Sin señales claras de reactivación en los sectores que generan mayor empleo en la economía, el Gobierno se prepara para avanzar en su plan para modificar las relaciones laborales en la Argentina. Para ello, la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, analiza citar a partir de esta semana a gremios y cámaras empresarias para rediscutir más de 100 convenios colectivos vencidos, aprovechando el envión de los últimos cambios, que la dotaron de mayor poder.
Los decretos 407 y 408 de la semana pasada reglamentaron aspectos clave de la reforma laboral, que apuntan a descentralizar la negociación colectiva, promueven convenios por empresa y reducen aportes a los gremios. Tal como anticipó Clarín, también definen que Trabajo deberá citar a las partes para renegociar convenios vencidos, dentro de los 30 días de entrada en vigencia del decreto. “Estamos analizando hacerlo esta semana”, confirmaron desde Trabajo. En una primera etapa del proceso, la convocatoria oficial abarcará a representantes del trabajadores y empleadores de más de un centenar de sectores, dijeron las mismas fuentes.
La intención del Gobierno es aprovechar la puerta que se abrió al eliminar la denominada ultraactividad de los convenios. Hasta hace poco, los convenios colectivos seguían vigentes, sin necesidad de ratificación. Sin embargo, la reglamentación del artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral estableció que durante el plazo de un año, la Secretaría de Trabajo puede convocar a las partes a negociar acuerdos vencidos, lo que expone a la mayoría de las actividades a ser revisadas sin prórroga automática.
La ley 27.802 promulgada en marzo solo estableció el fin de la ultraactividad de las llamadas cláusulas obligacionales de los convenios, es decir aquellas que rigen el vínculo entre empresas y gremios, como el caso de las denominadas “cuotas solidarias”. Pero los asesores de empresas advierten que los empleadores pueden utilizar esa herramienta como prenda de negociación para renegociar las cláusulas normativas, como las condiciones de trabajo y los salarios. Una opinión similar comparten los abogados que asesoran a la CGT y los principales gremios.
Dentro de algunas cámaras del Grupo de los Seis (UIA, Comercio, Construcción, Bancos, Sociedad Rural y Bolsa de Comercio), reconocen que el objetivo de los cambios es “negociar los convenios a la baja” y desarticular el esquema de financiamiento sindical, especialmente los aportes y cuotas de solidaridad. “Son costos que el Gobierno considera superfluos por entender que los mismos fortalecen a los sindicatos como institución”, señalan.
En la CGT afirman que el decreto reglamentario es “contradictorio” y que solo hay presión de algunos sectores empresarios, pero que si abren todos los convenios, el riesgo de conflicto es grande. Hay malestar por la creación de un límite de retención a los trabajadores por aportes solidarios. La Ley de Modernización laboral estableció un 2% de tope sobre todas las remuneraciones y la reglamentación lo limita al 2% de los básicos, valores muchos más bajos.
La apuesta oficial es que los gremios discutan cambios profundos, como la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas y la quita de horas extras (banco de horas), y salarios atados a la productividad, en medio del cierre de empresas. Hace una semana, la mayor firma avícola del país Granja Tres Arroyos, clausuró su planta en Entre Ríos. Y el gremio del neumático movilizará este miércoles a Plaza de Mayo contra los cierres, incluido el de FATE.
El Gobierno argumenta que el nuevo esquema apunta a crear empleo formal, algo que hasta ahora no logró. Pese a la aprobación de la Ley Bases en julio de 2024 -que eliminó sanciones y multas a las empresas que no registraron empleados-, el empleo informal alcanzó una tasa del 43% a fines de 2025, unos 9 millones de trabajadores. Mientras en dos años se perdieron más de 200.000 puestos asalariados privados, los no registrados crecieron en 330.000.
En ese marco, “hay sectores que empiezan a redistribuir horas de trabajo, en algunos casos junto a la negociación salarial”, según el asesor empresario Héctor García. “Van a ser muchos convenios los que se van a renegociar, es muy difícil para las representaciones y los ámbitos”, señaló Carlos Echezarreta, abogado de diferentes cámaras privadas. Y en la UIA, creen que “va a ser seguramente una pelea en los convenios que tienen pauta salarial por seis meses más“.
Para avanzar por ese camino, la llave maestra diseñada por Federico Sturzenegger es la descentralización de la negociación colectiva. El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, dijo la semana pasada que Argentina había heredado un sistema laboral desde el peronismo inspirado en el “fascismo” en Italia, con convenios únicos a nivel nacional, pero que ahora “vas a poder hacer un convenio por provincia, región, y empresa, y va a primar sobre el resto”.
El artículo 5 del decreto 407 exige una mayor representación empresaria por actividad con un piso mínimo del 10% de los trabajadores del ámbito y permite una representación por jurisdicción, solo en casos excepcionales hasta dos. De esta manera, si los empleadores se ven imposibilitados de conformar una unidad de negociación a escala nacional, solo podrán negociar convenios por empresa, propiciando una suerte de “vaciamiento” de las cámaras empresarias.
“Pueden forzar modificaciones en los convenios de actividad de nivel nacional, fracturándolos y llevándolos a nivel de empresa para quitarle poder a los sindicatos“, explicó en reserva el asesor laboral de una cámara del G6, donde admiten que el Gobierno también busca “desmantelar” el peso de algunas estructuras empresarias a nivel nacional. El gremio de la Alimentación ya advirtió que si tocan el convenio, lo “judicializan”.
Así todo, será difícil determinar la cantidad de trabajadores en el ámbito personal y territorial. Muchas empresas no están adheridas a una cámara o asociación. En Comercio, se cumpliría el piso del 10%, pero los supermercados empujan una fragmentación. Y en el caso de propaganda médica, existen tres cámaras (CAEME, CILFA y Cooperala). “Será un verdadero desafío llevar adelante esa intención”, dijo Javier Fernández Verstegen, abogado de Brons & Salas.
