El caso de la denuncia de Daniel “Tavi” Celis y el testimonio de otros dos internos del pabellón de narcos de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, que señalaron un presunto plan de Leonardo Airaldi para asesinar a funcionarios, reavivó la discusión sobre una problemática que arrastra años en Entre Ríos y en varias provincias: presos por narcotráfico alojados en establecimientos provinciales con suficiente poder económico para mantener sus negocios ilícitos y comprar voluntades. Ese tipo de internos dependen de la Justicia Federal y, según sostienen autoridades y expertos, deberían estar alojados en unidades a cargo del Servicio Penitenciario Federal.
El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) relevó cuáles de los internos alojados en las ocho unidades penales entrerrianas podrían encuadrarse en el perfil criminológico de “alto riesgo”. Entre ellos estaba Airaldi, quien fue trasladado días después de la denuncia al penal federal de Ezeiza, tras el allanamiento del módulo E del pabellón donde se hallaron celulares y anotaciones. Ese traslado formaba parte de una lista que, desde hace tiempo, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos considera necesario ejecutar.
Cuando se conoció el supuesto plan del productor agropecuario de Diamante para mandar a matar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal general José Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad Néstor Roncaglia, coincidió que había un cupo disponible en el pabellón de alto riesgo de Ezeiza. También puede interpretarse que la gravedad institucional de la imputación aceleró el traslado sin demoras.
Desde el año pasado se planifica en la provincia la apertura de un módulo para presos peligrosos en la cárcel de Gualeguaychú, que es la que tiene más espacio disponible para ampliaciones. Pero la cuestión no es solo edilicia: exige personal penitenciario capacitado y equipos con abordajes específicos, sin afectar la atención en las demás unidades penales provinciales.
Esa demanda viene de tiempo atrás por parte de autoridades judiciales provinciales —como los Juzgados de Ejecución de Penas de Paraná, Concordia y Gualeguaychú— y del Ministerio Público Fiscal, y se dirige a la Justicia Federal. Con frecuencia aparecen cortocircuitos en pedidos de traslado vinculados a visitas familiares a otras provincias o a profesionales de la salud, por ejemplo; incluso se registraron advertencias de sanciones por no acatar esos oficios, aunque en los últimos tiempos esa práctica se redujo.
La situación se torna insostenible y la problemática se expresa en casos como la investigación del Juzgado Federal de Gualeguaychú sobre el presunto plan criminal y, recientemente, en el homicidio de un interno en la Unidad Penal 1 de Paraná, motivado por problemas de convivencia y manejo de un pabellón.
De un total aproximado de 3.000 internos en la provincia, 334 dependen de la Justicia Federal: 108 están procesados y 226 fueron condenados.
Estaba prevista para este miércoles una reunión entre autoridades políticas y judiciales para abordar la situación, buscar soluciones y gestionar ante la Nación el traslado de más presos federales. Por cuestiones de agenda del ministro Néstor Roncaglia con el gobernador Rogelio Frigerio, el encuentro se postergó para la semana próxima, según informaron a Cuestión de Fondo. En la Justicia provincial se baraja la posibilidad de trasladar esos internos al penal federal más cercano, el de Coronda, inaugurado en diciembre de 2024.
Un punto inicial será definir los criterios para incorporar a un interno en el perfil denominado de alto riesgo. Es probable que se tome como modelo la resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de la Ley que adhiere a la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Allí se recuerda que “la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha formulado el ‘Manual de Gestión de Internos de Alto Riesgo’, concebido para la adecuada gestión e intervención de aquellos internos que representan un riesgo para la seguridad”.
Esas características describen a muchos presos federales por narcotráfico: el riesgo no se mide tanto por la violencia del delito sino por los recursos con que cuentan para obtener privilegios y continuar delinquiendo.
En el anexo se indica que el concepto de alto riesgo “hace alusión a la participación de las personas privadas de la libertad en organizaciones criminales, a las posibilidades fácticas que tienen de fugarse, ya sea por sus propios medios o con ayuda de terceros; de ejercer violencia hacia la comunidad o de daño a la misma en caso de fugarse; de dirigir actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios con impacto en la sociedad; de intimidar o corromper a funcionarios penitenciarios, y de entorpecer investigaciones judiciales en curso”.
Se trata, en definitiva, de personas “para quienes, en términos de protección pública, resulta necesario implementar estrategias institucionales que eviten que continúen participando en las actividades de estructuras delictivas (organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas) desde el contexto penitenciario”.
Con medidas que las separen del resto de la población penitenciaria, se busca impedir que:
a) Obtengan privilegios o beneficios indebidos dentro del establecimiento penitenciario.
b) Accedan al control de los espacios que administra la penitenciaría.
c) Ingresen objetos prohibidos y/o restringidos que les permitan seguir cometiendo delitos.
d) Administren información que les permita vulnerar la seguridad, continuar delinquiendo desde la prisión o fugarse.
e) Mantengan contacto ilegal con el mundo exterior.
f) Mantengan un contacto incorrecto con visitantes: familiares, defensa técnica u otras personas.
g) Mantengan un contacto fuera de lo reglamentariamente establecido con el personal penitenciario o civil que trabaje o tenga relación con el establecimiento.
Los internos de potencial alto perfil en Entre Ríos
Cuestión de Fondo consultó en el Gobierno, en la Justicia provincial y en la Justicia Federal sobre quiénes podrían encuadrarse como internos de alto riesgo. Los nombres que surgieron son todos presos federales.
– Raúl Ferreyra: “El Señor de los Cielos”
Condenado a 12 años por narcotráfico y lavado de activos. Enviaba cargamentos de cientos de kilos de cocaína en avionetas que aterrizaban en campos de los departamentos Colón, Uruguay y Gualeguaychú, o que eran “bombardeados” con los bultos de droga. Le decomisaron vehículos e inmuebles en Salta. La cocaína llegaba desde Bolivia y transitaba por Entre Ríos para luego dirigirse a Buenos Aires o Montevideo, con destino final de contrabando a Europa. Fue socio de Delfín Castedo, “el Patrón del Norte”, condenado a más de 20 años. Está alojado en la UP 3 de Concordia. Solicitó prisión domiciliaria en Salta por problemas de salud —hipertensión arterial, tabaquismo y obesidad—, pero se la rechazaron.
– Carlos Francisco Sutter, Gustavo Albarracín y Víctor Capria
Condenados por el tráfico de 11.000 pastillas de éxtasis. Fueron detenidos en 2022 en el Puesto Caminero de San Jaime de la Frontera. Sutter tenía los contactos y viajaba con frecuencia a Brasil para proveerse de grandes cantidades de pastillas; contaba con colaboradores que cruzaban la mercadería hacia Argentina. Albarracín aportaba la logística, con dos autos implicados en el traslado: un Audi A4 y un Fiat Argo en el que iba Capria con la droga. Tienen penas de hasta ocho años y están alojados en la UP 1.
– Eloi Soares Dos Santos
Camionero brasileño condenado por el transporte de 2.000 kilos de marihuana. Fue detenido en 2021 en la ruta 12, en Gualeguaychú. Tuvo defensa oficial en el juicio, lo que podría indicar falta de recursos para pagar un abogado particular, sin desmerecer la tarea de los defensores públicos. Se sospecha que podría tener vínculos con las poderosas organizaciones brasileñas Primer Comando Capital o Comando Vermelho, con influencia en cárceles de la provincia. Está alojado en la UP 1.
– Jorge Darío Fernández Orué
Condenado el año pasado a siete años y seis meses por el transporte de 1.857 kilos de marihuana en el camión del chajariense Gastón Siandra; fue el líder de la maniobra. Según el fiscal José Candioti, el paraguayo radicado en la provincia de Buenos Aires “no era un simple participante en el transporte de estupefacientes, sino el dueño del negocio. Indicaba qué ruta tomar, supervisaba el traslado y mantenía contacto directo con los destinatarios en Buenos Aires”. Coordinó un cargamento valuado en más de 4.652.000 dólares. Está alojado en la UP 9.
– Rubén Vicente Herrlein
Oriundo de Concepción del Uruguay, fue condenado por organizar la venta de drogas en esa ciudad y en otras localidades de la provincia. En 2020 fue detenido como líder de una banda que se abastecía de cocaína en Uruguay y distribuía en Concepción y zonas aledañas, invirtiendo las ganancias en propiedades y vehículos mediante una empresa de remises. Mientras estaba procesado y con prisión preventiva, seguía dirigiendo la banda con métodos similares. Está alojado en la UP 1.
– Hugo Nicolás Giarrizo
Condenado a 12 años por narcotráfico en Concepción del Uruguay. Comerciante conocido en la ciudad, con carnicerías de la franquicia Friar y otros emprendimientos en el rubro nocturno, además de vínculos con fuerzas de seguridad. Se encuentra alojado en la UP 9, donde mantuvo una muy buena relación con Airaldi.
Son internos que buscan pasar desapercibidos y suelen ser considerados “raros” dentro de la comunidad carcelaria: tienen excelente conducta y participan en actividades laborales, pero cuentan con recursos para pagar a otros presos y hacer ingresar y esconder celulares.
Los que ya trasladaron
Algunos de los “pesados” ya fueron sacados de las cárceles entrerrianas:
– Jorge Daniel Santos Montenegro – “La banda de los uruguayos”
Condenado por narcotráfico y lavado de activos en una causa emblemática de la costa del Uruguay. La organización traficaba cocaína a gran escala e invertía en vehículos e inmuebles, entre ellos una mansión en un barrio privado de Colón y varios terrenos. El año pasado fue extraditado a Uruguay tras pagar 15 millones de pesos.
– Juan Martín Morales
Estuvo detenido en la sede de la Policía Federal de Concordia, se fugó tras limar los barrotes y luego fue recapturado con un cargamento de marihuana en una casa de Concordia, donde llevaba más de una década dedicado al negocio de la droga. Había sido condenado en Misiones por trasladar 286 kilos de marihuana. Recibió otra condena en Entre Ríos y fue enviado a Ezeiza.
– José Uriburu
Abogado y empresario que operaba en el Puerto de Concepción del Uruguay. Tras denunciar el pago de coimas por parte de funcionarios portuarios en 2023, fue procesado por el Juzgado Federal local por el secuestro extorsivo del socio Gastón Tallone, ocurrido en Buenos Aires, quien luego fue considerado asesinado. Vinculado a Los Monos de Rosario, habría buscado sacar cargamentos de cocaína por el puerto. Fue considerado de alto riesgo y trasladado a Ezeiza; recientemente fue enviado a juicio en la Capital Federal.
