La decisión de Mauricio Macri de volver a ubicarse en el centro de la escena política desde hace al menos un mes, tendrá este lunes una nueva postal: una cena en La Rural, desde las 20, organizada por la Fundación Pensar, rodeado de dirigentes del PRO y empresarios invitados.
La actividad del think tank macrista se produce un mes después del encuentro de Parque Norte, donde el PRO ensayó un relanzamiento con formato de cumbre partidaria. Allí, Macri buscó reagrupar a la dirigencia, bajar tensiones internas y proyectar una identidad propia dentro de una oposición en plena reconfiguración.
La cena de este lunes apunta a consolidar ese movimiento, pero con un componente distinto: un ámbito más selectivo, frente al que se espera que Macri dé un breve discurso en un evento liderado por la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
En los últimos meses, la usina técnica del partido trabajó en una serie de documentos sobre economía, Estado y desarrollo, que funcionan como base para una eventual propuesta política más integral, en algunas ocasiones, con críticas directas hacia el Gobierno por el rumbo de la gestión, más allá de remarcar el acompañamiento legislativo del PRO.
Se espera la presencia, además, del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, de legisladores, intendentes y referentes partidarios del partido. El macrismo gobierna la Ciudad y otras dos provincias: Chubut y Entre Ríos. Se prevé que tanto Ignacio Torres como Rogelio Frigerio digan presentes.
Otra figura que irá es Cristian Ritondo, jefe de bloque de la Cámara de Diputados. Quien no estará es el principal dirigente del PRO que integra el Gobierno: Diego Santilli. Al igual que en el evento de Parque Norte, el ministro del Interior evita fotos incómodas en encuentros partidarios, por fuera de su agenda como funcionario.
El movimiento de Macri no se agotará en Buenos Aires, ya que tiene previsto continuar la semana con actividad política en el interior. El viernes viajará a Chaco y Corrientes, donde participará de encuentros con dirigentes locales, de otra cena, y buscará fortalecer el armado territorial del partido. Será, en los hechos, el primer despliegue federal después del relanzamiento de marzo.
Esa secuencia forma parte de una estrategia más amplia. En el PRO hablan de una “nueva etapa” en la que el partido intenta recuperar centralidad, ordenar su discurso y redefinir su rol dentro del sistema político. En ese esquema, Macri aparece como el principal articulador de ese proceso, que puede incluir futuras alianzas con espacios cercanos y con dirigentes que tengan un perfil similar al del partido amarillo.
En paralelo, Macri se mostró este sábado en una fiesta electrónica en Buenos Aires del DJ Hernán Cattaneo, a la que fue acompañado por el ex titular de la AFI en su gestión, Gustavo Arribas. No es el primer evento al que asiste el ex presidente desde que se separó de Juliana Awada: también estuvo en el recital de Soda Stereo en el Movistar Arena, en marzo.
El AmCham Summit, que organiza hace 8 años la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, se convirtió en uno de los eventos de negocios más importantes del país. Por peso propio y convocatoria, y en medio de la muy buena relación bilateral y el feeling personal entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, el encuentro reunirá el próximo martes a unos 1.500 líderes del sector privado, funcionarios nacionales y provinciales, referentes sindicales y del tercer sector, junto a representantes de grandes compañías como Aeropuertos Argentina, Citibank, Danone, Grupo Newsan, JP Morgan, PAE, Personal y Río Tinto Lithium entre otras.
En medio de un contexto económico global cruzado por el conflicto bélico en Irán y las tensiones de la política local, el lema de este año es “Una Argentina federal en desarrollo”.
Aunque aún no hubo confirmación oficial, los organizadores esperan que el evento sea cerrado por Milei.
En este contexto, Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, analizó en una charla con Infobae el objetivo de esta edición del encuentro empresarial, el momento económico y social del país, las condiciones para atraer inversiones y el vínculo bilateral con Estados Unidos. La cámara tiene 106 años en el país y nuclea más de 700 empresas que emplean a 420.000 personas y, afirma, aportan el 24% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 35% de las importaciones y el 45% de las exportaciones del país.
“El año pasado fue la competitividad y ahora el eje será el federalismo, porque está claro que el desarrollo argentino no se define sólo en los grandes centros urbanos. Los sectores con mayor potencial, como energía, minería y agroindustria, están distribuidos por todo el país. Hay que revisar hasta el propio fenómeno de la empleabilidad: vemos gente que viaja tres horas a un centro urbano, cuando el empleo nuevo se va a generar en provincias como Neuquén, Jujuy o Salta. Tras una estabilización macroeconómica que está parcialmente conseguida, la agenda pasa al desarrollo y a la necesidad de consensuar un modelo de país con políticas de crecimiento sectoriales y provinciales”, destacó este contador de la UBA que fue CEO de Natura y presidente de PepsiCo Argentina.
— El Gobierno parece tener muy claro cuál es ese modelo de país que quiere, aunque eso se contraste de manera muy fuerte con otras visiones.
— Sí, claro que lo tiene. Y hay contrastes visibles. Pero veníamos de una fuerte centralidad del gobierno nacional que condició desde las políticas comerciales para definir el precio de los productos de las empresas, hasta a quién se le daba el ATN.
“Hay que ver si el experimento funciona y, sobre todo, cómo lo avala la sociedad”
— ¿Cómo se compatibiliza ese rumbo con las fuertes demandas de sectores como el industrial?
— Este Gobierno decidió no involucrarse en la microeconomía, lo que implica que no habrá incentivos focalizados ni apoyo activo para sectores que necesitan reconvertirse. Eso deja la dinámica en manos del mercado, del crecimiento de la economía, que no sé si veremos en 2027 y 2028, y en muchos casos de los actores provinciales. Es un desafío.
— ¿Está bien que no se involucren en la micro?
— Si analizamos los últimos 20 años, donde no hubo crecimiento ni generación de empleo desde 2012 y se intervino en todas las decisiones empresariales y de mercado, me parece bien. Eso sí, hay que ver si el experimento funciona y, sobre todo, cómo lo avala la sociedad. El éxito dependerá de la capacidad de la sociedad para acompañar el ritmo de las transformaciones y de la aparición de consensos a largo plazo.
— ¿Qué va a pasar con esa tolerancia social?
— Dependerá de la velocidad con que llegue la recuperación y de las opciones que se ofrezcan más allá de este Gobierno. No tengo esa respuesta 100%, pero la dirección general es la correcta: la desregulación y la normalización de las políticas comerciales muestran a un país que intenta alinearse con el mundo y normalizarse. ¿La inflación a 3% es alta? Claro, ni hay que aclararlo, pero el camino es el correcto. No voy a opinar de las formas, pero está claro que el día a día muestra tensiones: el acceso a medicamentos, los problemas de movilidad por los paros de colectivos y la presión sobre los servicios sociales reflejan la profundidad del ajuste.
— ¿Cuál es su visión del escenario macroeconómico de los últimos meses, donde hay variables y cifras que comenzaron a preocupar en algunos sectores?
— Hubo una corrección importante de la política monetaria que permitió mejorar el esquema caótico de tasas de interés en pesos de los últimos meses. Hoy, hay tasas más razonables, incluso por debajo de la inflación, pero el consumo sigue segmentado. No hay mejora en los ingresos de la gente y ni señales de creación de empleo privado genuino porque las inversiones grandes están en etapas muy iniciales. Los sectores que pueden traccionar inversiones, como la minería, tienen proyectos a diez años. En AmCham tenemos 12 proyectos por USD 26.000 millones que se van a desarrollar en una década. Son procesos largos. Hoy no hay crédito para apalancar empresas y consumo y no hay muchos incentivos. Habrá crecimiento vegetativo este año y tendremos un 2026 sin grandes saltos. El Gobierno está reforzando los subsidios y los ingresos públicos en los segmentos más vulnerables, lo que contiene la conflictividad social, pero los intendentes nos cuentan que antes la gente pedía electrodomésticos y ahora pide comida.
— ¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de las empresas de EEUU en el país?
— La carga tributaria es uno de los principales obstáculos. La presión total ronda el 26 a 28 % del PBI, pero por la alta informalidad, el peso sobre la economía formal puede superar el 50 por ciento. Además, la logística encarece los costos: el 85% de la carga se transporta en camiones, con impacto directo en la inflación y la competitividad. Vemos el efecto de eso estos días. Las limitaciones en infraestructura, junto a la carga fiscal y la dispersión normativa entre Nación, provincias y municipios, dificultan planificar inversiones de largo plazo.
— ¿Les preocupan los riesgos políticos?
— No, no es un tema. Se avanzó mucho y hubo decisiones políticas que parecían imposibles de realizar. La reforma laboral, por caso, más allá de los frenos judiciales y de que el tema seguramente terminará en la Corte Suprema. Se destrabaron y se avanzó en cuestiones estructurales que hace tres años eran impensadas. Hay señales y un acompañamiento de una oposición dialoguista que entiende que Argentina debe transformarse y valida políticas públicas en ese sentido.
— ¿Diría que hay optimismo entre las empresas de EEUU en el país?
— Sí… optimismo latino. No estamos en Escandinavia. Vamos bien. Las compañías que están hace décadas en Argentina han atravesado crisis profundas. Hay expectativa, pero también conciencia de que la transformación llevará años y que dependerá de la validación social y política.
“Lo relevante es si Argentina puede consolidar una relación institucional con Estados Unidos más allá de quién gobierne”
— ¿Cómo definiría la relación bilateral con Estados Unidos? ¿Ya se ve el impacto del acuerdo comercial anunciado?
— La relación está en un momento óptimo. Está muy bien, como nunca antes. El acuerdo de comercio e inversión recíproca avanza y es algo que hubiera sido impensado hace dos años, más allá de que la Corte Suprema de Estados Unidos frenó algunos beneficios arancelarios y ahora el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) debe revisar su política para Argentina. Como sea,los pilares del acuerdo no van a cambiar. Un ejemplo claro es la reciente modificación de la ley de Glaciares y la delegación de competencias a las provincias, algo que muestra una agenda de trabajo conjunto. El acuerdo también apunta a homologar los registros de productos con Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), para agilizar el ingreso de medicamentos y tecnologías. A nivel comercial, el país pierde competitividad si no se recuperan ventajas arancelarias, por lo que el desafío es que Estados Unidos defina un esquema global y estable de beneficios.
— ¿El resultado de las elecciones de medio término en EEUU puede alterar la agenda bilateral?
— Hay una sobrevaloración de ese proceso en EEUU. Históricamente, las elecciones de medio término no cambian los vínculos de fondo. Trump, por ejemplo, no se apalancó en el Congreso para avanzar en sus políticas. Por otro lado, no es lo mismo perder 10 representantes que 80, y habrá que ver cómo se mantiene el Senado. Hay que esperar los resultados, pero no imagino un gran impacto. Lo relevante es si Argentina puede consolidar una relación institucional con Estados Unidos más allá de quién gobierne. Es uno de los grandes desafíos que tiene el país. Estamos en la génesis del cambio, de la consolidación de un modelo de integración. Son saltos estructurales necesarios y de reconfiguración. Otra vez: se necesitan los avales de una sociedad que entienda que hay algunos precios que pagar para ser un país de largo plazo.
La agenda
La agenda del encuentro abordará la posición de Argentina en el escenario global, los desafíos de la infraestructura para la productividad, la estabilidad macroeconómica, el futuro del trabajo, la transformación sindical, la reconversión de negocios y el impacto de la inteligencia artificial, entre otros temas. Además, habrá debates entre gobernadores, senadores, diputados y referentes empresariales sobre políticas sectoriales y provinciales, con foco en los motores clave para el desarrollo: agroindustria, energía, minería y salud.
Como se dijo, se espera que en el cierre hable el presidente Milei. Entre los oradores del sector público participarán Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema; los ministros Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior); Mario Lugones (Salud); y también los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
— ¿Qué miran los inversores internacionales de este contexto local par tomar decisiones?
— La continuidad de las reformas es clave. El inversor financiero se fija en los precios de los bonos y las tasas internacionales, pero el inversor estratégico, toma decisiones con horizontes de una década. El RIGI es un parámetro monumental porque otorga previsibilidad a largo plazo. Ahora veremos qué va a pasar con el vencimiento del año que viene y está claro que, en ese contexto, varios proyectos se apuran. Alguno podrá dudar si viene otro gobierno y lo saca, pero está claro que el régimen da una base muy importante de derechos adquiridos. No por nada el cálculo de inversión extranjera directa para la próxima década es de USD 60.000 millones, sobre todo en minería y oil & gas. Por ahora, las inversiones productivas en sectores industriales están en pausa porque las capacidades instaladas rondan el 60% en promedio, la demanda es baja y, además, se pudo trabajar en la competitividad porque ya no existen los controles que había hasta hace poco. Insisto, debemos demostrar que esto es de largo plazo y que la demanda de bienes y servicios se recupera, más allá de los sectores que empujan hoy.
“Lo relevante es si Argentina puede consolidar una relación institucional con Estados Unidos más allá de quién gobierne. Es uno de los grandes desafíos que tiene el país”
— ¿Cómo avanzó el acuerdo en los sectores de laboratorios medicinales y semillas, dos reclamos históricos de AmCham?
— En farmacéuticos, la eliminación del protocolo de criterios de patentabilidad nos devuelve a la ley de Patentes de los ‘90, alineándonos con los estándares internacionales. No es retroactivo, es para todo lo que se registre luego de marzo de este año, pero no veo que eso sea algo que perjudique tanto a las empresas, la verdad.
— Los laboratorios nacionales dicen que los cambios impactarán en los precios de los medicamentos.
— No voy a meterme en esa interna de laboratorios, pero no es tan lineal. Hace unos 15 años que no tenemos productos patentables en el país. El impacto se sentirá en unos 5 o 7 años recién. Hubo una sobrerreacción por algo que pasará en tiempo y una sobreestimación de la incidencia de los productos nacionales en las políticas de precios. El mercado se irá normalizando en un modelo occidental. Por otro lado, el registro PCT, que aún falta implementar, permitirá homologar inscripciones ya realizadas en otros países, abaratando costos y acelerando el proceso.
— ¿Y en semillas?
— Faltan temas de adecuación que confiamos que se resolverán. La falta de protección para las nuevas tecnologías retrasó la llegada de cuatro o cinco generaciones de innovaciones que sí tienen países como Brasil o Paraguay. Tendrán un costo para el productor, pero que se compensa con más producción. Si se corrigen las reglas, en cuatro o cinco años la productividad agropecuaria va a mejorar. Resta trabajar, además, en la protección de datos para incentivar ensayos clínicos y la actualización del marco regulatorio de semillas.
En medio de la crisis económica, y luego de la aprobación de la reforma a la ley de Glaciares, una delegación de 35 dirigentes políticos, entre ellos 18 diputados y cuatro senadores nacionales esponsoreados por la ONG Red de Acción Política (RAP), viajará la semana que viene a Boston, Estados Unidos. Participarán de un convención sobre Inteligencia Artificial en la Universidad de Harvard.
En la comitiva habrá diputados de La Libertad Avanza, del PRO, la UCR, del interbloque Unidos e incluso el peronista Guillermo Snopek, según reveló la Agencia NA.
Por la Cámara baja, algunos otros nombres que serían parte de la delegación argentina que viajará a Estados Unidos son el santafesino Nicolás Mayoraz, la catamarqueña Fernanda Ávila (quien saltó de UxP al bloque del gobernador Raúl Jalil), el bonaerense Nicolás Massot (Encuentro Federal), la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, que responde al mandatario Marcelo Orrego), la misionera Yamila Ruiz (Innovación Federal) y la cordobesa Carolina Basualdo (Provincias Unidas).
Del Senado viajarán la pampeana Victoria Huala (PRO), la santacruceña Natalia Gadano (que responde al gobernador Claudio Vidal) y la mendocina Mariana Juri (UCR), que tiene como terminal política a Alfredo Cornejo.
Esta ONG también incorporó a sus filas a los senadores nacionales Rodolfo Suárez (UCR), Camau Espínola (Provincias Unidas) y Bruno Olivera (La Libertad Avanza).
Otros legisladores nacionales que integran el RAP son los diputados nacionales Belén Avico, Mariano Campero, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero, Ignacio García Aresca, Silvana Giudici, Diógenes González, Mercedes Llano, Luis Petri, Luis Picat, Santiago Santurio, Pamela Verasay y Martín Yeza.
No todos ellos están confirmados, pero la mayoría se subirá al avión que los trasladará a la actividad internacional, donde se espera la participación del premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu.
Si bien la logística del viaje a Estados Unidos de la delegación de políticos argentinos es organizada por la RAP, no está claro el origen del financiamiento, que incluye pasajes de avión, alojamiento en hotel de categoría y todos los viáticos incluidos.
Esta ONG, que en la actualidad agrupa a más de 220 dirigentes políticos, se define en sus redes institucionales como una organización “apartidaria y con pluralismo ideológico”, que “desde el 2003 busca propiciar la generación de amistad cívica entre políticos de distintos partidos, regiones y niveles de responsabilidad”.
También subraya que tiene entre sus objetivos centrales “promover la articulación, establecer vínculos de confianza y generar espacios de diálogo e interacción entre políticos, lideres y referentes de diversos sectores de la sociedad civil (empresarial, academia, sindical, organizaciones sociales, etc.), e ”impulsar la generación de consensos buscando reducir la volatilidad y pendularidad de las políticas públicas”.
Entre sus miembros se destacan los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut), además del vicegobernador Gustavo Menna (Chubut), y los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Julio Zamora (Tigre) y Soledad Martínez (Vicente López).
Otros integrantes destacados son el secretario de Desregulación Alejandro Cacace, el sherpa argentino ante el G20 Federico Pinedo, los legisladores José Cano (Tucumán), José Corral (Santa Fe), Brenda Austin (Córdoba), Leandro Santoro (Ciudad de Buenos Aires), Emmanuel Ferrario (Ciudad de Buenos Aires), Graciela Ocaña (Ciudad de Buenos Aires), Joaquín de la Torre (Buenos Aires), Diego Valenzuela (Buenos Aires) y Omar Perotti (Santa Fe).
También son miembros dirigentes de renombre como Paula Bertol, Esteban Bullrich, Ricardo Buryaile, Pamela Calletti, Marcela Campagnoli, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Eugenio Burzaco, Rodrigo de Loredo, Carolina Gaillard, Hernán Lacunza, Pablo Kosiner, Juan Ignacio Maquieyra, Liliana Negre de Alonso, Adrián Perez, Carla Pitiot, Iván Petrella, Florencio Randazzo, Adrián Pérez, José Rolandi, Ana Clara Romero, Margarita Stolbizer, Ernesto Sanz, Fernando Sánchez, Mónica Fein. Enrique Estévez, Oscar Aguad, Soledad Acuña, Daniel Arroyo y Eduardo Amadeo.
El intendente de la localidad entrerriana de Sauce de Luna, Alcides Alderete (PJ), decidió reemplazar un bono no remunerativo de $ 30.000, el cual se abonaba como complemento salarial a los empleados municipales, por un “bono alimentario” de $ 50.000, en medio de problemas de liquidez en las arcas de la municipalidad.
“El sueldo no se toca, tampoco parte del sueldo se transforma en mercadería, sino que se entregará un bono extraordinario de 50 mil pesos”, explicó Alderete en declaraciones a Radio Integración de Federal.
Según publicó el portal Entre Ríos Ahora, el jefe comunal precisó que el salario de los empleados “no sufrió modificaciones”. De esta manera, Alderete reemplazó un bono no remunerativo de $ 30.000 que pagaba como complemento de los salarios por una especie de “ticket canasta” de $ 50.000.
“Después de idas y vueltas con el sindicato en paritarias, les conté de la situación, que estábamos muy ajustados, y les aclaré que ese bono era para el mes de febrero, por lo que les propuse para marzo juntar ese valor con otro de $ 20 mil”, puntualizó.
Al justificar su decisión, el intendente argumentó: “No tenemos la maquinita de hacer plata. Y el Gobierno nacional viene retrocediendo en lo que es la coparticipación y en los ATN para las provincias y los municipios. Nada de eso se está dando. Es un bono en comestibles para palear la situación actual, siempre con la ilusión de que esta situación actual mejore”.
“Nosotros siempre le damos prioridad a los empleados en el cobro de sueldos, acompañando siempre con aumentos que van acorde a la inflación, y esto no es un recorte, no es un ajuste, sino una manera concreta de ayudar a nuestros trabajadores, que hoy no la están pasando bien, como no la pasamos bien los entrerrianos, los argentinos”, subrayó.
El bono, que los trabajadores pueden canjearlo por alimentos en comercios de Sauce de Luna, alcanza de momento a 165 empleados, según explicó el intendente al portal entrerriano, quienes son personal contratado que dictan talleres de capacitaciones laboral, deporte y cultura.
Alderete sostuvo que el municipio tiene 60 empleados de planta permanente, con un gasto salarial de $48 millones. Además, 58 jornalizados, que demandan $38 millones; 14 con contratos de servicios y que suponen una erogación de $7 millones; y 35 contratos de obra, con un costo de $12 millones. A eso, se suman los sueldos del Ejecutivo, $10 millones; y del Concejo Deliberante, $7 millones.
“No llegamos a pagar todos, y la única forma es proponer un bono para no hacer el uso de la frazada corta: o nos tapamos la cabeza o nos destapamos los pies”, graficó el intendente, quien aclaró que en su gestión “no hay un desfase económico” ni un “sobregasto en ningún área”.
Alderete solicitó asistencia financiera al gobierno de Entre Ríos y aguarda una respuesta que “sea positiva”
En diálogo con Radio Plaza, el jefe comunal indicó que el municipio depende en gran medida de los fondos de coparticipación, ya que recaudación propia es baja. “He visto también que se han reunido en Colón intendentes vecinalistas por el mismo tema, y he hablado con otros intendentes de Juntos que están también preocupados porque los municipios chicos hemos sido muy afectados con esta caída de fondos“, puntualizó.
Consultado por la recaudación de Sauce de Luna, el intendente graficó: “Imagínese que lo que recauda mi municipio es alrededor del valor de 2000 litros de gasoil. Y eso no alcanza para cubrir los servicios esenciales, con eso le digo todo”.
En ese marco, Alderete confirmó que solicitó asistencia financiera al gobierno de Entre Ríos, comandado por Rogelio Frigerio, y aseguró que aguarda una respuesta que “sea positiva”.
“El gobernador ha entendido que está difícil para los municipios chicos y que Sauce de Luna no es una excepción. Hay varios municipios más, no solo los justicialistas, los que tenemos problemas”, sentenció.
La Intendencia de Sauce de Luna, en la provincia de Entre Ríos, tuvo que pagar parte de los sueldos municipales con un vale alimentario. Ante la falta de liquidez, el método de pago a los empleados tuvo que ser sustituido.
En una investigación realizada por La Nación, el intendente peronista Alcides Alderete confirmó que, por la falta de fondos en la caja municipal, entregó un ticket canasta de $50.000. “Nadie paga un impuesto; todos eligen comer”, dijo al medio.
El intendente del pueblo entrerriano había aumentado los sueldos municipales en un 300%, justificando que estaban muy bajos y que, cuando asumió, la localidad era “la Franja de Gaza”.
“Esta es una ciudad muy pobre, no hay actividad privada. El que no trabaja en el colegio, la policía o el hospital es empleado municipal. No hay salida laboral”, explicó el intendente.
Sauce de Luna recibe alrededor de $167 millones por mes, entre coparticipación nacional y provincial. Según el mandatario, con esa suma paga los salarios de 60 empleados, 58 jornalizados y otros trabajadores contratados, además de la obra social, la caja jubilatoria y los seguros de riesgo de trabajo.
A esto se suma que, según reconoció Alderete, el municipio tiene cuentas embargadas por juicios pendientes heredados de gestiones anteriores, lo que agrava la crisis financiera.
Según se supo, en una reunión gremial días atrás, ya había adelantado que la coparticipación venía baja. Además, reclamó que el 94% de la población no paga el impuesto municipal. “Nadie paga un impuesto; todos eligen comer”, reiteró.
En ese contexto, propuso que el bono no remunerativo de $30.000, que se pagaba junto al sueldo, fuera reemplazado este mes porun vale alimentario de $50.000. “Es un paliativo; tengo la esperanza de que mejore el mes que viene”, explicó.
Alderete afirmó que hubo “muy buena recepción” de las autoridades provinciales, especialmente del gobernador de Rogelio Frigerio, con quien dijo tener buen diálogo y “buena voluntad”.
“No es culpa del gobernador; el Presidente no responde a las necesidades de la gente”, cuestionó Alderete, en referencia a la política económica de Javier Milei.
El juez federal Hernán Viri ordenó una serie de medidas de prueba en el marco de una presentación civil contra el gobierno uruguayo y la multinacional HIF. La demanda se sustentó en un factor formal y otro material. Señaló que el país vecino no cumplió con la normativa del río Uruguay, un recurso compartido. Y apuntó contra el eventual daño ambiental que provocaría la planta que se instalaría al norte de Paysandú, frente a la costa de Entre Ríos.
La acción judicial fue promovida por legisladores nacionales justicialistas. Se trata de los diputados Guillermo Michel y Laura Marclay y el senador Adán Bahl.
La decisión de Viri se conoció este viernes. Casi en paralelo, el intendente de Paysandú había filtrado la posibilidad de que HIF reubique la planta.
Ese es el reclamo principal de las autoridades entrerrianas. Coinciden en ese punto el intendente de Colón, José Luis Walser, y el gobernador Rogelio Frigerio. El argumento que ponen sobre la mesa es que la localización original está frente al principal balneario de la ciudad, que vive del turismo.
En la demanda civil que promovieron los legisladores del PJ figura también que, con el desarrollo de esta planta, el país vecino violó el Tratado del río Uruguay. El curso de agua es un recurso compartido. Por lo tanto, el acuerdo fijó que cualquier acción de un Estado que lo afecte debe ser comunicado antes al otro. Este paso no se habría registrado. De ser así, Uruguay también estaría violando el fallo de la Corte de La Haya en el “caso Botnia”.
El órgano judicial internacional había sentenciado que el Estado oriental violó el Tratado cuando autorizó la instalación de la pastera en Fray Bentos sin la comunicación previa a la Argentina.
Qué medidas ordenó la Justicia
El magistrado requirió una serie de informes a las autoridades de la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU). Este organismo binacional se encarga de hacer cumplir el acuerdo sobre el recurso compartido.
También solicitó información, vía exhorto, a organismos estatales de Montevideo. Entre ellos, el Ministerio de Ambiente, el de Educación y el Banco Central.
Por otro lado, dispuso que se contrate a un perito biólogo de oficio. Su tarea será expedirse sobre los puntos de pericia que sugirieron los denunciantes en el escrito de inicio.
A la CARU, Viri le pidió que informe si las autoridades uruguayas le comunicaron el proyecto de planta y si la empresa le presentó el estudio de impacto ambiental.
Los pedidos a Montevideo abarcan la fecha de presentación y la solicitud de autorización ambiental previa de HIF y también el estudio ambiental previo. Además, el magistrado requirió información sobre la realización de audiencias públicas en el proceso de evaluación del impacto de la planta.
Por otro lado, el juez federal solicitó al Registro Nacional de Comercio datos de la empresa. Entre ellos: dirección legal, legajo societario y composición tanto de HIF Global como de sus subsidiarias. En ese orden, pidió al Banco Central de Uruguay que notifique quienes son los beneficiarios finales de la firma.
“Es fundamental para la defensa de las costas”
A través de un posteo en su cuenta de X, el diputado Michel remarcó: “La Justicia resolvió avanzar con la acción entendiendo que la normativa que surge de la Ley 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso”.
“Entendemos que la resolución adoptada por la Justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No solo queda claro que la Justicia Federal es competente, sino que además ordenó producir medidas que solicitamos”, remató.
En lo que representa un golpe para los planes uruguayos de avanzar con la construcción de una planta de hidrógeno verde para producir metanol frente a las costas de Entre Ríos, la justicia federal de la provincia argentina hizo lugar a la demanda de un grupo de legisladores de la oposición, que pedían medidas de prueba a nivel preventivo.
La presentación ante la justicia argentina fue realizada por los diputados peronistas Guillermo Michel y Laura Marianela Marclay, junto al senador Adán Humberto Bahl. El grupo demandó al Estado uruguayo y a una empresa privada (HIF Uruguay) para frenar la instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, frente a Colón (Entre Ríos).
Planta de combustible sintético en Paysandú: la Justicia da lugar a la demanda y avanza con las medidas de prueba.
Los tres sostuvieron en su presentación que el proyecto podría generar un daño ambiental grave e irreversible en el río Uruguay, y que no se habrían cumplido normas internacionales, como el Estatuto del Río Uruguay, regido por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Además, pusieron como antecedente el conflicto entre Uruguay y la Argentina por la instalación de la pastera finlandesa Botnia/UPM en el país vecino.
Entonces, la protesta ambiental de los entrerrianos implicó extendidos cortes de puentes entre Gualeguaychú y Fray Bentos (donde se instalaron las plantas de pasta de celulosa), escaló a los fallecidos presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, y derivó en un costoso juicio para ambos Estados en los tribunales de La Haya.
“La resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No sólo queda claro que la justicia federal es competente, sino que además ordenó parte de las medidas que solicitamos”, dijo Michel.
Entretanto, el gobernador Rogelio Frigerio, advertido de los embates de la oposición en Entre Ríos y de la negativa del presidente uruguayo Yamandú Orsi, buscó negociar con las autoridades uruguayas la relocalización de la planta, que implicaría una inversión de 5.300 millones de dólares. Un proyecto de escala histórica, pero que, para los vecinos de Colón —que viven del turismo— representaría la instalación de un complejo industrial con chimeneas visibles desde sus playas, en la otra orilla del río Uruguay. El proyecto estima que esté a unos 3 o 4 kilómetros de la costa, mientras que el gobierno entrerriano pide que se ubique a 30.
El gobernador argentino de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estuvo de visita oficial en Uruguay entre el 27 y el 28 de marzo. Se reunió con el presidente Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin y con los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño y de Industria, Energía y Minería,… pic.twitter.com/YfpV8kXiNO
— Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@CancilleriaUy) March 28, 2025
A lo largo de 2025 y este año, Frigerio habló con Orsi y con su canciller, Mario Lubetkin, para enfriar el conflicto en puerta. A su vez, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, no descartó un posible traslado de la planta: “La relocalización responde a encontrar, entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa, un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones que las propuestas por el proyecto”, dijo. Sostuvo que eso era viable y aseguró que “se trabaja para concretarlo”.
Tanto el gobierno de Orsi como la multinacional HIF Global acordaron la semana pasada prorrogar hasta fines de junio el cronograma de acuerdos hacia la concreción de la planta de combustibles sintéticos.
¿Qué resolvió el juez federal de Entre Ríos, Hernán S. Viri?
En principio, aceptó parcialmente un pedido clave de los demandantes: producir “prueba anticipada”. Es decir, autorizó a recolectar pruebas ahora, antes de que avance el juicio, porque podrían perderse o volverse difíciles de conseguir más adelante.
Las pruebas que ordenó incluyen pedidos de información a organismos uruguayos (ambientales, regulatorios y bancarios), requerimientos a la Comisión Administradora del Río Uruguay, la realización de un peritaje ambiental con un biólogo y una inspección judicial en el lugar. Pero no aceptó, por ahora, la prueba testimonial, porque no consideró que hubiera urgencia.
Como los demandados están en Uruguay y eso puede demorar el proceso, el juez decidió que intervenga la Defensoría Pública para garantizar el derecho de defensa mientras tanto.
En un escenario político marcado por la reconfiguración del poder territorial y la consolidación de liderazgos provinciales, la imagen de los gobernadores vuelve a convertirse en un indicador clave para medir el humor social fuera del Área Metropolitana.
Mientras el Gobierno nacional concentra la agenda económica, las gestiones locales aparecen cada vez más expuestas al juicio directo de sus propios electorados.
Las administraciones provinciales atraviesan un período atravesado por restricciones fiscales, demandas sociales persistentes y una creciente autonomía política frente al poder central.
En ese contexto, la valoración pública de los mandatarios subnacionales funciona como un termómetro anticipado del clima político hacia los próximos ciclos electorales.
En la tradicional encuesta de imagen de la consultora DC, correspondiente a abril de 2026, se evaluó la percepción ciudadana sobre gobernadores y principales intendentes del país.
El estudio vuelve a mostrar fuertes diferencias regionales y confirma que el liderazgo territorial continúa fragmentado, con niveles de aprobación moderados y sin figuras con hegemonía nacional clara.
La brecha entre los mejor y peor posicionados supera los 13 puntos porcentuales, lo que habla de realidades muy distintas dentro de un mismo país federal.
El top ocho
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabeza el ranking interprovincial de imagen positiva de abril con el 55,8% de aprobación entre sus co-provincianos, superando levemente al mes anterior cuando había registrado el 55,3%.
Su consistencia en los primeros lugares del ranking lo consolida como uno de los mandatarios más sólidos del país, en una provincia que históricamente ha sabido construir liderazgos propios con alto arraigo territorial y cierta autonomía respecto de los grandes bloques nacionales.
En segundo lugar se ubica Claudio Poggi, gobernador de San Luis, con el 55,3% de imagen positiva, aunque con una caída respecto de su marca de marzo, cuando había alcanzado el 58,5%. A pesar del retroceso, Poggi sostiene su lugar en el podio y confirma que la provincia cuyana mantiene niveles de aprobación elevados para su conducción.
Completa el top tres Gustavo Sáenz, de Salta, con el 55,1%, una cifra que también representa una mejora frente al 53,2% de la medición anterior, lo que lo posiciona como uno de los gobernadores con tendencia más favorable del período.
El segundo pelotón
Detrás del podio, pero igualmente bien evaluados, aparecen Osvaldo Jaldo en Tucumán con el 54,9%, Ignacio Torres en Chubut con el 54,2%, y Rolando Figueroa en Neuquén con el 54,0%. Tanto Figueroa como Torres muestran mejoras respecto de marzo. Marcelo Orrego en San Juan, con el 53,8%, y Martín Llaryora en Córdoba, con el 53,1%, cierran el grupo de los ocho mejor posicionados.
El pelotón del medio: aprobaciones ajustadas y tendencias mixtas
En la franja intermedia del ranking aparecen figuras con evaluaciones más moderadas y, en varios casos, con caídas respecto de la medición previa. Raúl Jalíl en Catamarca y Maximiliano Pullaro en Santa Fe registran el 52,4% y el 51,8% respectivamente, con el santafesino mostrando una leve recuperación.
Juan Pablo Valdes en Corrientes alcanza el 51,1% con una tendencia al alza, mientras que Sergio Ziliotto en La Pampa obtiene el 50,9%, también mejorando levemente respecto de marzo.
La zona de mayor tensión del pelotón medio la protagoniza Alfredo Cornejo en Mendoza, que cae al 49,0% desde el 51,1% de marzo, quedando muy cerca del umbral crítico del 50%.
Por su parte, Carlos Sadir en Jujuy es el gobernador que registra la caída más pronunciada del mes: baja 4,3 puntos porcentuales hasta el 48,1%, pasando a tener más imagen negativa que positiva, con el 49,5% de evaluación desfavorable. Una señal de alerta para una provincia que viene atravesando tensiones sociales y políticas de diversa índole.
Gildo Insfrán en Formosa y Leandro Zdero en Chaco completan esta franja con el 47,5% y el 47,4% respectivamente, ambos con más imagen negativa que positiva.
Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Claudio Vidal en Santa Cruz se ubican en torno al 50,4%-50,7%, en una zona de equilibrio frágil donde cualquier acontecimiento de la coyuntura provincial puede mover la aguja en uno u otro sentido de manera significativa.
En el fondo de la tabla
El último tramo del ranking agrupa a los mandatarios con mayores dificultades de imagen.
Gustavo Melella en Tierra del Fuego es una excepción en este grupo: con el 45,9% sube 2,4 puntos respecto de marzo, siendo el gobernador con mayor crecimiento del mes, aunque aún sin lograr cruzar hacia terreno positivo neto.
Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se ubica en el puesto 22 con el 45,5% de imagen positiva, una décima menos que en marzo, y con el 49,8% de evaluación negativa.
En los últimos puestos aparecen Alberto Weretilneck en Río Negro con el 43,0%, en caída desde el 43,8% de marzo, y Ricardo Quintela en La Rioja, que cierra el ranking en el puesto 24 con el 42,8%, bajando desde el 46,2% previo.
El riojano acumula el 52,9% de imagen negativa, la más alta de todos los gobernadores relevados, y el 35,5% de imagen “muy mala”, un guarismo que habla de un rechazo activo y consolidado entre sus propios ciudadanos, más allá de la mera indiferencia.
Intendentes: Jofré primero, Raúl Jorge último
En el capítulo de los intendentes federales, los resultados muestran un patrón similar: los municipios del norte y del centro del país concentran las mejores evaluaciones. Jorge Jofré, intendente de la capital formoseña, lidera el ranking con el 60,4% de imagen positiva, seguido muy de cerca por Leonardo Stelatto en Posadas con el 60,2%, y Gustavo Sastre en Puerto Madryn con el 58,6%.
Los tres referentes municipales mejor posicionados gobiernan ciudades de provincias que también exhiben buenos números a nivel provincial, lo que sugiere que hay una sinergia positiva entre la gestión local y la provincial en esos territorios.
En el extremo opuesto, los intendentes peor evaluados son Raúl Jorge en San Salvador de Jujuy con apenas el 35,9%, Julio Alak en La Plata con el 36,0%, y Roy Nikisch en Resistencia con el 36,3%.
Cabe destacar que el mayor crecimiento mensual en el rubro intendentes lo protagonizó Gustavo Saadi en San Fernando del Valle de Catamarca, con una suba de 3,2 puntos porcentuales, mientras que Daniel Passerini en la capital cordobesa sufrió la caída más pronunciada del mes, con una baja de 4,5 puntos que lo llevó al 44,1% de imagen positiva.
Ficha técnica
Población objetivo: Población general mayor de 18 años
Ámbito: 23 provincias de Argentina + CABA
Cuotas: Sexo, nivel educativo, geolocalización y franja etaria
Afijación: Uniforme
Técnica de recolección: CB CAWI Research (online)
Instrumento: Cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicación directa
Muestra provincial: 24.603 casos totales (promedio de 892 a 1.179 casos por provincia)
Error de muestreo provincial: +/- 2,9 a 3,3%
Muestra municipal: 14.741 casos totales (promedio de 545 a 690 casos por municipio)
Error de muestreo municipal: +/- 3,7 a 4,1%
Trabajo de campo: 1 al 4 de abril de 2026
Procedimiento de muestreo: Estratificado por distritos provinciales y municipales
Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot venían de ser el ala “dialoguista” de Cambiemos. Fueron quienes, tras la victoria en 2017, quisieron agrandar la alianza. En ese momento, chocaron con la negativa de Marcos Peña.
Hace cinco años estaban en el mismo barco. El proyecto giraba en torno a un desarrollo territorial propio de cada uno. El D’Artagnan de estos tres mosqueteros era el ex lilito Adrián Pérez.
Las piezas debían sumarse al rompecabezas del esquema presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. El entonces jefe de Gobierno porteño parecía tener el camino pavimentado hacia la presidencia. Pero pasaron cosas.
El electorado de 2023 optó por posiciones extremas y no por la moderación que representaba Larreta. Con Javier Milei presidente, el escenario político se reconfiguró en torno a su figura. Juntos por el Cambio implosionó y el PRO se desgajó.
El proceso 2023 – 2025 arrastró a Frigerio, Massot y Monzó por distintos caminos. El primero, ganó la gobernación de Entre Ríos con un armado propio. El segundo, quedó como ladero de Miguel Pichetto en un bloque heterogéneo en Diputados. El tercero, se alejó de los flashes.
Dónde se ubica Frigerio hoy
El mandatario entrerriano se posicionó dentro de la oposición colaborativa con el gobierno nacional. Sus diputados y senadores acompañaron casi todos los proyectos de la Casa Rosada en el Congreso. El año pasado, logró conformar un frente entre su espacio y La Libertad Avanza para las legislativas. El armado cosechó más del 50% de los votos y relegó al PJ a una de sus peores elecciones.
Para reforzar su acercamiento al proyecto libertario, Frigerio sacó al diputado Francisco Morchio de la bancada de Pichetto y lo reencuadró dentro de LLA. “El objetivo fue evitar que el kirchnerismo obtuviera la primera minoría. Por eso, Morchio se pasó a las filas libertarias. Así, el oficialismo pudo obtener ese preciado lugar”, explicó en su momento a Infobae una persona de llegada directa al gobernador.
El arribo de Diego Santilli al ministerio del Interior se festejó en Entre Ríos. El funcionario tiene relación personal con Frigerio. El vínculo es tal que eligió la provincia para su primera salida.
En el horizonte está la posibilidad de reeditar el acuerdo electoral. Frigerio buscará un segundo mandato el año próximo. Cuando en 2023 derrotó al peronismo luego de 20 años, lo hizo por un margen estrecho. No le sobró nada. Ese final ajustado tuvo una causa central: los votos de derecha y centroderecha que optaron por LLA. El mandatario prefiere no encontrarse de nuevo con esa piedra.
El factor tiempo es fundamental. La oposición descuenta un adelantamiento de las elecciones. Existen sospechas de que se eliminarán las primarias. Por eso el justicialismo baraja la posibilidad de una interna propia hacia octubre o noviembre de este año.
Cómo impacta el reacomodamiento
No es cómodo para el gobernador de Entre Ríos que Pichetto haya peregrinado a San José 1111 a encontrarse con Cristina Kirchner. Tampoco que Monzó y Massot se reunieran con Axel Kicillof. Había charlas en privado, pero ahora todo se hizo a la luz del sol.
Una persona que trajina 24/7 junto al mandatario provincial le dijo a este medio: “Frigerio no ve un acercamiento de Monzó y Massot con Kicillof porque ellos siempre fueron de dialogar con todos”. Infobae, insistió:
– ¿Están seguros de eso?
– Rogelio no ha hablado con ellos en estos días.
Pichetto dice querer armar un frente anti Milei para el año próximo. Busca editar el modelo de Lula en Brasil. Pero no tiene un “Lula”. Su tarea, entonces, es hacer una tortilla de papa sin huevo, sin el elemento que aglutine, que amalgame.
En el peronismo barruntan que la meta es más pedestre. Poner más jugadores en la línea de largada, tengan o no chances de competir. Así se agranda la ronda. Y se evita que, en el tramo final, un acuerdo cupular entre CFK y Kicillof deje a los demás fuera de todo.
La merma de fondos coparticipables a las provincias y la caída de la recaudación tienen su correlato en los municipios, donde el escenario es cada vez más delicado. De norte a sur del país, los intendentes advierten por el impacto en el territorio en cuestiones como transporte, empleo y pagos de salarios, mientras comienza a asomar en el horizonte el medio aguinaldo de junio.
La semana pasada, una reunión del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) en Paraná dejó como saldo un duro pliego de reclamos a Nación y una advertencia por elevación a los gobernadores. Los alcaldes denunciaron “asfixia financiera crítica” por parte de la Casa Rosada, reclamaron distribuir el impuesto a los combustibles y aseguraron que sus gestiones “sostienen lo que Nación abandona”, dando cuenta del repliegue del Estado en distintas competencias.
El diagnóstico fue compartido por jefes comunales de toda la Argentina, indistintamente de sus banderías políticas. Casi en paralelo a la cumbre, Sauce de Luna, un pequeño distrito de Entre Ríos, fue noticia, cuando su jefe comunal, Alcides Alderete, anticipó que pagará parte de los sueldos de la función pública con bonos alimentarios.
“No llegamos a pagar todos y la única forma es proponer un bono para no hacer el uso de la frazada corta: o nos tapamos la cabeza o nos destapamos los pies”, justificó Alderete en declaraciones radiales. Explicó, además, el alto nivel de dependencia de su terruño a la coparticipación provincial, que aún así no alcanza para abonar los salarios.
Desde una alcaldía detallaron a Ámbito que “los municipios más chicos son lo que tienen más problemas, porque dependen mucho de la coparticipación. No tienen una gran recaudación propia por pago de tasas, lo que los hace depender casi exclusivamente de las provincias”. No fue el único caso en Entre Ríos. A mediados de marzo, la comuna La Providencia anunció un shutdown a la estadounidense y dejó de prestar servicios públicos por una semana.
Así las cosas, el gobernador Rogelio Frigerio recibió este martes a la liga de intendentes del PJ, quienes le acercaron un pliego de reclamos por fondos. Distribución de los Aportes del Tesoro Nacional a los Municipios de acuerdo a la fórmula de coparticipación; otorgamiento equitativo de Aportes No Reintegrables a aquellos municipios que acrediten fehacientemente su necesidad y otorgamiento equitativo de Adelantos de Coparticipación a aquellos municipios que acrediten fehacientemente su necesidad, independientemente de su pertenencia política, son algunos de los puntos planteados.
Frigerio intendentes
La crisis golpea a los municipios y presiona a intendentes
La sangría no es exclusiva del litoral. El presidente del Foro de Intendentes de Salta, Marcelo Moisés, expresó su inquietud por el derrumbe de la coparticipación y la afectación de toda la provincia.
“Hace siete meses que viene cayendo la coparticipación. Hoy muchos están pagando sueldos con la coparticipación y con lo poco que recaudan ayudan en lo social”, afirmó a Radio Salta, al tiempo que advirtió por el precio de las naftas: “Hoy el combustible es uno de los gastos más importantes que tenemos para poder garantizar los servicios”.
A la caída de los giros y la parálisis de la obra pública, se suma otro problema: la morosidad y el nivel de endeudamiento de las familias, que no solo preocupa a empresas y bancos, sino también a los alcaldes. “Ante la falta de plata, lo primero que dejás de pagar son los tributos que no generan cortes de servicios. El agua, por ejemplo, que es un derecho universal; o la recolección de basura. El recolector va a seguir pasando. Esa es la preocupación hacia los próximos meses”, comentaron desde una municipalidad.
“Somos gobiernos de proximidad, no nos podemos correr de nuestras prestaciones básicas. El Gobierno se empeña en la guerra por las tasas municipales, y es hábil en eso, pero la presión fiscal es entre el 80% y el 90% nacional y provincial”, completaron.
Intendentes COFEIN
Atentos al escenario, el Ente de Municipios y Comunas de Córdoba -que nuclea a jefes radicales de la provincia- presentó un pedido de audiencia con el gobernador Martín Llaryora, ante la “creciente preocupación por la falta de comunicación entre la mesa ejecutiva del Ente, la mesa Provincia-Municipios y los distintos ministerios del Gobierno provincial”.
El texto, que lleva la firma del intendente de Almafuerte y presidente del espacio, Rubén Dagum, advierte que el contexto actual que atraviesa nuestro país “impacta de lleno en las gestiones locales, y los municipios y comunas no somos ajenos a esta realidad. En este escenario resulta indispensable fortalecer los canales de diálogo institucional”. Los alcaldes, además, remarcaron que la coparticipación a sus terruños cayó más del 20% en los últimos meses.
La situación se repite también en la provincia de Buenos Aires, con foco en el conurbano, área siempre sensible a los vaivenes económicos. El intendente de Morón, Lucas Ghi, admitió al canal Net que percibe un momento de “implosión social”, en referencia a situaciones que tienen que ver con violencia familiar, desborde por angustia, depresión, consumo de fármacos, de distintas sustancias, permitidas o no permitidas, y peleas intrafamiliares, comunitarias.
“Se está dando como una situación de crispación al interior de cada seno familiar que todos los días nos encontramos con escenas muy complejas”, evaluó sobre el deterioro del tejido social. En un encuentro reciente, Axel Kicillof recibió a 60 intendentes de distintos partidos políticos y les prometió coparticipar los fondos que logre recuperar por las diversas demandas que le inició al Gobierno nacional.
El extremo austral del país no permanece ajeno a tales dificultades. Esta semana, trabajadores municipales de Ushuaia se movilizaron en reclamo de “respeto a la autonomía municipal”, una marcha que tuvo como trasfondo la pelea por fondos con el gobernador Gustavo Melella y que fue respaldada públicamente por el alcalde Walter Vuoto, quien rompió la alianza con el mandatario.
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“Basta de retener los fondos de Ushuaia. La Provincia nos debe más de 12.000 millones de pesos. Plata que ya llegó de Nación. ¿Dónde está esa plata? La respuesta es clara: se la gastaron. La usaron irresponsablemente”, denunció el jefe comunal en duros términos, al tiempo que aseguró que en el municipio hay “atrasos en salarios, problemas en el transporte y un sistema de salud que necesita respuestas urgentes”. Pidió, además, por una “ley de goteo”, con transferencia automática y sin discrecionalidad”.
Las alarmas que llegan desde todo el país no pasaron desapercibidas en la Casa Rosada, que este lunes oficializó adelantos por coparticipación federal por $400 mil millones para 12 provincias en un intento por auxiliar a los mandatarios -principalmente dialoguistas- ante una coyuntura delicada, que incluye cierre de empresas y caídas del consumo y de la recaudación, entre otros ítems. Fue, además, un guiño para los gobernadores en la antesala del debate en Diputados por las modificaciones a la ley de Glaciares.
