ENSENADA.- “Miguel te cruza”, se puede leer en el muelle de la localidad de Ensenada, provincia de Buenos Aires, muy cerca de La Plata. A bordo de una pequeña lancha blanca, Miguel Ruscitti se encarga de llevar a la gente a un largo muelle poblado de pescadores en la Isla Paulino.
El hombre, que hace este corto ida y vuelta todos los días desde hace 30 años, comenta que jamás vio lo que se dibuja en el horizonte. Se trata de las figuras recortadas de más de 25 buques mercantes de grandes dimensiones, muy cerca unos de otros y sin moverse. Están en la zona común, con suficiente profundidad como para echar el ancla y esperar de forma segura.
Cerca del Puerto de La Plata está la rada La Plata, el lugar en donde los buques fondean, y por eso es el lugar indicado para ver una foto nada habitual en una actividad en la que el tiempo es (mucho) dinero. En todo el país, se acumularon los barcos mercantes en estas zonas. Solo en la Hidrovía había 90 de ellos sin poder operar.
Esta fue la consecuencia de un conflicto impensado para un país que depende del comercio exterior para que ingresen los dólares que necesita. Después de la entrada en vigencia, el lunes pasado, del decreto 690/2026, que modificó el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991, los barcos mercantes, hasta pasadas las 48 horas, ya no contaron con un eslabón fundamental y obligatorio en el traslado de bienes: un práctico que se suba al buque para guiarlo en el tramo que va desde el puerto a la salida, y viceversa.
El trabajo de un práctico es asesorar al capitán de un buque para que pueda navegar con seguridad en zonas difíciles, como puertos, canales, ríos o pasos angostos. Aporta un conocimiento muy especializado de la zona y es una figura clave y obligatoria en la entrada y salida de los puertos. En la actualidad, hay unos 500 prácticos en el país y 350 solo en la Hidrovía.
El Gobierno dio marcha atrás con el nuevo Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la Argentina, ya que se desató una tormenta que, de seguir su curso, iba a traer graves consecuencias económicas y hasta políticas.
Hubo un acuerdo de paz en el Ministerio de Seguridad, donde representantes del Gobierno y de las empresas, más entidades y profesionales que prestan servicios de practicaje y pilotaje, llegaron a buen puerto para destrabar el conflicto que afectó a la totalidad de la actividad portuaria, salvo muy pocas excepciones, como los buques que transportan gas.
Los representantes del sector se comprometieron a reactivar de manera inmediata y regular el servicio de practicaje y pilotaje y aceptaron reducir un 20% las tarifas vigentes. Por su parte, el Ministerio de Seguridad se comprometió a elevar a consideración de la Presidencia de la Nación la suspensión de los efectos del decreto 690/2026, origen del conflicto.
Además, ambas partes acordaron crear una Mesa Intersectorial, integrada por el Ministerio de Seguridad, la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y representantes del sector, con el objetivo de elaborar un nuevo reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para ríos, puertos, pasos y canales del país.
Desde el sector relacionado con el comercio exterior respiraron aliviados. Julio Delfino, presidente del Centro de Navegación, dijo a LA NACION que “se valora muy positivamente que el acuerdo priorice volver al normal funcionamiento del comercio exterior”.
Otras fuentes relacionadas con la actividad manifestaron que hay una pérdida económica por la demora de los barcos que puede llegar a los US$30 millones, pero que “la buena noticia es que esto se solucionó. Era dramático si se extendía el conflicto, porque se empezaban a frenar los flujos y a cortar la producción”. Agregaron que lo insólito es que hay un grupo de personas que pueden frenar todo el comercio exterior y que esto debe corregirse.
En diálogo con LA NACION, John Ryan, uno de los firmantes del acuerdo, capitán de ultramar y práctico del Río Paraná, además de presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje de la República Argentina, dijo que “los prácticos son profesionales independientes, de libre contratación. Por eso hay que aclarar que no hubo paro ni huelga, no hay un convenio colectivo ni gente en relación de dependencia. Son profesionales independientes y pactan sus trabajos en determinadas condiciones”.
Agregó que luego de la publicación del decreto en el boletín oficial, los prácticos entendieron que se estaba atentando contra la seguridad náutica y su seguridad individual. “Por eso decidieron no pactar nuevos trabajos hasta no analizar los alcances e implicancias del decreto”, sostuvo. El resultado fue el paro casi completo de la actividad.
La reforma eliminaba requisitos considerados obsoletos por el Gobierno, facilitaba el ingreso de nuevos prestadores al servicio de practicaje y establecía que los prácticos podrán ser contratados libremente por los usuarios. Además, disponía que la Prefectura Naval Argentina mantendría un registro abierto de profesionales habilitados, sin límites de cantidad, favoreciendo una mayor oferta.
Además, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) fijaría tarifas máximas para el servicio. “La normativa flexibiliza además las condiciones para el transporte de prácticos, permitiendo utilizar embarcaciones comerciales que cumplan con los estándares de seguridad, e incorpora mecanismos para asegurar la continuidad del servicio ante situaciones excepcionales. Por otro lado, se ampliaron las dimensiones de los buques a partir de los cuales es obligatorio contratar práctico y se definieron áreas enteramente libres de la necesidad de contratarlos, según la explicación oficial”, había anunciado el Gobierno. Ahora deberá hacer acuerdos para evitar el caos de los últimos días.
