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  • La justicia de Paraguay ordenó el peritar celulares y dispositivos de Kueider, su pareja y sus socios en la causa por lavado de dinero

    La justicia de Paraguay ordenó el peritar celulares y dispositivos de Kueider, su pareja y sus socios en la causa por lavado de dinero

    La Fiscalía de Paraguay cree que los aparatos electrónicos pueden tener datos sobre las conversaciones entre los acusados y otras personas relacionadas con la investigación por lavado de dinero. A Edgardo Kueider lo allanaron el 5 de diciembre de 2025 en el dúplex del barrio San Vicente de Asunción donde cumplía arresto domiciliario. Allí le incautaron teléfonos y otros dispositivos de interés. Tras el operativo, le rescindieron el contrato de forma anticipada y debió mudarse a Luque.

    El estudio informático se concretará el próximo viernes 18 de septiembre a las 9 de la mañana. Buscará establecer las interconexiones entre un grupo de seis personas relacionadas a la causa.

    Dos son el ex representante de Entre Ríos en el Senado y su pareja Iara Guinsel. Otro par está integrado por Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, dueños de la firma paraguaya con la que realizaba las operaciones inmobiliarias el exsenador.

    Los cuatro están imputados por la Justicia del país vecino por lavado de activos. Las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez suponen que utilizaban dinero de ilícitos en Argentina para la compra de departamentos en Asunción. Kueider y Guinsel, además, fueron condenados por tentativa de contrabando.

    Detención de Kueider

    Los restantes son Carlos Alberto Guasti Cabañas y Antonio Azouz Baladí. Guasti Cabañas es un hombre de negocios relacionado al real estate. Es el socio y dueño mayoritario del Grupo Petra. Se trata del conglomerado de bienes raíces más grande de Paraguay. Tiene una presencia dominante en Asunción. Ha erigido más de 20 complejos ya entregados.

    El grupo fundado por Guasti Cabañas en 2016 construyó el edificio más alto del país vecino (el Petra Tower, de 44 pisos) y tiene en desarrollo un rascacielos que lo supera: el Petra Imperiale de 73 niveles.

    El empresario paraguayo declaró en su momento que Guinsel había querido comprar en efectivo 5 departamentos en sus edificios. El valor estimado era de USD 600 mil.

    La idea era ponerlos a nombre de Kueider, afirmó Guasti. Según sus dichos, la pareja del exsenador habría abonado una reserva de dos mil dólares. Pero como no presentó la documentación sobre el origen de los fondos, la operación cayó. Además, se dio intervención a la oficina contra el lavado de Paraguay por ser sospechosa.

    Baladí Azouz es un empresario que también está ligado al mercado inmobiliario. Es el gerente general de Innova, una empresa en la que el exsenador y Guinsel intentaron invertir. En su declaración como testigo en la causa, consignó que Torales Benegas lo contactó en diciembre de 2024, a días del arresto de Kueider.

    Torales Benegas y Cousirat aparecen como dueños de la empresa Golsur. Ambos adquirieron la firma meses antes de que el exsenador argentino cayera en la frontera con USD 200 mil sin declarar . Guinsel tenía un poder plenipotenciario sobre la empresa. Eso hace que se sospeche de que Torales Benegas y Cousirat eran testaferros.

    La pareja de Kueider declaró en su momento que los USD 200 mil que tenían cuando los interceptaron en diciembre de 2024 pertenecían a Golsur.

    Pero además Torales Benegas y Cousirat aparecen como accionistas de otra firma: Desarrolladora Exclusiva PY. La sociedad está registrada baja el esquema EAS (empresa por acciones simplificadas), similar a las SAS de Argentina. Se trata de una figura creada para agilizar el proceso de formación de unidades de negocios.

    Exclusiva PY e Innova SA acordaron comercializar departamentos en forma conjunta en abril de 2024. En junio, Guinsel habría adquirido seis con sus respectivas cocheras. El desembolso se estimó en unos USD 460 mil. Los pagos se hicieron en seis cuotas entre el 19 de junio y el 17 de julio de ese año. Pero en septiembre el negocio se desarmó e Innova reintegró el dinero.

    La Fiscalía de Paraguay analizará los aparatos electrónicos secuestrados para reconstruir conversaciones en la causa por lavado de dinero que involucra a Edgardo Kueider

    La Fiscalía paraguaya evaluó que Golsur se usó como “estructura de fachada”. Su función era la “recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería en un principio “a los imputados extranjeros” Kueider y Guinsel. Pero se colocaron a nombre de la firma “con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”, señalaron las fiscales intervinientes.

    El mecanismo no sería una novedad. Para la Justicia argentina, el exlegislador entrerriano seguía un mismo modus operandi en nuestro país. El mascarón de proa sería Betail SA. A nombre de esta firma figuran departamentos de lujo en un edificio exclusivo de Paraná. La sociedad funcionó bajo la dirección de personas que para la investigación son prestanombres.

    Daniel «Gonzalito» o «Pajarito» González, empleado del Senado y afectado al despacho de Kueider y el albañil Javier Rubel, primo del exsenador, se sucedieron en forma recíproca como presidentes de Betail. Pero las expensas y demás gastos de las propiedades llegaban a nombre de Guinsel. Y la compra la hizo Kueider con dinero en efectivo, según indicaron testigos de la firma desarrolladora.

    Una de las investigaciones por lavado contra el exsenador se lleva adelante en el Juzgado Federal de San Isidro. En el expediente, tanto el fiscal Fernando Domínguez como la jueza Sandra Arroyo Salgado entendieron que Betail fue una «fachada» usada por Kueider para blanquear dinero de origen espurio.

    La pericia buscará, recuperará y extraerá conversaciones que involucren a Kueider, Guinsel, Torales Benegas, Cousirat, Guasti Cabañas y Azouz Baladi.

    Pondrán bajo la lupa los mensajes y llamadas del teléfono, SMS, WhatsApp, Instagram y cualquier otra aplicación de mensajería.

    La investigación también intentará recuperar archivos de datos existentes y borrados, videos, audios y fotos. El lapso de tiempo que se tomará como parámetro irá desde enero de 2024 a diciembre de 2025.

    En la lista de dispositivos a registrar están los secuestrados a Edgardo Kueider e Iara Guinsel en el allanamiento en San Vicente. Se trata de: cuatro iPhone (uno plateado, otro rosado, el tercero negro y el restante blanco), un celular marca Honor de color verde, un pendrive negro, un iPad gris plateado y una notebook negra.

    Se suman los encontrados durante el procedimiento realizado en paralelo en el domicilio de José Fernando Cousirat. La lista incluye una notebook marca Acer y dos celulares, un Xiaomi negro y un Huawei azul oscuro.

    Por último, se evaluarán los hallados en la residencia de Torales Benegas en la misma fecha. La requisa secuestró una notebook Gigabyte negra, tres celulares Samsung (Galaxy S24, Z Flip 5 y un J1) y un Motorola plateado. A esto se suman ocho pendrives, una tarjeta de memoria y un disco duro externo.

  • La causa Malvinas. El giro de Milei abrió una agenda inesperada en el Congreso y la oposición sube la apuesta

    La causa Malvinas. El giro de Milei abrió una agenda inesperada en el Congreso y la oposición sube la apuesta

    El Gobierno celebró como un acierto político y comunicacional haber recuperado el control de la agenda pública con la defensa de la soberanía de Malvinas. Pero, tras la cadena nacional en la que Javier Milei anunció sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las Islas, un frente inesperado se abrió en el Congreso.

    Si bien la oposición acompañó el giro discursivo del Presidente, también desplegó una catarata de exigencias concretas ligadas a la soberanía nacional y al vínculo con el Reino Unido que no estaban previstas en la agenda oficial.

    Los pedidos van desde suprimir los beneficios fiscales de empresas británicas en la Argentina hasta revisar las compañías adheridas al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), constituir una mesa de discusión interpartidaria y robustecer el equipamiento para la defensa.

    Javier Milei anunció el jueves pasado por cadena nacional el endurecimiento de sancionaes para empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas
    Javier Milei anunció el jueves pasado por cadena nacional el endurecimiento de sancionaes para empresas que exploten recursos en las Islas MalvinasPresidencia

    Estas iniciativas y denuncias se solaparán con el proyecto que el Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso. Según adelantó Milei, será una ley de Defensa de la Soberanía Nacional que propondrá modificar la ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas. Además, contemplará la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá entre sus principales lineamientos la definición de una política de seguridad nacional “de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado” y un marco para la protección de la infraestructura crítica y la defensa aeroespacial y marítima.

    Lo que en el Gobierno se festejó como un “triunfo”, entonces, en el Congreso puede convertirse en una incomodidad. Si bien el oficialismo cuenta con bloques de 95 diputados y 21 senadores, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Es decir, no puede imponer por sí solo la agenda legislativa y necesita negociar para avanzar.

    La oposición ya empezó a ponerle contenido propio a esa discusión. Desde Unión por la Patria (UP), el entrerriano Guillermo Michel presentó un proyecto para derogar el convenio de doble imposición con el Reino Unido y eliminar así los beneficios tributarios que reciben empresas británicas que operan en el país. Según el diputado, más de 500 contribuyentes británicos utilizaron en los últimos años ese régimen preferencial, que tendría un costo fiscal promedio de US$50 millones anuales.

    “Si el gobierno quiere tener una herramienta de negociación seria, y no solo hacer anuncios para la tribuna, puede dejar sin efecto los beneficios fiscales de las empresas inglesas por sus actividades en Argentina”, sostuvo Michel en X.

    El diputado Leiva, de UP, fue a la Cámara de Diputados con un saco que tenía la inscripción "Las Malvinas son argentinas"
    El diputado Leiva, de UP, fue a la Cámara de Diputados con un saco que tenía la inscripción “Las Malvinas son argentinas”

    Su compañera de bloque Agustina Propato propuso, en tanto, crear un Fondo Nacional para la Defensa Marítima y la Soberanía del Atlántico Sur, financiado con el 100% de las multas y decomisos previstos en la ley 26.659, cuyo texto Milei pretende modificar para endurecer las sanciones. Los recursos serían destinados a modernizar el equipamiento militar y reforzar las bases navales.

    También desde UP, el diputado Juan Marino reclamó constituir una mesa de conducción nacional con representación de todos los partidos políticos y concentrar la ofensiva en frenar el proyecto petrolero Sea Lion. Advirtió además que la causa Malvinas no debe utilizarse para profundizar el alineamiento con Estados Unidos.

    Los cuestionamientos también llegaron desde bloques dialoguistas. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, pidió explicaciones al Gobierno porque Southern Energy, una empresa beneficiada por el RIGI, está integrada en un 15% por Harbour Energy. Según denunció, esa firma es la misma que antes se llamaba Premier Oil y que fue sancionada en 2013 por operar sin autorización argentina cerca de Malvinas.

    La sanción contra Premier Oil le impide operar en la Argentina hasta 2028. Ferraro sostiene que el cambio de nombre a Harbour Energy no dejó sin efecto esa prohibición y cuestiona, por eso, que una empresa de la que forma parte haya recibido los beneficios del RIGI.

    Ferraro dialoga con Menem durante una sesión en Diputados
    Ferraro dialoga con Menem durante una sesión en Diputados

    Pablo Juliano, de Provincias Unidas, pidió dar marcha atrás con la venta de predios de la Armada en Ushuaia y el “vaciamiento operativo” de la Base Aeronaval Punta Indio. También exigió reforzar la presencia científica y logística argentina en la Antártida.

    Incluso el gobernador Raúl Jalil (Catamarca), que sostiene un vínculo cercano con la Casa Rosada, celebró que el Gobierno haya “revisado su mirada sobre Malvinas”, pero pidió traducir ese giro en una mayor presencia estatal. En particular, planteó avanzar con infraestructura militar argentina en Tierra del Fuego para consolidar la capacidad y la presencia del país en el Atlántico Sur.

    En ese escenario, Santiago Caputo, artífice comunicacional de la última cadena nacional, ya salió a presionar a la oposición a través de sus redes sociales. Fiel a su estilo confrontativo, desafió: “Vamos a ver ahora si todos los que se pasaron décadas hablando sobre soberanía nacional tienen lo que hay que tener para dotar al Gobierno de las herramientas necesarias para proteger la seguridad nacional”.

    En otro mensaje, Caputo aseguró que las medidas anunciadas por Milei tuvieron un “enorme apoyo popular” y reclamó que el “sistema” acompañe al Presidente “sin titubeos”. El tono de las advertencias contrasta con el espíritu de “unidad nacional” que Milei intentó exhibir durante su discurso.

    La intervención de Caputo también introduce una tensión hacia adentro del oficialismo. El asesor presidencial mantiene una puja interna con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien durante los últimos dos años y medio tejió un canal de diálogo permanente con los bloques opositores.

    Menem está concentrado ahora no solo en hacer avanzar la agenda oficial -que incluye la eliminación de las PASO y otros proyectos económicos-, sino también en desactivar los intentos de la oposición por imponer sus propios temas.

    La cuestión Malvinas introduce así un eje adicional en una agenda parlamentaria ya cargada. El Gobierno consiguió recuperar la centralidad política con un tema históricamente transversal, pero ahora deberá discutir en el Congreso hasta dónde está dispuesto a llevar ese giro y cuál de todas las exigencias planteadas por la oposición está dispuesto a incorporar.

  • Detuvieron al exgobernador Sergio Urribarri luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena

    Detuvieron al exgobernador Sergio Urribarri luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena

    5 de septiembre 2026 – 15:24

    La condena fue confirmada por al Corte Suprema. Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, período en el que se acusó de dirigir contrataciones de publicidad oficial de su gestión.

    Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su condena por corrupción, el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido el pasado viernes, en la causa que investiga el desvío de fondos públicos durante su gestión. También fueron arrestados su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el exministro Pedro Báez.

    Urribarri y Aguilera fueron trasladados a Paraná, donde quedarán a disposición de la Justicia para comenzar a cumplir las penas impuestas, según TN. La detención ocurrió horas después de que el máximo tribunal rechazara los recursos extraordinarios presentados por las defensas. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

    Detuvieron al exgobernador Sergio Urribarri tras confirmarse su condena

    Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 a ocho años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. La investigación se centró en el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial del gobierno provincial entre 2010 y 2015.

    La acusación señaló que durante ese período realizaron pagos a empresas sin actividad real y utilizaron un esquema de testaferros que habría beneficiado a Aguilera. La causa también incluyó gastos relacionados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

    La acusación señaló que se realizaron pagos a empresas sin actividad real y utilizaron un esquema de testaferros.

    La acusación señaló que se realizaron pagos a empresas sin actividad real y utilizaron un esquema de testaferros.

    En el mismo expediente, Báez y Aguilera fueron condenados a seis años de prisión. La resolución de la Corte también alcanzó a otros seis condenados que habían presentado recursos: Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi, Luciana Belén Almada y Pedro Ángel Báez, cuyos planteos fueron desestimados.

    Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015 y luego se desempeñó como embajador argentino en Israel. En noviembre de 2024 había sido detenido durante 50 días por orden de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, tras considerarse que existía riesgo de frustrar el proceso. Esa medida fue revocada en enero de 2025 y desde entonces permanecía en su domicilio a la espera de una resolución definitiva.

    La Corte Suprema dejó firme la condena contra el exgobernador entrerriano Sergio Urribarri

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa por el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial.

    Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares y en las maniobras resultó favorecido Aguilera, señalado como responsable de un esquema de testaferros y cartelización destinado a captar fondos de la pauta oficial en vía pública.

    La acusación comprendió cinco hechos principales, entre ellos el otorgamiento de pauta estatal a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva; el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL; y la denominada megacausa del “Sueño Entrerriano”.

  • CORRUPCIÓN Detuvieron al exgobernador entrerriano Sergio Urribarri para que cumpla con su condena

    CORRUPCIÓN Detuvieron al exgobernador entrerriano Sergio Urribarri para que cumpla con su condena

    Tras la confirmación de la condena a ocho años de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue detenido por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que tramitaron los tribunales provinciales.

    Esta orden de detención también recayó para el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y el cuñado de Uribarri, Juan Pablo Aguilera, quien fue presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos. Para ambos rige una condena de seis años y medio de prisión e inhabilitación.

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    Los tres aprehendidos pasaron la noche en la Alcaidía de Paraná y este sábado serán derivados a la Unidad Penal N° 1 de Paraná, según el medio local Análisis.

    La detención del exgobernador de Entre Ríos se produjo a las 2 del  sábado, aunque el primero en ingresar a la Alcaidía de Paraná fue Báez, minutos antes de las 22 del viernes, y luego llegó Aguilera.

    Condena firme del exfuncionario

    La Corte dejó firme la condena a ocho años de prisión para Urribarri, quien fue dos veces gobernador de Entre Ríos y embajador en Israel. Además, la condena lleva aparejada la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

    Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la defensa del exgobernador por considerarlo inadmisible y lo mismo ocurrió para los planteos de los otros condenados en el expediente.

    Investigación sobre Urribarri

    El exmandatario quedó preso en noviembre de 2024 por orden de la Cámara de Casación provincial, que dispuso su prisión preventiva para evitar que se fugue, pero la decisión fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos y estuvo preso 50 días.

    Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares. En esa maniobra apareció favorecido Aguilera, a quien se responsabilizó por manejar un esquema de testaferros y de cartelización para quedarse con los fondos de la publicidad en vía pública.

    En el expediente también se investigó el montaje de un parador en Mar del Plata en 2015, y la difusión de spots durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en la ciudad de Paraná en diciembre de 2014 para promover su postulación a la presidencia en 2015.

    Cargos de Urribarri

    Urribarri fue gobernador entrerriano desde diciembre de 2007 hasta diciembre del 2015. Ese año fue electo legislador provincial y en 2020 fue nombrado Embajador por la República Argentina en el Estado de Israel por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ese cargo diplomático fue ocupado hasta mayo del 2022, cuando el Poder Ejecutivo aceptó su renuncia tras su condena.

  • Ya está preso en Paraná por corrupción 
el exgobernador kirchnerista Uribarri

    Ya está preso en Paraná por corrupción el exgobernador kirchnerista Uribarri

    El exgobernador entrerriano ya duerme tras las rejas luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena a ocho años de prisión por corrupción y administración fraudulenta. Aunque su defensa intentó manotazos de ahogado alegando picos de presión y estrés postraumático para pedir la domiciliaria, los jueces le bajaron el pulgar y activaron de inmediato el operativo de captura.

    La orden de la Corte no solo afectó al dirigente kirchnerista. También cayeron su cuñado, Juan Pablo Aguilera (excapo del PJ entrerriano), y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez. Ambos recibieron una pena de seis años y medio de cárcel más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

    El operativo arrancó el viernes por la noche e incluyó un viaje de 280 kilómetros desde Concordia. Terminó de concretarse en la madrugada de este sábado, cerca de las dos de la mañana. Tras pasar unas horas en la Alcaidía de Paraná, los tres fueron trasladados directamente a la Unidad Penal N° 1 de la capital entrerriana.



    No es la primera vez que Urribarri termina en el calabozo por esta causa. Ya había pasado 50 días guardado entre finales de 2024 y principios de 2025 por una preventiva ante el riesgo de fuga, pero una sala de feria provincial lo había dejado salir. Esta vez la decisión judicial es definitiva

    SUEÑOS ENTRERRIANOS

    El caso que lo mandó a la sombra fue impulsado por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. La Justicia comprobó que el exgobernador armó un monumental esquema de desvío de fondos públicos y cartelización de la publicidad oficial.

    Básicamente, direccionaban los contratos del Estado provincial para beneficiar a las empresas de su cuñado, Aguilera. Además, usaron la caja pública para financiar la campaña presidencial de Urribarri en 2015 (la famosa aventura del Sueño Entrerriano), pagando con fondos de los contribuyentes un parador playero en Mar del Plata y spots de televisión durante la Cumbre del Mercosur de 2014. Urribarri gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, y luego Alberto Fernández lo premió mandándolo como embajador a Israel, cargo del que tuvo que eyectarse en 2022 apenas le clavaron la primera condena. 

    La venganza política contra la fiscal que destapó la olla no tardó en llegar en su momento. A Cecilia Goyeneche la persiguieron y la destituyeron en 2022 mediante un polémico juicio político impulsado por el riñón de Urribarri, buscando disciplinar a la Justicia provincial. Sin embargo, la historia dio un vuelco total: la Corte Suprema volteó ese jury y Goyeneche fue restituida con todos los honores en su cargo de procuradora anticorrupción. Tras confirmarse la detención del exgobernador, la fiscal salió recordó que “el poder no termina cuando se comete un hecho de corrupción” y adelantó que ahora el Estado irá por el decomiso de bienes para recuperar la plata robada.

    La oposición entrerriana salió a festejar el fallo como un “hito histórico contra la impunidad”, recordando los años en que el urribarrismo manejaba la provincia como un feudo.

    El peronismo local, que en su momento se alineó detrás de Urribarri, hoy prefiere mirar para otro lado. El silencio de los sectores que antes lo blindaban delata que el exgobernador se quedó completamente solo.

  • Detuvieron a Sergio Urribarri para que cumpla su condena por corrupción

    Detuvieron a Sergio Urribarri para que cumpla su condena por corrupción

    Sergio Urribarri, el exgobernador de Entre Ríos fue detenido después que la Corte Suprema de la Nación confirmara su condena a 8 años de prisión por los hechos de corrupción en causas que se tramitaron en los tribunales de su provincia.

    Los abogados del exmandatario entrerriano, que tiene 68 años, habían solicitado que la prisión fuese domiciliaria porque argumentaron que padece estrés postraumático y depresión y que por su estado de salud estaría justificado el beneficio.

    Noticia en desarrollo

  • Tras la suspensión en Chaco, qué ocurrirá con las PASO en las demás provincias que las utilizan

    Tras la suspensión en Chaco, qué ocurrirá con las PASO en las demás provincias que las utilizan

    La Legislatura de Chaco aprobó este miércoles la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), convirtiendo al distrito gobernado por Leandro Zdero en la primera provincia en hacerlo rumbo al 2027. De esta manera, el mandatario radical se adelantó a Nación, que pretende hacer lo propio a nivel nacional.

    La compulsa se saldó con 17 votos favorables y ninguno en contra, ya que el grueso del peronismo se ausentó a modo de rechazo. Sin embargo, la alianza entre la UCR y La Libertad Avanza (LLA) logró sumar el voto de Katia Blanc, del Frente Renovador, y selló el triunfo final.

    De esta manera, los chaqueños no tendrán primarias el año próximo, tal como ocurrió en 2025, cuando el sistema también fue suspendido por los legisladores. Por fuera de esa jurisdicción, las PASO se mantienen vigente en Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Catamarca, Entre Ríos y CABA.

    La Pampa, en tanto, utiliza un sistema donde las primarias son únicamente obligatorias para aquellas fuerzas que presentan más de una lista de candidatos para un mismo cargo.

    Qué ocurrirá con las PASO en las provincias

    Tal como sucedió a nivel nacional, la mayoría de esas jurisdicciones suspendió las primarias. Las únicas excepciones fueron los entrerrianos, que no tuvieron comicios locales, y los santafesinos, que optaron por mantener la modalidad.

    De hecho, la Legislatura de esa provincia acaba de aprobar una reforma electoral impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Si bien introduce cambios, el proyecto mantiene vigente el esquema de PASO e incluso plantear nuevas modificaciones. Por ejemplo, admite la competencia entre diversos candidatos a vice para un mismo gobernador.

    Además, establece que las agrupaciones políticas deberán alcanzar el 1% del padrón correspondiente para superar las internas, mientras que en las elecciones generales se fija un piso del 4% para acceder a la distribución proporcional de bancas.

    Por fuera de Santa Fe, el resto de los gobernadores avanzaron con la suspensión temporal de las PASO, indistintamente de sus escuderías políticas. Así sucedió con Axel Kicillof, principal opositor a Javier Milei. El líder bonaerense tomó la decisión luego de que el Congreso aprobar dejar sin efecto las primarias nacionales.

    Lo propio hicieron sus pares Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Jorge Macri (CABA), además del ya mencionado Leandro Zdero.

    La Boleta Única es otro de los debates electorales en diversas provincias.

    La Boleta Única es otro de los debates electorales en diversas provincias.

    Sin embargo, en algunas de esas provincias, es difícil que la suspensión se repita de cara al año próximo. Por ejemplo, el porteño Macri no cuenta con la estructura parlamentaria necesaria para aprobar una iniciativa en ese sentido. Si bien lo acompañarían los libertarios, requeriría el apoyo del peronismo y de la izquierda, ya que, al tratarse de un proyecto electoral, necesitaría dos tercios de los votos.

    En tanto, el mendocino Alfredo Cornejo anticipó en diversas ocasiones que podría apoyar la derogación de las PASO a nivel nacional, aunque pretende que el sistema continúe rigiendo en su provincia. Sin posibilidad de reelegir, las primarias son una herramienta para que las candidaturas sean votadas y no impuestas. Particularmente, teme que su alianza con LLA decante en la postulación del diputado Luis Petri, su rival en la interna radical.

    Por su parte, el catamarqueño Raúl Jalil tiene posibilidad de reelección el año próximo, pero da a entender que no competirá. La postulación del peronismo quedaría en manos del intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi. El distrito será uno de los pocos que no desdoblarán elecciones y votarán en octubre, a la par de Nación.

    Jalil se opone al sistema de primarias y manifestó en diversas ocasiones que acompañaría al oficialismo en el debate por la reforma electoral en el Congreso. Por ese motivo, podría impulsar una nueva suspensión ante la Legislatura de Catamarca.

    El entrerriano Rogelio Frigerio podría avanzar en el mismo sentido que Milei, ya que mantiene una alianza electoral con los libertarios.

    Otras provincias que contaban con PASO eran San Luis y Salta, aunque ambas las suprimieron de manera definitiva.

    El Gobierno busca apoyos de las provincias para avanzar con la reforma electoral, que tiene a la eliminación de las PASO como eje central. Hasta el momento, no encuentra los consensos necesarios. Patricia Bullrich anunció que en los próximos días comenzarán a definir los detalles técnicos.

    Por ejemplo, mandatarios cercanos a la Casa Rosada como el tucumano Osvaldo Jaldo y el jujeño Carlos Sadir ya se manifestaron en contra de modificar el sistema de primarias. El PJ, incluso, llamó a todas sus tribus a cerrar filas en contra de la iniciativa del oficialismo.

  • La Corte Suprema dejó firme la condena a Sergio Urribarri: deberá volver a prisión por una causa de corrupción

    La Corte Suprema dejó firme la condena a Sergio Urribarri: deberá volver a prisión por una causa de corrupción

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos por el Partido Justicialista (PJ) y exembajador argentino en Israel.

    Así lo resolvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron por inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas en el expediente que investigó maniobras de corrupción y desvío de fondos públicos en las gestiones provinciales comprendidas entre 2007 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

    De inmediato, la resolución alcanzó a los demás condenados que habían recurrido la sentencia, por lo que sus penas quedaron firmes.

    Tras conocerse la resolución judicial, la fiscalía solicitó la detención inmediata del exmandatario provincial, además de la de su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y de Juan Pablo Aguilera, familiar directo del exfuncionario. Ambos fueron condenados junto al exgobernador a seis años y seis meses de prisión efectiva, al ser considerados partícipes primarios del entramado.

    Otros cinco condenados recibieron penas menores: Corina Cargnel, Gustavo Tamay y Gerardo Caruso fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso, mientras que Luciana Belén Almada y Emiliano Giacopuzzi recibieron dos años y seis meses de prisión en suspenso. La Justicia también había absuelto a otros acusados, entre ellos el exministro de Turismo Hugo Marsó.

    Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos 20241119

    Cristina Kirchner y Sergio Urribarri

    La causa se originó en una investigación sobre el manejo de fondos públicos destinados a publicidad oficial durante las gestiones de Urribarri como gobernador de Entre Ríos, entre 2007 y 2015.

    Ahora, la Justicia provincial determinó que existió un esquema mediante el cual se direccionaron contrataciones de publicidad estatal hacia empresas vinculadas con Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador. Según la acusación, algunas de esas firmas figuraban formalmente a nombre de otras personas, pero estaban relacionadas con Aguilera.

    Sergio Urribarri

    La investigación también incluyó otras operaciones que, según la investigación, utilizaron recursos del Estado para favorecer intereses particulares o promover políticamente al entonces gobernador.

    A lo largo de la investigación se analizaron distintos hechos, entre ellos la contratación de publicidad a través de la empresa Global Means, antes de que tuviera existencia formal; el manejo de contratos de publicidad en la vía pública por parte de las firmas Tep SRL y Next SRL; una solicitada vinculada con el denominado “Sueño Entrerriano”; la instalación de un parador en Mar del Plata durante 2015 y el pago de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

    También se estableció que entre enero de 2010 y septiembre de 2015 se realizaron 143 operaciones que provocaron un perjuicio económico de $12.170.338,96 para la provincia, según los datos incorporados al expediente.

    Cómo llegó el caso hasta la Corte Suprema

    La primera condena fue dictada el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. En 2023, el Tribunal de Casación de Entre Ríos confirmó las penas y posteriormente el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los planteos de las defensas.

    Acto seguido, los condenados recurrieron a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal no revisó el fondo de las acusaciones: directamente consideró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas.

    De esta manera, las condenas quedaron firmes.

    La Corte presentó el proyecto de reglamento para la elección de jueces 20260330

    No es la primera vez que Urribarri queda privado de su libertad por esta causa. En noviembre de 2024, la Cámara de Casación de Entre Ríos había ordenado su prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga.

    Sin embargo, en enero de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos revocó esa decisión y ordenó su liberación. El exgobernador había permanecido 50 días detenido.

    MV/MSS

  • La Corte Suprema confirmó la condena a 8 años de prisión para Sergio Urribarri

    La Corte Suprema confirmó la condena a 8 años de prisión para Sergio Urribarri

    La causa investigó una serie de maniobras relacionadas con contrataciones y publicidad oficial durante los dos períodos de Urribarri como gobernador, entre diciembre de 2007 y diciembre de 2015. Según la investigación de la fiscal provincial anticorrupción Cecilia Goyeneche, el exmandatario direccionó contrataciones de publicidad estatal para fines particulares.

    Uno de los principales puntos del expediente fue el supuesto beneficio obtenido por Aguilera, señalado como responsable de manejar un esquema de testaferros y cartelización para quedarse con fondos destinados a publicidad oficial en la vía pública. También se investigó el otorgamiento de pauta a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que la firma tuviera existencia real.

    Uribarri está condenado desde 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

    Uribarri está condenado desde 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

    Otra de las acusaciones estuvo vinculada con las empresas Tep SRL y Next SRL, atribuidas a Aguilera, que durante cinco años se habrían quedado con el negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería. La causa fue conocida como la “causa de la vaca” o “de las imprentas”.

    El expediente también incluyó la denominada megacausa del Sueño Entrerriano, vinculada con la difusión de una solicitada contra los fondos buitre, además de la instalación de un parador en Mar del Plata en 2015, que tuvo un costo de $14 millones de entonces.

    También se investigó el pago a la productora Nelly Entertainment para difundir tres spots durante la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre de 2014. Según la acusación, esas piezas aparentaban promocionar el encuentro internacional, pero tenían como objetivo impulsar la postulación presidencial de Urribarri para 2015.

    Además de Urribarri, Báez y Aguilera fueron condenados a seis años de prisión e inhabilitación. Otros acusados recibieron penas menores de prisión en suspenso, mientras que el tribunal también absolvió a varios imputados. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó posteriormente los recursos de las defensas y el caso llegó a la Corte Suprema.

    Urribarri, dirigente cercano al kirchnerismo, fue elegido gobernador de Entre Ríos en 2007 y reelecto en 2011. En 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, fue designado embajador argentino en Israel, cargo al que renunció en mayo de 2022 luego de que se conociera la condena. La causa fue impulsada por Goyeneche, quien posteriormente fue removida de su cargo tras un jury por mal desempeño y luego repuesta por intervención de la Corte Suprema.


  • La Corte Suprema dejó firme la condena contra el exgobernador entrerriano Sergio Urribarri

    La Corte Suprema dejó firme la condena contra el exgobernador entrerriano Sergio Urribarri

    3 de septiembre 2026 – 16:00

    Es por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. El exmandatario peronista deberá cumplir ocho años de prisión.

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa por el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial.

    Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del exmandatario provincial, con lo cual quedó firme la sentencia que también estableció la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

    La causa que enfrenta Sergio Urribarri

    Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, que le impuso ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. En ese proceso también fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación entrerriano Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador, ambos a seis años de prisión.

    Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares y en las maniobras resultó favorecido Aguilera, señalado como responsable de un esquema de testaferros y cartelización destinado a captar fondos de la pauta oficial en vía pública.

    Sergio Urribarri deberá cumplir ocho años de condena.

    Sergio Urribarri deberá cumplir ocho años de condena.

    @SergioUrribarri

    La acusación comprendió cinco hechos principales, entre ellos el otorgamiento de pauta estatal a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva; el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL; y la denominada megacausa del “Sueño Entrerriano”.

    También se investigaron la instalación de un parador en Mar del Plata, que tuvo un costo de $14 millones de entonces, y el pago a la productora Nelly Entertainment para la difusión de tres spots vinculados formalmente con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

    El fallo de primera instancia había sido confirmado en 2023 por el Tribunal de Casación de Entre Ríos y posteriormente el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos de las defensas, que acudieron entonces ante el máximo tribunal nacional.

    Urribarri estuvo detenido durante 50 días luego de que en noviembre de 2024 la Casación provincial ordenara su prisión preventiva ante el riesgo de fuga. Esa medida fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Superior Tribunal de Justicia entrerriano.

    El dirigente peronista gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, fue posteriormente legislador provincial y en 2020 asumió como embajador argentino en Israel, cargo al que renunció en 2022 tras conocerse la condena.