El juez de Garantías Humberto Otazú dictó la prisión preventiva domiciliaria para Kueider y su pareja, Iara Guinsel. La medida se tomó en una audiencia realizada en el contexto de la investigación por lavado de activos. Ambos están acusados de haber ingresado a Paraguay dinero de origen ilícito y de intentar blanquearlo a través de operaciones inmobiliarias.
La decisión del magistrado se basó en que ninguno de los dos tiene arraigo en el vecino país, por ser extranjeros. En la misma resolución, Otazú dictaminó que no pueden cruzar la frontera sin autorización de su Juzgado.
Sobre Kueider pesan tres resoluciones judiciales que ordenan el arresto domiciliario. Algunas incluyen el uso de tobillera.
La primera también fue dictada por el juez Otazú. Fue durante la etapa de investigación de la causa por tentativa de contrabando. Este proceso llegó a juicio. El exlegislador entrerriano recibió dos años de prisión condicional. El Tribunal especializado en delitos económicos que lo condenó, ordenó la continuidad de la medida.
La segunda se la impuso Rolando Duarte, el magistrado que tiene el juicio de extradición. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, había pedido que se lo envíe a la Argentina donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Fiscalía de Paraguay dio luz verde, pero pidió que antes Kueider ajuste cuentas con la Justicia guaraní.
La tercera fue la impuesta por Otazú en la causa por lavado. También solicitó a la defensa que ofrezca fianza para ambos acusados. En paralelo, el magistrado dispuso la libertad de los otros dos imputados paraguayos en la causa. Se trata de Amado Andrés Torales Benegas y de José Fernando Cousirat. Ellos aparecen como titulares de Golsur SA. A través de la firma se habrían realizado las compras de inmuebles. Las sospechas es que ambos serían testaferros.
El defensor de Kueider y Guinsel, Carlos Arévalo, había pedido libertad ambulatoria. El letrado justificó la solicitud en el sometimiento a las disposiciones judiciales que han demostrado. Ambos fueron detenidos el 4 de junio de 2024 en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad que vincula con Brasil. En una mochila tenían 200 mil dólares que intentaron pasar sin declarar.
Kueider y su pareja están alojados en un departamento ubicado en Luque, una ciudad situada a 11 km de Asunción. Es la tercera residencia que ocupan para cumplir con el arresto domiciliario.
En junio, la Justicia del Paraguay imputó a Kueider y a Guinsel por el delito de lavado de dinero. Rodrigo Estigarribia, juez penal de Garantías del país vecino, dictó también el embargo de seis departamentos. El magistrado entiende que el exlegislador los adquirió con dinero que presume de origen ilícito.
Según la acusación de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz, existen indicios que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras.
Todos los inmuebles están localizados en el edificio Innova Las Mercedes. El complejo de lujo se ubica en la avenida General Santos esquina Marco de Brix en Asunción.
Uno de los departamentos es la unidad “G” en el séptimo piso, tiene dos dormitorios y dos baños. Se suman cinco con una habitación y un sanitario. Dos en el sexto (“C” y “D”) y otros tantos en el segundo (“B” y “C”). El último está en el primer piso “B”.
La Justicia decretó la prohibición de innovar y contratar sobre estas unidades.
“Las agentes fiscales intervinientes solicitan la medida en la necesidad de asegurar, salvaguardar y/o garantizar la reparación del presumible perjuicio ocasionado”, marcó el juez Rodrigo Estigarríbia en su resolución, fechada el miércoles 24 de junio.
Luego, puntualizó que el circuito de operaciones bajo investigación se habría instrumentado mediante la utilización de la firma Golsur S.A. “como estructura de fachada, caracterizado por la recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería de forma original a “los imputados extranjeros -Kueider y Guinsel- pero colocados a nombre de la citada razón social con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”.
“La descripción del mecanismo utilizado, así como el volumen de las transacciones, permiten inferir razonablemente una relación directa entre los inmuebles cuya afectación se pretende y los encausados”, agregó el juez. Esto “torna verosímil la hipótesis fiscal en cuanto a la utilización de dicha ingeniería jurídica y patrimonial como instrumento para la comisión del hecho punible o como receptores de sus efectos económicos”, añadió.
