Un documento reservado que analizó en detalle la licitación por la Hidrovía, confeccionado por un comité de expertos en el exterior, concluyó que el pliego y todo el proceso de la privatización más grande de la era Milei está atravesado por múltiples irregularidades ejecutadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), lo que habilita la sospecha de direccionamiento sobre el ganador.
Ámbito tuvo acceso, en exclusiva, al documento completo que fue girado a uno de los consorcios participantes, que no solo integra la belga DEME NV, sino el fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), Clear Street y Great Lakes Dredge & Dock Company (GLDD), la mayor proveedora de servicios de dragado de Estados Unidos. Circuló por despachos internacionales y tiene exacta sintonía con la ampliación judicial que formalizó el martes por la mañana otra de las empresas que quedó en el camino, la brasileña DTA Engenharia, ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que tiene un expediente abierto sobre la concesión de la Vía Navegable Troncal del Paraná.
La justicia recibió el martes algo que adelantó este diario: con la fijación de un precio mínimo para el peaje, no solo se indujo una paridad entre los competidores, sino que –ahora- se sospecha que podría haber un sobreprecio en el contrato preadjudicado por la Anpyn del 17%. La ampliación de la denuncia considera “inadmisible” establecer un costo mínimo por el dragado y balizamiento porque atenta contra la naturaleza de una licitación. Hay una faceta política: las dudas empiezan a merodear el despacho de un Caputo. Pero no Santiago, sino Luis Caputo. El ministro de Economía tiene que estampar su firma como máxima autoridad en la privatización bajo sospecha.
Apuro en cerrar el análisis en dos semanas, un funcionario que jugó a los dos lados del mostrador, u$s10 millones para desalentar impugnaciones, valoraciones distintas para el mismo rubro, sospechas de costos inflados para el dragado y una tarifa de peaje artificialmente establecida por el pliego diseñado por los funcionarios del Ejecutivo. Un combo letal para la transparencia.
El documento reservado
En cuatro carillas y en inglés, el escrito formulado por especialistas internacionales advierte cronológicamente los hechos que tiñeron a la licitación, con detalle en cada una de las etapas de apertura de sobres. Y destaca que el cronograma fijado por el pliego fue exprés para un proceso de esta magnitud: 48 días hábiles, algo que jugó a favor de Jan de Nul. Se desestimaron, sin más, las solicitudes de prórroga que presentaron tres empresas competidoras.
En el aspecto técnico, que resultó desequilibrante al inducir un empate en el valor del peaje, se mencionó que “la Anpyn descalificó la totalidad de la experiencia internacional en dragado de DEME (ocho de los nueve proyectos presentados) y parte de su experiencia en guías a la navegación, a pesar de que el informe del comité técnico de las Naciones Unidas (informe que la Anpyn utiliza para reforzar la credibilidad de su proceso licitatorio) reconoce a DEME como una de las empresas de dragado líderes en el mundo. Los proyectos presentados por DEME como referencias son proyectos de clase mundial, algunos de los cuales fueron incluso ejecutados en Unión Transitoria (Joint Venture) con Jan de Nul”.
Pero pone de relieve también que “varias de las certificaciones presentadas por JDN-Servimagnus –del Grupo Román- para acreditar la experiencia técnica necesaria fueron emitidas por el Sr. Cristian Rigueiro, miembro del comité que evalúa la licitación: conflicto de intereses”, concluye.
Rigueiro fue jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Puertos durante el gobierno de Alberto Fernández y se convirtió en funcionario clave del gobierno de Javier Milei y hasta fue elogiado por Federico Sturzenegger por la elaboración del Decreto 340/2025 que desregula a la Marina Mercante. Lo que ahora se denuncia es que certificó trabajos a la empresa a la cual favoreció en el puntaje que él mismo puntuó dentro de la Comisión Evaluadora de la licitación.
Leonardo Román es el sobrino del “zar de las grúas” Alfredo Román y quien dirigió las negociaciones por la Hidrovía para conformar el consorcio de Servimagnus con Jan de Nul
Informe lapidario
“La evaluación técnica, realizada por un comité de tres miembros sin experiencia previa en concesiones, se completó en solo dos semanas para casi 5.000 páginas de material técnico, un plazo inconsistente con la diligencia aplicada en el Sobre 1 (que tomó seis semanas) y que da indicios de una urgencia indebida por cerrar el proceso”, subrayó el informe.
“La evaluación parece ser en gran medida subjetiva y orientada a un resultado predeterminado, específicamente tras la descalificación previa de las referencias de experiencia de DEME. Las aceptadas fueron apenas suficientes para permitir que DEME aprobara el Sobre 1 (y no fuera descalificado como oferente), de modo que la ANPYN pudiera promover una sensación de “competencia” bajo el Sobre 2”, concluye. Si no se hubiese realizado este simulacro, hubiese quedado desierta la licitación.
A su vez, los técnicos objetaron que se exijan u$s10 millones a la empresa que presente impugnación al resultado, cuyo destino queda bajo exclusiva decisión arbitraria de la Agencia de Puertos que puede rechazarla y dar por perdido el depósito. Esa garantía aplica a cada etapa por lo que la desalentadora barrera de entrada para oponerse es de u$s30 millones. Boskalis y Vanoord ni siquiera lo intentaron.
El documento destaca otro hecho de gravedad: “La Anpyn aceptó la experiencia en señalización de JDN-Servimagnus obtenida a través de Hidrovía S.A. (la empresa operadora de la anterior concesión), a pesar de que JDN poseía solo el 50% de la participación accionaria y las obras fueron ejecutadas por EMEPA S.A”. Si se hubiese aplicado el mismo criterio que luego se aplicó a las competidoras, Jan de Nul no habría cumplido con los requisitos. Hubo filtraciones a la prensa lo que salpicó la confidencialidad de una licitación internacional.
El Comité de Evaluación se tomó seis semanas para evaluar el Sobre 1, para luego descalificar la experiencia internacional de DEME, “debilitando sustancialmente la equidad competitiva”, pero eso les impidió “ser tomadas en cuenta para la evaluación técnica y de experiencia en el Sobre 2”. Este punto es clave porque permitió lo que reveló Ámbito: que Jan de Nul-Servimagnus se alzara con la máxima puntuación en experiencia (20) y dejara atrás a DEME con 5, obteniendo una ventaja de 15 puntos sobre los 24 con los que logró la preadjudicación.
Otras irregularidades
El informe detalla que:
“La oferta de JDN-Servimagnus evidencia múltiples deficiencias sustanciales, incluyendo, entre otras: la reducción de la duración de la Etapa 0 obligatoria de doce meses en infracción a los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación, una subestimación sistemática de los volúmenes de dragado que socava la capacidad técnica y la fijación de precios, un plan de trabajo insuficientemente detallado que carece de volúmenes y producciones definidos, lo que hace que su rendimiento declarado sea inverificable, y debilidad ambiental debido a la ausencia de cualquier propuesta que considere medidas de mitigación para las obras ofrecidas, limitándose únicamente a los criterios mínimos o básicos de cumplimiento”. A pesar de esto, el Comité Evaluador le volvió a dar ventaja de 8 puntos sobre la competencia.
“La oferta de JDN-Servimagnus proporciona un respaldo documental limitado respecto a la dotación de personal operativo en áreas técnicas críticas, lo que reduce la verificabilidad de su capacidad de ejecución”, alertó.
Gestión Ambiental y Social, un punto clave: “La oferta de JDN-Servimagnus presentó vacíos significativos en su alcance, careciendo de: (i) detalles de implementación, (ii) personal ambiental creíble, y (iii) medidas creíbles de transición energética a largo plazo. La metodología propuesta fue básica y, en general, las medidas ambientales comprometidas por JDN-Servimagnus fueron muy limitadas”.
Las inconsistencias del “peaje”
El informe concluye que la oferta económica –de acuerdo al pliego- fue blindada, tal como adelantó Ámbito, “por una tarifa piso, lo que lleva a los contratistas a presentar ofertas al nivel de la tarifa mínima”. Y el ejemplo más claro fue otro: la licitación del año pasado que fue cancelada por el propio Gobierno tuvo una oferta de DEME que era más económica que el mínimo del pliego de este año. “El proceso de adjudicación parece haber estado condicionado por un enfoque direccionado, basado en una evaluación injusta e incorrecta, aparentemente diseñada para favorecer a Jan De Nul”, concluye.
Y lanza otra advertencia de cara a la preadjudicación: “Es probable que existan márgenes de ganancia adicionales ocultos dentro de los costos de dragado, combinados con una expectativa de futuros mecanismos de reequilibrio que afecten a otros componentes a lo largo de los 25 años de la concesión”. Es decir, o bien se inflaron costos de dragado (hay discrepancias entre el 15% y el 50% en algunos ítems de la composición), o existe una promesa de aumento del peaje que obtuvieron del Gobierno.
Neuss
Los hermanos Juan y Patricio Neuss emergen detrás de los socios locales que participaron para ser beneficiarios del 50% del contrato de Jan de Nul
Otras conclusiones:
“Además, se han incorporado costos operativos artificialmente incrementados (actividades de relevamiento) y categorías de costos genéricas denominadas “otros”, lo que da como resultado márgenes injustificadamente altos”.
Estas discrepancias dieron lugar a un aumento global del 26% del costo total de dragado, lo que representa u$s1.693 millones a lo largo de las etapas.
“Se han adoptado valores más bajos que los reales, distorsionando aún más la confiabilidad y sustentabilidad del modelo”.
“Cuando los eventos de sedimentación (El Niño) se incorporan en el modelo financiero de JDN-Servimagnus conforme a los registros históricos, las desviaciones identificadas aumentan hasta un 41% del costo total de dragado, lo que representa un total global de u$s2.288 millones”.
En síntesis, todo el proceso arrastra múltiples irregularidades para una privatización de esta magnitud que nacía con la promesa de transparencia absoluta y aval internacional. “La implementación de una tarifa piso, combinada con un proceso de evaluación injusto y direccionado, conduce a una adjudicación a favor de la propuesta de Jan De Nul-Servimagnus, la cual; con la misma tarifa mínima, JDN-Servimagnus propone dragar menos volumen a una tarifa más alta”. Todo esto no solo será insumo de la causa que investiga la adjudicación, sino que puede acarrear al país una nueva mácula de credibilidad.
Ahora se combinan denuncias cruzadas, aparición de socios locales como Román y el Grupo Neuss, por debajo del radar y con beneficios por cercanía con el poder, y falencias técnicas cuyas consecuencias podrían evidenciarse a lo largo de los próximos 30 años.
El Consejo de la Magistratura envió a juicio político al juez federal de Rosario procesado por mal desempeño y ocultar antecedentes. Su intento de frenar la medida liberando la Hidrovía no evitó la sanción.
El Consejo de la Magistratura de la Naciónsuspendió este miércoles por unanimidad al juez federal de Rosario, Gastón Salmain, y lo envió a juicio político por mal desempeño. El magistrado, quien ya está procesado y con prisión preventiva, enfrenta cargos por firmar fallos a cambio de coimas y por haber ocultado en su concurso que fue expulsado del Poder Judicial hace dos décadas.
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En un intento desesperado por evitar el jury, Salmain llegó a otorgar una polémica vía libre en la causa de la Hidrovía, una maniobra que no impidió su inmediata suspensión. Ahora, un Jurado de Enjuiciamiento definirá su destitución antes de fin de año, en un proceso donde los consejeros Luis Juez, Diego Barroetaveña y Jimena De La Torre actuarán como acusadores.
La justicia probó que Salmain cobró una coima de u$s200.000 junto al financista Fernando Whpei y al lobista Santiago Busaniche. Con ese dinero, el magistrado manipuló una causa entre 2023 y 2024 para autorizar a un fideicomiso a fugar u$s10 millones al exterior. A pesar de que la Cámara Federal y la de Casación Penal confirmaron su procesamiento con prisión preventiva, el acusado continúa libre gracias a sus fueros.
Además, se descubrió que mintió para conseguir su cargo: ocultó que en 2002 fue echado del Poder Judicial por intentar coimear para alterar un sorteo de causas. Al defenderse, el magistrado dio una polémica excusa: argumentó que era un hecho viejo y que no lo informó porque nadie se lo preguntó.
El histórico consenso reunió los votos del propio Rosatti, los jueces Díaz Cordero, Barroetaveña, Provítola y Lugones, y el representante del Ejecutivo, Santiago Viola. También apoyaron la medida los legisladores Juez, González, Roca, Vischi, Siley, Tailhade, Recalde y Fernández Sagasti; los abogados De La Torre, Maques y Grau; y los académicos Vázquez, Gualderas y Tamarit.
Consejo de la Magistratura de la Nación 2
Se descubrió que Gastón Salmain mintió para conseguir su cargo.
Juicio político a Gastón Salmain: el debate en el Consejo
El bloque kirchnerista acompañó la destitución, aunque aclaró que, a su criterio, no correspondía acusarlo por ocultar datos en su currículum, ya que el magistrado contaba con justificaciones y “elementos objetivos” para defenderse. Sin embargo, al tratarse de un dictamen único que unificaba ambos cargos, decidieron votar a favor con esa salvedad.
Durante el debate, el diputado Rodolfo Tailhade lanzó duras críticas hacia la pasividad del Poder Judicial en la región: “Lo insólito de esto no solo es que Salmain esté tomando audiencias con la tobillera electrónica puesta, sino que la Cámara Federal de Rosario lo haya designado para ocupar otro cargo”, cuestionó, agregando con ironía: “Nosotros parecemos los malos de la película por demorar… ¿Y ahora qué van a decir que va a subrogar otro juzgado?”. Además, recordó el caso de Marcelo Bailaque, el juez de Rosario que renunció estando preso para esquivar el juicio político. “Ya en 2016 se decía que era un corrupto, pero ninguno de los guapos de ahora avanzaba contra esos jueces”, reprochó Tailhade.
En la vereda opuesta, el consejero Luis Juez cruzó los argumentos de la oposición y aseguró que existen pruebas más que suficientes en esta instancia para sostener los dos cargos contra Salmain, algo que prometió demostrar durante el jury. Finalmente, todos los miembros del Consejo levantaron la mano y sellaron la suspensión por unanimidad.
Consejo de la Magistratura de la Nación
El magistrado enfrenta cargos por firmar fallos a cambio de coimas y por haber ocultado en su concurso que fue expulsado del Poder Judicial hace dos décadas.
Concursos judiciales aprobados y nuevas ternas enviadas al Ejecutivo
En la misma reunión, el Consejo de la Magistratura aprobó enviar al Poder Ejecutivo los candidatos elegidos para cubrir vacantes clave en la justicia. Entre ellos, destaca el concurso para reemplazar a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal porteña. Los candidatos seleccionados por concurso son.
Cámara Federal porteña (Sala I – Dos cargos):
Primera terna: Fernando Poviña, Agustina Rodríguez y Pablo Yadarola.
Segunda terna: Julio Di Giorgio, Cecilia Incardona y Pablo Bertuzzi.
Juzgado Penal Económico N° 10 (Capital Federal): Ignacio Labadens, María Juliana Márquez y Matías Latino.
Juzgado Federal N° 1 de Corrientes: Diómedes Rojas Busellato, Juan Carlos Vallejos y María del Carmen Mareco.
Juzgado Federal N° 2 de La Plata: María Carolina Terrier, Mirta Martínez y Pedro Bancoff.
Cámara Civil y Comercial Federal (Capital Federal – Cuatro cargos):
Terna 1: Ignacio Rebaudi Basavilbaso, Alejandro Nobili y Juliana Kina.
Terna 2: Camilo Almeida Pons, Silvia Pfarherr y Javier Pico Terrero.
Terna 3: Silvina Bracamonte, Alejandro Laje y Marcelo Gota.
Terna 4: José Cassinerio, Fernando Oltra Santa Cruz y Sofía Hernández Saint Jean.
Juzgados Federales de Santa Fe: Se aprobaron seis ternas para cubrir juzgados de garantías en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.
Por otra parte, el plenario frenó el archivo de una denuncia por violencia de género contra el juez federal de Mendoza, Pablo Salinas. La decisión se tomó tras el pedido explícito de las cuatro juezas denunciantes, Paula Marisi, Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereira, quienes solicitaron ser escuchadas por la Comisión de Disciplina antes de que se dicte una resolución definitiva.
El Gobierno publicará en los próximos días los pliegos para privatizar Belgrano Cargas, uno de los procesos que venía demorado dentro de la agenda de empresas públicas y concesiones que la Casa Rosada busca acelerar antes de 2027. En Balcarce 50 sostienen que la licitación quedó en la etapa final de revisión y que su publicación habilitará formalmente la presentación de ofertas.
El expediente era uno de los últimos pendientes dentro del primer tramo de privatizaciones y concesiones autorizadas por la Ley Bases de 2024. El objetivo oficial es llegar al año electoral con la mayor cantidad posible de empresas, servicios y activos estatales bajo administración privada, concesión o esquemas mixtos.
El diseño de la licitación prevé separar el proceso entre las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, y habilitar ofertas independientes para infraestructura, operación ferroviaria y talleres. El esquema busca evitar un único paquete cerrado y permitir que distintos operadores compitan por partes del sistema: empresas logísticas, operadores ferroviarios, compañías vinculadas a infraestructura y grupos con experiencia en mantenimiento.
La licitación tendrá como eje el modelo de acceso abierto, previsto en la Ley 27.132, que permite a distintos operadores utilizar la red mediante el pago de un canon o peaje, en lugar de concentrar toda la operación en un solo prestador. En el Ejecutivo argumentan que la exclusividad comercial limitó el desarrollo del sistema y que la apertura puede aumentar el volumen transportado.
Belgrano Cargas y Logística administra la principal red ferroviaria de cargas del país y transporta granos, insumos industriales y otras mercaderías desde economías regionales hacia puertos y centros de consumo. El Gobierno venía anticipando que el pliego se publicaría durante mayo, pero el proceso se ralentizó por definiciones técnicas y administrativas. Una vez abierto el llamado, la expectativa oficial es encaminar la adjudicación antes de fin de año.
Las otras privatizaciones que acelera Milei
El expediente se suma a otros procesos que avanzaron en las últimas semanas. AySA ya entró en el calendario formal con la licitación para vender el 90% de las acciones estatales, con la apertura de ofertas prevista para agosto. La Hidrovía también registró avances: el Gobierno preadjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, uno de los corredores por donde circula el 80% del comercio exterior argentino.
En paralelo, el Ejecutivo sigue de cerca la privatización de Intercargo, que apunta a vender el 100% de las acciones. Este martes prorrogó los plazos una semana: la presentación de ofertas será hasta el 17 de junio y la apertura de sobres el 25 de junio. Las rutas nacionales son otro frente activo, con la Red Federal de Concesiones que incluye 9.000 kilómetros distribuidos en tramos estratégicos dentro de un total de 40.000 kilómetros que el Gobierno busca transferir al sector privado sin subsidios.
En el frente energético, la venta de la participación estatal en Citelec -controlante de Transener– a Genneia y Edison Transmisión por US$ 356 millones se convirtió en un caso de referencia para mostrar interés privado en infraestructura regulada. El Gobierno también sigue de cerca los activos que aún controla Enarsa: centrales térmicas y concesiones hidroeléctricas. Correo Argentino es otro expediente en seguimiento, que el Ejecutivo presenta como una compañía con mayor margen político para privatizar que otros servicios públicos.
La excepción más relevante sigue siendo Trenes Argentinos, que no figura en el calendario inmediato. En el Gobierno consideran que no están dadas las condiciones para una privatización integral sin una suba fuerte del boleto y obras clave para recuperar los servicios urbanos. Por eso, la prioridad ferroviaria de corto plazo se concentra en cargas y no en pasajeros.
Mauricio Macri advirtió anoche que el equilibrio fiscal logrado por el gobierno de Javier Milei “es de mala calidad” porque el Estado no puede invertir en infraestructura, y reclamó avanzar hacia una “reforma de segundo orden” que permita al país crecer y reducir la pobreza. El expresidente habló ante empresarios del sector en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), celebrada en La Rural, en Buenos Aires.
“Este gobierno ha hecho algo muy importante y en muy poco tiempo, que es lograr un equilibrio fiscal. Son reformas del siglo XX que la Argentina no ha logrado complementar en ese tiempo y ahora parece que no se va a discutir más”, reconoció Macri ante un auditorio colmado de constructores, empresarios y funcionarios. Pero acto seguido marcó el límite de ese logro: “El equilibrio fiscal es de mala calidad, porque un país que no puede ni siquiera reinvertir para cuidar la infraestructura que tiene se está descapitalizando”.
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El titular del PRO participó del panel de cierre de la convención, titulado “Un mundo en transición”, junto al expresidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente de Camarco, Gustavo Weiss. El evento se realizó bajo el lema “Construyendo puentes” y reunió a un récord de asistentes en el marco del 90° aniversario de la cámara.
En otro pasaje de su exposición, Macri planteó que la estabilidad de un programa económico no puede depender de una figura personal. “¿Qué significa contenido por un sistema institucional? Que hay un montón de gente que garantiza que lo que se está haciendo va a continuar en el tiempo, y no que es un caudillo el que lo garantiza.Un caudillo está hoy y no está mañana, y menos en un sistema democrático tan pendular como el que tenemos en la región“, afirmó, sin mencionar nombres.
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A su vez, señaló que el paso que sigue en el país tiene que ser una reforma de mayor profundidad. “Lo único que cabe es ir, en el próximo paso, a una reforma de segundo orden. Con este nivel de presupuesto, con este nivel de gasto fijo y rígido, no se ve en ningún lado el espacio para la inversión que garantice el crecimiento”, afirmó. En ese sentido, planteó que la inteligencia artificial ofrece una oportunidad inédita para que los Estados hagan una “reingeniería profunda” y achiquen el gasto público.
El expresidente también apuntó contra dos trabas que, a su juicio, frenan la inversión privada. “Aún hoy, por distintas razones, no nos podemos sacar de encima el cepo, porque para el mundo empresario sigue existiendo”, dijo. Y sumó las retenciones a las exportaciones: “No seguir aceptando eternamente retenciones a la exportación que no funcionan y no funcionan en ninguna parte del mundo”.
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Para Macri, la Argentina enfrenta tres déficits estructurales que explican décadas de estancamiento: la debilidad institucional, la falta de infraestructura y el cierre de la economía. Sobre el primero, fue directo: “La garantía, la confianza, el primer actor a la hora de despertar confianza no es un presidente, no es un congreso, no son los empresarios, son los jueces. Jueces independientes que garanticen el respeto de la Constitución, empezando por respetar los derechos de propiedad”. La mención fue leída por varios asistentes como un mensaje implícito al gobierno nacional en medio del debate sobre la composición del Poder Judicial.
Sobre la infraestructura, el exmandatario fue contundente: “Sin conectividad física y ahora virtual, no hay desarrollo. Si los productos no pueden llegar a un puerto porque no hay trenes, porque no hay hidrovías, ese país no se puede desarrollar”. Y añadió que los presupuestos públicos en la región se ajustan sistemáticamente por la inversión, no por el gasto corriente: “El gasto es algo perdido, la inversión trae futuro”.
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El tercer eje que identificó fue la apertura comercial. Macri citó el libro Why Nations Fail, de los economistas Daron Acemoglu y James Robbins, ganadores del último premio Nobel de Economía, para describir el cierre que la Argentina adoptó hace setenta años. “Pasamos de ser uno de los cinco más poderosos… En vez de distribuir la riqueza, destruimos nuestra capacidad de crear riqueza, porque nos cerramos y decidimos nunca más competir”, afirmó, y puso a Chile como el único país de la región que llegó a estándares de primer mundo por haber apostado a la competencia abierta.
En uno de los pasajes más directos del panel, Macri advirtió sobre el riesgo de despilfarro de los recursos que llegarán por la explotación de Vaca Muerta, la minería y el litio. “En cada provincia donde la minería va a estar llegando, va a haber miles de millones de dólares por año en regalías. Y si esas regalías van a la camioneta del intendente, a la camioneta del gobernador, no vamos a tener un mejor futuro”, dijo. Y recordó los antecedentes: “La historia nos dice que donde hubo esos recursos, Loma de la Lata, minería en Catamarca y en otros lugares, la plata desapareció.”
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Macri también salió al cruce de la narrativa que asocia obra pública con corrupción. “No se puede uno quedar con que la construcción o la obra pública es sinónimo de corrupción. Eso no es verdad. Entre el 15 y el 19, ustedes construyeron rutas y autopistas en tiempo récord, a precios muy competitivos y sin una sola denuncia de corrupción en cuatro años”, afirmó ante los empresarios del sector.
El expresidente cerró con una advertencia y una convocatoria al sector privado. Reconoció que lo logrado hasta ahora —el saneamiento fiscal, el fin del comportamiento “autodestructivo”— es un punto de partida, no de llegada. “Lo que nos trajo hasta acá, que es demoler lo que estaba mal, no significa construir lo que necesitamos. Y necesitamos construir estas nuevas capacidades”, dijo.
El anuncio de una inversión de 400 millones de dólares de Louis Dreyfus Company (LDC) para construir una nueva planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca, es una noticia de alto impacto, mucho más que una noticia empresarial. Es una señal potente sobre el momento que atraviesa la Argentina y sobre el lugar que puede volver a ocupar en el mapa mundial de la agroindustria. Y encima, en un lugar emblemático, que sintetiza el ensamble entre la Vaca Viva y la Vaca Muerta.
Recuerdo haber estado en la inauguración del puerto de LDC en Bahía Blanca, hace unos veinte años. Allí, los directivos deslizaron que la intención era construir una planta de crushing. Pero se ve que el país no había generado las condiciones necesarias para desencadenar el proceso…
La nueva planta, que se integrará al complejo portuario y logístico que LDC ya posee en Bahía Blanca, tendrá capacidad para procesar 4.000 toneladas diarias de girasol o soja. Cuando entre en funcionamiento estará entre las mayores plantas de crushing de girasol del mundo y operará utilizando biomasa renovable proveniente de las propias cáscaras de girasol, reduciendo costos energéticos y las emisiones.
Tremendo: en la convergencia del gasoducto, el mensaje subraya la supremacía conceptual de la bioenergía. Que al gas lo usen como insumo de la petroquímica y no lo quemen como fuente de energía.
Nadie desembolsa 400 millones de dólares para aprovechar una oportunidad pasajera. Es una apuesta a la competitividad futura de la Argentina. El dato concreto es la gran cosecha de girasol del último año, basada en la genética y el manejo. Y la consolidación de la demanda asiática, en particular la India, una aspiradora de aceite vegetal y en particular de girasol.
Pero hay más. En los últimos meses la misma LDC puso en marcha una nueva línea industrial en Timbúes, Santa Fe, para procesar camelina, carinata, canola y girasol, ampliando su capacidad más allá de la soja tradicional. El objetivo es abastecer la creciente demanda mundial de aceites destinados a combustibles renovables, especialmente combustible sustentable para aviación (SAF) y diesel renovable (HVO). La línea agrega 3.000 toneladas diarias de capacidad de procesamiento y posiciona a la Argentina en mercados que hace apenas unos años ni siquiera existían.
La camelina y la carinata merecen un párrafo aparte. Estos cultivos de invierno, que se siembran entre dos cosechas tradicionales, se está transformando en una de las grandes apuestas para abastecer la transición energética global. LDC viene impulsando su expansión en Sudamérica mediante acuerdos de largo plazo, apostando a una agricultura capaz de producir simultáneamente alimentos, proteínas y energía. Bayer, Bunge y Cargill van en la misma dirección.
A esto se suman otras iniciativas recientes de la compañía: el desarrollo de nuevas capacidades logísticas en la región del río Paraná, como el puerto de Santa Elena inaugurado hace menos de un año. Inversiones vinculadas al algodón para exportación (ante puerto de Zárate) y la expansión de sus plataformas industriales orientadas a productos de mayor valor agregado.
El fenómeno coincide con otros anuncios de gran magnitud. Bahía Blanca, por ejemplo, se está consolidando como uno de los polos industriales más dinámicos del continente. Allí convergen proyectos vinculados al petróleo y gas de Vaca Muerta, nuevas terminales portuarias, inversiones petroquímicas, ampliaciones en fertilizantes y proyectos de industrialización energética. Recordemos que hace apenas seis meses se concretó la compra de Profértil (la mayor planta de urea granulada de Sudamérica) por parte de Adecoagro. Y que estaría por confirmarse la inversión de Pampa Energía en otra planta de fertilizantes en el mismo sitio.
La Vaca Muerta y la Vaca Viva. No es “una u otra”. Es “y”.
La Argentina no fue solamente exportadora de granos. Desde los años noventa construyó el complejo de crushing más grande y eficiente del mundo sobre el Paraná, entre Timbúes, San Lorenzo, General Lagos, Villa Gobernador Gálvez y Ramallo. Gracias a ello se convirtió en el principal exportador mundial de harina y aceite de soja, mucho más que de poroto sin procesar.
Pero Bahía Blanca tiene una historia diferente. Mientras el Gran Rosario se transformó en uno de los mayores polos mundiales de procesamiento de soja, el puerto bonaerense se especializó fundamentalmente en la exportación de granos sin procesar. Trigo, maíz, cebada y girasol encontraron allí una salida natural hacia los mercados internacionales, aprovechando la cercanía con las zonas productivas del sudoeste bonaerense, La Pampa y parte de la Patagonia.
La ciudad tiene condiciones únicas: puerto de aguas profundas, acceso ferroviario, disponibilidad de energía, cercanía con una de las principales regiones productoras de trigo, cebada, girasol y maíz, y una larga tradición industrial. Si durante décadas fue conocida como la salida natural de los granos del sudoeste bonaerense y La Pampa, ahora comienza a perfilarse como un gran nodo de transformación industrial.
La discusión pública suele concentrarse en las urgencias de la coyuntura, pero detrás de escena se están alineando varios factores estructurales. El avance en la nueva concesión de la Hidrovía (otra gran noticia de estos días, como la defensa de la propiedad intelectual en semillas), la expansión de los biocombustibles (encaminando un nuevo proyecto de ley), las oportunidades asociadas a los combustibles sostenibles para aviación (SAF), los proyectos petroquímicos y de fertilizantes. Y ahora esta nueva ola de inversiones agroindustriales. Un escenario diferente al de los últimos años.
La Argentina retoma el sendero y apunta a convertirse en una potencia exportadora de proteínas, aceites convencionales y especiales, biocombustibles, combustibles sostenibles para aviación, fertilizantes, petroquímica y energía.
Hay fenómenos misteriosos en la Argentina que aparecen de manera cíclica. El viernes se vivió uno de ellos: la movilización en torno a la muerte de un ídolo del rock. Es un desplazamiento enigmático y raro, no solo por su dimensión -se cubrió la Plaza de Mayo y hubo alrededor de 15 cuadras de cola para asistir al funeral en el Centro Deportivo Gatica en Villa Dominico-. El fallecimiento del Indio Solari plantea una serie de interrogantes sobre lo que parece ser un país subterráneo que se moviliza espontáneamente alrededor o detrás de un muerto.
Son formas extrañas de expresión, que lindan casi con la fe, por ejemplo al hablar de “misa ricotera”. Pero esto no se circunscribe sólo a lo social, radica también en lo político. Sin ir más lejos, el programa de streaming de Daniel Parisini (conocido como “El Gordo Dan”), uno de los voceros del oficialismo, se llama “La Misa”. También, alrededor del asesor Santiago Caputo, existen personajes que se autoidentifican como las “Fuerzas del Cielo”.
La convocatoria por el deceso de Solari cuenta solo con algunos antecedentes, como los funerales de Hipólito Yrigoyen, Carlos Gardel, Eva y Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Diego Maradona. Ante cualquiera de estos fenómenos naturales, la política trata de no ser ajena. Intenta, aunque sea subliminalmente, apropiarse de aquel sentimiento.
El “Indio” era un hombre de izquierda, un “anarco” según sus allegados. En sus últimos años, se identificó y se aproximó al kirchnerismo. Dentro del Gobierno, que tiene algunos rasgos populistas, sabían también que no podían quedar fuera de este fenómeno. Personas cercanas a Milei como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el realizador audiovisual Santiago Oría, asomaron una despedida que incluyó una especie de pedido de perdón hacia el electorado por tener esa manifestación de dolor, que los conecta con dicho fenómeno popular.
El kirchnerismo, por su parte, intentó presentar aquella manifestación como una pieza de su propia historia. Para la microfísica del movimiento, permitió que se produjera un hecho que podría transformarse en una semilla: la organización del funeral de Solari, en la que intervino la municipalidad de Avellaneda, estuvo a cargo de Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Hablaron después de mucho tiempo, lo que no asegura que vaya a ser tampoco el comienzo de otras conversaciones.
Una de las incógnitas que atraviesa hoy a la política argentina es bajo qué esquema competirá el peronismo en las elecciones presidenciales de 2027. En los últimos meses, uno de los movimientos más relevantes fue la fractura del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, su principal bastión. Esa división tuvo origen en las diferencias entre Kicillof y Cristina Kirchner, profundizadas por las tensiones del gobernador con Máximo Kirchner y La Cámpora. En ese contexto, el diálogo que ambos referentes mantuvieron durante el velatorio del Indio podría marcar el inicio de un acercamiento.
Encuesta: el esfuerzo de los argentinos
Es necesario detenerse en un aspecto importante de la discusión electoral: existen dudas respecto de cuál será la oferta política del próximo año. Ha habido una descomposición total del sistema, una de cuyas manifestaciones ha sido la llegada de Javier Milei al poder con La Libertad Avanza. Del otro lado, un Juntos por el Cambio que se desarmó y un peronismo con una crisis sin precedentes.
Así como se desconoce la oferta, tampoco hay certezas respecto de la demanda: ¿qué pedirá el electorado? Puede elegir continuar con el proyecto economicista de Milei, ligado a una pretensión de desregulación y liberalización de la economía por la vida del ajuste. O, por el contrario, apoyar otra alternativa “más confortable”.
Un estudio de Casa Tres de Mora Jozami podría tener la respuesta. Ante la pregunta “¿Piensa que los esfuerzos que hicieron hasta el momento valieron la pena para mejorar el futuro económico del país?”, el 52% de los encuestados optó por la negativa. Esta lectura, de una demanda de cambio, coincide en gran medida con los niveles de adhesión y rechazo al gobierno de Milei. Hay mucho camino, sin embargo, hacia las elecciones. Quizás otros resultados económicos en el corto plazo puedan ayudar al cambio de sentido.
Encuesta. gestión nacional
Hay algunos indicios que se deben tener en cuenta. El aumento de las reservas del Banco Central, que se traduce en la baja del Riesgo País, es uno de ellos. Hubo un incremento en lo que va del año de US$900.000 millones. La inflación parece continuar también su proceso de desaceleración, como refleja en el índice de mayo para la ciudad de Buenos Aires (2,1%), dato que suele anticipar el porcentaje a nivel nacional.
Por otro lado, sectores como construcción, consumo, comercio e industria, que tienen conexión directa con los grandes centros urbanos y representan el 51% del empleo, están planchados. Esta interrupción impacta de lleno en la vida de la gente, y trastoca la percepción de bienestar o malestar que produce esta economía. Los salarios siguen deprimidos, caída que se manifiesta junto a un problema que es otro motivo de enojo en la base de la sociedad:el endeudamiento y morosidad para pagar las deudas. En un artículo para LA NACION, el periodista Agustín Maza precisa que el 25% de personas que solicitaron un crédito tienen una mora de al menos 90 días para saldar su deuda, lo que genera intereses y se convierte en una situación irritante.
Existen otros sectores, en los que se detiene la administración Milei y por los cuales se regocija, donde la economía es más dinámica. Uno es el sector agropecuario, aún a pesar de las retenciones, lo que da pauta de su nivel de profesionalización y modernidad. Hay también novedades curiosas, que son ejemplo además del misterioso movimiento de la historia. El ataque de Rusia contra Ucrania puso en crisis la provisión de girasol a nivel internacional, lo que llevó a un aumento en su valor y resultó en que la producción fuera más rentable. Aquel fenómeno tuvo tal efecto en la Argentina que inspiró a Louis Dreyfus, una de las grandes cerealeras a nivel mundial, a anunciar una inversión de entre 300 y US$400 millones en Bahía Blanca para levantar la planta de molienda de girasol más importante del planeta.
Hay luces y sombras. Mientras se conocen noticias como esta, también aparecen otras. Daniel Yofra, sindicalista del sector aceitero, cerealero y de la soja, encaminó un reclamo de 20% de aumento salarial que las aceiteras rechazan, lo que podría derivar en la interrupción del flujo de comercio que sale por Hidrovía, que tiene su núcleo en el puerto de Rosario. Es una novedad de magnitud para Santiago Bausili, presidente del Banco Central, quien pone la vista en la cantidad de dólares que se producen en dicho sector exportador. Empieza un problema en Rosario y hay que mirarlo de cerca.
Se completó la concesión para el manejo y explotación de la hidrovia río ParanáMarcelo Manera – LA NACION
El Gobierno, que empieza a mirar con preocupación los rasgos recesivos de esta política económica en los grandes conurbanos en industria y comercio, y lo que tiene que ver con construcción, dice que no va a llevar adelante ninguna política industrial porque descree, aunque sí lo tiene para la Cordillera, con los hidrocarburos y la minería, que son dos actividades promovidas por la política nacional a través del RIGI. Incluso ahora va a ser un “Super RIGI”, con más ventajas para ese tipo de inversiones.
Hay quienes critican estas ventajas porque sostienen que son para sectores muy aventajados para inversiones que vendrían de todos modos. Esa es la discusión.
El otro día, Luciana Vázquez planteó en una nota de LA NACION, si con el RIGI no se están generando varias Tierra del Fuego: regímenes de privilegio que después son muy difíciles de remontar porque generan un derecho adquirido de una forma legal.
Todo esto rodea una pregunta: ¿la gente qué va a pedir de la política el año que viene? ¿Cambio o continuidad? Y la otra que surge es qué le va a ofrecer la política.
El gobernador Axel Kicillof supervisando el operativo por la despedida del Indio Solari en Avellaneda.Prensa PBA
En este marco aparecen varias preguntas tanto para el oficialismo como para la oposición: ¿cómo se va a organizar la interna peronista? El otro día dimos un dato de una encuesta de Hugo Aime que generó sorpresa en mucha gente y malestar y satisfacción en otra. Cristina Kirchner está muy bien dentro del universo opositor a Milei, de los que no quieren este tipo de gobierno. Ahora, la pregunta es: ¿Cristina, que no puede ser candidata, le puede transferir esa luz a otro? Es muy complicado responder. En Brasil, Lula no pudo; ganó Bolsonaro y Haddad, que era su candidato, perdió. Después volvió, pero compitiendo él.
La otra pregunta es si Kicillof tiene destino después de Cristina. ¿Será él a quien ella finalmente le transmita ese prestigio en el mundo peronista enfrentado al Gobierno? A lo mejor Kicillof quiere otra cosa, como ir hacia el centro. ¿Pero no es tarde? ¿Qué tendría que hacer para que le crean que ya no pertenece al modelo estatista, que en alguna medida puso en un pentagrama cuando Cristina sólo lo tarareaba? ¿Puede salir y convertirse en otra cosa o están condenados a entenderse?
Allí está otra pregunta que Kicillof no quiere hacerse del todo: ¿estará obligado a someterse a Cristina? Es muy difícil pensar en ser candidato de ella sin pensar en una dosis de sometimiento, como pasó con Alberto Fernández.
¿Esta es la única versión del peronismo que vamos a tener? ¿Qué van a hacer los peronistas que dicen querer emanciparse de la experiencia kirchnerista para conectar con los valores que parece que hoy pesan en la sociedad, sobre todo en materia de economía y rigor fiscal? Ese grupo, que lideran en la Capital Juan Manuel Olmos: en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz; y en Entre Ríos, Guillermo Michel; y tiene representantes en muchas provincias. ¿Tiene tiempo ese peronismo “renovador” de encontrar un candidato y construirlo, o va a tener que comprar uno llave en mano? Ahí piensan en un empresario: Jorge Brito, uno de los accionistas del Banco Macro y fantasea con saltar a la política. Fue presidente de River y desde esa experiencia busca meterse para sacar a Kicillof y ganarle dentro de una interna.
Jorge Brito, empresario y expresidente de River PlateKathleen Kennedy – New York Stock Exchange
Pareciera que la interna del peronismo va a estar sembrada de incógnitas. Es curioso pensar qué liderazgos vamos a ver. Un líder es alguien que puede modificar y condicionar el proceso histórico con un programa derivado de su voluntad.
En el universo oficialista -que sería la base de Milei- cabe preguntarse qué va a hacer Mauricio Macri. Tuvo dos reuniones importantes este fin de semana: una fue con Maximiliano Pullaro, gobernador radical de Santa Fe, provincia importantísima, sobre todo para la sociología no peronista. Pullaro le sigue hablando a Macri en términos de alianzas, de reconstruir con los gobernadores radicales lo que sería Juntos por el Cambio, obviamente sin Milei. Su idea es contener ahí a los desencantados de Milei, suponiendo que no va a haber una reversión importante de este achatamiento de los sectores productivos, sino que va a seguir habiendo desencanto y que la gente que cree que no valió la pena va a ser más. Ellos le quieren ofrecer un instrumento para que no se vayan al peronismo, principalmente a aquel que intenta una renovación.
Sin embargo, según trascendió, Pullaro le hizo una advertencia: que Macri no les haga hacer todo esto para después renegociar en la mesa de la Casa Rosada con el solo objetivo de que Jorge Macri siga siendo el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El gobernador leyó muy bien porque para los Macri la Capital es crucial.
Mauricio Macri en Santa Fe con Pullaro y Frigerio
El expresidente además tuvo una reunión con Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos del Pro, con el cual habló de temas similares, pero también de algo más, algo operativo. El exdiputado le planteó apoyar al Gobierno en eliminar las PASO y que haya una elección menos; que haya una ocasión menos para Milei de hacer sentir el rigor fiscal de la nación a los gobernadores que quieren armar esta nueva experiencia, de tal manera que no pida ir a unas primarias en contra de suya. Esa es una idea que no le conviene al peronismo que quiere pelear contra Cristina.
Para Macri hay límites en esta operación y tienen nombres: DiegoSantilli y Cristian Ritondo, dos dirigentes importantes y con peso en la Ciudad y la Provincia que quieren mantener su acuerdo con el Gobierno. Aunque, ellos también -inminentemente Santilli, que quiere ser candidato a gobernador del oficialismo- van a tener algún desafío. Empieza a haber, tal como hubo el año pasado en la elección bonaerense, dirigentes del Pro que proponen ir en una lista distinta a la de La Libertad Avanza. En este sentido, hay que mirar a los hermanos Passaglia, de San Nicolás, que están en un experimento electoral novedoso, por ahora, navegando sin luces.
Mientras tanto, LLA sigue condicionada por una interna muy virulenta. Su última manifestación tiene que ver con una publicación de Hugo Alconada Mon, que irritó a Santiago Caputo, donde informa sobre una auditoría de la Inspección General de Justicia sobre la Fundación Faro -recaudatoria de La Libertad Avanza- donde habría miles de millones de pesos que no tienen una procedencia clara porque no se sabe quiénes son los aportantes. Se trata de una fundación que es manejada nada menos que por el hermano de Santiago Caputo, Francisco, un personaje que se mueve entre bambalinas y cuyo rostro casi ni se conoce, pero con un extraordinario poder interno. Son todos asesores; ninguno firma resoluciones ni tiene responsabilidades por lo que pasa en el Gobierno.
La mesa política libertaria: Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Santilli, Eduardo y Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devit
Resulta interesante porque esa auditoría la hizo un organismo público del gobierno nacional que depende de Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia, quien, a su vez, depende de Karina Milei. Es curioso que en el tweet en el que Caputo se queja de la nota de Alconada aparece ilustrando su foto y la de Karina Milei.
La interna genera paranoia en los dos bandos: ambos creen que todo lo malo que les pasa es culpa del otro, y tiene todavía en el centro a Manuel Adorni, cuya declaración jurada sería la noticia de esta semana, porque en el sector de Karina Milei creen que todo el vapuleo judicial que viene de Ariel Lijo puede estar relacionado a la amistad entre el juez y Santiago Caputo. En el fondo, ¿Adorni es víctima de Santiago Caputo? ¿Lo van a procesar? Y, si es así, ¿podrá seguir en el cargo?
¿Quiénes serían los reemplazantes de Adorni en caso de que el jefe de Gabinete sea procesado por no poder explicar su enriquecimiento? ¿Martín Menem? ¿Sandra Pettovello? ¿Pablo Quirno, que tiene unas ganas que se muere? ¿O Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete y personaje poco conocido que integra la mesa política del Gobierno?
Carlos, Juan Bautista e Ignacio Mahiques
Sigue la danza de nombres alrededor de un Adorni extraordinariamente debilitado. Y también surge una novedad a la que hay que prestar atención y la cual el Gobierno pretende presentar como “técnica”. Se trata de un viaje que habrá la semana que viene de Lijo y Mahiques a París como miembros de una comitiva que va a participar de una reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional, encargado de monitorear los sistemas antilavado de dinero que hay en los distintos países. Nadie cree que ese viaje no derivará en una conversación política entre ellos y, tal vez, en un acuerdo. Adorni debe estar prestando atención para ver si le trae solución a su caso, y Karina Milei también porque Lijo tiene la causa de la Administración Nacional de Discapacidad, donde hay acusaciones de coimas.
¿Va a haber un acuerdo interno entre dos facciones de Comodoro Py: la de Lijo y la de Mahiques, que se proyecta sobre los Servicios de Inteligencia, como también pasa con la Justicia Federal?
Aún quedan dudas sobre si los Mahiques trabajan para los Milei o para ellos. Que los Milei les hayan dado todo ese poder a los Mahiques es como que les hayan dado un RIGI judicial, es decir, una cantidad extraordinaria de ventajas que ahora también manejan para ellos.
Mientras tanto, la familia Mahiques va colonizando el Estado. Ignacio, el hermano del ministro, que fue uno de los fiscales que investigó a Cristina Kirchner -a la sombra del fiscal Pollicita, que ahora tiene el caso Adorni- en la causa de la obra pública en Santa Cruz, por la que está presa, ahora es vicepresidente en una cámara de la Justicia nacional en la ciudad de Buenos Aires. Fue designado por Jorge Macri como rector del Instituto Universitario de Seguridad, que todavía no terminó de crearse. Olfateo que alguna injerencia tuvo Daniel Angelici. Jorge Macri, a su vez, tenía como fiscal general de la Ciudad a Juan Bautista Mahiques. En el gobierno porteño sale uno y entra otro.
La designación de Ignacio Mahiques en el gobierno de la Ciudad
Esta designación es importante no solo por la historia familiar de los Mahiques, sino también porque plantea una pregunta: ¿hasta dónde llega la disidencia de Macri con Milei? Porque en Justicia parecen coincidir, como en la capacidad de los Mahiques para manejar cuestiones institucionales.
Esto lleva a otras sospechas, que contaminan a toda la Justicia: en las designaciones judiciales que se están produciendo, ¿algunas no tendrán que ver con intereses de la familia Macri, como el armado de la Cámara Civil de la Ciudad, donde se tramita la causa del Correo? ¿Juan Bautista Mahiques trabaja para los Milei y también para los Macri?
También hay otro Mahiques, Esteban, quien fue designado por su hermano como jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia ad honorem. Dicen que es el que más sabe de Derecho y sigue siendo funcionario de Cancillería, donde aparentemente cobra más que en la cartera de su hermano. Una curiosidad simpática: el día que Juan Bautista Mahiques designó a Esteban, el padre de ellos, Carlos, decía en el Senado -mientras lo interrogaban para prorrogar su mandato como juez después de los 75 años- que en su familia no había nepotismo. Estaba mal informado.
Lo cierto es que Esteban Mahiques fue miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA, así como el ministro fue delegado de la asociación ante la FIFA. Es importante porque tiene que ver con las vinculaciones que tienen con Toviggino y el armado de determinados tribunales, como la Cámara Federal en lo Penal y Económico, donde se decide la suerte de varios temas de la AFA. Tapia y Toviggino se sienten absolutamente cómodos. Alguien les habrá prometido alguna impunidad porque ahora terminaron renovando el contrato escandaloso con el matrimonio Faroni, tan ligado a Sergio Massa. Contratos de intermediación por otros de la AFA que le permitieron girar montañas de dinero en los Estados Unidos.
La nota de Alconada Mon sobre el cumpleaños de Crlos Mahiques en la quinta atribuida a Toviggino
Puede ser que después del Mundial haya novedades en EE.UU. para todo este grupo, mientras tanto, los Mahiques siguen su propia política judicial, que no sabemos si es la de Milei. Una de las víctimas es Leopoldo Bruglia, quien fue junto con Pablo Bertuzzi uno de los dos camaristas por los que Pro bregaba para que no fuera impugnado el traslado que había ordenado Macri al sacarlos de tribunales orales federales y mandarlos a la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires.
Ahora a Bruglia le dicen que tiene que dejar el cargo y volver al tribunal porque en el Consejo de la Magistratura se está iniciando un concurso para reemplazarlo y hay un fallo de la Corte que dice que todos los que estén trasladados deben suspenderlo cuando haya un concurso. Bruglia fue a la Corte Internacional de Derechos Humanos y pidió una medida cautelar, alegando que los estaban discriminando porque a Carlos Mahiques, que es camarista de Casación, nadie le pide que deje el cargo. Incluso, en caso de que suceda, es una situación más débil, porque él no se movió dentro de la Justicia federal. En ese caso, al ministro no se le ocurre armar un concurso.
Podría haber un “ajuste de cuentas” contra Bruglia porque él proceso, junto con Bertuzzi, al actual viceministro de Justicia, Santiago Viola, en una causa escandalosa donde había quedado demostrado que Viola, en combinación con Silvia Majdalani -en ese entonces mujer poderosa en la AFI, hoy SIDE-, organizó una patraña con testigos falsos para demostrar que el juez Casanello había estado en combinación con Cristina Kirchner en la causa de la Ruta del Dinero K, en reuniones con Lázaro Báez en Olivos. Era todo mentira: querían sacarle la causa para dársela, en teoría, a Servini de Cubría y tener de rodillas a la billetera de Báez.
Viola seguramente se esté “vengando” de Bruglia y, con esos antecedentes, es el delegado de Milei en el Consejo de la Magistratura, nada menos que en la Comisión de Designación de Jueces. A su vez, quien hacía gestiones por Viola cuando estaba por ser procesado era Juan Bautista Mahiques, que tal vez llegó a ministro por estos servicios prestados. Viola está muy ligado a Karina Milei.
María Verónica Michelli en el Senado de la NaciónComunicación Senado
Otro asunto es el caso de la jueza María VerónicaMichelli. Es sabido que el Presidente envió su pliego al Senado, los senadores empezaron a aprobarlo y ahí se dieron cuenta de que era cuñada de Hugo Alconada Mon. Intentaron retirar el pliego, aunque el Senado lo aprobó por una mayoría muy amplia y ahora hay una discusión sobre si Milei va a firmar el decreto o no. Algunos le aconsejaron que lo haga porque a lo mejor se va de viaje y lo termina firmando Victoria Villarruel, lo que sería para un dirigente de la provincia de Buenos Aires “comer pochoclo”.
Lo cierto es que este problema, o escándalo, a la jueza por las notas que escribe Alconada Mon castiga sobre todo a Karina Milei. Él escribe sobre $LIBRA, Andis y Adorni, pero toda esa narrativa se olvida de un dato: Alconada fue el que publicó que Carlos Mahiques festejó su cumpleaños en la quinta de Toviggino, lo que quiere decir que los Mahiques deben tener un problema especial, ellos. Hay que decirle a Karina Milei que no se deje imputar todo este tema. Probablemente el mismo Juan Bautista Mahiques tenga un interés en castigar a Alconada con la vida de su cuñada, a pesar de lo aberrante de esa conducta.
Este problema llevó a un inconveniente a Carlos Mahiques: Mercedes Ninci -tal como hace ella- lo interceptó en los tribunales de Comodoro Py. Aparentemente, esa fue la gota que colmó el vaso de la cobertura periodística sobre su actividad y comportamiento, y terminó escribiéndole una carta al juez Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara de Casación que él integra, pidiéndole una especie de censura al periodismo, una reflexión para limitar la actividad de la prensa en relación a la Justicia, sanciones a los magistrados que hablen con la prensa y toda una explicación diciendo que hay de parte del periodismo una politización del discurso intencionalidad que lo que pretende es construir una realidad que permita operaciones de ataque, en este caso, a los jueces.
Suena familiar ese argumento y alguien lo encontró así: AnabelFernándezSagasti, la voz y los ojos de Cristina Kirchner en el Senado, quien el jueves pasado dijo: “No es el kirchnerismo el que denuncia persecución mediática, intereses económicos que influyen en las sentencias, sino que es el mismo Mahiques quien advierte a Barroetaveña que haga una reglamento para que los magistrados no puedan hablar con los periodistas esbirros y matones que transan información o favores para desprestigiar a jueces de la nación. Yo le quiero dar la bienvenida a las filas de los que denunciamos el lawfare en la Argentina”.
Son dos rostros del populismo, de derecha y de izquierda, unidos por una consigna: “No odiamos lo suficiente al periodismo”, que, con la Justicia independiente, suelen ser, y así está previsto, los principales límites que tienen los que mandan.
Mientras avanza el proceso para adjudicar las obras de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), la empresa belga DEME, que compite contra Jan De Nul en la licitación de la Hidrovía, elevó una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que cuestiona las condiciones del concurso y asegura que puede prestar el servicio con una tarifa 17,4% inferior a la establecida como piso en el proceso actual.
La compañía sostiene que las reglas de la licitación le impidieron presentar su propuesta más competitiva debido al valor mínimo fijado para la tarifa, tal como informó Ámbito después del análisis del dictamen de la Comisión Evaluadora que dejó a Jan de Nul y a Servimagnus, del Grupo Román, en primer lugar. Según planteó en una nota firmada por su representante Steven Bouckaert, ese piso es superior al que había ofrecido en la licitación anulada de 2025, pese a que aquel proceso contemplaba un alcance mayor de prestaciones.
Este diario informó lo inusual de la licitación: el pliego no solo dejaba en ventaja a Jan de Nul -por la redacción de los requisitos- sino que forzó un empate en el tramo del peaje, que estaba valuado en 120 puntos, al fijar para cada etapa un piso “mínimo”, lo que generó que ambas empresas ofertaran lo mismo. En sí, se trató de un simulacro de compulsa que tornó decisiva la valuación de la etapa técnica. ¿Por qué no se permitió que los consorcios pudiesen bajar el valor establecido y así ser más competitivos?
“El objetivo de toda licitación pública es obtener la oferta más conveniente, lo que incluye los precios más competitivos para la economía de un país”, señaló la empresa en la misiva enviada al Palacio de Hacienda. Allí argumentó además que el piso tarifario vigente “incrementa de manera artificial e innecesaria los costos operativos” para los usuarios de la vía navegable y para el complejo agroexportador argentino.
En ese contexto, DEME propuso realizar una nueva licitación bajo condiciones que considera más favorables para el interés público. La empresa afirmó que podría cumplir con todas las tareas requeridas en la concesión aplicando una tarifa máxima de u$s4,77 por NRT, frente al piso actual de u$s5,78 por NRT.
Consorcio DEME – Carta al Sr. Ministro Luis Caputo – signed
La carta que dirigió la empresa belga DEME al Ministro de Economía Luis Caputo, autoridad superior de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn)
De acuerdo con los cálculos presentados por la firma, esa diferencia permitiría generar un ahorro nominal de al menos u$s2.500 millones para los usuarios de la Hidrovía durante los 25 años de concesión previstos en el proceso licitatorio.
La compañía también sostuvo que, si se mantiene el esquema actual, los usuarios de la VNT terminarían pagando alrededor de un 21% por encima de lo que considera un valor de mercado para los servicios de dragado y balizamiento. El gobierno había celebrado un supuesto ahorro, pero los pliegues de la licitación ya habían encendido las alarmas en el mundo empresarial por lo irregular de la redacción, y volvieron a llamar la atención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que evalúa sospechas de direccionamiento.
Además, en la presentación sostuvo que el esquema tarifario actual termina beneficiando a las empresas privadas por encima de los intereses de los usuarios de la vía navegable. La firma afirmó que mantener el piso de u$s5,78 por NRT implicaría cobrar valores por encima de los de mercado y encarecer innecesariamente los costos logísticos del principal corredor exportador del país.
Como alternativa, DEME informó al Gobierno que se encuentra preparando una iniciativa privada en el marco de la Ley Bases y el Decreto 713/2024, con el objetivo de presentar un proyecto que contemple condiciones económicas más convenientes que las previstas en la licitación actualmente en curso.
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El respaldo de EEUU
La ofensiva de DEME también busca reforzar el respaldo internacional a su propuesta. La carta enviada a Caputo fue acompañada por firmas de ejecutivos vinculados a compañías e inversores estadounidenses, entre ellos representantes de Great Lakes Dredge & Dock Company, Clear Street y el fondo de inversión KKR.
Si bien esas empresas no integran formalmente el consorcio que participa de la licitación, la compañía asegura contar con apoyo financiero y operativo de actores relevantes de EEUU para desarrollar el proyecto.
En el documento, los firmantes sostienen que una eventual adjudicación a inversores con base en ese país “constituiría una sólida validación de mercado del programa de reformas” impulsado por el presidente Javier Milei y contribuiría a fortalecer la relación bilateral entre Argentina y EEUU.
La presentación llega en una etapa avanzada del proceso licitatorio y reabre la discusión sobre el costo de la futura concesión de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas. Ámbito reveló que existían sospechas acerca del dictamen de la Comisión Evaluadora de la Anpyn que le dio una ventaja superlativa a Jan de Nul y Servimagnus -que abre la puertas a socios locales como el GrupoNeuss, Juan Ondarcuhu y Gustavo Elías como subcontratistas por la mitad del valor de la privatización.
La misiva de DEME fue con copia al presidente Javier Milei, al canciller Pablo Quirno, al embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y a diversos funcionarios de los Estados Unidos, al igual que a diplomáticos involucrados en diversos intereses respecto a la Hidrovía.
La discusión no tiene precedentes: la empresa que fue perjudicada en la valuación técnica afirma que podría haber ganado la licitación si el pliego no hubiese contenido un precio de peaje inflado artificialmente para forzar un empate entre las oferentes y así poder alzarse con la ventaja la que tenía mayor llegada al propio Gobierno que elaboró el pliego. Como informó Ámbito, este cúmulo de irregularidades pasarán a engrosar la investigación de la PIA, cuando ya el Ejecutivo se frotaba las manos respecto a la adjudicación de la mayor privatización de la era Milei.
En una instancia muy avanzada de la licitación para realizar las obras de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), DEME, la empresa que compite contra Jan De Nul (la compañía ya preadjudicada), no se da por vencida.
En una carta firmada por Steven Bouckaert, general manager y representante de DEME NV, al ministro de Economía, Luis Caputo, la compañía hizo hincapié en la “relevancia de su oferta”, que fue “respaldada por Estados Unidos, presentada en el proceso licitatorio para la concesión de la Hidrovía Paraná–Paraguay / Vía Navegable Troncal”.
“El objetivo de toda licitación pública es obtener la oferta más conveniente, lo que incluye los precios más competitivos para la economía de un país. Lamentablemente, las reglas de la licitación de la VNT no nos permitieron presentar nuestra tarifa más competitiva debido al piso tarifario impuesto. Señalamos que dicho piso tarifario es significativamente superior a la tarifa que DEME había ofrecido en la licitación cancelada en 2025, aun cuando esa licitación incluía un mayor alcance de prestaciones que la actual (por ejemplo, sistemas de vigilancia, entre otros)“, señala la misiva enviada al ministro de Economía.
Hay más argumentos. “Consideramos que este piso tarifario incrementa de manera artificial e innecesaria los costos operativos para los usuarios de la VNT argentinos y estadounidenses, así como para el estratégico complejo agroexportador argentino”, argumenta DEME. Y agrega que “no puede justificarse cobrar de más a la economía y a la población argentinas permitiendo que empresas privadas obtengan márgenes de ganancia por encima de los que resultan ajustados al mercado”.
Sin vueltas, propone “una nueva licitación bajo condiciones económicas más convenientes para el interés público argentino que las previstas en la actual licitación de la VNT”. Detalla que “estas condiciones incluyen un descuento del 17,4% respecto del piso tarifario impuesto por las condiciones actuales de la licitación de la VNT, cumpliendo al mismo tiempo con la totalidad de las actividades requeridas en ella. En consecuencia, proponemos una tarifa máxima de $4,77/NRT y la eliminación del piso tarifario impuesto de $5,78/NRT”.
Calculan que esto podría traducirse en “un ahorro nominal de, al menos, US$2,5 mil millones para los usuarios de la VNT a lo largo del plazo concesional de 25 años”. Agregan que “según manifestó recientemente el director ejecutivo de la Anpyn, Sr. Iñaki Arreseygor, la licitación en curso implicará una reducción del 15% respecto de las tarifas actualmente vigentes. A ello se suma nuestra rebaja tarifaria adicional de 17,4%, lo que implicaría que las tareas de dragado y balizamiento de la VNT le costarían a la economía argentina aproximadamente un 30% menos que en la situación actual”.
También explica la carta que, si se avanza con el precio mínimo, “los usuarios de la VNT estarían pagando un 21% por encima del precio justo de mercado por los servicios de dragado y balizamiento”.
DEME propone entonces “un nuevo proyecto que ofrecería condiciones económicas más favorables que las previstas en la licitación actualmente en curso. En este marco, nos encontramos en la etapa final de los preparativos para presentar una iniciativa privada conforme a lo previsto en la Ley Nº 27.742 y en el Anexo III del Decreto Nº 713/2024, incluyendo la información pertinente a fin de demostrar la viabilidad técnica y económica de las condiciones económicas aquí descriptas”.
El factor Estados Unidos
Parte de la estrategia de DEME es justamente afirmar que tiene el aval de Estados Unidos para quedarse con las obras que demanda la Hidrovía durante 25 años con opción a cinco más. De hecho, la carta también está firmada por ejecutivos de ese origen, como Chris Gunsten, vicepresidente de Great Lakes Dredge & Dock Company (una de las empresas de dragado norteamericanas más grandes), John D’Agostini, de Clear Street, y Neil Brown, del fondo KKR. Aunque estas compañías no se presentaron a la licitación junto a DEME, como sí lo hizo Jan De Nul con la empresa argentina Servimagnus, hay una fuerte campaña donde aseguran que hay un compromiso para dar un respaldo financiero y operativo a DEME.
En la misiva se argumenta que “este proyecto es de gran importancia para la competitividad y el clima de inversión de la Argentina, así como para los intereses comerciales y estratégicos de Estados Unidos. Una adjudicación exitosa a inversores líderes con base en Estados Unidos constituiría una sólida validación de mercado del programa de reformas del presidente Milei y fortalecería aún más la relación bilateral”, sostienen en la carta, que habla también del apoyo directo del gobierno de Donald Trump a su oferta.
Deme, la empresa belga que perdió la licitación para privatizar la hidrovía, le pidió al gobierno que se reconsidere su oferta respaldada por Estados Unidos y la posibilidad de presentar una “iniciativa privada” para participar de una nueva compulsa de la Vía Navegable Troncal (VNT) sobre el río Paraná, que permitiría un ahorro de US$ 2.500 millones.
“Por la presente, le anticipamos en su carácter de ministro de Economía nuestra disposición a presentar una propuesta de iniciativa privada y, en caso de que dicha iniciativa sea declarada de interés público por el Poder Ejecutivo, a participar en una nueva licitación bajo condiciones económicas más convenientes para el interés público argentino que las previstas en la actual Licitación de la VNT”, señaló la compañía en una carta dirigida a Luis Caputo.
La misiva a la que accedió Clarín fue enviada el 5 de juniocon copia al Presidente, el canciller Quirno, el secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, el subsecretario Christopher Landau, el director sénior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental.
Entre los destinatarios, también figuran el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., y los embajadores de EE.UU. en Argentina, Bélgica y ante la ONU.
La compañía les hizo llegar la carta a todos ellos un día después de que el gobierno preadjudicara el contrato de concesión por 25 años al consorcio integrado por la belga Jan De Nul y Servimagnus, tras descartar la propuesta de Deme. Según el Ministerio de Economía, esa definición permitirá una reducción del 13,5% en el costo logístico exportador.
Ambos competidores propusieron la misma oferta económica para el cobro de tarifas de peaje, que fue el precio mínimo dispuesto por la Agencia de Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Esto es US$ 3,80 por tonelada de registro neto hasta que se profundice el dragado, que trepará a US$ 4,65 y, luego, a US$ 5,78. Pero en la etapa técnica, Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos contra 42,14 de Deme.
Pese a esa brecha en el puntaje, la compañía especializada en dragado que perdió la licitación insistió en un su carta en que “una adjudicación exitosa a inversores líderes con base en Estados Unidos constituiría una sólida validación de mercado del programa de reformas del Presidente Milei y fortalecería aún más la relación bilateral”.
“Esa relevancia se ve reflejada en el apoyo directo del Gobierno de Estados Unidos a nuestra oferta, ya comunicado a su gobierno, así como en el interés de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos en participar directamente junto a nosotros”, señaló Deme.
El consorcio sostiene que el pliego fijó un piso tarifario que les impidió presentar su oferta “más competitiva”. Señala que ese piso es más alto que la tarifa que había ofrecido en la licitación cancelada de 2025, que tenía mayor alcance de servicios. Y advierte que el piso tarifario incrementa de manera “artificial e innecesaria” los costos para los usuarios de la hidrovía.
“Sin perjuicio de ello, y aunque mantenemos nuestra oferta en el marco de la actual Licitación de la VNT, nos preocupa que los términos del proceso licitatorio no permitan a la ANPYN considerar el alcance integral de nuestra propuesta al momento de evaluar el Sobre 3 de nuestra oferta, pese a los beneficios que nuestro consorcio propone para la economía argentina”, reza la carta.
En ese marco, la empresa propuso presentar una propuesta de iniciativa privada para participar de una nueva licitación bajo condiciones económicas más ventajosas, como un descuento del 17,4% respecto del piso tarifario impuesto en la compulsa vigente.
“En consecuencia, proponemos una tarifa máxima de US$ 4,77/NRT (por tonelada de registro) y la eliminación del piso tarifario impuesto de $5,78/NRT. Esto podría traducirse en un ahorro nominal de, al menos, US$ 2.500 millones para los usuarios de la VNT a lo largo del plazo concesional de 25 años”, aseguró Deme.
En mayo, el director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Arreseygor, informó que la licitación implicará una reducción del costo del 15% respecto de las tarifas actualmente vigentes. Según la empresa belga, su nueva propuesta le costaría a la economía argentina “un 30% menos” que en la situación actual.
Por último, la competidora aseguró que “ni esta presentación ni la presentación de la iniciativa privada pueden interpretarse como un retiro de la oferta de DEME NV en el marco de la actual Licitación de la VNT, sino más bien como la propuesta de un nuevo proyecto que ofrecería condiciones económicas más favorables que las previstas en la licitación actualmente en curso”.
En ese marco, detalló que la compañía se encuentra en la etapa final de los preparativos para presentar una iniciativa privada conforme a lo previsto en la Ley Bases y en el Anexo III del Decreto 713/2024 que la reglamenta, incluyendo la información pertinente a fin de demostrar la viabilidad técnica y económica de las condiciones económicas propuestas.
La industria argentina atraviesa una etapa de transformación marcada por los desafíos de la competitividad, la innovación tecnológica y la necesidad de avanzar en reformas estructurales que acompañen los cambios de la economía global. Daniel Funes de Rioja afirmó, en Modo Fontevecchia por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), que “Argentina necesita una descentralización geográfica” y planteó que el desarrollo de sectores estratégicos, junto con la modernización laboral, la inversión en infraestructura y la generación de condiciones estables para atraer capitales, serán claves para fortalecer la producción y el empleo.
El abogado laboralista, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y uno de los principales representantes del sector empresario argentino en temas laborales e industriales, Daniel Funes de Rioja, desarrolló gran parte de su trayectoria en la representación de empleadores ante organismos nacionales e internacionales, y fue presidente de la Unión Industrial Argentina entre 2021 y 2025. Sumado a eso, presidió la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y ocupó cargos de relevancia en la Organización Internacional del Trabajo y en la Organización Internacional de Empleadores, donde representó al sector empleador en debates sobre legislación laboral, empleo y relaciones industriales. Además de su actividad empresarial, fue profesor universitario de Derecho Constitucional y dirigió centros de estudios vinculados al derecho laboral. Es fundador del estudio jurídico Funes de Rioja & Asociados y es reconocido por su participación en discusiones sobre reforma laboral, competitividad empresarial y generación de empleo formal.
Tenía mucho interés en volver a hablar porque me parece que usted tiene la distancia justa de haber presidido la UIA y, al mismo tiempo, hoy no hacerlo, como para poder hacer un juicio de valor de todos los temas que la atraviesan, además de su conocimiento laboral en el tema de la reforma laboral. Me gustaría, primero, un balance de la situación de la industria desde su perspectiva.
Lo que quiero decirle es que Argentina, como el mundo, está atravesando una etapa de cambios muy sustantivos, con desafíos en lo productivo que requieren que se concreten las reformas estructurales en su conjunto. Obviamente, la laboral, pero también la fiscal, la logística y la infraestructura, porque necesitamos rutas, puertos, ferrocarriles y vías navegables. En esto es muy importante la Hidrovía.
Además de la laboral, uno no puede dejar de mencionar todo el tema educativo que está de trasfondo. Todo esto hace que el mundo esté inmerso en un gran cambio. No sé si, como Thomas Friedman, puedo hablar de la era de la policrisis, pero, en todo caso, sí requiere una adecuación, adaptación y un aggiornamiento.
Y en el caso argentino, mucho más profundo, porque creo que veníamos con un fuerte atraso. Está claro que en los últimos 15 años no creció el empleo en el sector privado; creció el empleo estatal. Obviamente, esto genera problemas de competitividad que requieren un tratamiento pautado y organizado para que la Argentina encuentre su norte en este nuevo mundo de la inteligencia artificial y la digitalización.
Ya no es el mundo de ayer. Sobre el mundo de ayer podemos discutir mucho; en el mundo productivo de hoy, evidentemente, hay otros factores que están primando tanto en lo local como en lo internacional.
Por eso le digo: yo siempre miro no solo lo que la Argentina da, sino también en qué contexto de mundo se encuentra, sobre todo del mundo desarrollado, además de los emergentes y los países que pueden ser calificados como en desarrollo.
Hay muchos desafíos y necesidad de adecuarse rápidamente para poder competir. Sobre todo, en el plano laboral, poner mucho énfasis en la formalización de la economía y, obviamente, del empleo; en la formación y educación para las nuevas realidades; y en la competitividad y productividad.
¿Cómo evalúa usted la reforma laboral? ¿Cómo fue aprobada? ¿Qué le satisface y qué le falta?
La ley se llama de modernización laboral. Quiero decirle que yo venía escribiendo mucho sobre modernización y no tanto sobre reforma, porque reforma sería retocar o reestructurar algo que existe, y la Argentina tiene un sistema laboral setentista.
Usted tiene una Ley de Contrato de Trabajo del año 1974 y convenios colectivos mayoritariamente del año 1975. Sobre esa realidad viene el tema de la discusión postergada. En la época de Menem se hicieron algunas cosas, pero, en última instancia, se hicieron para los años noventa. Hoy los desafíos son totalmente diferentes, como he señalado antes.
Entonces, le diría que la orientación me parece la adecuada. Esto no significa que la complete. Creo que el mecanismo de la ley ha sido constitucionalmente válido e incuestionable.
Quiero aclarar que todos estos amparos y medidas judiciales que vi que se propiciaban buscaban detener una ley aprobada por el Congreso en nombre de intereses sectoriales o particulares. Me parecieron muy precipitados porque, además, la inconstitucionalidad no es una inconstitucionalidad genérica: tiene que ser específica.
Aspectos que puedan mejorarse o rectificarse siempre pueden encontrarse, pero, en todo caso, creo que este es un proceso. La ley de modernización laboral aprobada por el Congreso a propuesta del Ejecutivo es una base para mirar hacia adelante porque, además, la velocidad de los cambios futuros, según lo estamos viendo en toda la realidad internacional y en la literatura que la respalda, es vertiginosa y va a seguir siéndolo.
¿Se imaginaba usted alguna vez escuchar a un presidente que tratara tan despectivamente a un empresario como Paolo Rocca, el mayor empresario industrial de la Argentina?
Yo creo que hay que cuidar los tonos. Yo los he cuidado siempre y en todas las circunstancias. Me parece sano tratarnos respetuosamente, más allá de que no coincidamos con los puntos de vista del otro.
Y, en particular, el caso de Paolo Rocca. Es una persona seria, responsable y de muy buen trato.
Cuando usted ve la situación de la industria argentina actual y el debate actual, cuando se pone como ejemplo a Australia, que redujo una industria de más del 20% del Producto Bruto a menos del 10%, un país como la Argentina, donde ya la industria viene reduciendo su participación respecto del total del Producto Bruto, ¿le parece acertada una política económica que plantee sustituir la industria, o una parte importante de la participación de la industria en el Producto Bruto, por los servicios?
No cabe la menor duda de que el rol de los servicios se ha incrementado, pero también hay que readecuar el foco en lo industrial, teniendo en cuenta la contribución no solo al empleo, sino también al valor agregado y a las cadenas de valor, aguas arriba y aguas abajo.
Cuando usted ve la minería, que es una industria, finalmente, a partir de un proceso extractivo va a procesos de industrialización. Antes se la miraba de reojo en la Argentina; hoy es una de las grandes estrellas.
Usted se da cuenta de la cantidad de cadenas de suministro industrial que pueden sumarse a ese proceso. Es decir, a partir de la minería y para llegar a la minería, no solo desde la industria de la construcción para llegar a su instalación, sino también a la industrialización de los bienes que se extraigan.
Entonces, me parece que la Argentina tiene diversos escenarios. Probablemente, lo que necesite pensar también es una descentralización desde el punto de vista geográfico.
Ahora, si usted ve Vaca Muerta, claramente se está generando un polo de desarrollo donde diariamente llegan nuevos migrantes del país a trabajar. Usted podrá aspirar a que sean más, pero para eso también hay que generar la infraestructura necesaria. Yo le diría que educación, salud y vivienda son tres elementos importantes que los gobernadores tienen que mirar para hacer más atractivo el escenario de producción en esos ámbitos.
Creo que hay muchas posibilidades de transformación de industrias en industrias competitivas. No descarto de ninguna manera el rol de la industria. El peso de la industria en la producción ha ido perdiendo participación, pero también ha perdido por las mordazas que tenía para transformarse. Si le digo que estamos hablando de convenios del año 1975 que miran esa realidad, piense usted en la realidad de la Estanciera como automóvil frente a la tecnología actual.
Ahora, mirando hacia adelante, si usted ve los informes sobre lo que viene, la robotización en China y en Corea está jugando un rol que también está mutando sus propias industrias.
Todo esto hace que la Argentina hoy tenga una oportunidad. Obviamente, para ello también necesita acceso al crédito, porque llevar adelante esa transformación industrial lo requiere. Pero la Argentina tiene un gran problema de informalidad. Quizá, en el marco de América Latina, África o algunos países de Asia, no parezca tan relevante. Sin embargo, un 43% de informalidad es altísimo para la Argentina. Realmente se puede hacer un esfuerzo hacia la formalización, que creo que laLey de Modernización Laboral ayuda a impulsar, además de quitar el miedo a contratar que hoy existe, independientemente de la vocación cuentapropista que sí hay en mayor medida dentro de la sociedad.
En segundo lugar, evidentemente va a haber cambios en la matriz industrial desde el punto de vista de qué sectores pueden progresar también dentro de los servicios.
Cuando uno ve los informes internacionales, no solo de la Organización Internacional del Trabajo, sino también del Foro Económico Mundial, McKinsey, la OCDE o el G7, observa que esos cambios ya se están dando en otros países.
Creo que la Argentina tiene por delante grandes posibilidades. Pero, eso sí, hay que coordinar las políticas para llegar a los objetivos, y esa coordinación debe darse en un marco de concertación. Así como lo han hecho en el Congreso, hay que buscar espacios de concertación para responder a esa necesidad de transformación.
Cuando usted ve que, por ejemplo, se va a armar una ciudad completa traída desde China para un desarrollo minero muy importante en la cordillera, y ve las discusiones que hay alrededor del RIGI, ahora del “Súper RIGI”, ¿cuál es su visión respecto de cuánto aporta y cuánto puede significar una pérdida de desarrollo industrial de abastecimiento para la industria minera y energética?
Yo estoy convencido de que modelos como el RIGI, que además, si usted ve no solamente Australia, sino también Nueva Zelanda, Irlanda, España o Chile en sus procesos de transformación, son incentivos necesarios.
Sobre todo en un país que tiene baja credibilidad y baja confianza. Piense usted que la producción industrial, por lo menos la que me ha tocado ver y representar cuando presidía la UIA, tiene una presión fiscal promedio, tomando aproximadamente 55 impuestos, de más del 50%.
Entonces usted está descolocado. Si no genera incentivos, que además tienen que ser respaldados por las provincias y por los municipios, porque las tasas municipales muchas veces terminan funcionando como verdaderos impuestos, difícilmente se genere inversión.
Si usted no crea marcos creíbles, ni el inversor nacional ni mucho menos el internacional van a hacerlo.
Ahora bien, la Argentina necesita esas inversiones porque, para desarrollar todos esos recursos naturales que posee, hay que hacer un esfuerzo descomunal.
Y le digo que no hemos dado las respuestas adecuadas en tiempo oportuno. Cuando usted va a la cordillera o a Vaca Muerta, todavía falta mucha infraestructura. Y esa infraestructura no es solamente física para la producción, sino también social para sus núcleos de trabajadores y técnicos.
Ahora, esto va y viene porque usted empieza a ver los análisis de la industria automotriz china. Son más de cien fábricas y muchas de ellas van a desaparecer porque la competitividad va a mandar. Las más eficaces seguirán y las otras no.
Esa es la óptica. No se trata de ir al modelo anglosajón ni al modelo chino. El modelo argentino tiene que estar sentado sobre el principio de productividad de cada uno en lo laboral.
Por eso es tan importante tener aggiornada la ley, los convenios colectivos y los contratos individuales.
Y, en segundo lugar, lograr competitividad sistémica, no con producción irregular ni informal, ni mitad formal y mitad informal, sino mediante una formalización que preserve esa competitividad.
