En el primer trimestre del año, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) fueron notificadas de 26.697 nuevos juicios, un 3,4% más que en ese período de 2025. Sobre la base de ese dato, en la cámara sectorial que las agrupa, la Unión de ART, proyectan ahora que 2026 marcaría un nuevo récord en cuanto a la cantidad de litigios iniciados, con más de 38.000 casos en total.
Solo en marzo, según comunicó la entidad empresaria, se iniciaron 13.260 reclamos, número superior en un 13% al de igual mes de 2025.
El comportamiento fue dispar según la jurisdicción que se mire: mientras que en la provincia de Santa Fe, en CABA y en la provincia de Buenos Aires hubo en el trimestre subas interanuales de 16,2%, 8,3% y 2%, respectivamente, en Mendoza y Córdoba se registraron caídas en la cantidad de nuevos juicios de 12,7% y 8,9%. En las tres jurisdicciones mencionadas en las cuales el problema se agravó, se concentraron tres de cada cuatro demandas iniciadas en los tres primeros meses del año. En Mendoza y Córdoba, en tanto, ocurrieron 11 de cada 100 conflictos.
En 2025 se había producido un incremento de 6,4% del número de juicios respecto del año previo. Hubo 134.141 casos, la cantidad más alta desde la creación del sistema de ART, en 1996. Por cada 10.000 personas cubiertas, hubo 132,8 litigios, un índice que registró un aumento interanual de 7,2%.
En febrero pasado se cumplieron nueve años de la aprobación de la ley 27.348, con la cual, según la expectativa de aquel momento, se generaría un alivio al problema por entonces también creciente de la alta judicialidad. La norma previó el funcionamiento de cuerpos médicos forenses en cada jurisdicción, indicando que los integrantes cobrarían honorarios no variables ni vinculados “a la cuantía del respectivo juicio”, en tanto que “su regulación responderá exclusivamente a la labor realizada en el pleito”.
Al buscar las causas de la persistente conflictividad, en el sector de las ART ponen el foco en la falta de conformación de esos cuerpos médicos. “Esta falta de designación o incumplimiento judicial permite que se mantenga la incertidumbre en la evaluación de las incapacidades, alimentando la industria del juicio”, señala un informe de la UART.
La ley de Modernización Laboral impulsada este año por el Gobierno y aprobada por el Congreso -en gran parte suspendida por la Justicia-, incluyó entre sus contenidos la insistencia en la necesidad de que se cumpla con aquella normativa de casi una década atrás.
Según los defensores de su conformación, los cuerpos médicos forenses aportarían orden y profesionalización al proceso de determinar los porcentajes de incapacidad, con honorarios por los peritajes médicos desanclados de lo que de ellos resulte. En las ART afirman que los peritos tienen en muchos lugares honorarios relacionados con los resultados de sus propias evaluaciones y que eso provoca distorsiones.
Desde febrero último, además, rige un nuevo baremo, que es una herramienta que traduce las secuelas de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral en un índice porcentual de incapacidad.
Mayoritariamente, los casos que llegan a juicios son, según afirmó en una charla reciente con LA NACION la presidenta de la Unión de ART, Mara Bettiol, los de quienes tienen una incapacidad de 0% determinada por las comisiones médicas que actúan en la instancia administrativa. Y demandan en la Justicia, en busca de que se les reconozca una incapacidad que les dé derecho a una indemnización. Según Bettiol, el nuevo baremo reduce el grado de discrecionalidad posible y apunta más a las limitaciones físicas que a los síntomas expresados por las personas.
La jueza María Elena López, del Juzgado Nacional Laboral N° 57, afirmó que en la mayoría de estos litigios no se plantean diferencias en el porcentaje de incapacidad, sino que se reclama a partir de que existió un rechazo en el sistema a reconocer un daño indemnizable monetariamente.
La disparidad según el lugar del país es una característica que se había observado durante 2025. El índice de litigiosidad se movió ese año entre el 4,9 por 10.000 de Salta y el 300,2 de San Luis, pasando por el 295,9 de Santa Fe y el 126,5 de Córdoba.
Del total de jurisdicciones del país, 18 dieron su adhesión a la ya mencionada ley 24.348, de 2017, pero en ninguna se integró el cuerpo médico forense tal como está previsto en la norma. Las que no adhirieron son La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz.
En Mendoza, donde se registró una baja en la cantidad de casos, se instrumentó hace dos años un sistema de auditorías de peritos judiciales. “Aunque alcanza solo al 2% de los casos, el 90% de los dictámenes auditados fue corregido a la baja”, indica un informe de la UART. Eso constituye, según la entidad, “un indicador que ratifica que el viejo sistema de listado de peritos que cobran en proporción al valor del juicio (valor por ellos mismos peritado) no funciona”. Y recientemente se anunció en la provincia cuyana una ampliación del número de peritos dependientes del Poder Judicial.
El informe difundido hoy por la UART valora un hecho ocurrido un mes atrás, cuando la Corte Suprema de Santa Fe “tomó juramento a los primeros peritos médicos forenses que se dedicarán a las causas de riesgos del trabajo”. Además, en esa provincia la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma de la ley procesal, “estableciendo la intervención obligatoria del Cuerpo Médico Forense” y “pautas claras para su funcionamiento”.
Según Bettiol, en Salta, Corrientes y Río Negro, tres provincias con tasas de litigiosidad relativamente bajas, si bien no se conformaron cuerpos médicos según la ley, sí hay pericias hechas por profesionales que son empleados a sueldo del Poder Judicial. Agregó que pueden verse las diferencias entre cada uno de esos casos y provincias cercanas con sinestralidad similar: mientras que en Salta la judicialidad fue en 2025 de 4,9 por 10.000 asegurados, en Jujuy fue de 178,6; mientras que en Corrientes resultó de 18,5, en Entre Ríos fue de 87, y mientras que en Río Negro llegó a 30,1, en Chubut resultó de 235,8.
En tanto, la estadística publicada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestra que, si se mira la cantidad de juicios por cada 1000 siniestros ocurridos, la tasa fue en 2024 (dato más reciente disponible) de 177,7, tras una suba de 13,5% respecto de 2023. Fue la segunda más alta de la historia del sistema, luego de la de 2017.
Una cuestión clave es la de cómo se reajustan los montos fijados en sentencias judiciales, para actualizarlos al momento del cobro. Los importes varias veces millonarios suelen reducirse cuando la causa judicial llega a instancias superiores.
El sistema de ART tiene, según la estadística oficial a enero último, 10.169.654 trabajadores asegurados. El número de empleadores, en tanto, llega a 990.219, incluyendo a los de casas particulares.
