del mercado, del crecimiento de la economía, que no sé si veremos en 2027 y 2028, y en muchos casos de los actores provinciales. Es un desafío.
— ¿Está bien que no se involucren en la micro?
— Si analizamos los últimos 20 años, donde no hubo crecimiento ni generación de empleo desde 2012 y se intervino en todas las decisiones empresariales y de mercado, me parece bien. Eso sí, hay que ver si el experimento funciona y, sobre todo, cómo lo avala la sociedad. El éxito dependerá de la capacidad de la sociedad para acompañar el ritmo de las transformaciones y de la aparición de consensos a largo plazo.
— ¿Qué va a pasar con esa tolerancia social?
— Dependerá de la velocidad con que llegue la recuperación y de las opciones que se ofrezcan más allá de este Gobierno. No tengo esa respuesta 100%, pero la dirección general es la correcta: la desregulación y la normalización de las políticas comerciales muestran a un país que intenta alinearse con el mundo y normalizarse. ¿La inflación a 3% es alta? Claro, ni hay que aclararlo, pero el camino es el correcto. No voy a opinar de las formas, pero está claro que el día a día muestra tensiones: el acceso a medicamentos, los problemas de movilidad por los paros de colectivos y la presión sobre los servicios sociales reflejan la profundidad del ajuste.
— ¿Cuál es su visión del escenario macroeconómico de los últimos meses, donde hay variables y cifras que comenzaron a preocupar en algunos sectores?
— Hubo una corrección importante de la política monetaria que permitió mejorar el esquema caótico de tasas de interés en pesos de los últimos meses. Hoy, hay tasas más razonables, incluso por debajo de la inflación, pero el consumo sigue segmentado. No hay mejora en los ingresos de la gente y ni señales de creación de empleo privado genuino porque las inversiones grandes están en etapas muy iniciales. Los sectores que pueden traccionar inversiones, como la minería, tienen proyectos a diez años. En AmCham tenemos 12 proyectos por USD 26.000 millones que se van a desarrollar en una década. Son procesos largos. Hoy no hay crédito para apalancar empresas y consumo y no hay muchos incentivos. Habrá crecimiento vegetativo este año y tendremos un 2026 sin grandes saltos. El Gobierno está reforzando los subsidios y los ingresos públicos en los segmentos más vulnerables, lo que contiene la conflictividad social, pero los intendentes nos cuentan que antes la gente pedía electrodomésticos y ahora pide comida.
— ¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de las empresas de EEUU en el país?
— La carga tributaria es uno de los principales obstáculos. La presión total ronda el 26 a 28 % del PBI, pero por la alta informalidad, el peso sobre la economía formal puede superar el 50 por ciento. Además, la logística encarece los costos: el 85% de la carga se transporta en camiones, con impacto directo en la inflación y la competitividad. Vemos el efecto de eso estos días. Las limitaciones en infraestructura, junto a la carga fiscal y la dispersión normativa entre Nación, provincias y municipios, dificultan planificar inversiones de largo plazo.
— ¿Les preocupan los riesgos políticos?
— No, no es un tema. Se avanzó mucho y hubo decisiones políticas que parecían imposibles de realizar. La reforma laboral, por caso, más allá de los frenos judiciales y de que el tema seguramente terminará en la Corte Suprema. Se destrabaron y se avanzó en cuestiones estructurales que hace tres años eran impensadas. Hay señales y un acompañamiento de una oposición dialoguista que entiende que Argentina debe transformarse y valida políticas públicas en ese sentido.
— ¿Diría que hay optimismo entre las empresas de EEUU en el país?
— Sí… optimismo latino. No estamos en Escandinavia. Vamos bien. Las compañías que están hace décadas en Argentina han atravesado crisis profundas. Hay expectativa, pero también conciencia de que la transformación llevará años y que dependerá de la validación social y política.
“Lo relevante es si Argentina puede consolidar una relación institucional con Estados Unidos más allá de quién gobierne”
— ¿Cómo definiría la relación bilateral con Estados Unidos? ¿Ya se ve el impacto del acuerdo comercial anunciado?
— La relación está en un momento óptimo. Está muy bien, como nunca antes. El acuerdo de comercio e inversión recíproca avanza y es algo que hubiera sido impensado hace dos años, más allá de que la Corte Suprema de Estados Unidos frenó algunos beneficios arancelarios y ahora el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) debe revisar su política para Argentina. Como sea,los pilares del acuerdo no van a cambiar. Un ejemplo claro es la reciente modificación de la ley de Glaciares y la delegación de competencias a las provincias, algo que muestra una agenda de trabajo conjunto. El acuerdo también apunta a homologar los registros de productos con Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), para agilizar el ingreso de medicamentos y tecnologías. A nivel comercial, el país pierde competitividad si no se recuperan ventajas arancelarias, por lo que el desafío es que Estados Unidos defina un esquema global y estable de beneficios.
— ¿El resultado de las elecciones de medio término en EEUU puede alterar la agenda bilateral?
— Hay una sobrevaloración de ese proceso en EEUU. Históricamente, las elecciones de medio término no cambian los vínculos de fondo. Trump, por ejemplo, no se apalancó en el Congreso para avanzar en sus políticas. Por otro lado, no es lo mismo perder 10 representantes que 80, y habrá que ver cómo se mantiene el Senado. Hay que esperar los resultados, pero no imagino un gran impacto. Lo relevante es si Argentina puede consolidar una relación institucional con Estados Unidos más allá de quién gobierne. Es uno de los grandes desafíos que tiene el país. Estamos en la génesis del cambio, de la consolidación de un modelo de integración. Son saltos estructurales necesarios y de reconfiguración. Otra vez: se necesitan los avales de una sociedad que entienda que hay algunos precios que pagar para ser un país de largo plazo.
La agenda
La agenda del encuentro abordará la posición de Argentina en el escenario global, los desafíos de la infraestructura para la productividad, la estabilidad macroeconómica, el futuro del trabajo, la transformación sindical, la reconversión de negocios y el impacto de la inteligencia artificial, entre otros temas. Además, habrá debates entre gobernadores, senadores, diputados y referentes empresariales sobre políticas sectoriales y provinciales, con foco en los motores clave para el desarrollo: agroindustria, energía, minería y salud.
Como se dijo, se espera que en el cierre hable el presidente Milei. Entre los oradores del sector público participarán Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema; los ministros Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior); Mario Lugones (Salud); y también los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
— ¿Qué miran los inversores internacionales de este contexto local par tomar decisiones?
— La continuidad de las reformas es clave. El inversor financiero se fija en los precios de los bonos y las tasas internacionales, pero el inversor estratégico, toma decisiones con horizontes de una década. El RIGI es un parámetro monumental porque otorga previsibilidad a largo plazo. Ahora veremos qué va a pasar con el vencimiento del año que viene y está claro que, en ese contexto, varios proyectos se apuran. Alguno podrá dudar si viene otro gobierno y lo saca, pero está claro que el régimen da una base muy importante de derechos adquiridos. No por nada el cálculo de inversión extranjera directa para la próxima década es de USD 60.000 millones, sobre todo en minería y oil & gas. Por ahora, las inversiones productivas en sectores industriales están en pausa porque las capacidades instaladas rondan el 60% en promedio, la demanda es baja y, además, se pudo trabajar en la competitividad porque ya no existen los controles que había hasta hace poco. Insisto, debemos demostrar que esto es de largo plazo y que la demanda de bienes y servicios se recupera, más allá de los sectores que empujan hoy.
“Lo relevante es si Argentina puede consolidar una relación institucional con Estados Unidos más allá de quién gobierne. Es uno de los grandes desafíos que tiene el país”
— ¿Cómo avanzó el acuerdo en los sectores de laboratorios medicinales y semillas, dos reclamos históricos de AmCham?
— En farmacéuticos, la eliminación del protocolo de criterios de patentabilidad nos devuelve a la ley de Patentes de los ‘90, alineándonos con los estándares internacionales. No es retroactivo, es para todo lo que se registre luego de marzo de este año, pero no veo que eso sea algo que perjudique tanto a las empresas, la verdad.
— Los laboratorios nacionales dicen que los cambios impactarán en los precios de los medicamentos.
— No voy a meterme en esa interna de laboratorios, pero no es tan lineal. Hace unos 15 años que no tenemos productos patentables en el país. El impacto se sentirá en unos 5 o 7 años recién. Hubo una sobrerreacción por algo que pasará en tiempo y una sobreestimación de la incidencia de los productos nacionales en las políticas de precios. El mercado se irá normalizando en un modelo occidental. Por otro lado, el registro PCT, que aún falta implementar, permitirá homologar inscripciones ya realizadas en otros países, abaratando costos y acelerando el proceso.
— ¿Y en semillas?
— Faltan temas de adecuación que confiamos que se resolverán. La falta de protección para las nuevas tecnologías retrasó la llegada de cuatro o cinco generaciones de innovaciones que sí tienen países como Brasil o Paraguay. Tendrán un costo para el productor, pero que se compensa con más producción. Si se corrigen las reglas, en cuatro o cinco años la productividad agropecuaria va a mejorar. Resta trabajar, además, en la protección de datos para incentivar ensayos clínicos y la actualización del marco regulatorio de semillas.
En medio de la crisis económica, y luego de la aprobación de la reforma a la ley de Glaciares, una delegación de 35 dirigentes políticos, entre ellos 18 diputados y cuatro senadores nacionales esponsoreados por la ONG Red de Acción Política (RAP), viajará la semana que viene a Boston, Estados Unidos. Participarán de un convención sobre Inteligencia Artificial en la Universidad de Harvard.
En la comitiva habrá diputados de La Libertad Avanza, del PRO, la UCR, del interbloque Unidos e incluso el peronista Guillermo Snopek, según reveló la Agencia NA.
Por la Cámara baja, algunos otros nombres que serían parte de la delegación argentina que viajará a Estados Unidos son el santafesino Nicolás Mayoraz, la catamarqueña Fernanda Ávila (quien saltó de UxP al bloque del gobernador Raúl Jalil), el bonaerense Nicolás Massot (Encuentro Federal), la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, que responde al mandatario Marcelo Orrego), la misionera Yamila Ruiz (Innovación Federal) y la cordobesa Carolina Basualdo (Provincias Unidas).
Del Senado viajarán la pampeana Victoria Huala (PRO), la santacruceña Natalia Gadano (que responde al gobernador Claudio Vidal) y la mendocina Mariana Juri (UCR), que tiene como terminal política a Alfredo Cornejo.
Esta ONG también incorporó a sus filas a los senadores nacionales Rodolfo Suárez (UCR), Camau Espínola (Provincias Unidas) y Bruno Olivera (La Libertad Avanza).
Otros legisladores nacionales que integran el RAP son los diputados nacionales Belén Avico, Mariano Campero, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero, Ignacio García Aresca, Silvana Giudici, Diógenes González, Mercedes Llano, Luis Petri, Luis Picat, Santiago Santurio, Pamela Verasay y Martín Yeza.
No todos ellos están confirmados, pero la mayoría se subirá al avión que los trasladará a la actividad internacional, donde se espera la participación del premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu.
Si bien la logística del viaje a Estados Unidos de la delegación de políticos argentinos es organizada por la RAP, no está claro el origen del financiamiento, que incluye pasajes de avión, alojamiento en hotel de categoría y todos los viáticos incluidos.
Esta ONG, que en la actualidad agrupa a más de 220 dirigentes políticos, se define en sus redes institucionales como una organización “apartidaria y con pluralismo ideológico”, que “desde el 2003 busca propiciar la generación de amistad cívica entre políticos de distintos partidos, regiones y niveles de responsabilidad”.
También subraya que tiene entre sus objetivos centrales “promover la articulación, establecer vínculos de confianza y generar espacios de diálogo e interacción entre políticos, lideres y referentes de diversos sectores de la sociedad civil (empresarial, academia, sindical, organizaciones sociales, etc.), e ”impulsar la generación de consensos buscando reducir la volatilidad y pendularidad de las políticas públicas”.
Entre sus miembros se destacan los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut), además del vicegobernador Gustavo Menna (Chubut), y los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Julio Zamora (Tigre) y Soledad Martínez (Vicente López).
Otros integrantes destacados son el secretario de Desregulación Alejandro Cacace, el sherpa argentino ante el G20 Federico Pinedo, los legisladores José Cano (Tucumán), José Corral (Santa Fe), Brenda Austin (Córdoba), Leandro Santoro (Ciudad de Buenos Aires), Emmanuel Ferrario (Ciudad de Buenos Aires), Graciela Ocaña (Ciudad de Buenos Aires), Joaquín de la Torre (Buenos Aires), Diego Valenzuela (Buenos Aires) y Omar Perotti (Santa Fe).
También son miembros dirigentes de renombre como Paula Bertol, Esteban Bullrich, Ricardo Buryaile, Pamela Calletti, Marcela Campagnoli, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Eugenio Burzaco, Rodrigo de Loredo, Carolina Gaillard, Hernán Lacunza, Pablo Kosiner, Juan Ignacio Maquieyra, Liliana Negre de Alonso, Adrián Perez, Carla Pitiot, Iván Petrella, Florencio Randazzo, Adrián Pérez, José Rolandi, Ana Clara Romero, Margarita Stolbizer, Ernesto Sanz, Fernando Sánchez, Mónica Fein. Enrique Estévez, Oscar Aguad, Soledad Acuña, Daniel Arroyo y Eduardo Amadeo.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó el resultado positivo a scrapie clásico en ovinos reproductores importados, luego de registrarse la muerte natural sin sintomatología asociada de tres animales en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos.
Los ovinos involucrados habían sido importados en 2021 y 2022 desde Paraguay, conforme a los requisitos sanitarios y el modelo de Certificado Veterinario Internacional vigente, superando los controles postingreso requeridos.
Según indicaron en el comunicado, en cumplimiento con la Resolución N° 733/2019, se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Reproductores Rumiantes Importados y, desde su ingreso al país, habían cumplido con las inspecciones clínicas anuales realizadas por veterinarios oficiales del SENASA, sin presentar novedades sanitarias ni signos clínicos.
En el marco de esta vigilancia activa, el Organismo detectó la enfermedad por prueba de tamizaje (ELISA). Manteniendo protocolos específicos para respetar los tiempos diagnósticos, las muestras fueron remitidas a un laboratorio de referencia en España, que mediante la técnica Western Blot confirmó la presencia de scrapie clásico, ausente hasta la fecha en la Argentina.
Ante el primer resultado, el Servicio Nacional incorporó a los establecimientos en un programa oficial de control y seguimiento, que contempla la restricción de movimientos de las unidades productivas afectadas, junto con una vigilancia intensificada y la implementación de medidas sanitarias de contención, destinadas a evitar la diseminación de la enfermedad. Todas estas medidas siguen en curso luego de la reconfirmación del segundo análisis.
En línea con los protocolos internacionales, se notificó oficialmente la detección a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) de Paraguay, con el que se acordó ahondar en la investigación epidemiológica.
A partir del cambio en la situación sanitaria de nuestro país, el SENASA se encuentra trabajando en la adecuación de los certificados de exportación, a fin de garantizar la continuidad de los mercados internacionales y evitar disrupciones en los envíos. Para esta adecuación, se tendrán en cuenta las recomendaciones internacionales previstas por la OMSA para la exportación de mercancías de origen ovino y caprino procedentes de socios comerciales con distinta condición a país libre.
Argentina manifestará a los países su intención de continuar exportando productos seguros, a fin de sostener los mercados internacionales bajo condiciones sanitarias adecuadas, como embriones, cueros y pieles, gelatina, colágeno, sebo y sus derivados, así como lana y fibra ovina. En cuanto a la carne ovina y caprina, también se las considera mercancías seguras siempre que se retiren previamente los tejidos de riesgo, conforme a los estándares sanitarios internacionales.
Para el resto de los productos, como ovinos y caprinos en pie, harinas proteicas y lácteos de estas especies, se propondrá la aplicación de medidas de mitigación específicas, de acuerdo con las recomendaciones de la OMSA para cada tipo de mercancía.
El scrapie —también conocido como tembladera o prúrigo lumbar— es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal que afecta a ovinos y caprinos, con presencia en Brasil, Estados Unidos, Canadá, países de la Unión Europea y África. Está incluida dentro de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) y es causada por proteínas anormales (priones) que inducen la transformación de proteínas normales del sistema nervioso central.
La patología se transmite de manera vertical, principalmente durante el parto, y se caracteriza por la aparición de signos clínicos como prurito intenso (rascado), ataxia (alteraciones de la marcha), temblores, pérdida de peso, aislamiento y cambios de comportamiento.
Cabe destacar que no se trata de una enfermedad zoonótica, por lo que no representa riesgo para la salud pública, ya sea por contacto directo con animales infectados o por el consumo de productos de origen animal. Tampoco afecta a bovinos ni se transmite por su carne o leche.
Al tratarse de una enfermedad de notificación obligatoria, es fundamental dar aviso inmediato ante la observación de síntomas compatibles. Cualquier persona puede notificar al Organismo en su oficina más cercana; por WhatsApp, al (11) 5700 5704; escribiendo un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; o través del Formulario “Avisá al SENASA”, disponible en el sitio web oficial.
Durante el último año, la suba acumulada alcanza el 68,6 por ciento. En Sauce de Luna, provincia de Entre Ríos, el intendente debió implementar un ticket canasta.
El intendente de la localidad entrerriana de Sauce de Luna, Alcides Alderete (PJ), decidió reemplazar un bono no remunerativo de $ 30.000, el cual se abonaba como complemento salarial a los empleados municipales, por un “bono alimentario” de $ 50.000, en medio de problemas de liquidez en las arcas de la municipalidad.
“El sueldo no se toca, tampoco parte del sueldo se transforma en mercadería, sino que se entregará un bono extraordinario de 50 mil pesos”, explicó Alderete en declaraciones a Radio Integración de Federal.
Según publicó el portal Entre Ríos Ahora, el jefe comunal precisó que el salario de los empleados “no sufrió modificaciones”. De esta manera, Alderete reemplazó un bono no remunerativo de $ 30.000 que pagaba como complemento de los salarios por una especie de “ticket canasta” de $ 50.000.
“Después de idas y vueltas con el sindicato en paritarias, les conté de la situación, que estábamos muy ajustados, y les aclaré que ese bono era para el mes de febrero, por lo que les propuse para marzo juntar ese valor con otro de $ 20 mil”, puntualizó.
Al justificar su decisión, el intendente argumentó: “No tenemos la maquinita de hacer plata. Y el Gobierno nacional viene retrocediendo en lo que es la coparticipación y en los ATN para las provincias y los municipios. Nada de eso se está dando. Es un bono en comestibles para palear la situación actual, siempre con la ilusión de que esta situación actual mejore”.
“Nosotros siempre le damos prioridad a los empleados en el cobro de sueldos, acompañando siempre con aumentos que van acorde a la inflación, y esto no es un recorte, no es un ajuste, sino una manera concreta de ayudar a nuestros trabajadores, que hoy no la están pasando bien, como no la pasamos bien los entrerrianos, los argentinos”, subrayó.
El bono, que los trabajadores pueden canjearlo por alimentos en comercios de Sauce de Luna, alcanza de momento a 165 empleados, según explicó el intendente al portal entrerriano, quienes son personal contratado que dictan talleres de capacitaciones laboral, deporte y cultura.
Alderete sostuvo que el municipio tiene 60 empleados de planta permanente, con un gasto salarial de $48 millones. Además, 58 jornalizados, que demandan $38 millones; 14 con contratos de servicios y que suponen una erogación de $7 millones; y 35 contratos de obra, con un costo de $12 millones. A eso, se suman los sueldos del Ejecutivo, $10 millones; y del Concejo Deliberante, $7 millones.
“No llegamos a pagar todos, y la única forma es proponer un bono para no hacer el uso de la frazada corta: o nos tapamos la cabeza o nos destapamos los pies”, graficó el intendente, quien aclaró que en su gestión “no hay un desfase económico” ni un “sobregasto en ningún área”.
Alderete solicitó asistencia financiera al gobierno de Entre Ríos y aguarda una respuesta que “sea positiva”
En diálogo con Radio Plaza, el jefe comunal indicó que el municipio depende en gran medida de los fondos de coparticipación, ya que recaudación propia es baja. “He visto también que se han reunido en Colón intendentes vecinalistas por el mismo tema, y he hablado con otros intendentes de Juntos que están también preocupados porque los municipios chicos hemos sido muy afectados con esta caída de fondos“, puntualizó.
Consultado por la recaudación de Sauce de Luna, el intendente graficó: “Imagínese que lo que recauda mi municipio es alrededor del valor de 2000 litros de gasoil. Y eso no alcanza para cubrir los servicios esenciales, con eso le digo todo”.
En ese marco, Alderete confirmó que solicitó asistencia financiera al gobierno de Entre Ríos, comandado por Rogelio Frigerio, y aseguró que aguarda una respuesta que “sea positiva”.
“El gobernador ha entendido que está difícil para los municipios chicos y que Sauce de Luna no es una excepción. Hay varios municipios más, no solo los justicialistas, los que tenemos problemas”, sentenció.
Tras el inicio del ciclo lectivo 2026, cuando miles de alumnos vuelven a las aulas, se hará efectiva una decisión del gobierno de Javier Milei que eliminó por decreto diferentes materias y contenidos obligatorios que se dictaban en todas escuelas argentinas. Esto generará un cambio significativo en el sistema educativo de cada provincia del país.
Se trata de una medida oficializada a través del Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial en junio de 2025, en la que se derogaron artículos clave de leyes previas que imponían obligaciones nacionales en temas sensibles.
¿Qué materias se eliminan de todas las escuelas de Argentina?
A partir de ese decreto se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, por lo que ya no se van a dictar más estas materias que eran obligatorias de los colegios:
Educación vial: se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. Esto elimina la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre educación vial en las escuelas de todo el país.
Prevención y erradicación de la violencia de género: se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la jornada anual obligatoria “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles educativos (primaria, secundaria y terciaria).
Estas materias y jornadas ya no son obligatorias a nivel nacional. La responsabilidad queda transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrán decidir si las implementan o no por iniciativa propia.
¿Por qué eliminaron estas materias?
Para el caso de la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, desde el Gobierno argumentaron que no era su responsabilidad organizar estos talleres, por lo que cada jurisdicción decidirá si sigue aplicando estos espacios.
Por otro lado, el Observatorio de la Educación Vial no llegó a funcionar nunca, de acuerdo al documento. Precisamente, remarcaron que, con la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial, se producía una “superposición de funciones”.
De esta manera, el Ejecutivo subrayó que los cambios permitirán “mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, así como reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el gasto y equilibrar las cuentas públicas”.
Calendario escolar 2026: provincia por provincia
A continuación, el detalle completo de las fechas confirmadas en todo el país tras la modificación de Jujuy:
Catamarca
Receso: 13 al 24 de julio
Fin: 18 de diciembre
Chaco
Receso: 20 al 31 de julio
Fin: 18 de diciembre
Chubut
Receso: 13 al 24 de julio
Fin: 18 de diciembre
Córdoba
Receso: 6 al 17 de julio
Fin: 18 de diciembre
Corrientes
Receso: 13 al 24 de julio
Fin: 18 de diciembre
Cambia el ciclo lectivo: cuándo comienzan las clases en Buenos Aires tras las modificaciones en el calendario escolar
Javier Milei llegó a la Presidencia con una promesa que repitió durante toda su campaña: “Si subo un impuesto me corto los brazos”. Pero la guerra fiscal que impulsó desde la Casa Rosada no apuntó hacia arriba en el esquema federal sino hacia abajo: los intendentes se convirtieron en el principal blanco del Gobierno nacional y las tasas municipales, en el nuevo campo de batalla.
El último movimiento de esa disputa ocurrió el 24 de febrero de 2026, cuando la Jefatura de Gabinete lanzó el Portal de Transparencia Tributaria Municipal. Presentada como una herramienta de control ciudadano, la plataforma permite consultar las tasas que cobra cada municipio en cinco categorías económicas.
Sin embargo, el análisis de los propios datos publicados por el Gobierno muestra un mapa más complejo que el relato político que acompañó su creación.
Los municipios más cuestionados por la Casa Rosada no encabezan en todos los casos los rankings de presión fiscal, mientras que distritos del interior del país —ausentes del debate público— aparecen entre los niveles más altos de carga tributaria local.
El conflicto tiene una fecha de inicio precisa. El 2 de septiembre de 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en la red social X que los municipios aumentaban tasas “no solamente con fines recaudatorios sino también políticos” y que esas decisiones “obstaculizaban el programa económico” nacional. Desde entonces, la disputa escaló rápidamente.
La Secretaría de Industria dictó la Resolución 267, que prohibía incluir tasas municipales en facturas de servicios públicos, mientras que la Secretaría de Energía obligó a estaciones de servicio a exhibir carteles informando la tasa vial que cobraba cada distrito.
Los intendentes respondieron en bloque: en enero de 2025, más de 500 jefes comunales reunidos en la Federación Argentina de Municipios rechazaron las presiones oficiales y recordaron que administran apenas el 5% de los recursos públicos totales del país.
Meses después, la Cámara Federal de San Martín declaró inconstitucional aquella resolución por considerar que el Ejecutivo había excedido sus facultades.
El portal lanzado en 2026 se convirtió así en una nueva etapa de esa confrontación discursiva.
AP Photo/Matilde Campodonico
Los datos del Portal
Pero el alcance real de la herramienta es limitado. Sobre un universo de 1.218 municipios argentinos, el portal incluye apenas 188 —el 15,4% del total—, y esa cifra sobreestima su cobertura efectiva. Al depurar los registros, 68 distritos presentan datos que no permiten comparación directa: algunos informan montos fijos sin referencia de precios, otros utilizan fórmulas con variables no declaradas y varios aplican unidades propias.
En la práctica, solo 120 municipios —menos del 10% del país— ofrecen información comparable.
La distribución geográfica tampoco es homogénea. El relevamiento cubre el 100% de los partidos del conurbano bonaerense, epicentro de la disputa política entre el Gobierno nacional y los intendentes peronistas, pero apenas alcanza a 2 de los 102 municipios del interior bonaerense y al 7,8% del resto del país.
Con esos límites como marco, El Cronista procesó la base completa del portal en un trabajo de periodismo de datos realizado con asistencia de inteligencia artificial. El análisis incluyó la depuración de 752 registros y la aplicación de criterios metodológicos destinados a volver comparables datos cargados por los propios municipios en formatos heterogéneos.
Cuando un distrito informaba rangos de alícuotas, se tomó el valor máximo —el mismo criterio utilizado por el portal oficial— como representación de la carga potencial más alta para el contribuyente. También se excluyeron casos en los que la distancia entre mínimo y máximo superaba diez veces, indicio de esquemas diferenciados no comparables entre jurisdicciones. El ejemplo más extremo es Ushuaia, que en industria declara valores entre 0,02% y 27,6%.
Durante el análisis se detectó además la única modificación registrada en la base entre su lanzamiento y el 26 de marzo de 2026: el municipio de Villa Mercedes (San Luis) apareció inicialmente con alícuotas diez veces superiores a las actuales, luego corregidas por el propio Gobierno, lo que sugiere un error de carga original.
Los resultados
Los resultados del procesamiento desafían parcialmente el eje del debate político.
En entidades financieras —la categoría central en la discusión por el cierre de sucursales bancarias— el municipio con mayor alícuota no pertenece al conurbano bonaerense sino al interior: Bahía Blanca encabeza con 8,5%, seguido por Villaguay (Entre Ríos) con 8%, y por Villa Constitución, Santa Fe capital y La Plata, con 7,5%.
En hipermercados, categoría que detonó el enfrentamiento público con el intendente de Lanús, ese distrito sí ocupa el primer lugar. Detrás aparecen Villa Carlos Paz (4,8%), Pilar (4,5%), Quilmes (3,74%) y Hurlingham (3,5%).
La actividad primaria muestra otro patrón: cuatro de los cinco municipios con mayor alícuota pertenecen a Entre Ríos, una provincia prácticamente ausente del debate nacional sobre tasas municipales. Concordia lidera con 2,7%, seguida por Villa Carlos Paz, Rawson, Chajarí y Bahía Blanca.
En industria, el ranking vuelve a combinar distritos de distintas regiones del país. Villa Carlos Paz encabeza con 3,6%, seguida por Concordia, Quilmes, Rawson y Chajarí.
La tasa vial presenta la mayor concentración geográfica: los nueve primeros lugares corresponden a municipios de Neuquén, todos con una alícuota de 4,5%. Cipolletti, en Río Negro, alcanza el mismo nivel. El primer distrito fuera de la Patagonia es Pinamar, con 3%.
Para medir la presión tributaria agregada, El Cronista calculó el promedio simple de las alícuotas disponibles en la Tasa de Seguridad e Higiene, excluyendo la tasa vial por gravar el combustible y no la actividad económica. Solo se incluyeron municipios con datos en al menos tres categorías.
El resultado ubica en primer lugar a Concordia (Entre Ríos) con 3,65%, seguida por Bahía Blanca (3,62%) y Villa Carlos Paz (3,58%). El podio combina tres regiones distintas del país y ninguno pertenece al conurbano bonaerense.
Chajarí ocupa el cuarto lugar con 3,25%, mientras que Lanús —uno de los distritos más señalados por el Gobierno nacional— aparece quinto con 3,1%. La Matanza queda sexta con 3,03%, seguida por Villaguay, La Plata, Quilmes y Victoria.
Entre Ríos, prácticamente invisible en la discusión política nacional, concentra cuatro municipios dentro de los diez con mayor presión tributaria combinada.
El mapa que surge de los datos oficiales muestra así una realidad menos lineal que la disputa pública: el conflicto político se concentra en el conurbano bonaerense, pero la mayor carga de tasas municipales aparece distribuida en distintas regiones del país.
